Sobreseimiento

Sobreseimiento 2017-06-01T02:31:22+00:00

Sobreseimiento

El sobreseimiento se refiere a la terminación anticipada del juicio de amparo sin que exista un pronunciamiento con respecto al fondo del asunto.

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Es importante señalar que una resolución que decreta el sobreseimiento no puede adquirir el valor de cosa juzgada, en virtud de que esta última presupone necesariamente la existencia de la solución del fondo del asunto, es decir, de una sentencia definitiva.

La cosa juzgada presupone necesariamente la existencia de una sentencia, es decir, del ejercicio de la función jurisdiccional.

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Al respecto, conviene citar a Fraga (2005, p. 51), quien menciona que “el acto jurisdiccional está constituido únicamente por la sentencia y no por los actos del procedimiento que, aunque implican determinaciones judiciales, solamente constituyen condiciones sucesivas para el desarrollo del proceso”.

Por lo tanto, si no existe sentencia definitiva, no puede haber cosa juzgada pues esta solamente se predica de los actos jurisdiccionales.

El sobreseimiento del juicio de amparo no puede adquirir la calidad de cosa juzgada, porque no implica el ejercicio de la función jurisdiccional.

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En relación con el sobreseimiento del juicio de amparo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido la siguiente tesis aislada:

COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA.

Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primera Sala. Tesis Aislada. Amparo en revisión 487/2012. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. y otra. 19 de septiembre de 2012. Décima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página524. No. de registro 2002272.

La primera crítica que cabe realizar a este criterio consiste en mencionar que la resolución que decreta el sobreseimiento no tiene la naturaleza de una sentencia definitiva.

Conviene recordar que las sentencias son las resoluciones que resuelven el fondo de un asunto, cuando el fondo del asunto corresponde a la cuestión principal se llaman definitivas y cuando el fondo corresponde a una cuestión incidental se denominan interlocutorias.

La definición definitiva aquí propuesta incluso se encuentra recogida en el artículo 170 fracción I de la Ley de Amparo que establece “Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal

[…]”.

En ese orden de ideas resulta que el sobreseimiento no es una sentencia sino una resolución que pone fin al juicio.

Confirma lo anterior el propio texto del artículo 107 constitucional que distingue entre sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin a juicio.

Artículo 107[…]

III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.

La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse.

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;

Como se puede observar, sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio son dos cosas distintas en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De allí que la Ley de Amparo mencione en forma expresa que el sobreseimiento no prejuzga sobre el fondo del asunto.

Artículo 65. El sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo y solo podrá decretarse cuando no exista duda de su actualización.

Con base en lo expuesto es necesario concluir que la resolución que decreta el sobreseimiento del juicio de amparo no puede adquirir la calidad de cosa juzgada pues no tiene la naturaleza jurídica de una sentencia. En otras palabras el hecho de decretar el sobreseimiento del juicio no implica el ejercicio de la función jurisdiccional y por eso no existe cosa juzgada.

Por otra parte esta tesis demuestra la anticonstitucionalidad de la figura de los actos consentidos. En relación con esto debe recordarse que la Ley de Amparo es adjetiva y no sustantiva, es decir, su finalidad consiste en establecer el procedimiento para hacer exigibles los derechos humanos reconocidos por la Constitución, pero la figura de los actos consentidos no es adjetiva, sino sustantiva, pues su efecto consiste en extinguir el derecho humano en el caso concreto.

Se recomienda al lector ver la sección de las causales de improcedencia relativas al consentimiento del acto reclamado en donde se plantearon los principales argumentos en contra de esa figura.

Las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo son las siguientes:

Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio.

No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio;

II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;

III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona;

IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y

V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.

A continuación se realizan algunos comentarios sobre algunas de las causales de sobreseimiento.

Muerte del quejoso

Esta causal de sobreseimiento es producto de una visión reduccionista de la acción de amparo, pues considera que, al no ser susceptible la restitutio in integrum, todo el juicio de amparo es inútil. Sin embargo, ya se ha visto que la acción de amparo persigue varias finalidades y no solamente la restitutio in integrum.

