1. Estado de la cuestión

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1. Estado de la cuestión 2017-06-01T11:36:52+00:00

I.              Estado de la cuestión

La práctica jurídica mexicana demuestra que los derechos humanos son vistos como meras restricciones al poder estatal, es decir, entrañan una relación jurídica establecida entre un gobernado y una autoridad.

Desde esta perspectiva, el gobernado es el titular del derecho humano, mientras que la autoridad es la destinataria del deber correlativo.

Es importante precisar que, desde la postura predominante, no toda relación jurídica entablada entre un gobernado y la autoridad suscita un derecho humano.

Al respecto, Ignacio Burgoa (1968) indica:

En la vida de cualquier estado o sociedad existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: las de coordinación, las de supraordinación y las de supra a subordinación.

Las relaciones de coordinación son los vínculos que se entablan merced a una gama variada de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados. Esas relaciones pueden ser de índole privada o de carácter socio-económico. En el primer caso, cuando están previstas y reguladas por norma jurídicas, el conjunto de éstas constituyen lo que suele denominarse “Derecho privado”; y en el segundo, si las citadas normas las imponen y rigen, su agrupamiento integra lo que se llama “Derecho social”. En amabas hipótesis, según aseveramos, los sujetos de las relaciones jurídicas reguladas jurídicamente no son los órganos del Estado, ni entre sí ni frente a los gobernados, pudiendo éstos ser, como también afirmamos simples particulares o entidades colectivas o los miembros individuales de las mismas; y si en las propias relaciones puede intervenir algún órgano estatal, como sujeto, no es su actividad de imperio la que se encauza.

Las relaciones de supraordinación se establecen entre los diferentes órganos de poder o gobierno de un estado o sociedad, normando la actuación de cada uno de ellos; y si esta normación se consagra por el derecho positivo, la rama de éste que la instituya configura tanto el Derecho Constitucional como el Administrativo en sus aspectos orgánicos.

A diferencia de los dos tipos de relaciones que hemos mencionado, que reconocen siempre una situación jurídica igualitaria o de paridad formal entre sus sujetos (gobernados entre sí o autoridades entre sí), las relaciones de supra o sub-ordinación descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, es decir, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, por un lado, y el gobernado, por el otro. En dichas relaciones, la persona moral estatal y sus autoridades desempeñan frente al gobernado la actividad soberana o de gobierno, o sea, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. En efecto, se dice que todo acto de autoridad es unilateral, porque su existencia no requiere la voluntad del particular al que va dirigido o frente al que se realiza; que es imperativo, en virtud de que se impone contra y sobre la voluntad en contrario del gobernado, quien tiene la obligación de obedecerlo, y sin perjuicio, claro está, de que lo impugne jurídicamente como corresponda; y que es coercitivo, atendiendo a que, si no se acata por rebeldía u oposición de la persona contra quien se pretenda ejecutar, puede realizarse coactivamente, incluso mediante la fuerza pública, en detrimento de ella. La concurrencia de los tres elementos indicados forma la índole propia del acto autoritario o de gobierno, de tal manera que, faltando cualquiera de ellos, el acto que provenga de un órgano estatal y que se realice frente a un particular no será de autoridad. Ahora bien, cuando las relaciones de supra a subordinación se regulan por el orden jurídico, su normación forma parte tanto de la Constitución como de las leyes administrativas principalmente, implicando en el primer caso las llamadas “garantías individuales”

[Recuérdese que antes de la reforma de 2011, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aludía a los derechos humanos bajo la denominación garantías individuales]. En consecuencia, éstas, de conformidad con lo que se acaba de exponer, se traducen en relaciones jurídicas que se entablan entre el gobernado, por un lado, y cualquier autoridad estatal de modo directo e inmediato y el Estado de manera indirecta o mediata, por el otro. [Énfasis añadido] (Burgoa, 1986, págs. 166-167)

 

De acuerdo con las ideas expresadas por Burgoa, la relación jurídica propia de los derechos humanos es la de supra a subordinación, que se caracteriza por la unilateralidad, imperatividad y obligatoriedad.

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Según el paradigma predominante, en México, los derechos humanos pueden ser equiparados a un caso que solamente es útil para protegernos respecto de los actos que provienen de las autoridades, acontecidos en relaciones de supra a subordinación.

En consecuencia, de los tres tipos de relaciones jurídicas que existen, los derechos humanos solamente están presentes en las de supra a subordinación.

001-paradigma-actual-dhEn esta imagen se observa cómo el casco que simboliza los derechos humanos, de acuerdo con el paradigma actual, resulta inútil para proteger a los particulares de actos cometidos por la autoridad en relaciones de coordinación.

En ese contexto, es fácil entender la exigencia del Poder Judicial en el sentido de que requiere que el acto reclamado en el juicio de amparo sea unilateral, obligatorio e imperativo, pues estos atributos son esenciales en las relaciones de supra a subordinación que, como se mencionó previamente, según las ideas predominantes, son las únicas en que los derechos humanos están presentes. Aquí un criterio judicial que ejemplifica lo anterior:

AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.

Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable [obligatoriedad], al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado [imperatividad].

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segunda Sala. Jurisprudencia. Contradicción de tesis 76/99-SS entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 28 de septiembre de 2001. Época: Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089. No. de registro 161133.

