Causales de improcedencia

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Causales de improcedencia 2017-06-01T02:27:10+00:00

Causales de improcedencia

Ahora que se ha visto cuáles son los objetos de protección, los objetos de impugnación y los sujetos que intervienen en el juicio de amparo tanto en términos convencionales, como en términos constitucionales, se puede analizar la constitucionalidad y la convencionalidad de las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo.

Se adelanta que el Congreso de la Unión, al expedir la Ley de Amparo, incurrió en una práctica contraria a la Constitución, la cual consiste en establecer inmunidades de jurisdicción a ciertas autoridades, si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece tal cosa, sino únicamente el carácter de irrecurrible de ciertos actos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece inmunidades de jurisdicción, sino que únicamente  otorga a determinados actos el carácter de irrecurribles.

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La forma correcta (constitucional) de regular esta circunstancia era establecer la improcedencia del juicio de amparo en los mismos términos que la Constitución, es decir, establecer las improcedencias respecto de los actos y no respecto de los sujetos. Además, debió establecer que, si en la expedición de los actos constitucionalmente calificados como irrecurribles se cometían violaciones a los derechos humanos y a garantías, el juicio de amparo sería procedente únicamente en relación con este último aspecto.

En ese sentido, la regulación que hizo el Congreso de la Unión es peligrosa, puesto que prácticamente estableció excluyentes de responsabilidad en beneficio de determinadas autoridades. En relación con dichas excluyentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido la siguiente jurisprudencia (Caso Barrios Altos vs Perú, 2001):

41. Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

42. La Corte, conforme a lo alegado por la Comisión y no controvertido por el Estado, considera que las leyes de amnistía adoptadas por el Perú impidieron que los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes en el presente caso fueran oídas por un juez, conforme a lo señalado en el artículo 8.1 de la Convención; violaron el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención; impidieron la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos, incumpliendo el artículo 1.1 de la Convención, y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso. Finalmente, la adopción de las leyes de autoamnistía incompatibles con la Convención incumplió la obligación de adecuar el derecho interno consagrada en el artículo 2 de la misma.

43. La Corte estima necesario enfatizar que, a la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, los Estados Partes tienen el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención. Es por ello que los Estados Partes en la Convención que adopten leyes que tengan este efecto, como lo son las leyes de autoamnistía, incurren en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. Este tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente.

Otro aspecto que resulta de vital importancia al analizar las causales de improcedencia, es que los conceptos de presupuestos procesales (incluidos los requerimientos esenciales para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional) y las causales de improcedencia no se identifican, es decir, son cosas distintas y muchas veces los poderes legislativo y judicial afirman o actúan como si se tratasen de la misma cosa.

Aquí un criterio judicial para ejemplificar lo anterior:

DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. Tesis Aislada. Amparo en revisión 40/2013 (cuaderno auxiliar 234/2013). Décima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, página 1641. No. de registro: 2004217.

Como se puede observar, de alguna forma, el Tribunal Colegiado afirma que las causales de improcedencia son presupuestos procesales y, por ello, no puede existir un análisis del fondo del asunto sin que dichos presupuestos se cumplan.

El problema es que el Tribunal Colegiado pasa por alto que:

Causal de improcedencia no es sinónimo de presupuesto procesal.

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¿Cuál es el efecto de equiparar las causales de improcedencia con los presupuestos procesales?

Equiparar a las causales de improcedencia con los presupuestos procesales vuelve inatacable todo aquello que el legislador califique como causal de improcedencia, sin importar lo arbitrario que sea.

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La lógica de lo anterior es la siguiente:

Premisa mayor: La existencia de los presupuestos procesales está justificada, pues sin ellos no puede existir juicio alguno.

Premisa menor: Las causales de improcedencia son presupuestos procesales.

Conclusión: La existencia de las causales de improcedencias está justificada, pues sin ellas no puede existir juicio.

Como se puede observar lo anterior es sumamente peligroso, en virtud de que el legislador puede prácticamente dejarnos sin acción de amparo por medio de las causales de improcedencia, alegando que reflejan o constituyen los presupuestos procesales del juicio de amparo.

Para evitar lo esos abusos, conviene recordar que los presupuestos procesales comunes a todo procedimiento jurisdiccional son:

  1. existencia de una demanda
  2. competencia del órgano jurisdiccional
  3. capacidad procesal de las partes

En forma adicional a los presupuestos procesales, existen otros requerimientos para el ejercicio correcto de la función jurisdiccional, tales como la conexidad (que evita la incompatibilidad entre las sentencias), la litispendencia (que evita sentencias contradictorias y una duplicidad en el ejercicio de la función jurisdiccional) y la cosa juzgada.

En consecuencia estos son los requisitos aplicables a todo procedimiento:

1.                  La existencia de una demanda

2.                  La existencia de un órgano jurisdiccional competente

3.                  La capacidad procesal de las partes

4.                  La ausencia de cosa juzgada

5.                  La ausencia de litispendencia

6.                  La ausencia de conexidad

Por lo que hace al juicio de amparo, existen requisitos adicionales previstos en el artículo 107 constitucional, a saber:

7.      Que el quejoso aduzca un acto que viola sus derechos humanos y garantías

8.      Que los derechos humanos y garantías invocados por el quejoso estén reconocidos por la Constitución o en un tratado internacional celebrado por México.

9.      Que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo.

10.  Que se observe el principio de definitividad.

11.  Que el acto reclamado no sea de carácter irrecurrible o inatacable en términos de la Constitución.

Una vez aclarado el punto, será más fácil detectar las anticonstitucionalidades y las inconvencionalidades de las causales de improcedencia establecidas por el Congreso de la Unión cuando expidió la Ley de Amparo.

I. Contra reformas constitucionales

En términos de la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente en contra de reformas constitucionales: “Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

[…]”

Anticonstitucionalidades de la fracción

En primer lugar, es fundamental recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no contempla aquello que algún sector ha denominado el “Poder Revisor de la Constitución”, entendiendo como tal un poder soberano capaz de modificar la Constitución sin limitación jurídica alguna.

El artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece un poder soberano, sino un procedimiento materialmente legislativo dificultado.

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El único soberano fue el poder constituyente, y el de Querétaro estableció un procedimiento dificultado en el artículo 135 para modificar la Constitución :

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.

El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados no son autoridades soberanas; por el contrario, representan órganos constituidos que se rigen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tanto en el aspecto formal, como en el aspecto material en todo su actuar.

Las autoridades que intervienen en el proceso de reforma constitucional son órganos constituidos y, por ello, están sometidos a la Constitución tanto en aspectos formales como materiales.

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El artículo que expresamente regula el aspecto formal del procedimiento de reforma constitucional es el 135, mientras que el que regula el aspecto material del proceso de reforma es el artículo 1º constitucional, específicamente en la siguiente parte:

Artículo 1º[…]

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

De lo anterior se desprende que un procedimiento de reforma constitucional puede presentar vicios formales (irregularidad normativa en relación con el artículo 135 constitucional) y vicios materiales (irregularidad normativa en relación con el artículo 1º y los preceptos que contengan normas constitucionales relativas a derechos humanos), cuando no se observa lo dispuesto por los artículos constitucionales citados.

Para abordar el tema de la impugnación de una reforma constitucional sin vicios de formalidad, es decir aquella que fue realizada en absoluta observancia de los artículos 71, 72 (que regula el proceso legislativo del Congreso de la Unión) y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se empleará un caso, el  siguiente: en términos del artículo 5 constitucional, toda persona tiene derecho a recibir la justa retribución por su trabajo.

Artículo 5o[…] Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

[…]

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.

Supóngase el caso que alguna de las autoridades señaladas en el artículo 71 constitucional presenta una iniciativa de reforma constitucional cuyo objetivo es privar a todos los jueces (incluidos magistrados y ministros) de sus salarios, además de que los obligaría a desempeñar sus funciones de manera gratuita.

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I. Al Presidente de la República;

II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;

III. A las Legislaturas de los Estados;

En términos de la actual redacción del artículo 1° constitucional, dicha iniciativa de reforma, que aún no forma parte del texto de la Constitución, sería violatoria de las siguientes disposiciones:

A.      La obligación de promover los derechos humanos, toda vez que la iniciativa de reforma tiene el objetivo contrario.

B.      La obligación de respetar los derechos humanos.

C.      La obligación de proteger los derechos humanos.

D.     La obligación de garantizar los derechos humanos.

E.      El principio de universalidad, pues la iniciativa de reforma está encaminada a privar del salario solo a ciertos funcionarios públicos.

F.       El principio de interdependencia, en virtud de que la privación del salario hace imposible el pleno ejercicio de otras libertades y derechos, tales como la libertad de tránsito y el derecho a una vivienda, entre otros.

G.     El principio de indivisibilidad, en razón de que la iniciativa tiene por efecto que el Estado Mexicano respete otros derechos humanos, menos el de recibir la remuneración del trabajo realizado, lo cual implica una distinción injustificada, pues todos los derechos humanos tienen carácter vinculatorio.

H.     El principio de progresividad, ya que el Estado Mexicano no puede desconocer ni contrariar los alcances o las garantías otorgadas anteriormente, pues ello implicaría una regresividad normativa.

De lo anterior resulta que, en sí misma, la iniciativa es contraria a la Constitución, lo cual trae como consecuencia que todo el procedimiento de reforma quede viciado en su totalidad, pues no fue iniciado conforme a lo dispuesto por el artículo 1° de la Carta Magna. Todo procedimiento es una secuencia de actos jurídicos, el cual supone la existencia y validez (regularidad formal y material) de los actos previos a cada acto integrante de la secuencia.

Todo lo anterior implica que se concluya que todas aquellas reformas constitucionales cuyo efecto sea menoscabar los derechos humanos y las garantías son contrarias a la Constitución, pues las iniciativas que les dan origen violan lo dispuesto por el artículo 1° constitucional. Esta situación vicia todo el procedimiento y, por ello, son impugnables mediante el juicio de amparo.

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Aunado a ello, se debe recordar que los actos que forman el proceso de reforma constitucional no están comprendidos dentro de los actos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos califica como irrecurribles. (Véase Objetos excluidos del juicio de amparo).

Por lo tanto, el proceso de reforma constitucional puede impugnarse mediante el juicio de amparo cuando existan violaciones materiales o formales.

Finalmente, la fracción en comento viola el principio de progresividad, en virtud de que la anterior Ley de Amparo no contemplaba dicha causal e incluso existen antecedentes que constatan la procedencia del juicio de amparo en contra de reformas constitucionales.

A continuación se presentan algunos criterios judiciales:

REFORMA CONSTITUCIONAL, AMPARO CONTRA SU PROCESO DE CREACIÓN. EL INTERÉS JURÍDICO DERIVA DE LA AFECTACIÓN QUE PRODUCE, EN LA ESFERA DE DERECHOS DEL QUEJOSO, EL CONTENIDO DE LOS PRECEPTOS MODIFICADOS.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha determinado que cuando se impugna el proceso de reforma constitucional no es la Carta Magna, sino los actos que integran el procedimiento legislativo que culmina con su reforma, lo que se pone en tela de juicio, por lo que pueden ser considerados como autoridades responsables quienes intervienen en dicho proceso, por emanar éste de un órgano constituido, debiendo ajustar su actuar a las formas o esencias consagradas en los ordenamientos correspondientes, conducta que puede ser controvertida mediante el juicio de amparo, por violación al principio de legalidad. Asimismo, estableció que la circunstancia de que aun cuando el proceso de reforma hubiese sido elevado a la categoría de norma suprema, tal situación no podría desconocer la eficacia protectora del juicio de amparo como medio de control constitucional, puesto que de ser así no habría forma de remediar el posible incumplimiento de las formalidades consagradas en el artículo 135 de la Carta Magna ni, por ende, podría restablecerse a los agraviados en los derechos que estiman violados, con lo que se autorizaría la transgresión a derechos fundamentales sin oportunidad defensiva. En consecuencia, si bien es cierto que el contenido del dispositivo constitucional resulta inimpugnable a través de la demanda de garantías, siendo sólo atacable el proceso de reforma correspondiente, y el interés jurídico se identifica como la tutela que se regula bajo determinados preceptos legales, la cual autoriza al quejoso el ejercicio de los medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, debe concluirse que el interés jurídico para promover el juicio contra el proceso de reforma relativo debe derivar directamente de los efectos que produce la vigencia del nuevo precepto constitucional, pues son éstos los que producen un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Tesis Aislada. Amparo en revisión 1334/98. Manuel Camacho Solís. 9 de septiembre de 1999. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Septiembre de 1999, página 11. No de registro 193249.

 

REFORMA CONSTITUCIONAL, AMPARO CONTRA SU PROCESO DE CREACIÓN. PARA SU PROCEDENCIA NO SE REQUIERE DE LA EXPRESIÓN, EN EXCLUSIVA, DE VIOLACIONES RELACIONADAS CON EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN.

La improcedencia del juicio de garantías por ausencia de expresión de conceptos de violación se encuentra fundamentada en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, siendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que este último dispositivo no exige formalidad alguna para plantear los argumentos de inconstitucionalidad en demandas de amparo indirecto, por ser suficiente para que el Juez de Distrito deba estudiarlos, que el quejoso exprese con claridad la causa de pedir, consistente en la lesión o agravio que estima le produce el acto, resolución o ley impugnada, y los motivos que lo originaron, aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo. En consecuencia, cuando se impugne en amparo el proceso de reforma constitucional, basta que el quejoso exponga las razones por las cuales considera que dicho acto es contrario a las garantías individuales, para estimar satisfecho el requisito de expresión de conceptos de violación, sin que le sea exigible que sólo señale transgresiones al artículo 135 de la Constitución, porque el contenido de dicho dispositivo sólo consagra el procedimiento para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la propia Carta Magna, mas en parte alguna del precepto se establece que en el ejercicio de los medios de control constitucional deban argumentarse únicamente violaciones que incidan directamente con el citado procedimiento.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Tesis Aislada. Amparo en revisión 1334/98. Manuel Camacho Solís. 9 de septiembre de 1999. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Septiembre de 1999, página 012. No. de registro 193253.

 

REFORMA CONSTITUCIONAL, AMPARO CONTRA SU PROCESO DE CREACIÓN. PROCEDE POR VIOLACIÓN A DERECHOS POLÍTICOS ASOCIADOS CON GARANTÍAS INDIVIDUALES.

La interpretación del contenido del artículo 73, fracción VII, en relación con jurisprudencias sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lleva a determinar que, por regla general, el juicio de amparo en que se pretendan deducir derechos de naturaleza política es improcedente, siendo excepción a lo anterior la circunstancia de que el acto reclamado, además de tener una connotación de índole política, también entrañe la violación de derechos subjetivos públicos consagrados en la propia Carta Magna. Por tanto, tratándose de ordenamientos de carácter general con contenido político-electoral, incluidos los procesos de reforma a la Constitución, para la procedencia del amparo se requiere necesariamente que la litis verse sobre violación a garantías individuales, y no solamente respecto de transgresión a derechos políticos, los cuales no son reparables mediante el juicio de garantías.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Tesis Aislada. Amparo en revisión 1334/98. Manuel Camacho Solís. 9 de septiembre de 1999. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Septiembre de 1999, página 13. No. de registro 193250.

En cuarto lugar, la fracción en estudio viola el principio de imparcialidad. Es importante mencionar que el principio de imparcialidad no solamente exige ciertas conductas de los órganos jurisdiccionales, sino que también reclama que el Poder Legislativo expida leyes adjetivas que respeten el equilibrio procesal.

En ese contexto no debe olvidarse que es el Congreso de la Unión quien interviene en el proceso de reforma constitucional y que es el mismo órgano el que expidió la Ley de Amparo.

Esto pone de manifiesto que el Congreso de la Unión estableció una disposición claramente favorable a sus intereses que prácticamente constituye una excluyente de responsabilidad.

Debido a que la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo es anticonstitucional, puede solicitarse al juez de amparo que ejerza el control de constitucionalidad y la desaplique en el caso concreto.

Inconvencionalidades de la fracción

A continuación se presentan algunas de las inconvencionalidades de la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo.

En primer lugar se debe recordar que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece una legitimación pasiva omnicomprensiva, es decir que ninguna persona o autoridad cuenta con inmunidad de jurisdicción para ser parte demandada en el juicio de amparo. Por lo tanto, la restricción que realiza la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo es inconvencional, en virtud de que impide que las autoridades que forman parte del proceso de reforma constitucional (El Presidente de la República, el Congreso de la Unión y las legislaturas locales) sean enjuiciadas por las violaciones a los derechos humanos y garantías que puedan ocasionar con una reforma constitucional.

Por otra parte, debe considerarse que según el artículo 25 de la Convención citada, todos los actos que violen derechos humanos y garantías son susceptibles de ser impugnados sin excepción alguna (Véase Objetos de impugnación en términos convencionales). En consecuencia, la restricción de la procedencia del juicio de amparo que hace la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo resulta inconvencional.

En segundo lugar, la fracción en comento viola la obligación de adecuar el derecho interno. Como se vio en su momento, esta implica tanto conductas positivas como conductas negativas, para lograr la plena eficacia de los derechos humanos.

En ese contexto, si la reforma constitucional transgrede un derecho humano de base convencional, es posible alegar que la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo viola la obligación de adecuar el derecho interno. Lejos de armonizar el derecho internacional con el interno, genera obstáculos entre ellos.

En tercer lugar, la fracción I viola el principio de efectividad del juicio de amparo, pues lo  torna ilusorio ante este tipo de actos reclamados y provoca denegación de justicia ante las violaciones de derechos humanos y garantías cometidas por las autoridades que participan en el proceso de reforma constitucional.

En cuarto lugar, la fracción I viola la obligación de resolver el fondo de la demanda de amparo y el derecho de acceso a la justicia o el derecho a ser oído para la determinación de los derechos, porque a pesar de que los presupuestos procesales están cumplidos (existe una demanda,  un órgano jurisdiccional competente, además de que el actor tiene capacidad procesal, no existe cosa juzgada, no hay litispendencia, no hay conexidad y el quejoso aduce un acto que viola sus derechos humanos y garantías, los derechos humanos invocados están reconocidos en la Constitución, la ley o el tratado internacional) se paraliza la acción de amparo.

En quinto lugar, la fracción I viola la obligación de ampliar las posibilidades de amparo, ya que  constituye una regresividad normativa. Cabe mencionar que la anterior Ley de Amparo no contemplaba dicha causal de improcedencia e incluso existen antecedentes que constatan que el juicio de amparo era procedente contra reformas constitucionales.

En sexto lugar la fracción I viola la obligación de combatir la impunidad, la obligación de respetar los derechos humanos, la obligación de garantizar los derechos humanos y la obligación de sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos, ya que impide juzgar a las autoridades que violaron derechos humanos y garantías en el proceso de reforma constitucional.

Toda vez que la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo es inconvencional puede solicitarse al juez de amparo ejerza el control de convencionalidad y la desaplique en el caso concreto.

 

La omisión de reforma constitucional

Las omisiones de reforma constitucional no están incluidas en la causal de improcedencia de la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues esta se refiere  únicamente a los cambios y adiciones que se realicen al texto constitucional.

Desde el punto de vista del derecho internacional, resulta claro que una omisión constitucional puede ser combatida, pues la obligación de adecuar el derecho interno, así como la de garantizar el pleno goce de los derechos humanos sirven de fundamento a la pretensión de reclamar la inactividad de las autoridades que intervienen en el proceso de reforma constitucional.

Adicionalmente, los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establecen que las disposiciones del derecho interno no constituyen excluyentes de responsabilidad.

Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados

26. “Pacta sunt servanda”. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.

Lo interesante del caso de la impugnación de omisiones de reformas constitucionales es que en la actualidad ya existen fundamentos del derecho positivo constitucional que sustentan esta pretensión, cuando se busca eliminar restricciones a derechos humanos y garantías de base convencional.

Las disposiciones que permiten impugnar una omisión de reforma constitucional desde el punto de vista interno son las relativas al principio de progresividad y a la obligación de promover los derechos humanos:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1º[…]

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

[…]

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

Lo anterior pone de manifiesto que el derecho constitucional está evolucionando y que, de alguna forma, se está implantando una supremacía del derecho internacional de los derechos humanos, tal como lo sugiere Ferrer:

VOTO RAZONADO DEL JUEZ AD HOC EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO CABRERA GARCÍA Y MONTIEL FLORES VS. MÉXICO.

