10. El PJF y el deterioro del amparo

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10. El PJF y el deterioro del amparo 2017-06-01T02:40:17+00:00

Contenido de sección:

  • Los actos consentidos
  • El principio de estricto derecho
  • El concepto de autoridad para efectos del amparo
  • Los jueces de distrito no violan derechos humanos
  • Improcedencias jurisprudenciales
  • La presunción de constitucionalidad
  • La inimpugnabilidad de la jurisprudencia
  • La eliminación del bloque de constitucionalidad
  • Restricción del control de convencionalidad
  • El amparo contra omisiones
  • Los obstáculos relativos a la legitimación
  • La desnaturalización de los recursos
  • El control de convencionalidad en tribunales contenciosos administrativos
  • Una reducida acción de amparo
  • El premio de derechos humanos de la Naciones Unidas 2013

El Poder Judicial de la Federación y el deterioro del juicio de amparo

Sin duda, México hizo una gran aportación al mundo con la invención del juicio de amparo.

Desafortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito han degradado este medio de protección de derechos humanos, unas veces de forma consciente, otras, por mera inercia y pereza mental; sin embargo, el resultado es el mismo.

El país reclama justicia y exige que se acabe la impunidad ,pero la realidad es que poco se ha dicho de forma precisa y con fundamentos teóricos sólidos acerca de cómo es que el Poder Judicial ha contribuido a este escenario.

En ocasiones, la opinión pública olvida que los actos de corrupción requieren que haya  jueces cómplices; asimismo, los jueces parecen olvidar que son ellos nuestra última línea de defensa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se vanagloria con anuncios dirigidos a la población que dicen: “tus derechos están protegidos por la Constitución, y la Constitución por nosotros”; no obstante, se antojan más como palabras huecas que no reflejan la realidad de nuestro país.

En este capítulo se abordará aquello que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no dice. Se verá cómo, con sus criterios, el Poder Judicial ha erosionado nuestros derechos y la valiosísima aportación mexicana que, en algún momento, fue motivo de orgullo nacional: el juicio amparo.

 

Los actos consentidos

Como se vio en el apartado correspondiente a las causales de improcedencia, fue Ignacio Vallarta, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien introdujo una de las ideas más caras para nuestros derechos al juicio de amparo. Esto se puso de manifiesto en el caso  de las señoras Felicia y Enriqueta Tavares.

[…]esta Corte ha negado la protección a la justicia federal, fundada así en el principio de que «sciente et consentienti nonfit injuria neque dolus» como en esta doctrina que enseña nuestros publicistas: «consentido de alguna manera el acto reclamado, ha dejado de existir la violación» principio y doctrina que han tenido aplicación[…] […]el consentimiento del interesado extingue su derecho para pedir la reparación de la injuria, que sin ese consentimiento se le habría inferido.

Y en esta vez no puedo dejar de invocar esas teorías, que no sólo acepto, sino que he defendido siempre para negar amparos contra actos que consentidos primero, se reclaman después; sino que he procurado implantar en nuestra jurisprudencia constitucional, apoyándolas en estas doctrinas norteamericana: «cuando un precepto constitucional tiene por objeto sólo la protección de los derechos de propiedad del ciudadano, puede éste renunciar á esa protección y consentir en un acto que sin su voluntad sería nulo. Si una expropiación se hiciera por ejemplo, no por la utilidad pública, sino por la privada de una persona, ella, aunque inconstitucional, quedaría -válida por el consentimiento del expropiado.[…] (Vallarta, 1894-1896, págs. 160, 161)

¿Cuál es el efecto de la doctrina de los actos consentidos?

El efecto de la doctrina de los actos consentidos consiste en el despojo de los derechos humanos. Esta doctrina hace prescriptible lo imprescriptible, renunciable lo irrenunciable y subordina a la Constitución a aquello que debería estar regido por la Carta Magna.

Esta doctrina autoriza que se vulneren tanto los derechos como la Constitución, mediante un simple acuerdo de voluntades.

Cuando se estudia derecho constitucional, nunca se habla de contratos supraconstitucionales, pues la mera idea resulta absurda, arbitraria, contraria a derecho. No obstante lo anterior, la doctrina de los actos consentidos es eso, un contrato que se erige en supremo y subordina a todo el orden constitucional, dejándonos sin los derechos fundamentales.