 

Ahora bien, si la postura predominante considera a los derechos humanos como meras restricciones al poder estatal, no resulta extraño que sus partidarios expliquen el efecto horizontal de los derechos humanos mediante ficciones que equiparan a los particulares con autoridades. Aquí un ejemplo:

Eduardo Ferre Mac-Gregor y Rubén Sánchez Gil (2014) mencionan lo siguiente:

El nuevo concepto de “autoridad” para efectos del juicio de amparo –que también podría influir sobre el proceso contencioso-administrativo– no permite que se reclamen a través del juicio de amparo todos los actos particulares que vulneren los derechos fundamentales, sino solo aquellos “equivalentes a los de autoridad” y que estén “determinad[o]s por una norma general”. En este supuesto, la “autoridad particular” se ubica en una relación de supra a subordinación respecto de un gobernado y ejerce una “fuerza pública”, por su puesto entendida en el sentido de “imperio” y no poder coactivo material, cubriéndose de un “ropaje” estatal y actuando como si fuera una entidad pública; y sin hacerlo por un impulso arbitrario de su parte, sino en virtud de una autorización del propio Estado a través de una ley en sentido amplio. Al actuar “como si fuera” el poder público, un particular está “directamente” obligado por los derechos fundamentales en una típica relación jurídica subjetiva, no por una derivada de la dimensión objetiva de esos derechos. [Énfasis añadido] (Ferrer Mac-Gregor & Sánchez Gil, 2014, págs. 99-100)

Como se puede observar, la postura doctrinal que parte de la premisa de que los derechos humanos son restricciones al poder estatal no puede explicar el efecto horizontal de los derechos humanos, por la simple y sencilla razón de que los particulares son particulares, es decir, no son órganos estatales y, por eso, tienen que recurrir a ficciones.

 

Defectos del paradigma actual

El primer defecto del paradigma se aprecia al reconocer que existen múltiples derechos, que no son simples restricciones al poder estatal y, no obstante ello, tienen la calidad de derechos humanos. Aquí algunos ejemplos:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Título Primero

Capítulo I De los Derechos Humanos y Garantías

[…]

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a recibir educación.

[…]

Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

[…]

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

[…]

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

[…]

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. [Énfasis añadido]

En segundo lugar, las obligaciones generales en materia de derechos humanos exigen a las autoridades que promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos en todo su actuar, es decir, en todo el ámbito de su competencia, sin importar si se trata de relaciones de coordinación o de supra a subordinación.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Título Primero

Capítulo I De los Derechos Humanos y Garantías

Artículo 1[…]

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. [Énfasis añadido]

Otro error del paradigma predominante radica en considerar al fenómeno de los derechos humanos como exclusivo del Derecho constitucional, en virtud de que existen otras fuentes en las cuales se establecen este tipo de derechos subjetivos, tal y como se desprende del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Artículo 25. Protección Judicial

1.  Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. [Énfasis añadido]

Conviene enfatizar que, de acuerdo con la expresión usada en la parte final del artículo, que dice “aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”, se está reconociendo la posibilidad de que los derechos humanos sean violados por personas que ejercen funciones oficiales, pero también por personas que no las ejerzan, es decir, por simples particulares en tal calidad.

En el mismo sentido se encuentra la siguiente jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Humanos:

142.  La Corte considera, con fundamento en el artículo 1.1 de la Convención Americana, que el Estado está obligado a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a organizar el poder público para garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Lo anterior se impone independientemente de que los responsables de las violaciones de estos derechos sean agentes del poder público, particulares, o grupos de ellos, ya que, según las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la acción u omisión de cualquier autoridad pública constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención. [Énfasis añadido] (Caso Juan Humberto Sánchez vs Honduras, 2003)

 

8. Las obligaciones estipuladas en el párrafo 1 del artículo 2 tienen fuerza vinculante para los Estados Parte y, en estas condiciones, no tienen un efecto horizontal directo como elemento del derecho internacional. No cabe considerar que el Pacto es supletorio del derecho penal o civil interno. Sin embargo, sólo se podrán cumplir plenamente las obligaciones positivas de los Estados Parte de garantizar los derechos reconocidos en el Pacto si el Estado protege a las personas, no sólo contra las violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto que cometan sus agentes, sino también contra los actos que cometan particulares o entidades y menoscaben el disfrute de los derechos reconocidos en el Pacto, en la medida en que puedan aplicarse entre particulares o entidades privadas. Puede haber circunstancias en las que, por no haberse garantizado los derechos reconocidos en el Pacto como se dispone en el artículo 2, los Estados Parte infrinjan estos derechos permitiendo que particulares o entidades cometan tales actos o no adoptando las medidas apropiadas o no ejerciendo el cuidado debido para prevenir, castigar, investigar o reparar el daño así causado. Se recuerda a los Estados la relación existente entre las obligaciones positivas impuestas en virtud del artículo 2 y la necesidad de proporcionar recursos eficaces en caso de violarse lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 2. En algunos artículos del propio Pacto se especifican determinadas esferas en las que se imponen a los Estados Parte obligaciones positivas de ocuparse de las actividades de particulares o entidades. Por ejemplo, las garantías relativas a la vida privada que figuran en el artículo 17 han de estar consignadas en disposiciones legislativas. Está también implícito en el artículo 7 que los Estados Parte deben tomar medidas positivas para impedir que particulares o entidades inflijan torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes a las personas que estén en su poder. [Énfasis añadido] (Observación General número 31, 2004)

A partir de lo expuesto hasta este punto, se aprecia que el concepto actual de derecho humano como restricción del poder estatal es insuficiente para reconocer a todos aquellos que implican una conducta de hacer por parte de los órganos estatales; asimismo, no explica el efecto horizontal de los derechos humanos y recurre a ficciones, lo que es teóricamente incorrecto, sin mencionar que resulta incompatible con ciertas disposiciones de derecho positivo, como las que establecen las obligaciones generales en materia de derechos humanos.

 

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