C. CARACTERIZACIÓN DEL “CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD” A LA LUZ DE SU DESARROLLO JURISPRUDENCIAL

a) Carácter “difuso”: todos los jueces nacionales “deben” ejercerlo

21. Se trata, en realidad, de un “control difuso de convencionalidad”, debido a que debe ejercerse por todos los jueces nacionales. Existe, por consiguiente, una asimilación de conceptos del Derecho Constitucional, lo cual está presente desde el origen y desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente al crearse las “garantías” y “órganos” internacionales de protección de los derechos humanos. Se advierte claramente una “internacionalización del Derecho Constitucional”, particularmente al trasladar las “garantías constitucionales” como instrumentos procesales para la tutela de los derechos fundamentales y salvaguarda de la “supremacía constitucional”, a las “garantías convencionales” como mecanismos jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales para la tutela de los derechos humanos previstos en los pactos internacionales cuando aquéllos no han sido suficientes, por lo que de alguna manera se configura también una “supremacía convencional”.

Las palabras de Ferrer son bastante descriptivas del caso mexicano, pues como se vio líneas arriba, hoy en día incluso el proceso de reforma constitucional tiene restricciones materiales en términos del artículo 1º constitucional. Esto refleja que el cambio de los lugares de la soberanía del que habla Ferrajoli es propio de la crisis del Estado nacional:

Hay, además, un tercer aspecto de la crisis del derecho, que está ligado a la crisis del Estado nacional y que se manifiesta en el cambio de los lugares de la soberanía, en la alteración del sistema de fuentes y, por consiguiente, en un debilitamiento del constitucionalismo. (Ferrajoli, 2006, p. 16)

En el caso de México, antes de la reforma en materia de derechos humanos llevada a cabo en junio de 2011 no existían restricciones materiales al proceso de reforma constitucional, pero ahora incluso los tratados internacionales en materia de derechos humanos se imponen al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales, lo cual dota a los mexicanos de una protección que antes no existía.

Anteriormente, el Congreso de la Unión y las legislaturas locales podían restringir los derechos e incluso eliminarlos sin obstáculo alguno y de manera válida, desde el punto de vista constitucional. La única defensa consistía en impugnar la reforma constitucional por vicios formales; sin embargo, eso ha cambiado: ahora, los derechos humanos constituyen una restricción material oponible a dichas autoridades. Por ello, resulta válido afirmar que el mal llamado “poder revisor de la Constitución” ya no es soberano en el aspecto material, pues ahora su actuar está regulado por las disposiciones constitucionales y convencionales relativas a los derechos humanos y sus garantías.

 

II. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La fracción II del artículo 61 de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en contra de los actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: […] II. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación […]”

Anticonstitucionalidades de la fracción

Esta causal de improcedencia carece de fundamento constitucional. Una vez más, debe recordarse que, en términos del artículo 103 constitucional, ninguna autoridad goza de inmunidad de jurisdicción con respecto a la acción de amparo (Véase Legitimación pasiva en términos constitucionales).

Por otra parte, los actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no figuran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como aquellos calificados de irrecurribles (Véase Objetos de impugnación del juicio de amparo).

Al respecto podría pensarse que en el Poder Judicial Federal no existe un tribunal de alzada para que analice la constitucionalidad de los actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que, por lo tanto, es imposible impugnarlos. Lo anterior es parcialmente cierto, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación funciona en Salas y en Pleno, de tal suerte que el segundo funge como tribunal de alzada del primero.

Así, el Pleno puede conocer las impugnaciones de los actos de las Salas. En este proceso, los ministros que votaron favorablemente la resolución impugnada deberán excusarse, para respetar el principio de imparcialidad.

Es importante señalar que del hecho de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tenga un tribunal de alzada dentro del Poder Judicial de la Federación no se desprende que todas sus determinaciones resulten constitucionales: una cosa es que sus resoluciones tengan la calidad de vigentes, es decir, que sean obligatorias en un momento histórico determinado, y otra muy distinta que sean regulares o constitucionales, ya que la regularidad normativa refiere a la relación de correspondencia existente entre normas de distinta jerarquía.

La vigencia y la constitucionalidad son atributos normativos distintos que no se implican necesariamente.

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Ahora bien, con respecto a los actos anticonstitucionales del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede promoverse el juicio político previsto en el artículo 110 de la Constitución:

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal[…]

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.

 

La impugnación de la jurisprudencia de la Suprema Corte

Hay quienes afirman que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es impugnable por la vía del juicio de amparo. Esto es incorrecto.

La incorporación del principio pro personae al texto constitucional permite impugnar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se explicará a continuación.

El principio pro personae implica, entre otras cosas, interpretar en forma restringida aquellas disposiciones que limitan a los derechos humanos y a sus garantías. Aquí las implicaciones del principio pro personae, de acuerdo con las palabras emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (Principios Constitucionales en Materia de Derechos Humanos, 2014):

[…] atiende a la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.

Con base en lo anterior, puede concluirse que la fracción II del artículo 61 de la Ley de Amparo debe interpretarse de la forma más restringida posible, pues limita el derecho de acceso a la justicia, así como la garantía jurisdiccional de los derechos humanos, establecida por el artículo 103 constitucional.

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: […]

II. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

De lo anterior resulta que la palabra “actos”, empleada por la fracción en estudio, no abarca normas generales. Al respecto, conviene mencionar que la Ley de Amparo distingue entre actos y normas generales, tal como se aprecia en esta disposición:

Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:

I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley.

En el apartado correspondiente a la jurisprudencia prevista en la Ley de Amparo se demostrará que la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación es una norma jurídica general, aunque a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le agrade esta realidad y afirme lo contrario.

Asimismo, al revisar el amparo directo se estudiará cómo la amplitud del recurso de revisión también permite impugnar la jurisprudencia.

A partir de la redacción de la fracción II del artículo 61 de la Ley de Amparo, es válido afirmar que la anticonstitucionalidad de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es susceptible de ser impugnada tanto por la vía del amparo indirecto como por la del amparo directo.

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Inconvencionalidades de la fracción

En primer lugar se debe recordar que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece una legitimación pasiva omnicomprensiva, es decir, ninguna persona o autoridad cuenta con inmunidad de jurisdicción para ser parte demandada en el juicio de amparo. Por lo tanto, la restricción que realiza la fracción II del artículo 61 de la Ley de Amparo es inconvencional, porque impide que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean enjuiciados por las violaciones a los derechos humanos y a las garantías que puedan ocasionar con sus determinaciones.

Por otra parte, debe considerarse que, de acuerdo con el artículo 25 de la Convención citada, todos los actos que violen derechos humanos y garantías son susceptibles de impugnarse, sin excepción alguna, a través del amparo (Véase Objetos de impugnación en términos convencionales). En consecuencia, la restricción de la procedencia del juicio de amparo que hace la fracción II del artículo 61 resulta inconvencional.

En aquellos casos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación transgreda los derechos humanos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es posible acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Para ejemplificar lo anterior basta con atender a la contradicción de tesis 293/2011, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se establece que, en aquellos casos en los que exista una restricción constitucional a un derecho humano de base convencional, debe privilegiarse a la restricción constitucional. Esta determinación motivó la presentación de una denuncia en contra del Estado Mexicano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para aquellos que quieran conocer el texto de la denuncia, a continuación se presenta un enlace con la información: Denuncia vs México.

 

III. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal

La fracción III de la Ley de Amparo establece lo siguiente: “Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: […] III. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal […]”

Fundamento constitucional

Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.

El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República.

Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, en el caso de los designados por la Suprema Corte, deberán gozar, además con reconocimiento en el ámbito judicial.

El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine.

Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período.

Los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá solicitar al Consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también podrá revisar y, en su caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos ocho votos. La ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones.

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.

 

Alcances constitucionales de la improcedencia

La facultad de dictar resoluciones irrecurribles otorgada al Consejo de la Judicatura Federal tiene un objeto muy preciso y siempre que se exceda o que se llegue a alguna determinación en transgresión del debido proceso, el juicio de amparo procederá.

Por ejemplo, si el Consejo de la Judicatura Federal condena a un funcionario a recibir 20 azotes, dicha determinación está fuera de las facultades otorgadas al Consejo de la Judicatura Federal y, además, se actualiza una transgresión a la garantía prevista en el artículo 22 constitucional, en la que se establece lo siguiente:

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

La prohibición contenida en el artículo 22 constitucional hace evidente que la facultad de dictar resoluciones irrecurribles del Consejo de la Judicatura Federal no incluye la imposición de azotes como condena. Por eso, en este caso el juicio de amparo procederá, pues no existe una determinación irrecurrible, sino un exceso en el ejercicio de las facultades otorgadas al Consejo.

En conclusión, la redacción de la fracción III del artículo 61 de la Ley de Amparo es desafortunada, pues da la impresión de que las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal siempre serán inimpugnables mediante el juicio de amparo, lo cual es incorrecto.

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En aquellos casos en que el Consejo de la Judicatura Federal exceda el objeto de la facultad de dictar resoluciones irrecurribles o que viole el debido proceso, puede solicitarse el control de constitucionalidad a efecto de que se desaplique la causal de improcedencia en comento y se admita la demanda de amparo.

Inconvencionalidades de la fracción

En primer lugar, se debe recordar que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece una legitimación pasiva omnicomprensiva, es decir que ninguna persona o autoridad cuenta con inmunidad de jurisdicción para ser parte demandada en el juicio de amparo. Por lo tanto, la restricción que realiza la fracción en estudio es inconvencional, pues impide que los sujetos responsables de cometer violaciones de derechos humanos sean demandados en el juicio de amparo.

Por otra parte, debe considerarse que, según el artículo 25 de la Convención citada, todos los actos que violen derechos humanos y garantías son susceptibles de impugnarse, sin excepción alguna, a través del amparo (Véase Objetos de impugnación en términos convencionales). En consecuencia, la restricción de la procedencia del juicio de amparo que hace la Ley de Amparo resulta inconvencional.

Tomando en consideración que, desde el punto de vista del derecho internacional, el derecho interno no es una razón suficiente para incumplir un tratado internacional, puede solicitarse el control de convencionalidad para que se conozca de las violaciones de derechos humanos cometidas por el Consejo de la Judicatura Federal en todos los supuestos. Sin duda habrá renuencia por parte de las autoridades estatales, pero desde la perspectiva del derecho internacional, es viable.

 

IV. Contra resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

La fracción IV del artículo 61 de la Ley de Amparo establece: “Artículo 61.

El juicio de amparo es improcedente: […] IV. Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[…]”

Fundamento constitucional

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.

La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.

Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.

III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales;

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables;

VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;

VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores;

VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes;

IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan, y

X. Las demás que señale la ley.

 

Alcance constitucional de la improcedencia

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con la facultad de dictar resoluciones inatacables; antes bien, eso no implica que todas sus resoluciones sean inimpugnables por medio del juicio de amparo.

Si bien es cierto que la materia electoral no puede reclamarse por la vía del juicio de amparo, a partir de lo establecido en el propio artículo 107 constitucional, también es cierto que el resto de los derechos humanos y garantías sí pueden ser exigidas por medio del amparo cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cometa violaciones a esos derechos y garantías.

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

A manera de ejemplo, puede suponerse que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación usurpa funciones de otros tribunales y resuelve una controversia de derecho familiar. Aquí procede el amparo, pues los conceptos de violación no incluirían derechos humanos de naturaleza electoral.

Lo mismo sucede cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación viola los derechos humanos relativos al debido proceso. En este supuesto el juicio de amparo también es procedente.

Al respecto, conviene precisar que la facultad de dictar resoluciones inatacables conferida al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el artículo 99 de la Constitución no incluye la prerrogativa de violar el debido proceso y, en atención a ello, sus resoluciones son impugnables en el juicio de amparo.

 

Inconvencionalidades de la fracción

En primer lugar se debe recordar que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece una legitimación pasiva omnicomprensiva, es decir que ninguna persona o autoridad cuenta con inmunidad de jurisdicción para ser parte demandada en el juicio de amparo. Por lo tanto, la restricción que realiza la fracción en estudio es inconvencional, ya que impide que los sujetos responsables de cometer violaciones de derechos humanos sean demandados en el juicio de amparo.

Por otra parte, debe considerarse que, de acuerdo con el artículo 25 de la Convención citada, todos los actos que violen derechos humanos y garantías son susceptibles de impugnarse, sin excepción alguna, a través del amparo (Véase Objetos de impugnación en términos convencionales). En consecuencia, la restricción de la procedencia del juicio de amparo que hace la Ley de Amparo resulta inconvencional.

Desde el punto de vista del derecho internacional, el derecho interno no constituye una razón suficiente para incumplir un tratado internacional, de forma que puede solicitarse el control de convencionalidad para que se conozca de las violaciones de derechos humanos cometidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en todos los supuestos. Sin duda habrá renuencia por parte de las autoridades estatales, pero resulta viable a partir de la perspectiva  del derecho internacional.

 

V. Contra actos relativos a nombramientos de funcionarios (dedazo)

La fracción V del artículo 61 de la Ley de Amparo establece lo siguiente:

V. Contra actos del Congreso de la Unión, su Comisión Permanente o cualquiera de sus cámaras en procedimiento de colaboración con los otros poderes que objeten o no ratifiquen nombramientos o designaciones para ocupar cargos, empleos o comisiones en entidades o dependencias de la Administración Pública Federal, centralizada o descentralizada, órganos dotados de autonomía constitucional u órganos jurisdiccionales de cualquier naturaleza;

Anticonstitucionalidades de la fracción

Los únicos procesos de selección y designación inatacables en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son los relativos a los Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica: “Artículo 28 […] Todos los actos del proceso de selección y designación de los Comisionados son inatacables.”

Fuera de ese supuesto, la fracción V del artículo 61 de la Ley de Amparo resulta anticonstitucional, pues restringe la garantía jurisdiccional del artículo 103 constitucional.

Alcance constitucional de la improcedencia

Aun tratándose del caso de los Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, es necesario aclarar en qué sentido y en qué circunstancias resultan inatacables tanto el proceso de selección como las designaciones.

Artículo 28 […]

Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones se integrarán por siete Comisionados, incluyendo el Comisionado Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado.

El Presidente de cada uno de los órganos será nombrado por la Cámara de Senadores de entre los comisionados, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, por un periodo de cuatro años, renovable por una sola ocasión. Cuando la designación recaiga en un comisionado que concluya su encargo antes de dicho periodo, desempeñará la presidencia sólo por el tiempo que falte para concluir su encargo como comisionado.

Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Ser mayor de treinta y cinco años;

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año;

IV. Poseer título profesional;

V. Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, según corresponda;

VI. Acreditar, en los términos de este precepto, los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del cargo;

VII. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal o local, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo a su nombramiento, y

VIII. En la Comisión Federal de Competencia Económica, no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que sustancia el citado órgano. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las entidades a ellos relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto.

[…]

Los aspirantes a ser designados como Comisionados acreditarán el cumplimiento de los requisitos señalados en los numerales anteriores, ante un Comité de Evaluación integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para tales efectos, el Comité de Evaluación instalará sus sesiones cada que tenga lugar una vacante de comisionado, decidirá por mayoría de votos y será presidido por el titular de la entidad con mayor antigüedad en el cargo, quien tendrá voto de calidad.

El Comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante. Verificará el cumplimiento, por parte de los aspirantes, de los requisitos contenidos en el presente artículo y, a quienes los hayan satisfecho, aplicará un examen de conocimientos en la materia; el procedimiento deberá observar los principios de transparencia, publicidad y máxima concurrencia.

Para la formulación del examen de conocimientos, el Comité de Evaluación deberá considerar la opinión de cuando menos dos instituciones de educación superior y seguirá las mejores prácticas en la materia.

El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con un mínimo de tres y un máximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. En el caso de no completarse el número mínimo de aspirantes se emitirá una nueva convocatoria. El Ejecutivo seleccionará de entre esos aspirantes, al candidato que propondrá para su ratificación al Senado.

La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de la presentación de la propuesta; en los recesos, la Comisión Permanente convocará desde luego al Senado. En caso de que la Cámara de Senadores rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo, el Presidente de la República someterá una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior. Este procedimiento se repetirá las veces que sea necesario si se producen nuevos rechazos hasta que sólo quede un aspirante aprobado por el Comité de Evaluación, quien será designado comisionado directamente por el Ejecutivo.

Todos los actos del proceso de selección y designación de los Comisionados son inatacables.

La facultad de designar a los Comisionados de forma inatacable otorgada al Comité de Evaluación, al Ejecutivo Federal, al Senado de la República y a la Comisión Permanente en su caso, no incluye la prerrogativa de eximir a los candidatos del cumplimiento de los requisitos constitucionales para ocupar el cargo, así como tampoco incluye la  de rechazar a alguno de los candidatos con criterios discriminatorios, prohibidos por el artículo 1º constitucional:

Artículo 1º[…]

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Debe comprenderse que la facultad discrecional otorgada a las autoridades que intervienen en el nombramiento de los Comisionados es muy precisa y que, fuera de este ámbito, se incurre en irregularidades que ciertamente pueden impugnarse.

En otras palabras, si todos los candidatos cumplieron con los requisitos constitucionales, las autoridades cumplieron con las votaciones calificadas y demás normas procesales, y no se emplearon criterios discriminatorios, no existe materia de impugnación. No obstante, siempre que se incumpla alguno de los aspectos anteriores, los medios de impugnación estarán habilitados.

Conviene recordar que los requisitos y los procedimientos establecidos a nivel constitucional para elegir a los Comisionados son obligatorios, es decir, no son opcionales; asimismo, cabe destacar que, siempre que se incumplan, puede exigirse su observancia.

También debe tenerse en cuenta que todo nombramiento realizado en contra de la Constitución es nulo.

Lo anterior es así en virtud de que la Carta Magna es el referente de regularidad material y formal de todo el sistema. Por lo tanto, todo acto contrario resulta irregular, es decir, anticonstitucional.

 

Inconvencionalidades de la fracción

En primer lugar, se debe recordar que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece una legitimación pasiva omnicomprensiva, es decir que ninguna persona o autoridad cuenta con inmunidad de jurisdicción para ser parte demandada en el juicio de amparo. La restricción que realiza la fracción en estudio es inconvencional, pues impide que los sujetos responsables de cometer violaciones de derechos humanos sean demandados en el juicio de amparo.

Por otra parte, debe considerarse que, en conformidad con el artículo 25 de la Convención citada, todos los actos que violen derechos humanos y garantías son susceptibles de ser impugnarse, sin excepción alguna, por la vía del amparo (Véase Objetos de impugnación en términos convencionales). En consecuencia, la restricción de la procedencia del juicio de amparo que hace la Ley de Amparo resulta inconvencional.

Desde el punto de vista del derecho internacional, el derecho interno no es una razón suficiente para incumplir un tratado internacional. Puede solicitarse el control de convencionalidad para que se conozca de las violaciones de derechos humanos y garantías cometidas en el proceso de nombramiento de los Comisionados.

 

VI. Contra resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito

La fracción VI del artículo 61 de la Ley de Amparo establece la siguiente causal de improcedencia: “Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: […] VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito […]”

Anticonstitucionalidades de la fracción

Nuevamente, el Congreso de la Unión incurre en la práctica anticonstitucional de establecer inmunidades de jurisdicción en beneficio de los Tribunales Colegiados de Circuito. No está por demás reiterar que esta fracción prácticamente constituye una excluyente de responsabilidad para los magistrados que integran los Tribunales Colegiados de Circuito.

En términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las únicas resoluciones irrecurribles dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito son las siguientes:

1. Las sentencias dictas por los Tribunales Colegiados de Circuito en el recurso de revisión a que refiere el artículo 104 fracción III de la Constitución:

Artículo 104 […]

III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e) del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno;

2. Las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en los recursos de revisión interpuestos en los juicios de amparo indirecto en términos del artículo 107 constitucional fracción VIII.

Artículo 107[…]

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:

a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de esta Constitución.

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los tribunales colegiados de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno;

De todas las resoluciones que pueden dictar los Tribunales Colegiados de Circuito, únicamente estas dos tienen el carácter de irrecurribles en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe hacer énfasis en que la facultad otorgada a los Tribunales Colegiados de Circuito para dictar resoluciones irrecurribles tiene alcances muy precisos y, siempre que se excedan esos límites, será posible impugnar los excesos en que incurran estos tribunales.