La versión más siniestra de la doctrina de los actos consentidos se encuentra en los actos tácitamente consentidos, de la cual Emilio Rabasa (2000) opinaba lo siguiente:

Repugna a la naturaleza de éstos [refiriéndose a los derechos humanos] que el solo lapso de unos días los deje a merced de todo abuso, que el transcurso de dos semanas sanciona una violación convirtiéndola en derecho monstruosamente amparado por la ley, y que, por medio del subterfugio de una presunción legal, el derecho para rechazar un atentado se convierta en obligación de sufrirlo. De esta suerte los papeles se truecan: la autoridad culpable se hace con un derecho mediante el desacato de la Ley Suprema, y la víctima, si trata de repeler la ofensa, se hace culpable de rebeldía. (pág. 100):

Rabasa (2000) continúa al respecto:

Pasados cuarenta días sin que se haya acudido en demanda de amparo, el hombre es una bestia sin voluntad, y el acto brutal de una autoridad cualquiera de consignado al servicio de las armas se ha convertido en procedimiento administrativo normal que crea un derecho en favor del Estado. (pág. 101)

Habría que recordarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, sin importar si ya pasaron los 15 días establecidos para promover la demanda de amparo,  seguimos siendo personas y seguimos teniendo derechos.

 

El principio de estricto derecho

Conforme a lo que se vio en su momento, el principio de estricto derecho no tiene fundamento constitucional y fue creado por la Suprema Corte de Justicia mediante el argumento a contrario.

Así, en palabras de Enrique Antonio Pedraza, el siguiente criterio fue el que dio origen al principio de estricto derecho tal y como se conoce hoy en día:

AMPARO CIVIL.

Es de estricto derecho, y la sentencia respectiva debe resolver únicamente sobre las violaciones alegadas en la demanda.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Tesis Aislada. Amparo civil directo. Martínez Ramón. 6 de enero de 1919. Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo IV, página 69. No. de registro: 289,458.

Como se puede ver en la cita, el anterior es un criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Cuál fue el efecto del principio de estricto derecho en el juicio de amparo y en nuestros derechos?

En palabras de Pedraza (2006):

A través de los conceptos de “estricto derecho” y de “suplencia de la queja”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación convirtió el juicio de amparo en un duelo de intelectualidades donde el quejoso debía demostrar, sin lugar a dudas, que la autoridad violó sus garantías. Con lo que dejó a las autoridades con plena libertad para dictar actos que violaran derechos humanos, pues estos subsistirían siempre que el quejoso no supiera impugnarlos. (pág. 91)

En su obra, Pedraza explica cómo es que el principio de estricto derecho cambió el objeto de estudio del juicio de amparo, pues el acto reclamado dejó de analizarse y, en su lugar, se estudian los conceptos de violación. La diferencia es sutil, pero tiene importantes consecuencias, pues con el principio de estricto derecho el juez de amparo ya no se concentra en proteger al quejoso del acto de autoridad, sino que busca descubrir el error de los conceptos de violación.

En pocas palabras, el principio de estricto derecho hace que el juicio de amparo sea todo menos sencillo y eficaz, como lo ordena el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

Artículo 25. Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

El concepto de autoridad para efectos del amparo

El concepto actual de autoridad que rige en materia de amparo ha sido una creación jurisprudencial que, en el capítulo correspondiente a la procedencia del juicio de amparo, se explica con lo que  se ha denominado como paradigma de las garantías individuales.

AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.

Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segunda Sala. Jurisprudencia por contradicción de criterios. Contradicción de tesis 76/99-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 28 de septiembre de 2001. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089. No. de registro 161133.

El problema de este concepto de autoridad radica en que todas las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades en planos o relaciones de coordinación quedan impunes.

Al respecto, convendría preguntarse: ¿Cuántas demandas de amparo se han desechado por considerar que la autoridad responsable no encuadraba en el concepto que los jueces tienen de autoridad? ¿Cuánta impunidad se ha propiciado por no hacer justiciables las violaciones de derechos humanos en todo el actuar estatal?

Es tiempo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandone el concepto arcaico de derecho humano que propició la ficción de quitarle el carácter de autoridad a un órgano estatal.

 

Los jueces de distrito no violan derechos humanos

Otra forma como el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha restado eficacia al juicio de amparo es mediante esta jurisprudencia:

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.

Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Jurisprudencia. Contradicción de tesis 14/94. Entre las sustentadas por los Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, entre otros. 14 de noviembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. V, Enero de 1997, página 5. No. de registro 199492.

Esta jurisprudencia prácticamente vuelve inimpugnables las violaciones de derechos humanos cometidas por los jueces de distrito, lo que repercute negativamente en la eficacia del juicio de amparo como medio protector de derechos humanos.

Conviene recordar que, al abordar el tema de los recursos, se puso de manifiesto que la Suprema Corte tiene un concepto erróneo de aquello que constituye un recurso judicial; por ello señala que “se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable”, como si eso fuera justificación suficiente para avalar la violación de derechos humanos.

 

Improcedencias jurisprudenciales

Los quejosos tienen ya bastantes dificultades con todas las causales de improcedencia anticonstitucionales establecidas por el Congreso de la Unión como para que el Poder Judicial todavía invente más.

Un claro ejemplo de la restricción de la procedencia del juicio de amparo —que no tiene sustento y resulta arbitraria— es el siguiente criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

OMISIÓN LEGISLATIVA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El precepto constitucional citado, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, dispone que las sentencias pronunciadas en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, de donde deriva que respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, dado que no pueden tener efectos generales. En congruencia con lo anterior, en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, es improcedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa, pues de concederse la protección constitucional al quejoso, el efecto sería obligar a la autoridad legislativa a reparar la omisión, dando efectos generales a la ejecutoria, lo cual implicaría la creación de una ley, que constituye una prescripción general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al promovente del amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada. No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el artículo 107, fracción II, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales, toda vez que esa declaración debe emitirse en un procedimiento específico por parte de este Alto Tribunal, sin que sea posible adoptar una decisión de tal naturaleza en un caso concreto; máxime que el procedimiento para la declaratoria general de una norma se refiere a normas existentes y no a omisiones legislativas. Por otra parte, tampoco es obstáculo que el artículo 103, fracción I, constitucional, establezca que los Tribunales de la Federación conocerán de toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, ya que dicho precepto no contempla la posibilidad de que puedan reclamarse omisiones legislativas, dado que opera la limitante prevista en el referido artículo 107, fracción II, párrafo primero, en el sentido de que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segunda Sala. Tesis Aislada. Amparo en revisión 588/2012. Dinorah Trinidad Guadalupe Cantú Pedraza. 28 de noviembre de 2012. Cinco votos. Décima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, página 1164. No. de registro 2002843.

Cuando se habló del principio de relatividad de las sentencias, se criticó esta tesis aislada. Por ahora basta decir que, con este criterio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propicia violaciones sistemáticas de derechos humanos.

 

La presunción de constitucionalidad

De acuerdo con la investigación realizada por Sánchez Gil, la presunción de constitucionalidad es de origen jurisprudencial. Aquí en sus palabras:

Puede señalarse como fuente de la presunción de constitucionalidad en México a una general presunción de validez de todo acto de autoridad, aunada a la bien cimentada inexistencia de “nulidades de pleno derecho”, según la cual la declaración de esa calidad compete únicamente a la autoridad judicial que desemboca en la proscripción jurisprudencial del “control difuso” de la constitucionalidad, correspondiente sólo a los órganos jurisdiccionales federales a través del juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. (Sánchez Gil, 2008, págs. 394, 395)

Al hablar del análisis de constitucionalidad, se señaló que la presunción de constitucionalidad tiene por efecto restar eficacia al juicio de amparo, pues dicha presunción prácticamente nulifica las obligaciones generales en materia de derechos humanos, que obligan al juez de amparo a revisar de oficio la constitucionalidad del acto reclamado.

La inimpugnabilidad de la jurisprudencia

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia emitió una tesis cuyo efecto práctico es subordinar la Constitución. Aquí la tesis en comento.

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES.

La aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un caso concreto por las autoridades jurisdiccionales representa una cuestión de mera legalidad, aun cuando el criterio contenido en ella se refiera a temas de inconstitucionalidad de leyes o de interpretación directa de preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la autoridad jurisdiccional correspondiente no hace un nuevo estudio constitucional, sino que se limita a acatar el contenido del artículo 192 de la Ley de Amparo, que la vincula a aplicar el criterio jurisprudencial correspondiente al supuesto que juzga.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primera Sala. Jurisprudencia por reiteración de criterios. Amparo directo en revisión 2880/2010. Aldo Iván Saldívar Andrade. 16 de febrero de 2011. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXIV, Septiembre de 2011, página 754. No. de registro 161047.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación aplica esta tesis para desestimar un recurso de revisión en el cual se combatía la anticonstitucionalidad de una jurisprudencia.

