6. Requisitos de las sentencias

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6. Requisitos de las sentencias 2017-06-01T02:33:47+00:00

Contenido de sección:

Requisitos de las sentencias

  • Regularidad material
  • Regularidad formal
  • Efectividad de la sentencia
  • Exhaustividad
  • Principio de relatividad
  • Litis cerrada
  • Estructura de las sentencias
  • Requisitos genéricos

Requisitos de las sentencias de amparo

En esta sección se verán cuáles son los requisitos de validez de las sentencias de amparo.

Regularidad material

El primer requisito que las sentencias que dictan los tribunales deben cumplir, es el relativo a la regularidad material, es decir, su concordancia con la Constitución y los tratados internacionales que contengan derechos humanos.

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Es importante señalar que existen muchos criterios del Poder Judicial de la Federación (jurisprudencias y tesis aisladas, entre otros) que son anticonstitucionales o inconvencionales y, a pesar de ello, son aplicados ciegamente por los tribunales de amparo.

Conviene recordar que el principio pro personae establecido por el artículo 1º y el artículo 128 de la Constitución sirve como fundamento para que el Tribunal de Amparo desaplique toda aquella jurisprudencia que resulte anticonstitucional o inconvencional en el caso concreto.

Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

[…]

Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Por otra parte, debe considerarse que también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sirve de criterio de regularidad material a las sentencias de amparo, de tal suerte que su contenido tiene que ser compatible con los criterios interpretativos de este órgano jurisdiccional internacional.

Para fundamentar lo anterior, se cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, 2009):

339. En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.

Regularidad formal

Hay que tener presente que el amparo es un procedimiento jurisdiccional y, por lo tanto, la sentencia que se dicte debe ser resultado del debido proceso, pues en caso contrario, la sentencia se torna irregular por vicios formales.

En otras palabras, al juicio de amparo le resulta aplicable el artículo 14 constitucional y todas las demás disposiciones que rigen el debido proceso; en caso de que no se observen, la cosa juzgada aparente se actualiza.

En relación con este punto, es conveniente citar el criterio expresado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los considerandos de las acciones de inconstitucionalidad 11 y 12, ambas de 2004, pues en ellas se resolvió sobre la figura de la nulidad de juicio concluido:

En el sistema jurídico mexicano, la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido éste como el que fue seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual da seguridad y certeza jurídica a las partes. Así también la cosa juzgada se encuentra en el artículo 17 de la propia Constitución Federal que, en su tercer párrafo, establece: ‘Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.’. Ello, porque la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales se logra, exclusivamente, sólo en cuanto la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico, como resultado de un juicio regular, que se ha concluido en todas sus instancias y ha llegado al punto en que lo decidido ya no sea susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar el diverso derecho de acceso a la justicia, establecido en el propio artículo 17 constitucional, pues dentro de tal prerrogativa se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman un conflicto, sino también el derecho a que se garantice la ejecución de la decisión del órgano jurisdiccional. Luego, la autoridad de la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que la seguridad jurídica se funda; por tanto, debe respetarse con todas sus consecuencias jurídicas. Así, en un proceso en el que el interesado tuvo adecuada oportunidad de ser escuchado en su defensa y de ofrecer pruebas para acreditar sus afirmaciones, además que el litigio fue decidido ante las instancias judiciales que las normas del procedimiento señalan, la cosa juzgada resultante de esa tramitación no puede ser desconocida, pues uno de los pilares del Estado de derecho es el respeto de la cosa juzgada, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que se haya hecho efectivo el debido proceso, con sus formalidades esenciales. En contraposición a ello, la autoridad de la cosa juzgada no puede invocarse y confirmarse cuando ese debido proceso no tuvo lugar en el juicio correspondiente.

Efectividad de la sentencia

Debe recordarse que el principio de efectividad del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos también rige el contenido de la sentencia de amparo; por lo tanto, la determinación del Tribunal de Amparo deberá cumplir con las exigencias propias de dicho estándar internacional.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 25. Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Exhaustividad

En términos del artículo 17 constitucional, las resoluciones jurisdiccionales deben estar completas; por esa razón, el Tribunal de Amparo debe analizar todos los conceptos de violación expresados por el quejoso y no ignorarlos, como acontece en la práctica cuando declara fundado uno de los conceptos de violación.

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Principio de relatividad

Cuando se estudiaron los principios constitucionales del juicio de amparo, se señaló que el de relatividad regula los efectos de la sentencia de amparo. Aunado a ello,  se mencionó que dicho principio pone énfasis en que el amparo es un procedimiento jurisdiccional y no legislativo, por lo que las sentencias solo afectan a los sujetos que tuvieron la calidad de partes en el juicio.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

[…]

II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

Ley de Amparo

Artículo 73. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

[…]

En amparo directo, la calificación de los conceptos de violación en que se alegue la inconstitucionalidad de una norma general, se hará únicamente en la parte considerativa de la sentencia.

Litis cerrada

En términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se debe apreciar tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. En caso de que el Tribunal de Amparo modifique la litis, tal como lo hace cuando suple las deficiencias de la autoridad legislativa, se viola el principio de litis cerrada.

Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable.

Estructura de la sentencia de amparo

En términos del artículo 74 de la Ley de Amparo, la sentencia debe contener lo siguiente:

Artículo 74. La sentencia debe contener:

I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;

II. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los agravios;

III. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio;

IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer;

V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución; y

VI. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, niegue o sobresea el amparo y, cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa.

Requisitos genéricos

Asimismo, la sentencia de amparo debe cumplir con lo dispuesto por los artículos 219 y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento legal supletorio a la materia de amparo.

Código Federal de Procedimientos Civiles

ARTÍCULO 219.- En los casos en que no haya prevención especial de la ley, las resoluciones judiciales sólo expresarán el tribunal que las dicte, el lugar, la fecha y sus fundamentos legales, con la mayor brevedad, y la determinación judicial, y se firmarán por el juez, magistrados o ministros que las pronuncien, siendo autorizadas, en todo caso, por el secretario.

[…]

ARTICULO 222.- Las sentencias contendrán, además de los requisitos comunes a toda resolución judicial, una relación suscinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como las consideraciones jurídicas aplicables, tanto legales como doctrinarias, comprendiendo, en ellas, los motivos para hacer o no condenación en costas, y terminarán resolviendo, con toda precisión, los puntos sujetos a la consideración del tribunal, y fijando, en su caso, el plazo dentro del cual deben cumplirse.

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