A manera de ejemplo  se puede suponer que, en un recurso de revisión, un Tribunal Colegiado de Circuito resuelve una controversia político electoral está excluida expresamente del juicio de amparo en términos del artículo 107, porque está asignada en forma exclusiva al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en términos del artículo 99 constitucional. En este caso, es evidente que la resolución resulta impugnable debido a que el Tribunal Colegiado de Circuito excedió el ámbito respecto del cual puede resolver de forma definitiva e inatacable.

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Adicionalmente se debe considerar que la facultad de decidir en forma definitiva e inatacable no incluye la de transgredir el debido proceso. Por lo tanto, siempre que en un procedimiento jurisdiccional existan violaciones a derechos humanos y se dicte una sentencia definitiva, se actualizará la cosa juzgada aparente. Lo anterior es así porque la cosa juzgada presupone el debido proceso y el respeto a los derechos humanos. Recuérdese que el procedimiento es una secuencia de actos jurídicos y todos ellos deben ser válidos, pues el acto subsecuente está sustentado en la existencia y validez del anterior.

En relación con la cosa juzgada aparente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado lo siguiente (Caso Nadege Dorzema y otros vs República Dominicana, 2012):

196. Asimismo, la Corte considera que se presenta el fenómeno de cosa juzgada “aparente” cuando del análisis fáctico es evidente que la investigación, el procedimiento y las decisiones judiciales no pretendían realmente esclarecer los hechos sino obtener la absolución de los imputados y también que los funcionarios judiciales carecían de los requisitos de independencia e imparcialidad.

Inconvencionalidades de la fracción

En primer lugar se debe recordar que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece una legitimación pasiva omnicomprensiva, es decir, ninguna persona o autoridad cuenta con inmunidad de jurisdicción para ser parte demandada en el juicio de amparo. Por lo tanto, la restricción que realiza la fracción en estudio es inconvencional, ya que impide que los sujetos responsables de cometer violaciones de derechos humanos sean demandados en el juicio de amparo.

Por otra parte debe considerarse que, en conformidad con el artículo 25 de la Convención citada, todos los actos que violen derechos humanos y garantías son susceptibles de ser impugnados, sin excepción alguna, por la vía del amparo (Véase Objetos de impugnación en términos convencionales). En consecuencia, la restricción de la procedencia del juicio de amparo que hace la Ley de Amparo resulta inconvencional.

Desde el punto de vista del derecho internacional, el derecho interno no representa una razón suficiente para incumplir un tratado internacional, por lo que puede solicitarse el control de convencionalidad para que se conozca de las violaciones de derechos humanos y garantías cometidas por los Tribunales Colegiados de Circuito.

 

VII. Contra las resoluciones de declaración de procedencia y juicio político

La fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo establece lo siguiente:

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

[…]VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente;

Fundamento constitucional

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.

 

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.

Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

Las declaraciones y resoluciones de la (sic DOF 28-12-1982) Cámaras de Diputados (sic DOF 28-12-1982) Senadores son inatacables.

 

Alcance constitucional de la improcedencia

La facultad de resolver en forma inatacable el juicio político y la declaratoria de improcedencia no incluye la facultad de violar el debido proceso; por eso siempre que se actualicen violaciones al debido proceso estará habilitada la vía del juicio de amparo.

Adicionalmente debe considerarse que, en el juicio político, las sanciones ya están predeterminadas por la Constitución y, por eso, no es posible aplicar otras. Por ejemplo, si en un juicio político se condena al enjuiciado al destierro, esto constituye un exceso impugnable mediante el juicio de amparo.

Anticonstitucionalidad de la fracción

La fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio de amparo en relación con  las declaraciones de procedencia y juicios políticos del ámbito local cuando las constituciones locales “confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente”.

En primer lugar hay que señalar que las Constituciones locales no pueden restringir la garantía jurisdiccional del artículo 103 de la Constitución Federal, pues ello implica transgredir el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

En otras palabras, las constituciones locales no pueden establecer actos irrecurribles o inatacables, porque implicaría restringir la acción de amparo prevista en la Constitución Federal.

Inconvencionalidades de la fracción

 

En primer lugar, cabe destacar que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece una legitimación pasiva omnicomprensiva, lo cual implica que ninguna persona o autoridad cuenta con inmunidad de jurisdicción para ser parte demandada en el juicio de amparo. Por lo tanto, la restricción que realiza la fracción en estudio es inconvencional, ya que impide que los sujetos responsables de cometer violaciones de derechos humanos sean demandados en el juicio de amparo.

Por otra parte, debe considerarse que, de acuerdo con el artículo 25 de la Convención citada, todos los actos que violen derechos humanos y garantías son susceptibles de impugnarse sin excepción alguna mediante el amparo (Véase Objetos de impugnación en términos convencionales). En consecuencia, la restricción de la procedencia del juicio de amparo que hace la Ley de Amparo resulta inconvencional.

Desde el punto de vista del derecho internacional, el derecho interno no es una razón suficiente para incumplir un tratado internacional. Por ello, puede solicitarse el control de convencionalidad para que se conozca de las violaciones de derechos humanos y garantías cometidas por las cámaras legislativas.

 

VIII. Contra normas declaradas inconstitucionales

La fracción VIII del artículo 61 de la Ley de Amparo establece que:

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

[…]VIII. Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto de esta Ley, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

En relación con esta causal de improcedencia, deben hacerse algunas precisiones.

Si ya existe una declaratoria general de inconstitucionalidad respecto de una norma general, en teoría no habría necesidad de promover una demanda de amparo, pues la norma general perdió vigencia con la declaratoria general.

El problema puede presentarse cuando las autoridades siguen aplicando la norma, no obstante que ya la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí el amparo debe admitirse, pero el acto reclamado no consistirá en la norma general, pues la misma ya no existe en términos jurídicos (perdió vigencia), sino que el acto reclamado consistirá en la conducta de las autoridades que ya no cuentan con el fundamento jurídico proporcionado por la norma declarada inconstitucional. (Véase también denuncia por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad)

 

IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo

La fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: “Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: […] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas […]”

Anticonstitucionalidades de la fracción

En primer lugar, conviene recordar cuáles son los tipos de resoluciones que pueden dictar los tribunales de amparo.

Código Federal de Procedimientos Civiles

ARTICULO 220.- Las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias; decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos cuando decidan cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, cuando decidan el fondo del negocio.

En segundo lugar y de acuerdo con lo que se observó al abordar el tema de los objetos de impugnación del juicio de amparo, las únicas resoluciones calificadas como inatacables son las sentencias definitivas de los recursos de revisión, a las cuales aluden los artículos 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1. Las sentencias dictas por los Tribunales Colegiados de Circuito en el recurso de revisión que refiere el artículo 104 fracción III de la Constitución:

Artículo 104[…]

III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e) del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno;

2. Las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en los recursos de revisión interpuestos en los juicios de amparo indirecto en términos del artículo 107 Constitucional fracción VIII.

Artículo 107[…]

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:

a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de esta Constitución.

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los tribunales colegiados de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno;

Como se puede observar, la fracción resulta anticonstitucional porque amplía el carácter irrecurrible a todas las resoluciones (decretos, autos y sentencias) dictadas en los juicios de amparo, mientras que la Constitución Política únicamente le otorga dicho carácter a las sentencias definitivas dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en los recursos de revisión, según lo establecen los artículos 104 y 107 constitucionales.

A continuación se citan dos casos de la vida real que demuestran cómo los jueces de amparo cometen excesos y pueden incluso violar derechos humanos.

El primer caso es una sentencia dictada por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito que  a pesar de que determina sobreseer el juicio de amparo, instruye a la autoridad responsable sobre la forma de dicar la resolución de un juicio sucesorio:

Por lo que respecta a las manifestaciones expuestas por el tercero interesado XXX, en sus escritos presentados el veintisiete de junio y primero de julio de dos mil catorce, si bien no resultan ser contrarias sentido de la presente resolución y sin menoscabo del sobreseimiento decretado se analiza lo siguiente:

Los derechos y obligaciones del autor de la sucesión no se extinguen por su muerte tal como lo dispone el artículo 1281 del Código Civil para el Distrito Federal. Por ende, el de cujus al ser titular del contrato de intermediación bursátil XXX, dispuso de todas las cantidades de dinero aportadas por el mismo para sus herederos, dentro de los que se incluye la hoy quejosa.

Consecuentemente, debe acotarse que en todo caso, la controversia del juicio de origen se resolverá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Código Civil para el Distrito Federal, con base en la igualdad de derechos de la quejosa y de la sucesión a bienes del señor XXX, derivados del contrato de intermediación bursátil, al tenor de la voluntad del autor de la sucesión. Ello conforme al principio de igualdad de todos los coherederos de la sucesión. Asimismo, no debe inobservarse el artículo 201 de la ley del Mercado de Valores. Ello, partiendo de que las personas designadas como beneficiarios en dicho contrato son: XXX con el treinta y cuatro por ciento (34%); XXX con el treinta y tres por ciento (33%); y XXX con el treinta y tres por ciento (33%).

La aplicabilidad del precepto en comento deviene que ninguno de los beneficiarios detenta el cincuenta por ciento de la titularidad de los recursos existentes en la cuenta bancaria y de que no es factible desconocer la voluntad del testador en la designación de beneficiarios, de acuerdo con la cláusula vigésima cuarta del citado contrato.

Por tanto, no obstante que se decreta el sobreseimiento del presente asunto, prima facie se advierte la observancia de los artículos 14 y 16 constitucionales, puesto que la medida de aseguramiento ordenada por la Juez de primer grado, se decretó el trece de febrero de dos mil catorce y en esa la quejosa ya había comparecido al juicio de origen.

Asimismo, se advierte que el auto de fecha seis de mayor[sic] de dos mil catorce, deriva del proveído trece de febrero de dos mil catorce, ya que a través del auto impugnado, la Autoridad Responsable se limitó a solicitar a la institución bancaria XXX, un informe detallado del contrato de intermediación bursátil XXX que celebró el de cujus con la citada institución bancaria, siendo que la quejosa se abstuvo de manifestar que el auto que constituye el acto reclamado y que ahora impugna a través del presente juicio constitucional es una consecuencia inmediata del auto de fecha trece de febrero de dos mil catorce, mediante el cual se ordenó asegurar las cantidades amparadas en el multicitado contrato y se solicitó diversa información sobre el contrato de referencia, proveído que a la fecha se encuentra firme y es un acto consentido por la hoy quejosa, habiendo causado firmeza por lo que continúa rigiendo con todos sus efectos legales a la fecha.

Por último, debe considerarse que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores, las operaciones que la casa de bolsa celebre con su clientela inversionista y por cuenta de la misma, se regirán por las previsiones contenidas en el contrato de intermediación bursátil que al efecto celebren por escrito, tal como se advierte de dicho ordinal.

De la literalidad del contrato de intermediación bursátil XXX celebrado por el autor de la sucesión XXX con la institución bancaria denominada XXX, se advierte de la cláusula vigésima quinta una responsabilidad por el manejo del contrato frente a los demás cotitulares o los causahabientes de éstos.

La quejosa fue quien abrió en el juicio natural la sucesión a través del escrito inicial que presentó el cuatro de febrero de dos mil catorce ante la Oficialía de Partes común en materia familiar, del cual se desprende en el hecho marcado con el número dos que XXX manifestó reconocer la validez de la literalidad de la voluntad del autor de la sucesión primigenia contenida en la cláusula PRIMERA del Testamento Público Abierto de fecha veintisiete de julio de dos mil doce, tirado ante el Licenciado XXX, titular de la Notaría Pública número XX del Estado de México.

En el caso particular a que se hace referencia, se contaba con el recurso de revisión; sin embargo, esto no sucede cuando la violación de derechos humanos es cometida por los Tribunales Colegiados de Circuito.

Es en estos supuestos, es decir, ante violaciones de derechos humanos cometidas por Tribunales Colegiados donde el juicio de amparo puede brindar mayor protección,  pues muchas veces no existen recursos ordinarios para combatir las violaciones provenientes de estos tribunales.

A continuación se describe un ejemplo de un exceso cometido por un Tribunal Colegiado:

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito declaró la nulidad de una asamblea de accionistas de una persona moral privada dentro de un recurso de queja. Se transcribe la parte conducente:

Por consiguiente, al darse los dos requisitos necesarios para que se actualice la consecuencia en estudio, procede declarar la nulidad de pleno derecho de la asamblea especial de accionistas de **********, sociedad anónima bursátil de capital variable y ordenar que las cosas vuelvan al estado que tenían al decretarse la suspensión provisional.

El exceso destaca en virtud de que en un juicio de amparo no puede declararse la nulidad de una asamblea de accionistas, pues eso es materia de otro tipo de procedimiento (como puede ser un juicio ordinario mercantil tramitado ante un juez civil local o un juez civil federal). Para quienes se interesen en conocer la resolución completa dictada por el Tribunal Colegiado, aquí está el enlace: Queja.

En este caso, el juicio de amparo sí constituye una alternativa, ya que ante la resolución del Tribunal Colegiado, no existe recurso ordinario alguno.

Asimismo, vale la pena señalar que la fracción en comento deja en estado de indefensión a terceros adquirentes de buena fe que se vean afectados con la resolución de amparo o su ejecución. Esto puede transgredir la garantía de audiencia y el derecho humano de acceso a la justicia.

Por otra parte, la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo no tiene en cuenta que los órganos jurisdiccionales que resuelven los juicios de amparo se encuentran más expuestos a sobornos y al tráfico de influencias.

La lógica de esto es la siguiente: las personas que arreglan los resultados de un juicio están conscientes de que los jueces de primeras instancias, así como las salas no aportan seguridad a sus intereses, debido a que no resuelven en forma definitiva los juicios.

Cosa distinta sucede con los tribunales de amparo que, por lo general, terminan diciendo la última palabra en las controversias judiciales.

Quien afirme que el Poder Judicial de la Federación no tiene problemas de corrupción falta a la verdad.

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Aquí un ejemplo de una práctica judicial real.

Cuando un tribunal de amparo quiere dejar sin defensa al quejoso, procede de la siguiente forma:

Paso 1: Alterar la firma de las promociones presentadas por el quejoso (demanda de amparo o recurso de revisión, entre otros).

Paso 2: Requerir al promovente para que, en el plazo de tres días, se presente a las instalaciones del tribunal y ratifique su firma. Es crucial apercibir al quejoso de que su rebeldía ocasionará que el amparo o recurso se tenga por no interpuesto, para no dar la apariencia de que esto es algo arbitrario.

Paso 3: Una vez fenecido el plazo de tres días, declarar la rebeldía y tener por no interpuesta la demanda de amparo o el recurso.

Es en estos contextos de corrupción y tráfico de influencias donde combatir una sentencia de amparo por conducto del juicio constitucional cobra mayor sentido, pues prácticamente este juicio es el último medio de defensa con el que cuentan las víctimas. Pensar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es, en estos casos, una opción de defensa, dista mucho de ser una realidad dada la saturación del mismo.

Por último, se debe tener presente que la calidad de cosa juzgada depende del respeto efectivo de los derechos humanos, pues de lo contrario se actualiza la cosa juzgada aparente.

En relación con la cosa juzgada aparente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado lo siguiente (Caso Nadege Dorzema y otros vs República Dominicana, 2012):

196. Asimismo, la Corte considera que se presenta el fenómeno de cosa juzgada “aparente” cuando del análisis fáctico es evidente que la investigación, el procedimiento y las decisiones judiciales no pretendían realmente esclarecer los hechos sino obtener la absolución de los imputados y también que los funcionarios judiciales carecían de los requisitos de independencia e imparcialidad.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado lo siguiente en los considerandos de las acciones de inconstitucionalidad 11 y 12, ambas de 2004, en donde se resolvió sobre la figura de la nulidad de juicio concluido:

En el sistema jurídico mexicano, la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido éste como el que fue seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual da seguridad y certeza jurídica a las partes. Así también la cosa juzgada se encuentra en el artículo 17 de la propia Constitución Federal que, en su tercer párrafo, establece: ‘Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.’. Ello, porque la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales se logra, exclusivamente, sólo en cuanto la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico, como resultado de un juicio regular, que se ha concluido en todas sus instancias y ha llegado al punto en que lo decidido ya no sea susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar el diverso derecho de acceso a la justicia, establecido en el propio artículo 17 constitucional, pues dentro de tal prerrogativa se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman un conflicto, sino también el derecho a que se garantice la ejecución de la decisión del órgano jurisdiccional. Luego, la autoridad de la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que la seguridad jurídica se funda; por tanto, debe respetarse con todas sus consecuencias jurídicas. Así, en un proceso en el que el interesado tuvo adecuada oportunidad de ser escuchado en su defensa y de ofrecer pruebas para acreditar sus afirmaciones, además que el litigio fue decidido ante las instancias judiciales que las normas del procedimiento señalan, la cosa juzgada resultante de esa tramitación no puede ser desconocida, pues uno de los pilares del Estado de derecho es el respeto de la cosa juzgada, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que se haya hecho efectivo el debido proceso, con sus formalidades esenciales. En contraposición a ello, la autoridad de la cosa juzgada no puede invocarse y confirmarse cuando ese debido proceso no tuvo lugar en el juicio correspondiente.”

Como se puede observar, para que las sentencias de amparo adquieran el carácter de cosa juzgada, primero deben respetar los derechos humanos pues de lo contrario solo son cosa juzgada en apariencia, de ahí, que incluso las sentencias dictadas en el juicio de amparo puedan ser impugnadas.

 

Inconvencionalidades de la fracción

 

En primer lugar, se debe recordar que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece una legitimación pasiva omnicomprensiva, es decir que ninguna persona o autoridad cuenta con inmunidad de jurisdicción para ser parte demandada en el juicio de amparo. Por lo tanto, la restricción que realiza la fracción en estudio es inconvencional, ya que impide que los sujetos responsables de cometer violaciones de derechos humanos sean demandados en el juicio de amparo.

Por otra parte, debe considerarse que, en conformidad con el artículo 25 de la Convención citada, todos los actos que violen derechos humanos y garantías son susceptibles de ser impugnados sin excepción alguna a través del amparo (Véase Objetos de impugnación en términos convencionales). En consecuencia, la restricción de la procedencia del juicio de amparo que hace la Ley de Amparo resulta inconvencional.

En segundo lugar, la fracción I viola el principio de efectividad del juicio de amparo, ya que lo torna ilusorio ante este tipo de actos reclamados y provoca denegación de justicia ante las violaciones de derechos humanos y garantías cometidas por las autoridades participantes en el proceso de reforma constitucional.

En cuarto lugar, la fracción IX viola la obligación de resolver el fondo de la demanda de amparo, así como el derecho de acceso a la justicia o el derecho a ser oído para la determinación de los derechos, pues a pesar de que los presupuestos procesales están cumplidos (existe una demanda y un órgano jurisdiccional competente, el actor tiene capacidad procesal, no existe cosa juzgada, no hay litispendencia, no hay conexidad, el quejoso aduce un acto que viola sus derechos humanos y garantías, mientras que los derechos humanos invocados están reconocidos en la Constitución, en la ley o en el tratado internacional) se desecha la acción de amparo.

En quinto lugar, la fracción IX viola la obligación de combatir la impunidad, la obligación de respetar los derechos humanos, la obligación de garantizar los derechos humanos y la obligación de sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos, ya que impide juzgar a las autoridades que violaron derechos humanos y garantías.

Desde la perspectiva del derecho internacional, el derecho interno no es una razón suficiente para incumplir un tratado internacional. Por ello, puede solicitarse el control de convencionalidad para que se conozca de las violaciones de derechos humanos y garantías cometidas por los tribunales de amparo.

 

X. En casos de litispendencia

La fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo establece lo siguiente:

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

[…]

X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios […]

En general, esta causal es razonable, pero existe al menos un caso en el que la causal de improcedencia puede violar el derecho de acceso a la justicia (derecho a ser oído para la determinación de los derechos):

Para ello, es necesario suponer que el quejoso promueve varias demandas de amparo en contra de la misma norma general con motivo de actos de aplicación distintos. En la primera demanda solo expresó un concepto de violación y, en la siguiente, diez. Es la primera que se resuelve declarando la norma impugnada como constitucional. En términos de la fracción X de la Ley de Amparo, la causal de improcedencia se actualizaría en el segundo juicio y este se sobreseería, pero también conlleva a ignorar el resto de los conceptos de violación expresados por el quejoso.

Por esa razón, se debe tener mucho cuidado al aplicar esta causal de improcedencia, pues puede generar denegación de justicia.