En otras palabras, con esta tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación impide que los particulares impugnen aquellas jurisprudencias que violan los derechos humanos, pues alega que el recurso de revisión solo puede versar sobre temas de constitucionalidad y, en su opinión, la aplicación de una jurisprudencia anticonstitucional es únicamente un tema de legalidad.

La eliminación del bloque de constitucionalidad

No obstante que la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos pretendía evitar que México incumpliese los tratados internacionales celebrados en dicha materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación privilegió las restricciones a los derechos humanos, al resolver la contradicción de tesis 293/2011:

DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.

El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Jurisprudencia. Contradicción de Tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 202. No. de registro 2006224.

El error cometido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue ignorar por completo el principio pro personae incorporado en la propia reforma constitucional.

Por esa razón, ante la disyuntiva de ampliar nuestros derechos humanos o restringirlos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación prefirió restringirlos.

 

Restricción del control de convencionalidad

En relación con este tema, primero hay que recordar que, durante algún tiempo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el artículo 133 de la Constitución no contemplaba el control difuso de constitucionalidad; de hecho, no fue sino hasta que vino la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando la Suprema Corte se vio obligada a modificar su criterio para respetar el contenido del artículo 133.

Posteriormente, al resolver la contradicción de tesis 299/2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación restringió las facultades de control de constitucionalidad y de convencionalidad de todos los órganos jurisdiccionales del país con el señalamiento de que su jurisprudencia no puede ser objeto de ningún tipo de control. En pocas palabras, hay que obedecer lo que dice la Suprema Corte sin importar que viole derechos humanos.

Aquí la jurisprudencia en comento:

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE IDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA.

La obligación de las autoridades jurisdiccionales contenida en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de realizar un control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos y dar preferencia a los contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario contenidas en cualquier norma inferior, no contempla a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el artículo 94 constitucional establece que será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de conformidad con lo que disponga la ley y, en este caso, la Ley de Amparo así lo indica tanto en la abrogada como en el artículo 217 de la vigente; de ahí que no privan las mismas razones que se toman en cuenta para inaplicar una disposición emitida por el legislador cuando viola derechos humanos de fuente constitucional o convencional. Cabe precisar que en los casos en los que se pudiera advertir que una jurisprudencia del Alto Tribunal desatiende o contradice un derecho humano, cualquiera que sea su origen, existen los medios legales para que se subsane ese aspecto. En conclusión, aun partiendo del nuevo modelo de interpretación constitucional, no es posible determinar que la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país pueda ser objeto de la decisión de un órgano de menor grado que tienda a inaplicarla, como resultado del ejercicio de control de convencionalidad ex officio, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Jurisprudencia por contradicción de tesis. Contradicción de tesis 299/2013. Entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. 14 de octubre de 2014. Décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, página 8. No. de registro. 2008148.

Cabe destacar que en está jurisprudencia no se analizó la constitucionalidad del artículo 217 de la Ley de Amparo, la cual resulta incompatible con el principio pro personae en materia de derechos humanos y este es el principal defecto de esta jurisprudencia.

Con esta jurisprudencia, lejos de proteger los derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está luchando por conservar tanto su poder como todos los beneficios que este conlleva.

El amparo contra omisiones

Actualmente, el artículo 103 de la Constitución contempla la procedencia del juicio de amparo ante las omisiones de la autoridad.

Aquí un cuadro comparativo:

Antes del a reforma de 2011 Con la reforma de 2011
“Art. 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

I.- Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales.”

“Art. 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte[…]”

 

Como se puede observar, anteriormente no estaban incluidas las omisiones de autoridad como objetos de impugnación del juicio de amparo, pero no implicaba impedimento alguno para que tales conductas de la autoridad pudieran impugnarse: bastaba con que la palabra “acto” abarcase tanto actos positivos como negativos, para que el juicio de amparo fuera procedente.