A continuación se presenta una tabla con algunas de las distintas finalidades del juicio de amparo y sus fundamentos jurídicos:

Finalidades de la acción de amparo: Fundamento jurídico:
1. La determinación de la constitucionalidad del acto reclamado Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- Derecho a conocer la verdad, en el párrafo 206 de la Sentencia 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

 

Obligación de investigar las violaciones a los derechos humanos

 

Principio de efectividad

 

2. La determinación de la culpabilidad de las autoridades responsables Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- Derecho a conocer la verdad, establecido en el párrafo 206 de la Sentencia 2011 de la Corte Interamericana de DDHH

 

Obligación de investigar las violaciones de derechos humanos

 

Obligación de sancionar a los responsables de violar derechos humanos

 

Obligación de combatir la impunidad

 

Principio de efectividad

 

3. Restitución del derecho violado, siempre que sea material y jurídicamente posible – Artículo 77 de la Ley de Amparo.- Obligación de respetar los derechos humanos

 

Obligación de proteger a los derechos humanos

 

Obligación de garantizar los derechos humanos

 

Obligación de reparar violaciones a los derechos humanos

 

Principio de efectividad

 

4. Indemnizar al quejoso cuando:a) la restitución afecta a la sociedad en mayor proporción que a los beneficios del quejoso,

 

b) la restitución sea imposible,

 

c) sea desproporcionalmente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación.

– Fracción XVI del artículo 107 constitucional- Obligación de reparar violaciones de derechos humanos
5. Garantizar la no repetición del acto reclamado Obligación de reparar violaciones de derechos humanosObligación de proteger a los derechos humanos

 

Obligación de prevenir violaciones a derechos humanos

 

Obligación de garantizar los derechos humanos

 

Obligación de evitar reincidencias en las violaciones de derechos humanos

 

Principio de efectividad

 

6. Prevenir violaciones de derechos humanos Principio de efectividadObligación de prevenir violaciones a derechos humanos.

 

Obligación de proteger a los derechos humanos

 

Obligación de garantizar los derechos humanos

Como se puede observar, aun cuando el quejoso haya muerto, es posible realizar otras finalidades del juicio de amparo, tales como la determinación de la constitucionalidad del acto reclamado y la determinación de la culpabilidad de las autoridades responsables.

Esta causal de sobreseimiento propicia impunidad e incentiva la realización de conductas antijurídicas.

Sería conveniente, para ejemplificar, suponer que, en el caso concreto, se reclaman actos de tortura en contra del señor Jaime López López y que la demanda de amparo fue interpuesta por una persona que vio cómo torturaban al quejoso. Las autoridades que fueron señaladas como responsables son notificadas de la demanda de amparo y, en su informe justificado, incluso confiesan que, efectivamente están torturando al señor Jaime.

Ante esto, el juez de distrito decreta la suspensión de oficio y señala como fecha para la audiencia constitucional el 30 de noviembre.

Un día antes de la celebración de la audiencia constitucional, las autoridades responsables, en estricto cumplimiento al deber legal que les impone el artículo 64 de la Ley de Amparo, informan al juez de distrito que el quejoso ha fallecido y, para acreditarlo, exhiben el acta de defunción correspondiente.

Ley de Amparo

Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten.

Una vez vista la promoción de las autoridades responsables, el juez de distrito, también en el cumplimiento de su deber legal, decide decretar el sobreseimiento del juicio de amparo y manda archivar el asunto.

¿Coincidencia? ¿O existen incentivos legales para matar al quejoso?

Por último, debe recordarse que los familiares del quejoso tienen el derecho a conocer la verdad, es decir, a que se determine la constitucionalidad y la culpabilidad de las autoridades responsables (Caso Chitay Nech y otros vs Guatemala, 2010):

206. El Tribunal reitera que el derecho a conocer la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención [231], lo cual constituye una forma de reparación.

Falta de acreditación del acto reclamado

En relación con la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, conviene recordar que el quejoso no es el único que tiene la carga o el deber de acreditar la existencia del acto reclamado. Lo anterior es así, en virtud de la naturaleza misma del objeto de protección del juicio de amparo, así como de las obligaciones generales en materia de derechos humanos.

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