 

XI. Contra actos reclamados de otro juicio

La fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: “Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: […] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior[…]”

Esta causal de improcedencia es una forma de establecer la cosa juzgada. Al respecto, es necesario que se revisen los comentarios realizados en relación con la cosa juzgada aparente.

 

XII. Contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso

La fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: “Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: […] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; […]”

En general, esta causal de improcedencia es razonable y tiene fundamento en la fracción I del artículo 107 constitucional.

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa[…]

Aquí el único comentario que cabe es que el interés legítimo previsto en la Ley de Amparo es más reducido que el interés legítimo del artículo 107 constitucional, el cual no exige que el agravio sea actual.

Esto es relevante, porque en términos de la fracción I del artículo 107 constitucional sí es posible promover el juicio de amparo respecto de actos inminentes y, en términos de la Ley de Amparo, no, pues esta última exige que la afectación sea actual.

Al respecto, conviene recordar que el Estado Mexicano tiene la obligación de prevenir violaciones de derechos humanos.

 

XIII y XIV. Contra actos consentidos

Las fracciones XIII y XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo establecen que:

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

[…]

XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;

XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.

No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.

Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún [sic] cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.

Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento […]

Antecedentes de la fracción

En este apartado se expondrán los antecedentes de la Ley de Amparo y de la Constitución de 1917, de manera que se identifique el momento en que estas causales de improcedencia se incorporaron al juicio de amparo:

Constitución de 1857

ART. 101. Los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite:

I. Por leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales.

II. Por leyes ó actos de la autoridad federal que vulneren ó restrinjan la soberanía de los Estados.

III. Por las leyes ó actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal.

ART. 102. Todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán á petición de la parte agraviada por medio de procedimientos y formas del orden jurídico, que determinará una ley. La sentencia será siempre tal, que solo se ocupe de individuos particulares limitándose á protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley ó acto que la motivare.

En la Constitución de 1857 no se contemplaban las causales de improcedencia relativas al consentimiento del acto reclamado.

Ley Orgánica Reglamentaria de los artículos 101 y 102 de la Constitución de 1861

En esta ley tampoco existían causales de improcedencia y no se tenían términos para la interposición del juicio de amparo.

Artículo 33

Los tribunales para fijar el derecho público nacional, tendrán como regla suprema de conducta la Constitución Federal, las leyes que de ella emanen y los tratados con las naciones extranjeras. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

 

Ley Orgánica sobre el Recurso de Amparo de 1869

En la ley reglamentaria de 1869  no existían las causales de improcedencia con respecto a los actos consentidos, sin embargo, existían otras improcedencias.

Capítulo II

Amparo en Negocios Judiciales

Artículo 8.

No es admisible el recurso de amparo en negocios judiciales.

[…]

Artículo 17.

Contra la sentencia de la Suprema Corte no hay recurso alguno, y con motivo de ella sólo podrá exigirse la responsabilidad a los magistrados, conforme al capítulo 1o. del decreto de 24 de Marzo de 1813, en lo que no se oponga a la Constitución.

 

Ignacio Luis Vallarta y la doctrina americana de los actos consentidos

La causales de improcedencia relativas al consentimiento del acto reclamado no surgieron con motivo de una reforma constitucional ni con motivo de un acto legislativo, sino que fueron originadas por Ignacio Luis Vallarta, entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La teoría del consentimiento del acto reclamado fue expresada por Vallarta en el caso de Felicia y Enriqueta Tavares. Aquí los aspectos más importantes:

[…] esta Corte ha negado la protección a la justicia federal, fundada así en el principio de que «sciente et consentienti nonfit injuria neque dolus» como en esta doctrina que enseña nuestros publicistas: «consentido de alguna manera el acto reclamado, ha dejado de existir la violación» principio y doctrina que han tenido aplicación […] […] el consentimiento del interesado extingue su derecho para pedir la reparación de la injuria, que sin ese consentimiento se le habría inferido.

Y en esta vez no puedo dejar de invocar esas teorías, que no sólo acepto, sino que he defendido siempre para negar amparos contra actos que consentidos primero, se reclaman después; sino que he procurado implantar en nuestra jurisprudencia constitucional, apoyándolas en estas doctrinas norteamericana: «cuando un precepto constitucional tiene por objeto sólo la protección de los derechos de propiedad del ciudadano, puede éste renunciar á esa protección y consentir en un acto que sin su voluntad sería nulo. Si una expropiación se hiciera por ejemplo, no por la utilidad pública, sino por la privada de una persona, ella, aunque inconstitucional, quedaría válida por el consentimiento del expropiado. (Vallarta, 1894-1896, pp. 160, 161)

Las críticas que habría que formular a las ideas de Vallarta son las siguientes:

1. La introducción de ideas ajenas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo son las doctrinas norteamericanas, constituye una violación al principio de supremacía constitucional.

2. La doctrina de los actos consentidos demuestra que Vallarta no sabía derecho constitucional, pues las disposiciones constitucionales no pueden nulificarse mediante un contrato celebrado con el particular.

3. Las ideas de Vallarta demuestran que tampoco sabía de derechos humanos, ya que, por definición, estos son irrenunciables, por lo tanto no pueden extinguirse por medio de un contrato.

4. Vallarta tampoco sabía de contratos, porque un contrato que implique la renuncia de un derecho subjetivo de orden público es nulo debido a la ilicitud en el objeto.
Más adelante se extenderán las críticas a las ideas de Vallarta.

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Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 constitucionales de 1882 (14 de diciembre de 1882). El Amparo como recurso

Aquí ya se puede observar cómo las ideas de Vallarta convencieron a los legisladores, quienes incorporaron el consentimiento del acto reclamado a la Ley reglamentaria del juicio de amparo de 1882.

A partir de este punto, las Leyes de Amparo incorporaron una doctrina anticonstitucional al juicio de amparo, como resultado de la influencia de Vallarta.

Artículo 6

En el amparo procede también, en su caso, contra los jueces federales, y entonces se interpondrá ante el juez suplente, si se reclamasen los actos del propietario, o ante este o los suplentes por su orden, si la violación se imputa al magistrado de circuito. En ningún caso se admitirá este recurso en los juicios de amparo, ni contra los actos de la Suprema Corte, ya sea funcionando en tribunal pleno, o en salas.

Artículo 10

No se admitirá nuevo recurso de amparo respecto de un asunto ya fallado, ni aun a pretexto de vicios de inconstitucionalidad que no se hicieron valer en el primer juicio.

Artículo 35

No se pronunciará sentencia definitiva por el Juez, sino que se sobreseerá, en cualquier estado del juicio, en los casos siguientes:

i. Cuando el autor se desista de su queja.

ii. Cuando muere durante el juicio, si la garantía violada afecta a sólo a su persona; si trasciende á sus bienes, el representante de sus testamentaria ó intestado puede proseguir el juicio.

iii. Cuando la misma autoridad revoca el acto que es materia del recurso y se restituyen con ellos las cosas al estado que guardaban antes de la violación.

iv. Cuando han cesado los actos reclamados.

v. Cuando se han consumado de un modo irreparable y es imposible restituir las cosas al estado que tenían antes de la violación.

vi. Cuando el acto hubiere sido consentido y no versare sobre materia criminal. No habrá lugar a sobreseer, si al tiempo de la ejecución del acto reclamado se protestó contra él o se manifestó inconformidad, siempre que el caso se encuentre comprendido en alguna de las fracciones anteriores, y que el amparo se haya pedido dentro de los seis meses después de la violación constitucional.

[…]

Artículo 57

En los negocios judiciales, civiles, será improcedente el recurso de amparo, si se interpusiere después de cuarenta días, contados desde que cause ejecutoria la sentencia que se diga haber vulnerado alguna garantía constitucional. Los ausentes del lugar en que se haya pronunciado la ejecutoria, pero no de la República, tendrán noventa días y ciento ochenta los ausente[s] de la República.

 

Código Federal de Procedimientos Civiles de 1897

Artículo 761

Para computar los términos de que trata este capítulo, se observarán los artículos 221, 222, 223 y 224 del presente Código; pero en el cómputo de los plazos que se fijan para entablar la demanda de amparo, se incluirán los domingos y días de fiesta nacional.

Artículo 779

El juicio de amparo es improcedente: […]

V. Contra actos consentidos, siempre que éstos no importen una pena corporal.

Se presumen consentidos para los efectos de este artículo:

a. Los Decretos y autos dictados en un proceso criminal, si contra ellos no se ha intentado el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al de la notificación.

b. Las resoluciones civiles contra las cuales no se haya pedido amparo, dentro de los términos que señala este capítulo.

c. Los actos del orden administrativo que no hubieren sido reclamados en la vía de amparo, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su ejecución.

d. El servicio en el Ejército Nacional, si no se pide el amparo dentro de noventa días contados desde que el individuo de que se trata quedó a disposición de la autoridad militar.

No se reputará consentido un acto por el solo hecho de no interponerse contra él recurso de la autoridad militar. […]

Artículo 781

La demanda de amparo contra resoluciones judiciales del orden civil, deberá entablarse dentro de veinte días, contados desde la fecha de la notificación, si se tratare de sentencia definitiva, y dentro de quince días en los demás casos. Los que estén ausentes del lugar en que se haya dictado la resolución, tendrán noventa días si residieren en la República y ciento ochenta si estuvieren fuera de ella, […]

No se tendrán como ausentes del lugar, los que tengan en él mandatario admitido en el juicio en que se haya dictado la resolución motivo del amparo. Los términos fijados en este artículo se computarán conforme al artículo 761 de este Código.

 

Ley de Amparo de 1908, Código Federal de Procedimientos Civiles

Artículo 679

El cómputo de los términos en el juicio de amparo se hará conforme a las reglas generales establecidas en el presente Código; pero en los que fija este capítulo para la suspensión del acto reclamado y para que la autoridad ejecutora rinda su primer informe, se incluirán los domingos y días de fiesta nacional.

Artículo 775

La demanda de amparo contra resoluciones judiciales del orden civil, deberá entablarse dentro de quince días contados desde el siguiente al en que fuere notificado el quejoso. Los que estén ausentes del lugar en que se haya dictado la resolución, tendrán noventa días, si residen en la República, y ciento ochenta, si estuvieren fuera de ella. No se tendrán como ausentes del lugar de los que tengan en él mandatario admitido en el juicio en que se haya dictado la resolución, motivo del amparo, o hubiesen señalado casa para las notificaciones

Artículo 776

Si la sentencia causa del amparo no hubiese sido notificada y se prueba, en el curso del juicio, que el quejoso tuvo conocimiento de dicha sentencia, el término expresado en el artículo anterior se computará desde la fecha en que se pruebe haber tenido el quejoso ese conocimiento.

El juicio de amparo es improcedente:

[…]

V. Contra los actos consentidos, siempre que éstos no importen una pena corporal o algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal:

Se presumen consentidos, para los efectos de este artículo:

a) Los decretos y autos dictados en un proceso criminal, si contra ellos no se ha intentado el juicio de amparo, dentro de los quince días siguientes al de la notificación;

b) Las resoluciones judiciales civiles contra las cuales no se haya pedido amparo dentro de los términos que señala este capítulo;

c) Los actos del orden político y administrativo que no hubieren sido reclamados en la vía de amparo dentro de los quince días siguientes a la fecha de ejecución, exceptuándose los actos contra la libertad individuales y los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, siempre que unos y otros tengan carácter irreparable;

d)El servicio en el Ejército Nacional, si no se puede el amparo dentro de noventa días contados desde que el individuo de que se trate quedó a disposición de la autoridad militar;[…]

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917

La Constitución de 1917 no establecía las causales de improcedencia relativas al consentimiento del acto reclamado.

No obstante lo anterior, el Congreso de la Unión, una autoridad constituida, estableció en la Ley reglamentaria el consentimiento del acto reclamado como una causal de improcedencia.

Art. 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

I.- Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales.

II.- Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados.

III.- Por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal.

Art. 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103, se seguirán a instancia de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico que determinará una ley que se ajustará a las bases siguientes:

I.- La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

II.- En los juicios civiles o penales, salvo los casos de la regla IX, el amparo sólo procederá contra las sentencias definitivas respecto de las que no proceda ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, siempre que la violación de la ley se cometa, en ellas, o que, cometida durante la secuela del procedimiento, se haya reclamado oportunamente y protestado contra ella por negarse su reparación, y que cuando se haya cometido en primera instancia, se haya alegado en la segunda, por vía de agravio.

La Suprema Corte, no obstante esta regla, podrá suplir la deficiencia de la queja en un juicio penal, cuando encuentre que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley, que lo ha dejado sin defensa o que se le ha juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso, y que sólo por torpeza no se ha combatido debidamente la violación.

III.- En los juicios civiles o penales sólo procederá el amparo contra la violación de las leyes del procedimiento, cuando se afecten las partes substanciales de él y de manera que su infracción deje sin defensa al quejoso.

IV.- Cuando el amparo se pida contra la sentencia definitiva, en el juicio civil, sólo procederá, además del caso de la regla anterior, cuando, llenándose los requisitos de la regla segunda, dicha sentencia sea contraria a la letra de la ley aplicable al caso o a su interpretación jurídica, cuando comprenda personas, acciones, excepciones o cosas que no han sido objeto del juicio, o cuando no las comprenda todas por omisión o negativa expresa.

Cuando se pida el amparo contra resoluciones no definitivas, según lo dispuesto en la fracción anterior, se observarán estas reglas en lo que fuere conducente.

V.- En los juicios penales, la ejecución de la sentencia definitiva contra la que se pide amparo, se suspenderá por la autoridad responsable, a cuyo objeto el quejoso le comunicará, dentro del término que fije la ley y bajo la protesta de decir verdad, la interposición del recurso, acompañando dos copias, una para el expediente y otra que se entregará a la parte contraria.

VI.- En juicios civiles, la ejecución de la sentencia definitiva, sólo se suspenderá si el quejoso de fianza de pagar los daños y perjuicios que la suspensión ocasionare, a menos que la otra parte diese contra fianza para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo, y pagar los daños y perjuicios consiguientes. En este caso se anunciará la interposición del recurso, como indica la regla anterior.

VII.- Cuando se quiera pedir amparo contra una sentencia definitiva, se solicitará de la autoridad responsable copia certificada de las constancias que el quejoso señalare, la que se adicionará con las que indicare la otra parte, dando en ella la misma autoridad responsable, de una manera breve, clara, las razones que justifiquen el acto que se va a reclamar, de las que se dejará nota en los autos.

VIII.- Cuando el amparo se pida contra una sentencia definitiva, se interpondrá directamente ante la Suprema Corte, presentándole el escrito con la copia de que se habla en la regla anterior, o remitiéndolo por conducto de la autoridad responsable o del Juez de Distrito del Estado a que pertenezca. La Corte dictará sentencia sin más trámite ni diligencia que el escrito en que se interponga el recurso, el que produzca la otra parte y el Procurador General o el Agente que al afecto designare, y sin comprender otra cuestión legal que la que la queja contenga.

IX.- Cuando se trate de actos de autoridad distinta de la judicial, o de actos de ésta ejecutados fuera de juicio o después de concluido; o de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación o que afecte a personas extrañas al juicio, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción esté el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, limitándose la tramitación al informe de la autoridad, a una audiencia para la cual se citará en el mismo auto en que se mande pedir el informe y que se verificará a la mayor brevedad posible, recibiéndose en ella las pruebas que las partes interesadas ofrecieren, y oyéndose los alegatos, que no podrán exceder de una hora cada uno, y a la sentencia que se pronunciará en la misma audiencia. La sentencia causará ejecutoria, si los interesados no ocurrieren a la Suprema Corte dentro del término que fije la ley, y de la manera que expresa la regla VIII.

La violación de las garantías de los artículos 16, 19 y 20 se reclamará ante el Superior Tribunal que la cometa o ante el juez de Distrito que corresponde, pudiéndose recurrir en uno y otro casos a la Corte, contra la resolución que se dicte.

Si el Juez de Distrito no residiere en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca.

X.- La autoridad responsable será consignada a la autoridad correspondiente, cuando no suspenda el acto reclamado, debiendo hacerlo, y cuando admita fianza que resultare ilusoria o insuficiente, siendo en estos dos últimos casos solidaria la responsabilidad penal y civil de la autoridad, con el que ofreciere la fianza y el que la prestare.

XI.- Si después de concedido el amparo, la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, será inmediatamente separada de su cargo y consignada ante el Juez de Distrito que corresponda, para que la juzgue.

XII.- Los alcaides y carceleros que no reciban copia autorizada del auto de formal prisión de un detenido, dentro de las setenta y dos horas que señala el artículo 19, contadas desde que aquél esté a disposición de su juez, deberán llamar la atención de éste sobre dicho particular, en el acto mismo de concluir el término, y si no reciben la constancia mencionada, dentro de las tres horas siguientes lo pondrán en libertad.

Los infractores del artículo citado y de esta disposición, serán consignados inmediatamente a la autoridad competente.

También será consignado a la autoridad o agente de ella, el que, verificada una aprehensión, no pusiere al detenido a disposición de su juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Si la detención se verificare fuera del lugar en que resida el juez, al término mencionado se agregará el suficiente para recorrer la distancia que hubiere entre dicho lugar y el en que verificó la detención.

Como se puede observar, el texto original de la Constitución de 1917 no establecía las causales de improcedencia relativas al juicio de amparo. No obstante, el Congreso de la Unión le creyó a Vallarta e introdujo dichas causales de improcedencia sin importar que eran anticonstitucionales, debido a que restringían los alcances de la acción de amparo establecidos en los artículos 103 y 107 constitucionales.

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Ley de Amparo de 1919

Artículo 43

[…]

V. Contra Actos consentidos, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se haya interpuesto el amparo dentro de los quince días siguientes al en que se hayan hecho saber al interesado, a no ser que la ley conceda expresamente término mayor para interponerlo.

No se tendrán por consentidos por el solo transcurso de los quince días expresados:

a) Los actos que importen privación de la libertad personal, destierro, pena de muerte o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución;

b) La incorporación forzosa al servicio del Ejército Nacional;

c) Las resoluciones judiciales respecto a los cuales concede la ley respectiva algún recurso por el cual pueden ser revocadas, siempre que no hayan sido notificadas en la forma legal; […]

Artículo 99

El amparo contra sentencias definitiva[s] en materia civil o penal, que reúnan los requisitos necesarios para que este recurso sea procedente, deberá interponerse dentro de los quince días siguientes a su notificación, presentando la demanda directamente ante la Suprema Corte o remitiéndosela por conducto de la autoridad responsable o del Juez de Distrito, dentro de cuyo territorio jurisdiccional se encuentre dicha autoridad responsable. El promovente del amparo se expresará siempre en la demanda de la fecha en que se le notificó la sentencia, y cuando presentare su demanda ante la autoridad responsable, ésta tendrá la obligación de hacer constar al pie del escrito de la misma fecha en que fue notificada al quejoso la resolución reclamada y la de la presentación para cerciorarse de los datos de que se trata.

El amparo contra sentencias en materia penal que impongan la privación de la libertad personal de la Constitución Federal, podrá pedirse en cualquier tiempo.

Artículo 121

Los que estén ausentes del lugar en que resida la autoridad que haya dictado la sentencia en un juicio civil, tendrán para la interposición del amparo, noventa días, si residen en la República y ciento ochenta días si estuvieren fuera de ella, contados desde el día siguiente al en que fuere notificada la sentencia conforme a la ley, siempre que no hayan sido legalmente citados en el juicio. No se tendrán como ausentes los que tengan en la localidad en que se sigue el juicio, mandatario que los represente o hubiesen señalado casa para recibir notificaciones o en cualquier otra forma se hubiesen manifestado sabedores del procedimiento que se sigue en su contra.

Las notificaciones, citaciones y emplazamientos se tendrán siempre por bien hechos, salvo cuando en el amparo se reclame contra ellos; en este caso, serán apreciados conforme a las leyes federales o locales que les sean aplicables.

Artículo 122

Si corriendo el término extraordinario que señala el artículo anterior, el quejoso tuviere conocimiento de la sentencia, estando en el país y en el lugar en que se siguió el juicio, desde el día en que se pruebe que tuvo dicho conocimiento comenzará a correr el término de quince días para interponer el amparo.

 

Ley de Amparo de 1936

Artículo 21

El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos.

Artículo 22

Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:

I.-Los casos en que a partir de la vigencia de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo, pues entonces el término para la interposición de la demanda será de treinta días.

II.- Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales.

En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo.