Cabe recordar que ya desde la Quinta Época se combatían las omisiones de autoridad, como lo demuestra este criterio:

PETICION, DERECHO DE.

Si entre la fecha en que se presentó la solicitud del quejoso ante la responsable y la en que acudió al juicio de garantías, transcurrieron varios meses, es de concluirse cualquiera que sea el criterio que se aplique en relación con el concepto de “breve término”, que en el caso ha transcurrido éste con exceso, por lo que la autoridad estuvo obligada a dictar el acuerdo que procediera, así fuera el de prevenir al solicitante que cumpliera con los requisitos legales, y de hacérselo saber.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segunda Sala. Quinta Época Amparo en revisión 370/57. Jorge Manuel Sánchez Chew. 3 de mayo de 1957.

Fue la renuencia del Poder Judicial para defender los derechos humanos la que motivó una reforma constitucional que incluyese a las omisiones. Y ahora que las omisiones ya están expresadas en el artículo 103 de la Constitución, a la Suprema Corte de Justicia se le ocurre que el juicio de amparo no es procedente en contra de las omisiones legislativas.

OMISIÓN LEGISLATIVA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El precepto constitucional citado, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, dispone que las sentencias pronunciadas en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, de donde deriva que respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, dado que no pueden tener efectos generales. En congruencia con lo anterior, en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, es improcedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa, pues de concederse la protección constitucional al quejoso, el efecto sería obligar a la autoridad legislativa a reparar la omisión, dando efectos generales a la ejecutoria, lo cual implicaría la creación de una ley, que constituye una prescripción general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al promovente del amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada. No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el artículo 107, fracción II, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales, toda vez que esa declaración debe emitirse en un procedimiento específico por parte de este Alto Tribunal, sin que sea posible adoptar una decisión de tal naturaleza en un caso concreto; máxime que el procedimiento para la declaratoria general de una norma se refiere a normas existentes y no a omisiones legislativas. Por otra parte, tampoco es obstáculo que el artículo 103, fracción I, constitucional, establezca que los Tribunales de la Federación conocerán de toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, ya que dicho precepto no contempla la posibilidad de que puedan reclamarse omisiones legislativas, dado que opera la limitante prevista en el referido artículo 107, fracción II, párrafo primero, en el sentido de que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segunda Sala. Tesis Aislada. Amparo en revisión 588/2012. Dinorah Trinidad Guadalupe Cantú Pedraza. 28 de noviembre de 2012. Cinco votos. Décima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, página 1164. No. de registro 2002843.

 

Los obstáculos relativos a la legitimación

Como ya se abordó, la exigencia de que el quejoso alegara un agravio directo fue una invención del Poder Judicial de la Federación. La Constitución solamente refería a la parte agraviada, sin exigir que la afectación fuese personal y directa.

Constitución antes de la reforma de 2011

Art. 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada.

La Ley de Amparo (vigente antes de la Ley publicada el día 2 de abril de 2013) tampoco exigía que el agravio fuese directo, pues se limitaba a señalar que:

Artículo 4o.- El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor.

El efecto de todo ello fue que aquellas violaciones indirectas a los derechos humanos y sus garantías se tornaron inimpugnables.

Actualmente, parecería que este problema se ha superado con la incorporación del interés legítimo, pero como se vio en su momento, esta figura resulta innecesaria si se admite la posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de violaciones indirectas a los objetos de protección.

Es importante señalar que el Poder Judicial no tiene una teoría sólida respecto de la legitimación activa del juicio de amparo, lo que propicia que cada juzgado determine  lo que le plazca. Prueba de ello es la legitimación exigida por el Poder Judicial cuando se reclaman violaciones al derecho humano del medio ambiente previsto en el artículo 4° constitucional.

Si se atiende a la literalidad del artículo 4°, uno puede percatarse de que se trata de un derecho subjetivo individual. No obstante, el Poder Judicial exige que los quejosos sean un ente colectivo, y esto se traduce en que el derecho humano individual no es plenamente justiciable.

Aquí un criterio que demuestra cómo el Poder Judicial no ha comprendido la legitimación necesaria para reclamar violaciones al derecho humano ambiental:

QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNA UN ACUERDO DE INADMISIÓN DE PRUEBAS Y EL AFECTADO DEMUESTRA UN INTERÉS DIFUSO Y NO JURÍDICO.