En los casos en que el acto de autoridad combatible mediante demanda de amparo consista en acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores favorable a la extradición de alguna persona reclamada por un Estado extranjero, el término para interponerla será siempre de 15 días.

III.- Cuando se trate de sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, en los que el agraviado no haya sido citado legalmente para el juicio, dicho agraviado tendrá el término de noventa días para la interposición de la demanda, si residiera fuera del lugar del juicio, pero dentro de la República, y de ciento ochenta días, si residiere fuera de ella; contando en ambos casos, desde el siguiente al en que tuviere conocimiento de la sentencia; pero si el interesado volviere al lugar en que se haya seguido dicho juicio quedará sujeto al término a que se refiere el artículo anterior.

No se tendrán por ausentes, para los efectos de este artículo, los que tengan mandatarios que los representen en el lugar del juicio; los que hubiesen señalado casa para oír notificaciones en él, o en cualquiera forma se hubiesen manifestado sabedores del procedimiento que haya motivado el acto reclamado.

Artículo 73

El juicio de amparo es improcedente: […]

XI.- Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;

XII.- Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218.

No se entenderá consentida tácitamente una Ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso.

Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.

Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de este ordenamiento; […]

 

El contrato imposible (actos consentimientos expresamente)

En este apartado se explicará por qué el consentimiento del acto reclamado no puede tener el efecto que pretenden tanto Vallarta como el Congreso de la Unión y nuestros tribunales.

La crítica se abordará desde cuatro perspectivas distintas:

A.      La teoría de los contratos (derecho civil),

B.      la teoría constitucional,

C.      el derecho internacional, y

D.     los derechos humanos.

 

Teoría de los contratos

Vallarta busca extinguir la acción de amparo mediante un contrato celebrado entre el quejoso y la autoridad responsable. En otras palabras, pretende extinguir un derecho humano o su facultad de exigencia mediante el consentimiento del acto reclamado.

El problema de esa pretensión es que no resulta idónea para extinguir la acción de amparo (derechos humanos o su facultada de exigencia), pues Vallarta confunde el objeto de impugnación con el objeto de protección del juicio de amparo.

Una cosa son los derechos humanos, las garantías y las competencias (objeto de protección) y otra muy distinta las normas generales, actos y omisiones (objeto de impugnación) que los violan.

 

Improcedencias T-1

Si alguien consiente expresamente el acto reclamado, nada tiene que ver con renunciar al derecho humano o a la facultad de exigencia. Resulta fundamental tener en cuenta que toda renuncia debe realizarse en términos claros y precisos, de tal forma que no existan dudas sobre el derecho al cual se está renunciando.

Código Civil

Artículo 7.- La renuncia autorizada en el artículo anterior no produce efecto alguno si no se hace en términos claros y precisos, de tal suerte que no quede duda del derecho que se renuncia.

Para visualizar mejor lo anterior, se presenta un ejemplo:

Contrato de “consentimiento de acto reclamado” que celebran por una parte el Jaime López López y por la otra el Oficial de Policía Ramírez al tenor de las siguientes cláusulas:

Única. Por medio del presente acto jurídico Jaime López López consiente expresamente que el oficial Ramírez lo mate.

En relación con este contrato, cabe preguntar lo siguiente:

1.- ¿El objeto del contrato incluye en términos claros y precisos al derecho humano previsto en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida”, de tal forma que no existan dudas con respecto a que se está renunciando a dicho derecho?

2.- ¿El objeto del contrato incluye, en términos claros y precisos, la facultad de exigencia de los derechos humanos prevista en el artículo 103 constitucional y en el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de tal forma que no existan dudas con respecto a que se está renunciando a dicha facultad?

Como se puede observar, el consentimiento del acto reclamado no extingue el derecho humano, ni la faculta de exigencia por la simple y sencilla razón de que el objeto de contrato celebrado con la autoridad no versa sobre la renuncia de los derechos humanos ni la facultad de exigencia.

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Aun suponiendo que, en el caso concreto, el quejoso consintió, no el acto reclamado, sino la renuncia de sus derechos humanos, así como la facultad de exigencia, existen lo siguientes problemas:

¿Qué pasa si Jaime López López es menor de edad? ¿No existe en ese caso una nulidad por falta de capacidad?

Código Civil

Artículo 450.- Tienen incapacidad natural y legal:

I. Los menores de edad;

[…]

Artículo 2228.- La falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión, y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo.

Ahora supongamos que el acto reclamado proviene del Poder Legislativo y consiste en quitarle su casa a Jaime López López:

Contrato de “consentimiento de acto reclamado” que celebran por una parte el Jaime López López y, por la otra, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas.

Antecedentes:

Uno. El día de hoy la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expidió una ley por medio de la cual se transmite, sin juicio previo y sin indemnización, la propiedad de la casa del Señor Jaime López López a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Dos. El valor de avalúo del inmueble es de dos millones de pesos.

Cláusulas:

Única. Por medio del presente acto jurídico Jaime López López consiente expresamente la ley descrita en el capítulo de antecedentes.

En este caso no existe nulidad por falta de forma en términos del Código Civil.

Código Civil

Artículo 2228.- La falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión, y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo.

Artículo 2345.- La donación de bienes raíces se hará en la misma forma que para su venta exige la ley.

Artículo 2320.- Si el valor de avaluó del inmueble excede de trescientos sesenta y cinco veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el momento de la operación, su venta se hará en escritura pública, salvo lo dispuesto por el artículo 2317.

Como se puede ver, en este caso para que la pretensión de la Asamblea Legislativa prosperara, debió acudir al notario público junto con el Señor López López, para celebrar su contrato de consentimiento del acto reclamado.

 

Derecho constitucional

Ahora se verá la anticonstitucionalidad de la figura de los actos consentidos desde la perspectiva del derecho constitucional.

El atributo esencial de toda constitución es la supremacía; esta implica la capacidad de la norma constitucional para prevalecer frente a cualquiera otra norma jurídica o frente a cualquier otro acto.

El hecho de que una norma jurídica sea suprema implica que dicha norma es el referente normativo determinante de la regularidad del resto de las normas y actos jurídicos que conforman un sistema jurídico. Por lo tanto, una norma que es suprema tiene la capacidad de anular al resto de las normas y actos jurídicos.

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En ese orden de ideas, resulta que un contrato de consentimiento del acto reclamado celebrado entre una autoridad y el quejoso es nulo, pues no se ajusta a lo dispuesto por la norma constitucional.

Pensar que la autoridad responsable puede ampliar su competencia y que el quejoso puede hacer nugatoria una disposición constitucional por medio del contrato de consentimiento del acto reclamado es absurdo, porque implicaría crear una norma superior a la Constitución misma. Cabe reiterar que el Constituyente de Querétaro de 1917 fue el único soberano.

 

Derecho Internacional

El contrato de consentimiento del acto reclamado pretende extinguir derechos humanos y la facultad de exigencia de los mismos.

Desde la perspectiva del derecho internacional, el problema se presenta con los artículos 39 y 40 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los cuales establecen:

39. Norma general concerniente a la enmienda de los tratados. Un tratado podrá ser enmendado por acuerdo entre las partes. Se aplicarán a tal acuerdo las normas enunciadas en la Parte II, salvo en la medida en que el tratado disponga otra cosa.

40. Enmienda de los tratados multilaterales. 1. Salvo que el tratado disponga otra cosa, la enmienda de los tratados multilaterales se regirá por los párrafos siguientes.

2. Toda propuesta de enmienda de un tratado multilateral en las relaciones entre todas las partes habrá de ser notificada a todos los Estados contratantes, cada uno de los cuales tendrá derecho a participar:

a) en la decisión sobre las medidas que haya que adoptar con relación a tal propuesta:

b) en la negociación y la celebración de cualquier acuerdo que tenga por objeto enmendar el tratado.

3. Todo Estado facultado para llegar a ser parte en el tratado estará también facultado para llegar a ser parte en el tratado en su forma enmendada.

4. El acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado no obligará a ningún Estado que sea ya parte en el tratado que no llegue a serlo en ese acuerdo, con respecto a tal Estado se aplicará el apartado b) del párrafo 4 del articulo 30.

5. Todo Estado que llegue a ser parte en el tratado después de la entrada en vigor del acuerdo en virtud del cual se e enmiende el tratado será considerado, de no haber manifestado ese Estado una intención diferente:

a) parte en el tratado en su forma enmendada; y

b) parte en el tratado no enmendado con respecto a toda parte en el tratado que no esté obligada por el acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado.

Para comprender los efectos de las disposiciones anteriores, nuevamente se alude al caso del Señor Jaime López López y el oficial de policía.

El derecho humano transgredido era el previsto en el artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la facultad de exigencia prevista en el artículo 25 del mismo instrumento internacional.

Ahora bien, el artículo 39 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que las disposiciones de un tratado internacional, en este particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solamente pueden modificarse por el acuerdo de los Estados Parte y ni Jaime López López ni el oficial de Policía fueron parte en dichos tratados.

En consecuencia, el contrato de consentimiento del acto reclamado no puede extinguir el derecho humano previsto en el artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni su facultad de exigencia, prevista en el artículo 25 de la misma convención.

En síntesis, el contrato de consentimiento del acto reclamado no puede extinguir derechos humanos de base convencional, ni la facultad de exigencia prevista en los mismos, ya que el quejoso y la autoridad responsable no formaron parte en los tratados internacionales que establecen esos derechos y garantías.

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Derechos Humanos

Por último toca ver cómo el contrato de consentimiento del acto reclamado es nulo.

Aun suponiendo que el quejoso y la autoridad acordaran extinguir el derecho humano y la facultad de exigencia, y no el acto reclamado, existe un problema: en términos del artículo 6 del Código Civil, solamente pueden renunciarse los siguientes derechos:

Artículo 6.- La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero.

Como se ha visto, los derechos humanos son de orden público incluso a nivel internacional. Por lo tanto, estos derechos no son susceptibles de renuncia. A continuación se cita un precedente jurisprudencial de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (Caso González y otras “Campo Algodonero” vs México, 2009):

25. En ese sentido, la Corte observa que la frase “la procedencia del allanamiento”, así como el texto íntegro del artículo 55 del Reglamento, indican que estos actos no son, por sí mismos, vinculantes para el Tribunal. Dado que los procesos ante esta Corte se refieren a la tutela de los derechos humanos, cuestión de orden público internacional que trasciende la voluntad de las partes, la Corte debe velar porque tales actos resulten aceptables para los fines que busca cumplir el sistema interamericano. En esta tarea el Tribunal no se limita únicamente a verificar las condiciones formales de los mencionados actos, sino que los debe confrontar con la naturaleza y gravedad de las violaciones alegadas, las exigencias e interés de la justicia, las circunstancias particulares del caso concreto y la actitud y posición de las partes.

Por otra parte, el artículo 8 del Código Civil establece que los actos ejecutados en contra de las leyes prohibitivas o de interés público son nulos.

Artículo 8.- Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario.

Es importante recordar que las garantías fundamentales consisten en prohibiciones y deberes. Por lo tanto, el contrato de consentimiento del acto reclamado, que está relacionado con una garantía o una prohibición, también es nulo.

Como se puede observar, la doctrina del consentimiento del acto reclamado introducida arbitrariamente por Vallarta a nuestro sistema jurídico es contraria a las disposiciones que regulan los contratos, anticonstitucional, contraria al derecho internacional y, finalmente, contraria a las disposiciones de los derechos humanos.

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Crítica formulada por Emilio Rabasa (actos tácitamente consentidos)

En el libro El artículo 14 y el juicio constitucional, Emilio Rabasa comienza haciendo un contraste entre los conceptos de derechos humanos implícitos en la Constitución de 1857 y en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

A continuación se citan algunas disposiciones de la Constitución de 1857 y del Código Federal de Procedimientos Civiles de 1897, para contextualizar las palabras de Rabasa.

Constitución de 1857

Título 1°

SECCIÓN I.

De los derechos del hombre.

ARTICULO 1. El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución.

ART. 2. En la república todos nacen libres. Los esclavos que pisen el territorio nacional recobran por ese solo hecho su libertad y tienen derecho a la protección de las leyes.

[…]

ART. 101. Los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite:

I. Por leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales.

II. Por leyes ó actos de la autoridad federal que vulneren ó restrinjan la soberanía de los Estados.

III. Por las leyes ó actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal.

ART. 102. Todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán á petición de la parte agraviada por medio de procedimientos y formas del orden jurídico, que determinará una ley. La sentencia será siempre tal, que solo se ocupe de individuos particulares limitándose á protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley ó acto que la motivare.

Código Federal de Procedimientos Civiles de 1897

Artículo 761

Para computar los términos de que trata este capítulo, se observarán los artículos 221, 222, 223 y 224 del presente Código; pero en el cómputo de los plazos que se fijan para entablar la demanda de amparo, se incluirán los domingos y días de fiesta nacional.

Artículo 779

El juicio de amparo es improcedente: […]

V. Contra actos consentidos, siempre que éstos no importen una pena corporal.

Se presumen consentidos para los efectos de este artículo:

a. Los Decretos y autos dictados en un proceso criminal, si contra ellos no se ha intentado el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al de la notificación.

b. Las resoluciones civiles contra las cuales no se haya pedido amparo, dentro de los términos que señala este capítulo.

c. Los actos del orden administrativo que no hubieren sido reclamados en la vía de amparo, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su ejecución.

d. El servicio en el Ejército Nacional, si no se pide el amparo dentro de noventa días contados desde que el individuo de que se trata quedó a disposición de la autoridad militar.

No se reputará consentido un acto por el solo hecho de no interponerse contra él recurso de la autoridad militar.[…]

Artículo 781

La demanda de amparo contra resoluciones judiciales del orden civil, deberá entablarse dentro de veinte días, contados desde la fecha de la notificación, si se tratare de sentencia definitiva, y dentro de quince días en los demás casos. Los que estén ausentes del lugar en que se haya dictado la resolución, tendrán noventa días si residieren en la República y ciento ochenta si estuvieren fuera de ella, […]

No se tendrán como ausentes del lugar, los que tengan en él mandatario admitido en el juicio en que se haya dictado la resolución motivo del amparo. Los términos fijados en este artículo se computarán conforme al artículo 761 de este Código.

Ahora se cita a Rabasa (2000):

Hay inmensa distancia del modo de considerar las garantías individuales en la Constitución de 57 al modo de verlas en el Código de Procedimientos Federales en Materia Civil; la primera, que abre sus mandamientos con el principio, falso en verdad, pero altamente significativo del respeto y estima que se las tenía, de que son la base y objeto de las instituciones sociales, es decir, lo más elevado del Derecho, fuente y origen de toda la felicidad humana; el segundo, que con pretextos sin importancia, las somete a las sutilezas y convencionalismos del Derecho civil, la menos profunda y la más grosera de las ciencias jurídicas. La Constitución, obra ardiente de una revolución vencedora, se proponía fundar derechos, superiores en fuerza y vigor a cualquier despotismo, y era obra esencialmente política, fruto de las tradiciones del abuso del poder; el Código, obra reposada, propúsose, por fuerza de reacción, encauzar, enfrentar el desenvolvimiento desordenado de las prácticas del juicio de reclamación de garantías, obra meramente jurídica, fruto de la enseñanza que daban muchos años de abuso y de chicana de leguleyos. (p. 95)

Las primeras palabras de Rabasa aluden a la diferencia que existe entre los derechos humanos y los derechos patrimoniales. De acuerdo con lo que se abordó al inicio de este Curso, una de las notas distintivas de los derechos humanos radica en su indisponibilidad o irrenunciabilidad, toda vez que son considerados imprescindibles.

Al respecto, Carbonell (2005) señala:

Lo que hay que enfatizar es que cuando hablamos de derechos fundamentales estamos hablando de la protección de los intereses más vitales de toda persona, con independencia de sus gustos personales, de sus preferencias o de cualquier otra circunstancia que pueda caracterizar su existencia. (p. 5)

Este carácter imprescindible contrasta con los derechos patrimoniales, los cuales son, por antonomasia, derecho disponibles.

El comentario de Rabasa apunta a esta diferencia: mientras que los derechos humanos son irrenunciables, de orden público y positivados en la Constitución para evitar abusos de las autoridades, los derechos patrimoniales están regulados por el derecho civil, mismo que se rige por principios distintos, tales como el de autonomía de la voluntad, que permite a sus titulares renunciar, transmitir e incluso extinguir tales derechos.

Posteriormente, Rabasa plantea una crítica a la redacción del artículo 14 de la Constitución de 1857, en el cual se establecía:

ART. 14. No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho, y exactamente aplicadas a él, por el tribunal que previamente haya establecido la ley.

A este respecto, Rabasa (2000) señala:

Y es que para la práctica del juicio creado para proteger las garantías individuales, hay, dentro de la Sección I de la Constitución, el elemento extraño que rompe con la unidad de la obra y la armonía de sus partes; el artículo 14, artículo rebelde, porque es de naturaleza distinta a la de los otros […] (p. 96)

Rabasa señala que el artículo 14 tiene una naturaleza distinta al resto de los derechos y garantías previstas en la Constitución de 1857, porque la garantía prevista en el artículo 14 obliga a revisar una controversia judicial ya resuelta.

Aquí algunos ejemplos de los derechos y garantías establecidas por la Constitución de 1857:

ART. 11. Todo hombre tiene derecho para entrar y salir de la república, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto ú otro requisito semejante. El ejercicio de este derecho no perjudica las legítimas facultades de la autoridad judicial ó administrativa, en los casos de responsabilidad criminal ó civil.

ART. 12. No hay, ni se reconocen en la república, títulos de nobleza, ni prerrogativas, ni honores hereditarios. Solo el pueblo legítimamente representado puede decretar recompensas en honor de los que hayan prestado ó prestaren servicios eminentes á la patria ó á la humanidad.

ART. 13. En la república mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales especiales. Ninguna persona ni corporación puede tener fueros, ni gozar emolumentos que no sean compensación de un servicio público y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra solamente para los delitos y faltas que tengan exacta concesión con la disciplina militar. La ley fijará con toda claridad los casos de esta excepción.

El artículo 11 de la Constitución de 1857 es un buen ejemplo para notar las diferencias apuntadas por Rabasa.

Este artículo refiere que el ejercicio de la libertad de tránsito puede ser restringido por una autoridad judicial, pero a diferencia del artículo 14, su infracción no implica revisar de nueva cuenta la resolución  que restringió el derecho de libertad. Por eso, Rabasa señala que el artículo 14 es distinto, pues quien alega la violación a dicho precepto en el juicio de amparo provoca que el juez revise la forma como se resolvió un juicio civil, penal, mercantil o de cualquier otra naturaleza.

Esta diferencia del artículo 14 provoca que el amparo se comporte de forma similar a un recurso, y no a un juicio.

Aquí los comentarios de Rabasa (2000) al respecto:

Pero la ley es impotente para cambiar la naturaleza de las cosas, y la diferencia entre juicios y recursos depende de la naturaleza de la reclamación que los origina, y se funda en la diferencia irreducible entre el todo y la parte; el juicio no se inicia sino intentando una acción para reclamar la satisfacción de un derechos[sic]; comienza por la demanda y concluye por la sentencia que causa ejecutoria; el recurso se entabla sobre una resolución judicial para reclamar la revisión y tiene por objeto que se corrija la mala aplicación de una ley; es una parte del juicio, que comienza con la reclamación del error cometido y concluye con sentencia, que no es necesariamente la que pone fin al juicio. En este concepto, el procedimiento de amparo, tal como lo autoriza y establece la ley, puede ser un juicio y puede ser un recurso. Es lo primero siempre que lo motiva la violación de cualquier artículo que no sea el 14, porque esta violación origina una acción nueva, que se ejercita en el amparo reclamándose la satisfacción de un derecho violado; el juicio fenece por la sentencia de la Suprema Corte, y si la autoridad ejecutora del acto reclamado continúa los procedimientos en que incidentalmente surgió el proceso federal, es con distinta materia, pero nunca para seguir examinando la misma acción que la sentencia federal dilucidó. En el caso del artículo 14 sucede todo lo contrario, y entonces el procedimiento federal tiene toda la naturaleza y todos los caracteres del recurso; el pretexto es una violación, pero como el oficio de la Suprema Corte es examinar si la ley ha sido o no exactamente aplicada, es de mera revisión, y tiene por objeto enmendar la mala aplicación de la ley en los procedimientos comunes: la resolución de la Corte no fenece el juicio, porque no resuelve definitivamente sobre la acción intentada, y los tribunales comunes, continuándolo, siguen sobre la misma materia en que intervino la justicia federal. (p. 97)

Son estas las razones por las cuales Rabasa considera que el artículo 14 coloca al legislador en la siguiente disyuntiva:

[…] el artículo 14, artículo rebelde, porque es de naturaleza distinta de la de los otros, pone a la ley en esta disyuntiva: o la ley reglamenta en consideración a los demás preceptos de la Sección I, y entonces el artículo 14, sin las duras restricciones que necesita, es fuente de desórdenes y abusos intolerables, o reglamenta en consideración al artículo 14, y entonces todas las demás garantías se someten a limitaciones que las hacen irrisorias. Si quiere burlarse el rigor de la disyuntiva, adoptando el medio de hacer dos reglamentaciones distintas, se caería en una inconsecuencia de legislación que no es fácil de aceptar. (Rabasa, 2000, p. 96)

Aquí el autor se refiere a la decisión legislativa de regular al amparo como un juicio o como un recurso. A primera vista, podría pensarse que es trivial, pero tiene consecuencias de mucha trascendencia para nuestros derechos, tal como él mismo lo describe:

Hay simple recurso cuando se hace mera revisión, y hay mera revisión siempre que una autoridad se propone justamente la misma cuestión que se propuso la que dictó la resolución reclamada; el juez común dice: la ley X se aplica de tal modo en el presente caso; la justicia federal se pregunta si la ley X se aplica efectivamente de tal modo en aquel caso; y resulta de esta manera el amparo tan revisión y tan recurso, que por su esencia no se distingue en nada del recurso de apelación.

Esta verdad se imponía, en virtud de la experiencia, en el espíritu de los legisladores de 1882, cuando preferían llamar al proceso federal recurso, y se imponía muy gravemente por razones de necesidad práctica; porque si con apoyo del artículo 14 toda resolución judicial en materia criminal y civil es anulable por el amparo, ninguna resolución queda ejecutoriada en los tribunales comunes, y el agraviado puede, después de uno, cinco o diez años, reclamar una violación, manteniéndose en inseguridad e incertidumbre perpetuas todos los derechos civiles. Aquellos legisladores, al dar legal entrada al amparo en negocios judiciales, sin limitación en la materia, vieron la necesidad correlativa de ponerla en el tiempo, y fijaron para el recurso el término judicial que como tal recurso debía tener para entablarse, negándole los respetos que corresponden a los derechos del hombre, inalienables, imprescriptibles y base y objeto de las instituciones sociales.

Este mandamiento de la Ley de 82, necesario, indispensable para mantener el prestigio de las resoluciones judiciales, el vigor de las leyes y la confianza de la propiedad, determinó el comienzo de la degeneración del juicio de amparo; degeneración que hemos visto continuada y que ha de llevarlo, si no se remedia, a extremos de irrisión y burla. (Rabasa, 2000, pp. 97, 98)

En este punto, Rabasa explica cómo el Poder Legislativo optó por regular el acceso al amparo de forma homogénea, es decir, equipara todos los casos de violaciones de derechos humanos y garantías al artículo 14. En otras palabras, el Legislador reguló al amparo solamente como si se tratase de un verdadero recurso y le negó el carácter de juicio en aquellos casos en que se alegaban violaciones distintas al artículo 14.

Este cambio es trascendente, ya que la regulación del amparo como recurso volvió prescriptibles a todos los derechos humanos y garantías, y no solamente a la del artículo 14 constitucional.

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Como se vio en su momento, los derechos humanos están imputados a todos aquellos sujetos que formen parte de una determinada categoría (persona, ser humano, ciudadano, mujer, niño), de tal suerte que la vigencia del derecho dura todo el tiempo que el sujeto forme parte de la categoría que corresponda.

Con respecto a las categorías relativas a ser humano o persona, la imputación del derecho humano es permanente, y por ello se dice que es imprescriptible.

Ocurre distinto con los derechos humanos imputados a categorías como la de niño, la cual es transitoria. Aquí, la vigencia del derecho humano dura todo el tiempo que el sujeto tenga la calidad de niño.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta para determinar la vigencia de un derecho humano, especialmente aquellos imputados a las personas y a los seres humanos, se refiere a  la vigencia de la norma que los imputa.

Por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917 tiene inicio de vigencia determinado por el artículo primero transitorio.

Artículos Transitorios

Artículo Primero. Esta Constitución se publicará desde luego y con la mayor solemnidad se protestará guardarla y hacerla guardar en toda la República; pero con excepción de las disposiciones relativas a las elecciones de los Supremos Poderes Federales y de los Estados, que desde luego entran en vigor, no comenzará a regir sino desde el día 1o. de Mayo de 1917, en cuya fecha deberá instalarse solemnemente el Congreso Constitucional y prestar la protesta de ley el ciudadano que resultare electo en las próximas elecciones para ejercer el cargo de Presidente de la República.

Lo anterior implica que los derechos humanos imputados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos iniciaron su vigencia el día 5 de febrero de 1917.

Ahora bien, en cuanto a la terminación de la vigencia de los derechos humanos de base constitucional, debe atenderse a la propia vigencia de la Constitución, pues esta es la norma que los imputa.

Al respecto, el artículo 136 denota la pretensión de permanencia de la Constitución, pues incluso señala que, tan pronto como se restablezca su observancia ante rebeliones, seguirá siendo vigente:

Artículo 136. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta.

El artículo 136 demuestra que las disposiciones expedidas por el Congreso Constituyente de 1917 se expidieron con la finalidad de ser permanentes y, en consecuencia, las obligaciones, derechos y prohibiciones contenidas en ella también son permanentes o imprescriptibles.

Es por lo anterior que la prescripción de los derechos humanos resulta tan inaceptable para Rabasa. Aquí sus comentarios al respecto:

La Ley de 69, la más ingenua y más conforme con el espíritu de la Constitución, quizá porque no se inspira en la larga práctica, que (como ya en otra ocasión hice observar) es de origen de malísimas preocupaciones cuando no se acompaña de muy fino análisis de los hechos; la Ley de 69 declaró improcedente el amparo en materia judicial; pero de hecho el artículo 8° [que establecía: “No es admisible el recurso de amparo en negocios judiciales”] era nada menos que la derogación del artículo 14 constitucional. La Ley de 82, posterior a las discusiones sobre el alcance del artículo 14, provocadas por la interpretación de Lozano y Vallarta, resolvió por autoridad legislativa la cuestión debatida y vacilante en las ejecutorias; abandonó la solución radical, de esencia inmejorable, pero sin autoridad de sus antecesora, reducida a la supresión del artículo incorregible de la Constitución, e incurrió, por llevar por mal camino una necesidad de orden social, en la inconsecuencia de fijar un término breve y perentorio para el ejercicio de un derecho considerado como garantía individual. Vino, por último, el Código Federal de Procedimientos Civiles, y encontró ya en su antecesora el principio fundamental de corrupción originado por el artículo imposible de acomodar en una reglamentación de las demás garantías; principio bien claro, como raíz y antecedente necesario del artículo 57 [“Artículo 57. En los negocios judiciales, civiles, será improcedente el recurso de amparo, si se interpusiere después de cuarenta días,”] de la Ley de 82; puesto que éste fijaba el término de cuarenta días para entablar el recurso de amparo en negocios judiciales y civiles, había sido implícitamente aceptado, como principio de nuestro Derecho constitucional, el de que el derecho de reclamar una garantía violada puede restringirse en el tiempo y ser sometido a breves términos judiciales. (Rabasa, 2000, p. 98)

La crítica de Rabasa es certera, ya que las normas constitucionales (y por ende los derechos y obligaciones por ellas imputados) no pierden vigencia por el mero paso del tiempo. Por esta razón objeta que se restrinja el acceso al juicio de amparo mediante breves términos judiciales.

Enseguida, el autor critica cómo se fue extendiendo la anticonstitucionalidad:

La ley secundaria que abusa es corrosiva para las instituciones y se extiende poco a poco, pero sin limitación, como la mancha de aceite. Así el Código aceptó el principio implícito de la Ley de 82 y la amplió extraordinariamente, y debemos esperar que, puesta la ley en esta vía, ha de andar mucho camino en lo futuro. La Ley de 82 sólo fijó término judicial para interponer el recurso en materia civil, en vista de un mal que no quiso curar radicalmente; de suerte que sólo alcanzaba la garantía del artículo 14 en una de sus fases; el Código se valió de un ardid, de una presunción juris et de jure, es decir, de una ficción legal, sólo admisible y solo admitida en el convencionalismo del Derecho civil, para restringir las garantías individuales y para rebajar el concepto de los derechos del hombre consignados en la Ley fundamental: el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos, y se presumen consentidas las violaciones al derecho individual, por el solo hecho de no interponerse el amparo dentro de los breves y perentorios términos que señala el artículo 779, fracción V, en sus cuatro incisos. Ya esta restricción no se limita al artículo 14: comprende todos los decretos y autos dictados en proceso criminal, abarcando por consiguiente todas las violaciones a los artículos 17, 18, 19, 20 y otros; comprende los actos del orden administrativo en general, con lo que abarca la violación de casi todas las garantías enumeradas en la Sección I; […] (Rabasa, 2000, p. 99)

En esta parte, Rabasa critica dos aspectos que son importantes; el primero de ellos, la invasión del principio dispositivo (autonomía de la voluntad) en la materia de derechos humanos siendo que en esta materia rige el principio contrario: el principio publicístico y el orden público.

El consentimiento tácito del acto reclamado parte de una premisa falsa, a saber, que los derechos humanos son renunciables. Por esta razón, el autor refiere que esta figura solo es concebible en el derecho civil, donde existen derechos patrimoniales disponibles y renunciables.

El segundo aspecto se refiere a la ficción legal creada para negar justicia, es decir, a la presunción de tener por “consentidas” a las violaciones a los derechos humanos, por el solo hecho de no interponerse a la demanda de amparo dentro del plazo legal. Aquí sus comentarios con respecto a la presunción legal (Rabasa, 2000, p. 101): “la presunción no consiste en deducir de un hecho conocido otro desconocido, sino en falsear la verdad conocida y evidente, por medio de una ficción hipócrita.”

Está por demás decir que tal ficción no tiene fundamento constitucional y que conlleva terribles consecuencias, como el propio Rabasa (2000, p. 100) señala: “no podemos menos que considerar con pena que dura más la acción para reclamar el precio de un caballo que la que da la ley para reparar la violación de los derechos del hombre.”

Parafraseando a Rabasa se puede decir hoy en día que “no podemos menos que considerar con pena que dura más la acción” de una fondista para reclamar el precio de una comida corrida, que la acción de amparo para reclamar las violaciones a los derechos humanos, los cuales son los más preciados por una comunidad política.

 

Improcedencias T-2
Rabasa (2000) continúa con su crítica al legislador ordinario:

Repugna a la naturaleza de éstos [los derechos humanos] que el solo lapso de unos días los deje a merced de todo abuso, que el transcurso de dos semanas sanciona una violación convirtiéndola en derecho monstruosamente amparado por la ley, y que, por medio del subterfugio de una presunción legal, el derecho para rechazar un atentado se convierta en obligación de sufrirlo. De esta suerte los papeles se truecan: la autoridad culpable se hace con un derecho mediante el desacato de la Ley Suprema, y la víctima, si trata de repeler la ofensa, se hace culpable de rebeldía. Y a esto no se llega, no se ha llegado, simplemente por una degeneración de las ideas fundamentales del juicio de amparo, sino por el más grave falseamiento del concepto fundamental de los derechos individuales; partamos ahora de las nuevas formas de estas concepciones, sigamos legislando de tiempo en tiempo sobre la materia, y dos o tres leyes más bastarán para aniquilar el amparo y las garantías que son su objeto. (p. 100)

Es impresionante cómo, ya en 1906, Rabasa señalaba la importancia y trascendencia del concepto teórico del derecho humano, pues a partir de él se construye todo el juicio de amparo. Si el modelo teórico concibe a los derechos humanos como disponibles y prescriptibles, es lógico que se establezca un plazo para promover la acción de amparo. Desafortunadamente para nosotros, ese modelo es propio del derecho civil y no de los derechos humanos o del derecho constitucional.

Anteriormente se vio cómo el paradigma de las garantías individuales propicia denegación de justicia al desconocer las violaciones de los derechos humanos cometidas por particulares, así como aquellas cometidas por órganos estatales en planos de coordinación.

Con las palabras de Rabasa se aprecia cómo el concepto de derecho humano del legislador (un concepto civilista de derecho humano) propicia denegación de justicia, pues se desconoce el carácter indisponible e imprescriptible de los derechos humanos y las normas que los fundan.

Por último, cabría preguntarse cuál es la forma correcta de regular los plazos del juicio de amparo. Si bien es cierto que Rabasa era renuente a una regulación mixta o diferenciada, habría que preguntarse si sus reservas frente al tema se justificaban.

Una posible solución sería establecer un plazo, por ejemplo de 30 días, para la interposición de amparo directo (que tiene que ver con negocios judiciales), siempre que exista un particular con el carácter de tercero interesado. De esta forma se respetan los derechos humanos del particular, quien tiene la calidad de tercero interesado; además, se posibilita la ejecución de las sentencias y se aporta seguridad jurídica.

Sería fundamental permitir que la demanda de amparo se pudiera realizar en cualquier momento. Gracias a ello, se respetaría tanto la pretensión de permanencia de la Constitución, como el carácter imprescriptible de los derechos humanos. Es importante reiterar que nuestra Constitución no pierde vigencia por el mero paso del tiempo, de igual forma que un acto anticonstitucional no se vuelve constitucional por el pasar de los días.

Irregularidades de las fracciones

Ya se ha visto cómo las causales de improcedencia relativas al consentimiento del acto reclamado vulneran la supremacía constitucional y el carácter imprescriptible e irrenunciable de los derechos humanos. A continuación se plantearán argumentos adicionales para combatir estas causales de improcedencia:

A)
En términos del artículo 1° constitucional, las restricciones o suspensiones de derechos humanos se limitarán a las establecidas en la propia Constitución, y en ella, el consentimiento del acto reclamado no se establece como una restricción autorizada.

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

[…]

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.

B)
Las causales de improcedencia relativas al consentimiento del acto reclamado implican restricciones indebidas a la garantía jurisdiccional prevista en el artículo 103 constitucional, al derecho humano previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al artículo 2 párrafo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite

I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte[…]

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 25. Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 2 […]

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar que:

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrán interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

C)
Las fracciones XIII y XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo violan la obligación de resolver el fondo de la demanda de amparo y el derecho de acceso a la justicia o derecho a ser oído para la determinación de los derechos, porque a pesar de que los presupuestos procesales están cumplidos (existe una demanda y un órgano jurisdiccional competente, el actor tiene capacidad procesal, no existe cosa juzgada, no hay litispendencia, no hay conexidad, el quejoso aduce un acto que viola sus derechos humanos y garantías, los derechos humanos invocados están reconocidos en la Constitución, la ley o el tratado internacional) se desecha la acción de amparo.

D)
Las causales de improcedencia relativas al consentimiento del acto reclamado constituyen una violación al principio de efectividad del artículo 25 del CADH, ya que significan un obstáculo insuperable para obtener la protección en contra de las violaciones a los derechos humanos.

E)
Las causales de improcedencia relativas al consentimiento del acto reclamado atentan contra el principio de indivisibilidad, ya que se excluyen del ámbito de protección a aquellas violaciones que supuestamente fueron consentidas.

F)
Las causales de improcedencia relativas al consentimiento del acto reclamado violan las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos ya que se desecha de plano la demanda promovida por el quejoso.

G)
Las causales de improcedencia relativas al consentimiento del acto reclamado violan la obligación de combatir la impunidad porque, pese a que existe una demanda de amparo en la que se alegan violaciones a derechos humanos, se impide a la autoridad jurisdiccional enjuicie a los responsables.

H)
La causal de improcedencia relativa al consentimiento presuntivo del acto reclamado constituye una violación a los derechos de igualdad previstos en los artículos 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a los artículos 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 24. Igualdad ante la Ley

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 14

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.

[…]

Artículo 26

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley.

Se dice que la fracción XIV (consentimiento presuntivo) del artículo 61 de la Ley de Amparo constituye una violación a los derechos de igualdad citados, en virtud de que los quejosos que aleguen actos en los cuales se implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; incomunicación; deportación o expulsión; proscripción o destierro; desaparición forzada, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, pueden promover su demanda de amparo en cualquier momento; en los demás casos, se tiene un plazo que, incluso en algunos casos, propicia la extinción del derecho humano.

I)
El consentimiento presuntivo constituye para el quejoso una declaración contra sí mismo, establecida por el Congreso de la Unión mediante una presunción. Dicha circunstancia está prohibida por el artículo 8, inciso g), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 8[…]

Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

[…]

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable,

J)
En materia de derechos humanos, las obligaciones generales de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos impiden que cualquier autoridad otorgue su consentimiento para violar derechos humanos.

K)
La causal de improcedencia relativa al consentimiento expreso del acto reclamado viola el derecho de igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, toda vez que no se encuentra prevista en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues las controversias que dicha ley regula, al igual que el juicio de amparo, son controversias de orden público y procedimientos constitucionales.

Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ARTICULO 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

I. Contra decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

II. Contra normas generales o actos en materia electoral;

III. Contra normas generales o actos que sean materia de una controversia pendiente de resolver, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez;

IV. Contra normas generales o actos que hubieren sido materia de una ejecutoria dictada en otra controversia, o contra las resoluciones dictadas con motivo de su ejecución, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez, en los casos a que se refiere el artículo 105, fracción I, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;

VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto;

VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21, y

VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley.

En todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio.

L)
Constitucionalmente la figura de los actos consentidos únicamente está prevista para el caso de los derechos colectivos del núcleo ejidal en la fracción II del artículo 107:

Artículo 107[…]

II[…]

En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de ésta;

Cabe señalar que la figura del consentimiento del acto reclamado no puede hacerse extensiva a supuestos no contemplados expresamente por la Constitución, porque implicaría una transgresión al principio pro persona del actual artículo 1°.

También es importante mencionar que el texto original del artículo 107 constitucional no contenía dicha figura:

II.- En los juicios civiles o penales, salvo los casos de la regla IX, el amparo sólo procederá contra las sentencias definitivas respecto de las que no proceda ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, siempre que la violación de la ley se cometa, en ellas, o que, cometida durante la secuela del procedimiento, se haya reclamado oportunamente y protestado contra ella por negarse su reparación, y que cuando se haya cometido en primera instancia, se haya alegado en la segunda, por vía de agravio.

La Suprema Corte, no obstante esta regla, podrá suplir la deficiencia de la queja en un juicio penal, cuando encuentre que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley, que lo ha dejado sin defensa o que se le ha juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso, y que sólo por torpeza no se ha combatido debidamente la violación.

Fue en el año de 1986 cuando nuestras autoridades, en clara violación de los artículos 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (instrumento internacional que ya se encontraba celebrado por el Estado Mexicano), reformaron la Constitución e introdujeron el consentimiento del acto reclamado:

En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán el desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de ésta.

Es de esperarse que nuestras autoridades pretendan ampliar aún más los alcances del consentimiento del acto reclamado, tal como lo temía Rabasa; para ello, probablemente busquen reformar la Constitución, de manera que se autorice la figura en cualquier materia.

Como miembros activos de la sociedad, en primer lugar, y como abogados, en segunda, es nuestra responsabilidad evitar que una reforma de tal naturaleza tenga lugar.

Por otra parte y con base en lo expuesto, es necesario concluir que, hoy más que nunca, es imposible consentir violaciones de derechos humanos, pues existen múltiples disposiciones constitucionales y convencionales que conforman obstáculos insuperables para la celebración de un contrato de tal naturaleza.

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XV. Contra las resoluciones en materia electoral

La fracción XV del artículo 61 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: “Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: […] XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral[…]”

En relación con esta fracción, resultan aplicables los mismos comentarios realizados con respecto a la fracción IV.

 

XVI. Contra actos consumados de modo irreparable

La fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: “Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:… XV. Contra actos consumados de modo irreparable […]”

Un concepto reduccionista de la acción de amparo

Ya se ha visto cómo un concepto reduccionista de derecho humano (el paradigma de las garantías individuales) reduce la procedencia del juicio de amparo con todas las consecuencias negativas que esto conlleva. Ahora se verá como esto genera denegación de justicia y propicia impunidad.