Conforme al artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, para que proceda la queja contra el auto que desecha una prueba, tal desechamiento debe, por su naturaleza trascendental y grave, ocasionar un perjuicio no susceptible de ser reparado en el dictado de la sentencia, lo cual implica una efectiva afectación a los derechos subjetivos del quejoso; por tanto, si de las constancias del juicio respectivo aparece que el quejoso tiene un interés difuso, derivado de los peligros a los que eventualmente puede estar expuesto él, el medio ambiente y el equilibrio ecológico, y tomando en cuenta que su salvaguarda no la prevé la legislación en materia de amparo, es evidente que el recurso es improcedente, pues al no estar de por medio la protección a un interés jurídico, resulta inocuo el desechamiento de las pruebas ya que no influirán en el fondo del asunto.

Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Queja 44/2006. Reynaldo Loza González. 30 de mayo de 2006. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Agosto de 2006, página 2322. No. de registro: 174381.

A continuación se reproduce el artículo 4° constitucional, en el cual se aprecia que la imputación del derecho se realiza de forma individual.

Artículo 4

[…]

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

 

La desnaturalización de los recursos

El Poder Judicial también le ha restado eficacia al juicio de amparo a través de la restricción de los alcances de los recursos previstos para este procedimiento.

Con excepción del recurso de revisión en materia de amparo directo, que tiene alcances definidos para temas de constitucionalidad, el Poder Judicial considera que el resto de los recursos en materia de amparo son de legalidad. Esto es un error, pues la finalidad de todo recurso es brindar la posibilidad de que toda resolución contraria a derecho sea revisada.

En el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se observa que los recursos de queja y reclamación son reducidos a temas de legalidad.

RECLAMACIÓN. NO ES MATERIA DE ESTE RECURSO EL EXAMEN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O ACTOS DE AUTORIDAD.

De lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Amparo, se infiere que el recurso de reclamación procede contra los acuerdos de trámite dictados por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los Presidentes de sus Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito, acuerdos que, en rigor, deben corresponder a un juicio de amparo en el que se cuestione la constitucionalidad de leyes o actos de autoridad, juicio que tiene un procedimiento regulado por su propia legislación en la que se otorga a las partes la oportunidad de impugnar la legalidad de los acuerdos y resoluciones dictados en el mismo procedimiento a través de recursos tales como los de revisión, queja y reclamación, pero en ninguno de dichos recursos es permitido introducir aspectos relativos a la constitucionalidad de leyes o actos que no hayan sido materia de impugnación en la demanda de garantías respectiva; es más, en estos dos últimos, por no referirse al fondo del asunto sino sólo a cuestiones de procedimiento, no es dable hacer impugnación alguna de constitucionalidad de leyes.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segunda Sala. Jurisprudencia por reiteración de criterios. Reclamación 73/2003-PL. 28 de marzo de 2003. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Julio de 2003, página 209. No. de registro 183735.

Este criterio tiene por efecto dejar en estado de indefensión a las partes del juicio de amparo, pues en los recursos de reclamación o queja ya no se puede alegar sobre temas de constitucionalidad o convencionalidad.

 

El control de convencionalidad en tribunales contenciosos administrativos

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia estableció un criterio de jurisprudencia que prácticamente exime a los tribunales contenciosos administrativos de la obligación de ejercer el control de convencionalidad, ya que, en el juicio de amparo, no se puede reclamar la omisión de ejercer dicho control.

Aquí el criterio en comento:

CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Si bien es cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, también lo es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La diferencia entre ambos medios de control (concentrado y difuso), estriba en que, en el primero, la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar si la disposición de carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar los argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo (control difuso) el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad no integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio contencioso administrativo, la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es en materia de legalidad y, por razón de su función jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control difuso; sin embargo, si el actor formula conceptos de nulidad expresos, solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control difuso respecto de determinada norma, de existir coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el criterio del tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones jurídicas de su decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo convierte este control en concentrado o directo, y transforma la competencia genérica del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si en el juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y, por ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si, además, en la demanda de amparo se aduce como concepto de violación la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes los conceptos de violación relacionados con el control difuso y analizar los conceptos de violación enderezados a combatir la constitucionalidad y convencionalidad del precepto en el sistema concentrado.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segunda Sala. Jurisprudencia por contradicción de tesis. Contradicción de tesis 336/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Trigésimo Circuito y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 22 de enero de 2014. Décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 984. No. de registro 2006186.