Tradicionalmente se ha concebido que, para los particulares, la única finalidad que tiene la acción de amparo es la restitución del derecho humano transgredido por la autoridad. Aquí las palabras de Burgoa (1971) al respecto:

[…] la acción de amparo es el derecho público subjetivo (característica genérica), que incumbe al gobernado, víctima de cualquier contravención a alguna garantía individual cometida por cualquier autoridad estatal mediante una ley o un acto (strictu sensu), o a aquel en cuyo perjuicio tanto la Federación como cualquier Estado, por conducto de un acto concreto o la expedición de una ley, hayan infringido su respectiva competencia como entidades políticas soberanas (sujeto activo o actor), derecho que se ejercita en contra de cualquier autoridad, de la Federación o de las autoridades locales, en sus respectivos casos (sujeto pasivo o demandado), y con el fin de obtener la restitución del goce de las garantías violadas o la anulación concreta del acto (lato sensu) contraventor del régimen de competencia federal o local, por conducto de los órganos jurisdiccionales federales (objeto). (p. 329)

Si bien es cierto que el autor habla de la anulación del acto contraventor del régimen de competencias, eso lo refiere por el efecto del artículo 16 constitucional, en el cual se emplea el concepto de “autoridad competente” y el amparo soberanía:

Ahora bien, además de este medio de ensanchamiento del campo de procedencia del juicio de amparo, se nos ocurre otro, apoyado en la interpretación del artículo 16 constitucional, especialmente a través del concepto de “autoridad competente”, como trataremos de demostrar. (Burgoa, 1971, p. 267)

El problema de este concepto reduccionista de la acción de amparo es que no solamente está presente en la doctrina, sino que también existe en la mente de los legisladores y de los jueces:

Ley de Amparo

Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:

I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y

II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.

En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho.

En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales.

En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia.

En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley.

¿Cuál es la consecuencia procesal de concebir a la acción de amparo como meramente restitutoria? Que únicamente se resolverán los juicios de amparo en los que exista la posibilidad de restituir al quejoso en el goce de sus derechos y garantías violadas; en el resto de los casos, no existirá un pronunciamiento judicial de fondo que analice la constitucionalidad de la conducta de la autoridad responsable ni su grado de culpabilidad.

Lo que el legislador y nuestros jueces pasan por alto es que la determinación de la constitucionalidad del acto reclamado y la determinación de la culpabilidad de las autoridades responsables constituyen el objeto de los siguientes derechos humanos:

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Chitay Nech y otros vs Guatemala. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C, No. 211:

206. El Tribunal reitera que el derecho a conocer la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención [231], lo cual constituye una forma de reparación.

El hecho de que la determinación de la constitucionalidad del acto reclamado y la determinación de la culpabilidad de la autoridad responsable constituyan una forma de reparación, implica que no existen actos consumados de forma irreparable, pues si se cumplen los presupuestos procesales básicos de todo procedimiento, será posible realizar un pronunciamiento judicial respecto de la constitucionalidad y la culpabilidad de la autoridad responsable.

En este punto es conveniente aclarar que, en algunos casos, no existirá la posibilidad de una restitutio in integrum, es decir, de que las cosas regresen a un estado previo a la conducta anticonstitucional, ya que esto depende de circunstancias fácticas y jurídicas. Sin embargo, no resulta un impedimento para que se resuelva el juicio de amparo.

Esta causal de improcedencia solamente propicia denegación de justicia e impunidad, ya que las otras finalidades del juicio de amparo quedan sin realizarse, como lo son determinar la constitucionalidad del acto reclamado y determinar la culpabilidad de las autoridades responsables.

En estas condiciones, no  sorprende que investigadores como Edgardo Buscaglia afirmen que, en México, hay un pacto de impunidad:

Carlos Navarrete, presidente del PRD (Partido de la Revolución Democrática) reconoció hace unos días la existencia de un pacto de impunidad, como yo vengo anunciándolo desde hace años. Navarrete reconoció que no hay un contrato firmado, pero hay un pacto de impunidad tácito entre los políticos. (Deutsche Welle, 2014)

Aquí una tabla con las distintas finalidades del juicio de amparo y sus fundamentos jurídicos:

 

Finalidades de la acción de amparo Fundamento jurídico
1. La determinación de la constitucionalidad del acto reclamado Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- Derecho a conocer la verdad, en el párrafo 206 de la Sentencia 2011 de la Corte Interamericana de DDHH- Obligación de investigar las violaciones a los derechos humanos

 

Principio de efectividad

 

2. La determinación de la culpabilidad de las autoridades responsables Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- Derecho a conocer la verdad, en el párrafo 206 de la Sentencia 2011 de la Corte Interamericana de DDHH- Obligación de investigar las violaciones de derechos humanos

 

Obligación de sancionar a los responsables de violar derechos humanos.

 

Obligación de combatir la impunidad

 

Principio de efectividad

 

3. Restitución del derecho violado siempre que sea material y jurídicamente posible – Artículo 77 de la Ley de Amparo.- Obligación de respetar los derechos humanos.- Obligación de proteger a los derechos humanos

 

– Obligación de garantizar los derechos humanos

 

Obligación de reparar violaciones a derechos humanos

 

Principio de efectividad

 

4. Indemnizar al quejoso cuando:a) la restitución afecta a la sociedad en mayor proporción que a los beneficios del quejoso,b) la restitución sea imposible,

 

c) sea desproporcionalmente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación.

– Fracción XVI del artículo 107 constitucional- Obligación de reparar violaciones de derechos humanos.
5. Garantizar la no repetición del acto reclamado Obligación de reparar violaciones de derechos humanos.- Obligación de proteger derechos humanos.- Obligación de prevenir violaciones a derechos humanos.

 

– Obligación de garantizar los derechos humanos

 

Obligación de evitar reincidencias en las violaciones de derechos humanos

 

Principio de efectividad

 

6. Prevenir violaciones de derechos humanos Principio de efectividadObligación de prevenir violaciones a derechos humanos Obligación de proteger a los derechos humanos

 

Obligación de garantizar los derechos humanos

Como se puede observar, existen por lo menos seis finalidades del juicio del amparo.

En los casos de afectaciones que ya no son susceptibles de una restitutio in integrum, aún existen las opciones finalidades de la acción de amparo:

1)      Determinar la constitucionalidad del acto reclamado

2)      Determinar la culpabilidad de las autoridades responsables

3)      Indemnizar al quejoso

4)      Garantizar la no repetición del acto reclamado

Por lo tanto, resulta arbitrario que tanto el legislador como los jueces de amparo desechen una demanda bajo el argumento de que el acto reclamado está consumado de forma “irreparable”, pues todavía existen otros pronunciamientos jurisdiccionales que realizar.

Teoría del acto consumado de forma irreparable

Como se ha visto, la consumación del acto reclamado resulta insuficiente para que el juicio de amparo sea improcedente, pues existen otras finalidades de la acción de amparo que aún pueden realizarse.

No obstante lo anterior, es útil contar con una teoría del acto consumado de forma irreparable.

¿Para qué sirve una teoría de esta naturaleza?

Una teoría del acto consumado de forma irreparable sirve para identificar en qué casos es posible la restitutio in integrum y en cuáles, no. También funciona para saber en qué casos es procedente el otorgamiento de la medida precautoria de la suspensión del acto reclamado.

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En primer lugar, es necesario clasificar los actos reclamados en las siguientes categorías:

Actos materiales. Se refieren a acciones realizadas por la autoridad responsable. Por ejemplo, la demolición de una construcción, actos de tortura y entrar a un domicilio, entre otras.

Actos normativos. Son los actos jurídicos que tienen por efecto crear una norma jurídica general o particular. Por ejemplo, dictar una sentencia o expedir una ley, entre otras.

Omisiones de actos materiales. Implican la abstención de realizar un acto material, como no construir una escuela u hospital.

Omisiones de actos jurídicos procesales. Se refieren a la abstención de realizar un acto jurídico procesal. Por ejemplo, no presentar una demanda.

Omisiones normativas. Implica la abstención de realizar un acto jurídico que tiene como finalidad crear una norma jurídica, como no clausurar un establecimiento o no expedir una ley, entre otras.

Improcedencias OG-1

Actos materiales

Los actos materiales se consuman de forma irreparable, tan pronto se han realizado. Esto es así, porque resulta imposible alterar el pasado.

Es decir que, si el quejoso sufrió de actos de tortura, ya no es posible quitarle esa experiencia.

 

Actos normativos

En lo concerniente a los actos normativos, es decir, aquellos que crean normas jurídicas, debe distinguirse entre la realización del acto normativo y la vigencia de la norma creada mediante dicho acto normativo.

Se aclara que acto normativo incluye también a los procesos, como el legislativo.

En ese contexto, es fácil percatarse de que una cosa es la realización o la consumación del acto normativo, y otra muy distinta, la vigencia de la norma creada por el mismo.

Por ejemplo, el proceso legislativo puede estar consumado, pero la ley o decreto tiene una vigencia.

Igual pasa con las resoluciones judiciales. El acto normativo, es decir, el dictado de las resoluciones, se consuma en un instante, pero la resolución tiene una vigencia. El siguiente esquema lo representa:

Improcedencias OG-2

En la línea del tiempo, el acto reclamado solo ocupa un punto, en virtud de que su realización se ubica en un determinado momento, pero la norma producto de ese acto se prolonga en el tiempo (vigencia).

Esto también aplica para los procedimientos:

Improcedencias OG-3

Toda vez que se trata de efectos jurídicos, que se dan en la realidad inteligible y no en la sensible, en principio pueden destruirse retroactivamente. Esto se confirma con el artículo 2226 del Código Civil, el cual establece los efectos de la nulidad absoluta:

Artículo 2226.- La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción.

En principio, los efectos jurídicos pueden destruirse retroactivamente.

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Así las cosas, el acto material (perteneciente a la realidad sensible) realizado por el secretario actuario, que consiste en ir al domicilio del demandado y emplazarlo a juicio no se puede destruir, pero sí su existencia jurídica (perteneciente a la realidad inteligible), así como todas las consecuencias jurídicas que deriven de él.

Ahora bien, es importante señalar que existen casos en los que, incluso en el plano jurídico, no es posible otorgar la restitutio in integrum.

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Dentro de los factores jurídicos que impiden una restitutio in integrum, se encuentran:

1)      La existencia de otra norma jurídica independiente o autónoma en relación con el acto reclamado, que tenga el mismo efecto que  dicho acto.

2)      La existencia de terceros adquirentes de buena fe.

El primer caso es consecuencia del principio de relatividad del artículo 107 constitucional. A continuación se plantea un ejemplo para comprenderlo.

En el caso de que el quejoso promovió una demanda de amparo en contra de la ley (norma general 1) que le impide salir de su casa. La ley (norma general 1) regula aspectos de seguridad pública y estableció un toque de queda.

La demanda de amparo es admitida y, cuando llega el momento de que se dicte la sentencia, se emite una disposición sanitaria (norma general 2), la cual también establece un toque de queda para impedir que se propague una epidemia.

En este caso, el juez de amparo no puede otorgar la restitutio in integrum, es decir, restablecer el pleno goce de la libertad de tránsito, en virtud de que existe otra norma jurídica general (norma general 2), que no fue impugnada y en la cual se establece una restricción a la libertad de tránsito.

Es importante señalar que esta circunstancia también se presenta dentro de los procedimientos seguidos en forma de juicio (y se le ha denominado cambio de situación jurídica), aunque con una variante muy importante.

El cambio de situación jurídica se actualiza dentro de los procedimientos seguidos en forma de juicio cuando se dicta una resolución autónoma o independiente al acto reclamado, la cual tiene el mismo efecto que dicho acto.

El ejemplo típico de este tipo de situaciones es el relativo a la materia penal.

Si se señala como acto reclamado una orden de aprehensión y posteriormente se dicta el auto de formal prisión en contra del quejoso,  no se puede restituir al quejoso en el pleno goce de su libertad, en virtud de que existe otro acto normativo procesal autónomo (auto de formal prisión), que también restringe su libertad.

Por autonomía, aquí se entiende la independencia existente entre el acto reclamado y el nuevo acto normativo, que tiene, en el caso concreto, el mismo efecto que el acto reclamado.

Aquí un esquema que resume lo anterior:

Improcedencias OG-4

¿En qué casos existe independencia o autonomía entre el acto reclamado y el nuevo acto normativo?

Existe independencia entre el acto reclamado y el nuevo acto normativo cuando no hay una relación causal entre estos elementos, de tal suerte que la existencia del nuevo acto normativo no depende de la existencia ni de la validez del acto reclamado.

En el esquema se puede observar que la orden de aprehensión y la determinación de la prisión preventiva no están en el nivel de las flechas, sino en uno inferior, que denota un carácter accesorio.

En otras palabras, los actos son independientes, en virtud de que el auto de formal prisión no tiene como presupuesto necesario la existencia de una orden de aprehensión.

Existe independencia o autonomía entre el acto reclamado y el nuevo acto normativo, cuando este último no tiene como presupuesto necesario la existencia del acto reclamado y, en razón de ello, puede existir por sí mismo.

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Ahora, se puede suponer, en otro ejemplo, que se denote la falta de autonomía o la dependencia entre el acto reclamado y una resolución posterior. En este caso, el acto reclamado tiene que ver con la investigación realizada por el Ministerio Público, en específico con la obtención de una prueba ilícita por transgredir la inviolabilidad de las comunicaciones (única prueba).

Si el quejoso obtiene el amparo en contra de la prueba obtenida ilícitamente y esta es la única que sirve para acreditar su presunta responsabilidad, el resto de los actos jurídicos (auto de radicación, orden de aprehensión y auto de formal prisión, entre otros) se destruye retroactivamente, porque estos tienen como presupuesto la existencia de la prueba ilícita impugnada.

A continuación se cita un caso en que el amparo fue negado indebidamente , por considerar de manera errónea que el acto reclamado estaba consumado de forma irreparable.  Para ello se cita la resolución dictada por un Tribunal Colegiado en un recurso de queja.

De los antecedentes de los actos reclamados señalados en la demanda de amparo, se advierte que el ahora recurrente, señalo que contra el auto de once de abril de dos mil trece, por el que la sala responsable confirmó la admisión y la calificación del grado del recurso de apelación hecho por el a quo, interpuso recurso de reposición (conforme al Código de Comercio), al considerar que era improcedente la apelación de tramitación inmediata, sin que a la fecha de presentación de la demanda de garantías, se hubiese resuelto dicho recurso de reposición, en tanto que éste, en términos del artículo 1334 del Código de Comercio, procede contra autos y decretos de trámite del tribunal de alzada.

En este orden de ideas, si contra el auto de once de abril de dos mil trece (señalado como uno de los actos reclamados), interpuso recurso de reposición, cuestionando la admisión de la apelación por su trámite inmediato y por su parte, se dictó resolución con fecha dieciocho de abril de dos mil trece que resolvió la apelación, es claro que por la resolución del recurso de apelación operó un cambio en la situación jurídica procesal en el procedimiento judicial del juicio de origen, por virtud del cual debe considerarse irreparablemente consumado el acto reclamado consistente en el auto de once de abril de dos mil trece, pues no se podría decidir sobre su legalidad o constitucionalidad, sin afectar la nueva situación creada a partir de la resolución de dieciocho de abril de dos mil trece, sin que obste que dicha resolución también haya sido señalada como acto reclamado, pues respecto de ésta, el juicio de garantías también es improcedente; de forma que como señaló́ la juez federal en el auto recurrido, por virtud de la resolución del recurso de apelación, debe estimarse irreparablemente consumado el auto de once de abril de dos mil trece, que confirmó la admisión y calificación del grado del recurso de apelación y no se podría decidir en el amparo sobre el auto de once de abril de dos mil trece, ya que se podría afectar la situación creada a partir de la resolución del recurso de apelación, afectándose ésta, por lo que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la nueva Ley de Amparo, como lo señaló́ el juez federal en el auto recurrido.

Aquí se presenta un enlace con el texto completo de la resolución dictada por el Tribunal Colegiado: Queja acto consumado.

En este juicio de amparo se estaba impugnando la admisión del recurso de apelación en la tramitación inmediata, pero el Tribunal Colegiado, al igual que el Juez de Distrito, consideró que el acto reclamado estaba consumado de forma irreparable, pues en su opinión existía un cambio de situación jurídica.

Aquí el error de los magistrados consistió en considerar que, entre al auto admisorio de una apelación y la sentencia que resuelve dicha apelación, existe independencia o autonomía, pues la sentencia tiene como presupuesto necesario la correcta admisión del recurso.

En otras palabras, no se puede resolver una apelación si antes no se admite este recurso, de tal suerte que resulta evidente que, entre la admisión de la apelación y la sentencia que la resuelve, existe un nexo causal que denota la dependencia de la sentencia respecto de la admisión.

Improcedencias OG-5

En ese contexto, si la admisión de la apelación se nulifica bajo el argumento de que esta es contraria a derecho, las consecuencias derivadas de dicha admisión también se destruyen, pues los actos jurídicos procesales ulteriores presuponen la existencia y la validez de la admisión.

El siguiente criterio judicial refleja las ideas aquí plasmadas:

ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.

Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Jurisprudencia por reiteración de criterios. Amparo directo 301/78. Refaccionaria Maya, S.A. 18 de enero de 1979. Unanimidad de votos. Séptima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 121-126, Sexta Parte, página 280. No. de registro. 252103.

Otro factor jurídico que impide la restitutio in integrum es la afectación de terceros adquirentes de buena fe. Ello es así, porque el otorgamiento de la restitutio in integrum al quejoso tendría por efecto vulnerar la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional:

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Cosa distinta sucede con los adquirentes de mala fe, debido a que ellos conocen los riesgos y defectos del título por el cual adquieren los bienes de que se trate.

Omisiones de actos materiales

Generalmente, las omisiones de actos materiales no se consuman de forma irreparable, ya que no existen términos fatales para realizar la conducta reclamada mediante el juicio de amparo.

 

Omisiones de actos jurídicos

Cuando existe un término para realizar un determinado acto jurídico, constituye la limitante para el otorgamiento de la restitutio in integrum. A manera de ejemplo habría que suponer que el acto reclamado en el juicio de amparo es la omisión de promover una acción de inconstitucionalidad. Una vez fenecido el plazo referido en la fracción II del artículo 105 constitucional, ya no es posible la restitutio in integrum y, aun en el caso de que la acción se promoviera, sería desechada.

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

[…]

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma,

Fuera de esos casos, es decir, si no existe un término fatal para realizar el acto jurídico cuya realización se busca mediante el juicio de amparo, la restitutio in integrum puede concederse.

Omisiones de actos normativos

En estos casos, por regla general es procedente la restitutio in integrum, pues es rara la ocasión en que existe un término fatal para expedir una determinada ley e, incluso en aquellos casos en que exista un plazo, habrá que analizar las particularidades para ver qué efectos se derivan de su fenecimiento.

Esta clasificación de los reclamados permite identificar en qué casos es posible otorgar la restitutio in integrum y en cuáles no. De acuerdo con lo que se vio anteriormente, existen limitantes fácticas y limitantes jurídicas para que opere la restitutio in integrum;  por ello habrá que analizar el caso del quejoso, para determinar los alcances de la acción de amparo.

 

Irregularidades de la fracción

En primer lugar, la causal de improcedencia relativa a los actos consumados de forma irreparable viola el principio de efectividad, el derecho a ser oído para la determinación de los derechos, el derecho a conocer la verdad y la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos, pues impide que el órgano jurisdiccional determine la constitucionalidad del acto reclamado.

En segundo lugar, la causal de improcedencia relativa a los actos consumados de forma irreparable viola el principio de efectividad, el derecho a ser oído para la determinación de los derechos, el derecho a conocer la verdad, la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos, la obligación de sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos y la obligación de combatir la impunidad, ya que impide que el órgano jurisdiccional determine la culpabilidad de las autoridades responsables.

En tercer lugar, la causal de improcedencia relativa a los actos consumados de forma irreparable viola la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución y la obligación de reparar las violaciones de derechos humanos, ya que impide que se indemnice al quejoso mediante el propio juicio de amparo. Aquí el texto del artículo 107 fracción XVI de la Constitución:

Artículo 107. […]

XVI[…]

El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional.

En cuarto lugar, la causal de improcedencia relativa a los actos consumados de forma irreparable viola el principio de efectividad, la obligación de proteger los derechos humanos, la obligación de garantizar los derechos humanos, la obligación de prevenir violaciones de derechos humanos y la obligación de evitar reincidencias en las violaciones de derechos humanos, porque impide que se le otorguen garantías de no repetición del acto reclamado al quejoso.

En quinto lugar, la causal de improcedencia relativa a los actos consumados de forma irreparable viola la obligación de resolver el fondo de la demanda de amparo y el derecho de acceso a la justicia o el derecho a ser oído para la determinación de los derechos, porque a pesar de que los presupuestos procesales están cumplidos (existe una demanda y un órgano jurisdiccional competente, el actor tiene capacidad procesal, no existe cosa juzgada, no hay litispendencia, no hay conexidad, el quejoso aduce un acto que viola sus derechos humanos y sus garantías, los derechos humanos invocados están reconocidos en la Constitución, la ley o el tratado internacional), se desecha la acción de amparo.

 

XVII. Contra actos procesales en los que opera un cambio de situación jurídica

La fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo establece lo siguiente:

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

[…]

XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.

Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;

Comentarios

Conforme a lo que se revisó en la causal de improcedencia anterior, la consumación de los actos reclamados en forma irreparable no es razón suficiente para desechar la demanda de amparo, en virtud de que existen otras finalidades de la acción que pueden realizarse independientemente de que el acto reclamado esté consumado de forma irreparable.

Aquí una tabla con algunas de las distintas finalidades del juicio de amparo y sus fundamentos jurídicos:

Finalidades de la acción de amparo Fundamento jurídico
1. La determinación de la constitucionalidad del acto reclamado Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- Derecho a conocer la verdad, en el párrafo 206 de la Sentencia 2011 de la Corte Interamericana de DDHH

Obligación de investigar las violaciones a los derechos humanos

 

Principio de efectividad

 

2. La determinación de la culpabilidad de las autoridades responsables Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- Derecho a conocer la verdad, en el párrafo 206 de la Sentencia 2011 de la Corte Interamericana de DDHH

Obligación de investigar las violaciones de derechos humanos

 

Obligación de sancionar a los responsables de violar derechos humanos.

 

Obligación de combatir la impunidad

 

Principio de efectividad

 

3. Restitución del derecho violado siempre que sea material y jurídicamente posible – Artículo 77 de la Ley de Amparo.- Obligación de respetar los derechos humanos.

Obligación de proteger a los derechos humanos

 

– Obligación de garantizar los derechos humanos

 

Obligación de reparar violaciones a derechos humanos

 

Principio de efectividad

 

4. Indemnizar al quejoso cuando:a) la restitución afecta a la sociedad en mayor proporción que a los beneficios del quejoso,

b) la restitución sea imposible,

 

c) sea desproporcionalmente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación.

– Fracción XVI del artículo 107 constitucional- Obligación de reparar violaciones de derechos humanos.
5. Garantizar la no repetición del acto reclamado Obligación de reparar violaciones de derechos humanos.- Obligación de proteger derechos humanos.

Obligación de prevenir violaciones a derechos humanos.

 

– Obligación de garantizar los derechos humanos

 

Obligación de evitar reincidencias en las violaciones de derechos humanos

 

Principio de efectividad

 

6. Prevenir violaciones de derechos humanos Principio de efectividadObligación de prevenir violaciones a derechos humanos

Obligación de proteger a los derechos humanos

 

Obligación de garantizar los derechos humanos

Asimismo, se hizo notar que la utilidad de clasificar los actos reclamados en actos consumados de forma irreparable radica en identificar aquellos casos en los cuales resulta imposible otorgar la restitutio in integrum, y no para declarar la improcedencia del juicio de amparo.

Por otra parte, también se identificó el fundamento constitucional de la imposibilidad de otorgar la restitutio in integrum en el principio de relatividad del juicio de amparo, toda vez que este solo puede proteger al quejoso con respecto al acto reclamado y no así si se trata de actos distintos que gozan de autonomía o independencia , aunque tengan el mismo efecto que aquel.

En otras palabras, la restitutio in integrum del juicio de amparo puede destruir los efectos jurídicos derivados del acto reclamado con la condición de que dichos efectos sean consecuencia del acto reclamado, pero aquellos cuya existencia sea independiente (es decir, que no exista una relación causal entre ellos), no pueden alterarse y deben ser respetados en observancia del principio de relatividad de la sentencia de amparo.

La autonomía es el elemento esencial para que opere el cambio de situación jurídica que imposibilite la restitutio in integrum.

Diapositiva104
En relación con el requisito de la autonomía, Genaro Góngora Pimentel (2004, p. 254) señala  “Que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo.”

Una vez aclarado en qué consiste la autonomía en el contexto de los actos consumados, se puede cuestionar la constitucionalidad del segundo párrafo de la fracción XVII:

Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;

Si el carácter irreparable de un acto consumado deriva de la imposibilidad de destruir actos autónomos, pues ello implicaría violar el principio de relatividad del juicio de amparo, ¿cómo puede el Legislador establecer a priori la irreparabilidad, cuando esta depende de la relación que exista entre el acto reclamado y el acto autónomo, el cual tiene el mismo efecto que el acto reclamado?

En otras palabras, el carácter irreparable de un acto consumado no deriva de un momento o etapa procesal (como lo es el dictado de la sentencia de primera instancia), sino de la relación que exista entre el acto reclamado y el nuevo acto que impide la restitutio in integrum.

En relación con el resto de las irregularidades de esta causal de improcedencia, resultan aplicables los mismos comentarios realizados sobre los actos consumados de forma irreparable.

 

XVIII y XIX. Contra las resoluciones de órganos jurisdiccionales respecto de las que exista un recurso ordinario

Las fracciones XVIII y XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo refieren que:

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

[…]

XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.

Se exceptúa de lo anterior:

a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;

b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;

c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.

Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;

XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado […]

Fundamento constitucional

El fundamento de la improcedencia en comento se encuentra en la fracción III del artículo 107 constitucional:

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

[…]III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.

La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse.

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;

b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y

c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio […]

 

Requisitos de la improcedencia

Para que se actualice esta causal de improcedencia, es necesario que el recurso o medio de defensa cumpla con los siguientes requisitos (Caso Mohamed vs Argentina, 2012):

99. La Corte ha sostenido que el artículo 8.2.h de la Convención se refiere a un recurso ordinario accesible y eficaz. Ello supone que debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada. La eficacia del recurso implica que debe procurar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido. Asimismo, el recurso debe ser accesible, esto es, que no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. En ese sentido, la Corte estima que las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.

100. Debe entenderse que, independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados Partes y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia condenatoria, para que éste sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea. Ello requiere que pueda analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria.

En cuanto a la finalidad del recurso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que esta consiste en corregir las decisiones jurisdiccionales contrarias a derecho (Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, 2004):

161. De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la Corte ha establecido que “no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces”, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos.

Adicionalmente el recurso tiene que estar previsto en ley, a partir de lo que se desprende de la literalidad del artículo 107 constitucional. Por lo tanto, el principio de definitividad no opera respecto de los recursos previstos en reglamentos.

Por otra parte, el recurso tiene que ser resuelto en un plazo razonable, pues de lo contrario se vulnera el derecho a ser juzgado con prontitud:

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 14

[…]

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

[…]

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas […]

En consecuencia, para que operen estas causales de improcedencia, el recurso o medio de defensa tiene que cumplir con los siguientes requisitos:

a)      ser ordinario,

b)      accesible,

c)      eficaz,

d)      estar previsto en ley, y

e)      tener un plazo razonable para su resolución.

 

XX. Contra actos de autoridades distintas a los tribunales respecto de los cuales exista un recurso ordinario

La fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo indica que:

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

[…]

XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.

Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior […]

 

Fundamento constitucional

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

[…]

IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;

La causal de improcedencia que ahora se comenta refiere al principio de definitividad del juicio de amparo se recomienda ver la sección correspondiente a dicho principio en el capítulo de estándares del juicio de amparo.

 

XXI y XXII. Cuando hayan cesado o ya no pueda producir efectos el acto reclamado

Las fracciones XXI y XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo refieren que:

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

[…]

XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;

XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;

 

Comentarios

Estas causales de improcedencia son producto de un concepto reduccionista de la acción de amparo, es decir que presuponen erróneamente que la restitución de los derechos transgredidos es la única finalidad que puede ejecutar la acción de amparo.

El Congreso de la Unión pasó por alto que la acción de amparo tiene diversas finalidades y que el hecho de que no sea posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, no impide que las otras finalidades se realicen:

A continuación se presenta una tabla con algunas de las distintas finalidades del juicio de amparo y sus fundamentos jurídicos.

Finalidades de la acción de amparo Fundamento jurídico
1. La determinación de la constitucionalidad del acto reclamado Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- Derecho a conocer la verdad, en el párrafo 206 de la Sentencia 2011 de la Corte Interamericana de DDHH

Obligación de investigar las violaciones a los derechos humanos

 

Principio de efectividad

 

2. La determinación de la culpabilidad de las autoridades responsables Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- Derecho a conocer la verdad, en el párrafo 206 de la Sentencia 2011 de la Corte Interamericana de DDHH

Obligación de investigar las violaciones de derechos humanos

 

Obligación de sancionar a los responsables de violar derechos humanos.

 

Obligación de combatir la impunidad

 

Principio de efectividad

 

3. Restitución del derecho violado siempre que sea material y jurídicamente posible – Artículo 77 de la Ley de Amparo.- Obligación de respetar los derechos humanos.

Obligación de proteger a los derechos humanos

 

– Obligación de garantizar los derechos humanos

 

Obligación de reparar violaciones a derechos humanos

 

Principio de efectividad

 

4. Indemnizar al quejoso cuando:a) la restitución afecta a la sociedad en mayor proporción que a los beneficios del quejoso,

b) la restitución sea imposible,

 

c) sea desproporcionalmente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación.

– Fracción XVI del artículo 107 constitucional- Obligación de reparar violaciones de derechos humanos.
5. Garantizar la no repetición del acto reclamado Obligación de reparar violaciones de derechos humanos.- Obligación de proteger derechos humanos.

Obligación de prevenir violaciones a derechos humanos.

 

– Obligación de garantizar los derechos humanos

 

Obligación de evitar reincidencias en las violaciones de derechos humanos

 

Principio de efectividad

 

6. Prevenir violaciones de derechos humanos Principio de efectividadObligación de prevenir violaciones a derechos humanos

Obligación de proteger a los derechos humanos

 

Obligación de garantizar los derechos humanos

Irregularidades de las fracciones

Las causales en estudio violan el principio de efectividad, el derecho a ser oído para la determinación de los derechos, el derecho a conocer la verdad y la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos, porque impiden que el órgano jurisdiccional determine la constitucionalidad del acto reclamado.

En segundo lugar, estas causales de improcedencia violan el principio de efectividad, el derecho a ser oído para la determinación de los derechos, el derecho a conocer la verdad, la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos, la obligación de sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos y la obligación de combatir la impunidad, pues evitan que el órgano jurisdiccional determine la culpabilidad de las autoridades responsables.

En tercer lugar, las causales de improcedencia ahora analizadas violan la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución y la obligación de reparar las violaciones de derechos humanos, ya que frenan la indemnización del quejoso mediante el propio juicio de amparo. Para muestra, se cita el texto del artículo 107 fracción XVI de la Constitución:

Artículo 107. […]

XVI[…]

El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional.

En cuarto lugar, las causales de improcedencia violan el principio de efectividad, la obligación de proteger a los derechos humanos, la obligación de garantizar los derechos humanos, la obligación de prevenir violaciones de derechos humanos y la obligación de evitar reincidencias en las violaciones de derechos humanos al impedir que se le otorguen al quejoso garantías de no repetición del acto reclamado.

En quinto lugar, estas causales de improcedencia trasgreden la obligación de resolver el fondo de la demanda de amparo y el derecho de acceso a la justicia o derecho a ser oído para la determinación de los derechos, porque a pesar de que los presupuestos procesales están cumplidos (l existe una demanda y un órgano jurisdiccional competente, el actor tiene capacidad procesal, no existe cosa juzgada, no hay litispendencia, no hay conexidad, el quejoso aduce un acto que viola sus derechos humanos y garantías, además de que los derechos humanos invocados están reconocidos en la Constitución, la ley o el tratado internacional), se desecha la acción de amparo.

 

XXIII. Cuando la improcedencia derive de la Constitución y de la Ley.

La fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: “Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: […] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.”

Anticonstitucionalidad

De acuerdo con lo que se ha revisado,  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece expresamente cuáles son los actos irrecurribles o inatacables (Véase Objetos excluidos del juicio de amparo); por lo tanto, cualquier restricción adicional a la procedencia del juicio de amparo establecida por el artículo 103 resulta violatoria del principio pro personae.

Debido a las improcedencias derivadas de la propia Ley de Amparo, también resultan anticonstitucionales por las mismas razones.

Esta causal de improcedencia es muy peligrosa y se presta a muchas arbitrariedades y denegaciones de justicia. A manera de ejemplo, se cita el siguiente caso, en el cual se demuestran las posibles implicaciones de esta causal:

El artículo 192 de la Ley de Amparo, que se encuentra ubicado en el capítulo relativo al cumplimiento y ejecución, contiene una disposición que básicamente es una inmunidad de jurisdicción en favor del Poder Ejecutivo Federal:

Artículo 192[…]

Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico.

Si el Presidente de la República no puede ser considerado autoridad responsable en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se puede invocar la fracción XXIII de la misma ley para desechar todas las demandas de amparo promovidas en contra de actos del Ejecutivo Federal, toda vez que no le otorga legitimación pasiva al titular del Poder Ejecutivo Federal.

Peligros como este son los que guarda esta causal de improcedencia. Cabe recordar que el Poder Legislativo no puede restringir la procedencia que constitucionalmente le corresponde al juicio de amparo.

 

Tablas de resumen

Como se ha visto, la mayoría de las causales de improcedencia son anticonstitucionales o están reguladas de forma anticonstitucional. A manera de síntesis, se proporciona la siguiente tabla.

Causal de improcedencia ¿Tiene fundamento constitucional?
1. Contra reformas constitucionales. No
2. Contra actos de la Suprema Corte. No
3. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. Sí, pero está regulada de forma anticonstitucional.
4. Contra resoluciones del TRIFE. Sí, pero está regulada de forma anticonstitucional.
5. Contra actos relativos a nombramientos de funcionarios (dedazo). No, excepto por lo que hace a IFETEL y a COFECO.
6. Contra resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito. Sí, pero está regulada de forma anticonstitucional.
7. Contra resoluciones de declaración de procedencia y juicio político. Sí, pero está regulada de forma anticonstitucional.
8. Contra normas declaradas inconstitucionales.
9. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo . No
10. En casos de litispendencia. Sí (Formalidad esencial del procedimiento, artículo 14.)
11. Contra actos reclamados en otro juicio de amparo. Sí (Implicación de la cosa juzgada, artículo 17), pero hay que tener a la cosa juzgada aparente en cuenta.
12. Contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso.
13. Contra actos consentidos expresamente. No, excepto por núcleos ejidales
14. Contra actos tácitamente consentidos. No
15. Contra resoluciones en materia electoral. Sí, pero está regulada de forma anticonstitucional.
16. Contra actos consumados en forma irreparable. No
17. Cuando opera un cambio de situación jurídica. No
18. Cuando exista un recurso ordinario.
19. Cuando se haya interpuesto un recurso que pueda anular el acto reclamado.
20. Cuando exista un recurso ordinario (acto de autoridades distintas a tribunales).
21. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. No
22. Cuando ya no se puedan producir los efectos del acto reclamado. No
23. Cuando la improcedencia derive de la Constitución o la ley. No

 

Como se puede observar, de 23 causales de improcedencia, solamente 12 tienen fundamento constitucional y algunas de ellas están mal reguladas.

De 23 causales de improcedencia, solo 12 tienen fundamento constitucional.

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Ahora bien, desde la perspectiva convencional, la tabla quedaría de la siguiente forma:

Causal de improcedencia ¿Tiene fundamento convencional?
1. Contra reformas constitucionales. No
2. Contra actos de la Suprema Corte. No
3. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. No
4. Contra resoluciones del TRIFE. No
5. Contra actos relativos a nombramientos de funcionarios (dedazo). No
6. Contra resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito. No
7. Contra resoluciones de declaración de procedencia y juicio político. No
8. Contra normas declaradas inconstitucionales. Sí (efecto de la cosa juzgada)
9. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo. No
10. En casos de litispendencia. Sí (Formalidad esencial del procedimiento, artículo 8.)
11. Contra actos reclamados en otro juicio de amparo. Sí (Implicación de la cosa juzgada, artículo 25) pero hay que a la cosa juzgada aparente en cuenta.
12. Contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso.
13. Contra actos consentidos expresamente. No
14. Contra actos tácitamente consentidos. No
15. Contra resoluciones en materia electoral. No
16. Contra actos consumados en forma irreparable. No
17. Cuando opera un cambio de situación jurídica. No
18. Cuando exista un recurso ordinario. No
19. Cuando se haya interpuesto un recurso que pueda anular el acto reclamado. No
20. Cuando exista un recurso ordinario (acto de autoridades distintas a tribunales). No
21. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. No
22. Cuando ya no se puedan producir los efectos del acto reclamado. No
23.Cuando la improcedencia derive de la Constitución o la Ley No

 

Por otra parte, si comparamos las causales de improcedencia con los presupuestos procesales y con otros requerimientos tanto de la función jurisdiccional como del juicio de amparo, se obtiene lo siguiente:

Causal de improcedencia Presupuesto procesal o requerimiento de la función jurisdiccional
1. Contra reformas constitucionales.
2. Contra actos de la Suprema Corte. Existe un problema de imparcialidad, por lo que hace al Pleno.
3. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal.
4. Contra resoluciones del TRIFE.
5. Contra actos relativos a nombramientos de funcionarios (dedazo).
6. Contra resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito.
7. Contra resoluciones de declaración de procedencia y juicio político.
8. Contra normas declaradas inconstitucionales. Efecto de la cosa juzgada
9. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo. Hay un tema de cosa juzgada por lo que hace a la sentencia definitiva.
10. En casos de litispendencia. Formalidad esencial
11. Contra actos reclamados en otro juicio de amparo. Litispendencia y cosa juzgada
12. Contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso. Legitimación activa
13. Contra actos consentidos expresamente.
14. Contra actos tácitamente consentidos.
15. Contra resoluciones en materia electoral.
16. Contra actos consumados en forma irreparable.
17. Cuando opera un cambio de situación jurídica.
18. Cuando exista un recurso ordinario.
19. Cuando se haya interpuesto un recurso que pueda anular el acto reclamado.
20. Cuando exista un recurso ordinario (acto de autoridades distintas a tribunales).
21. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.
22. Cuando ya no se puedan producir los efectos del acto reclamado.
23. Cuando la improcedencia derive de la Constitución o la ley.

 

Esta tabla es muy importante, porque demuestra que las causales de improcedencia y los presupuestos procesales son cosas distintas. El legislador y el Poder Judicial han querido vender la idea de que son términos equivalentes, pero no es así. Existen muchas causales de improcedencia que nada tienen que ver con los presupuestos procesales.

Las causales de improcedencia y los presupuestos procesales son cosas distintas.

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A efecto de evitar confusiones, conviene formular un concepto de causal de improcedencia:

Las causales de improcedencia son las restricciones a la acción de amparo sustentadas en los requisitos para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional (ausencia de cosa juzgada, de litispendencia, de conexidad), en el carácter irrecurrible que la Constitución le otorga a ciertos actos (materia electoral y juicio político, entre otros) y en los principios del juicio de amparo, los cuales regulan la procedencia del juicio constitucional (instancia de parte agraviada, interés jurídico y legítimo, y principio de definitividad).

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Ahora es más claro identificar las diferencias entre presupuestos procesales y causales de improcedencia.

Por último, resulta importante hacer énfasis en la gran cantidad de causales de improcedencia que no tienen sustento constitucional, pues solamente generan impunidad y denegación de justicia. En ese contexto, en México, el juicio de amparo  dista mucho de ser el recurso sencillo y efectivo que debería.

Sin duda habrá renuencia a las ideas aquí plasmadas y mucha de la resistencia vendrá del Poder Judicial, quien dirá que los tribunales se saturarían si se ampliara tanto la procedencia del juicio de amparo. A esas personas habría que decirles que:

El problema de saturación del Poder Judicial no se resuelve con la denegación de justicia.

Diapositiva 116

 

 

 

 

 

 

 

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