Los principales errores en que incurre esta jurisprudencia son dos: el primero consiste en señalar que los procedimientos contenciosos administrativos son de pura legalidad, ya que, en términos de la fracción XXIX-H del artículo 73, de la V del artículo 116 y de la base quinta del artículo 122, que establece la constitución los tribunales contenciosos administrativos, mismos que pueden dirimir toda controversia suscitada entre los particulares y la administración pública sin importar si se alegan aspectos de legalidad, constitucionalidad o convencionalidad.

Artículo 73

[…]

XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones; […]

Artículo 116

[…]

V.  Las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir Tribunales de lo Contencioso-Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones; […]

Artículo 122

[…]

BASE QUINTA.- Existirá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tendrá plena autonomía para dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de la Administración Pública local del Distrito Federal.

El segundo error consiste en pasar por alto que el control concentrado de constitucionalidad o convencionalidad implica que se ejerza por un solo órgano; mientras que, en el control difuso, son varios órganos estatales los que pueden ejercer el control.

A grandes rasgos, estos son algunos de los criterios del Poder Judicial que directa o indirectamente le restan eficacia al juicio de amparo y restringen los derechos humanos.

 

Una reducida acción de amparo

En este curso se vio que la acción de amparo tiene varias finalidades,  no solamente la restitución del derecho o de la garantía violada. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación  ha sostenido que el juicio de amparo únicamente funciona para restituir al quejoso, lo cual deja impunes todas las violaciones de derechos humanos que se han calificado como “consumadas de forma irreparable”.

AMPARO IMPROCEDENTE.

Si el acto reclamado en un amparo, consiste en que no se aceptó al quejoso como representante, en un Consejo Consultivo del Departamento del Distrito Federal, y el amparo se falla transcurrido el término de un año, que es el que deben durar dichas personas en su encargo, debe sobreseerse, por haberse consumado el acto de manera irreparable.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segunda Sala. Tesis Aislada. Amparo administrativo en revisión 4094/35. R. de Rojas Elodia. 10 de marzo de 1936. Quinta Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XLVII, página 3917. No. de registro 334697.

El efecto práctico de esta idea es que se niega justicia en todos aquellos casos en que existe una consumación irreparable, se niegan las garantías de no repetición y se propicia la impunidad.

En relación con esto, cabe preguntarse, ¿cuántas demandas de amparo se han desechado argumentando que el acto reclamado está consumado de forma irreparable?

Al respecto, se podría inferir que esto no es imputable al Poder Judicial, pues la causal de improcedencia está prevista en ley; antes bien, resulta necesario apelar a que el Poder Judicial tiene la obligación de ejercer el control de constitucionalidad y de convencionalidad; por lo tanto, el último responsable es el Poder Judicial y no el Legislativo.

 

El premio de derechos humanos de las Naciones Unidas 2013

En 2013, la Organización de Naciones Unidas otorgó el premio de derechos humanos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Derivado de este reconocimiento, surgen varios cuestionamientos, a saber: ¿Cuáles son los criterios bajo los cuales la ONU otorga a este premio?, ¿estaba consciente la ONU de todas las consecuencias negativas que se han derivado de los criterios fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación?, ¿estaba consciente la ONU de que los criterios de la Suprema Corte descritos líneas arriba han propiciado violaciones sistemáticas de derechos humanos e impunidad?

Si otros ganadores de este premio, como Nelson Mandela y Martin Luther King, el Comité Internacional de la Cruz Roja o Amnistía Internacional, hubieran tenido la oportunidad de conocer todas las consecuencias negativas y violaciones de derechos humanos derivadas de las ideas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿ estarían todavía dispuestos a recibir ese premio?

Como se ha visto a lo largo de este curso lejos de proteger los derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha restringido gravemente los alcances del juicio de amparo y, por el contrario, ha vulnerado muchos de los derechos humanos.

En el próximo capítulo se analizará a detalle la jurisprudencia que emite el Poder Judicial de la Federación en el contexto del juicio de amparo, pues ha sido la vía a través de la cual se ha cometido  la mayor cantidad de excesos y atropellos.

Todo aquel que quiera aprender a defender los derechos humanos, debe saber identificar las circunstancias en que los tribunales abusan de la jurisprudencia.

 

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