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7. Recursos 2017-06-01T02:34:20+00:00

Contenido de sección:

La finalidad de los recursos

Las violaciones de derechos humanos cometidas por los tribunales de amparo

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En este capítulo se abordarán los distintos medios de impugnación con los que el juicio de amparo cuenta.

Antes de estudiar cada recurso en lo particular, es conveniente abordar dos temas trascendentes: 1) la finalidad de los recursos y 2) las violaciones de derechos humanos cometidas por los tribunales de amparo.

La finalidad de los recursos

La finalidad de los recursos es procurar la corrección de las determinaciones judiciales contrarias a derecho (Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, 2004):

161. De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la Corte ha establecido que “no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces”, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos.

Desafortunadamente esto, tan elemental, no se observa en el Poder Judicial Federal, pues se considera que los recursos tienen una finalidad distinta. A continuación se presenta un criterio de jurisprudencia que demuestra lo anterior.

RECLAMACIÓN. NO ES MATERIA DE ESTE RECURSO EL EXAMEN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O ACTOS DE AUTORIDAD.

De lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley de Amparo, se infiere que el recurso de reclamación procede contra los acuerdos de trámite dictados por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los Presidentes de sus Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito, acuerdos que, en rigor, deben corresponder a un juicio de amparo en el que se cuestione la constitucionalidad de leyes o actos de autoridad, juicio que tiene un procedimiento regulado por su propia legislación en la que se otorga a las partes la oportunidad de impugnar la legalidad de los acuerdos y resoluciones dictados en el mismo procedimiento a través de recursos tales como los de revisión, queja y reclamación, pero en ninguno de dichos recursos es permitido introducir aspectos relativos a la constitucionalidad de leyes o actos que no hayan sido materia de impugnación en la demanda de garantías respectiva; es más, en estos dos últimos, por no referirse al fondo del asunto sino sólo a cuestiones de procedimiento, no es dable hacer impugnación alguna de constitucionalidad de leyes.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segunda Sala. Jurisprudencia por reiteración de criterios. Reclamación 73/2003-PL. 28 de marzo de 2003. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Julio de 2003, página 209. No. de registro 183735.

En términos de la jurisprudencia citada, los recursos tienen como finalidad impugnar la ilegalidad de las resoluciones judiciales dictadas en el juicio de amparo, lo cual es distinto a impugnar la antijuridicidad de las mismas.

La distinción entre legalidad y juridicidad no representa una sutileza intrascendente, pues la amplitud de los agravios que se pueden hacer valer en los recursos cambia dependiendo de la finalidad que se le reconozca al recurso.

No está de más señalar la diferencia entre juridicidad y legalidad. El primer concepto hace referencia a que algo está ajustado a derecho (Constitución, tratados, leyes, jurisprudencia o principios generales de derecho, entre otros), mientras que el segundo concepto solo implica que algo se ajusta a la ley.

En el esquema se aprecia con claridad que el derecho no se agota en la ley; de allí que las posibilidades de impugnación sean más amplias cuando el objetivo de un recurso es combatir la antijuridicidad de una resolución.

Por otra parte, es necesario criticar la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, pues el artículo 103 de la ley de amparo anterior, que sirvió para crearla,  no restringe el recurso a temas de legalidad.

Ley de amparo anterior

Artículo 103.- El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de sus Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito. Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresan agravios, dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada.

El órgano jurisdiccional que deba conocer el fondo del asunto resolverá de plano este recurso, dentro de los quince días siguientes a la interposición del mismo. Si se estima que el recurso fue interpuesto sin motivo, se impondrá al recurrente o a su representante, o a su abogado, o a ambos, una multa de diez a ciento veinte días de salario.

En esas condiciones, resulta evidente que la Segunda Sala de la Suprema Corte inventó arbitrariamente una restricción a los recursos en materia de amparo, al señalar que aquellos recursos regulados solamente brindan a las partes la oportunidad de controlar la legalidad de las resoluciones dictadas en el juicio de amparo.

Se hace especial énfasis en que el artículo 103 de la ley de amparo anterior no limita la materia de los agravios a aspectos de legalidad, pues al respecto, establece: “Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresan agravios, dentro del término de tres días siguientes”.

En otras palabras, el artículo 103 de la ley de amparo anterior permite plantear cualquier tipo de agravio, ya sea de constitucionalidad, de legalidad o de convencionalidad, entre otros, pues al respecto no se hizo excepción o restricción alguna.

Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte pasó por alto que, al dictarse acuerdos de trámite, existe la posibilidad de que se esté aplicando una disposición de la Ley de Amparo o del Código Federal de Procedimientos Civiles que sea anticonstitucional o inconvencional; por eso, es incorrecto afirmar que “en ninguno de los recursos es permitido introducir aspectos relativos a la constitucionalidad de leyes o actos que no hayan sido materia de impugnación en la demanda de garantías respectiva”.

Dicho lo anterior, es más fácil percatarse del absurdo al que llega la Segunda Sala de la Suprema Corte, pues le exige al quejoso señalar, como acto reclamado en su demanda de amparo, los preceptos legales (de la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles) o disposiciones jurisprudenciales que aún no le son aplicadas (pues se aplicarán en el futuro, a saber, al dictarse los acuerdos de trámite ya iniciado el juicio de amparo), para que pueda impugnar la anticonstitucionalidad de los acuerdos de trámite mediante el recurso de reclamación.

Por último cabe mencionar que la Segunda Sala parece ignorar que una resolución dictada durante el procedimiento también puede ser anticonstitucional o inconvencional; para demostrarlo basta recordar que existen derechos humanos de base constitucional y convencional de naturaleza procesal; por ejemplo, todos los derechos humanos vinculados al debido proceso. En consecuencia, y contrario a lo afirmado por la Segunda Sala, sí es posible plantear temas de constitucionalidad y convencionalidad al impugnar cuestiones procedimentales.

Aquí un criterio judicial que confirma las ideas plasmadas:

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD DE NORMAS PROCESALES APLICADAS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PUEDE EFECTUARLO AL CONOCER DEL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.

Si por virtud de los artículos 1o., párrafo tercero y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y si ello derivó en que los órganos del Poder Judicial de la Federación deben ejercer el control difuso de convencionalidad ante la violación de derechos humanos; entonces, es válido sostener que un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer del recurso de queja promovido con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, analice la constitucionalidad y la convencionalidad de las normas procesales aplicadas durante la tramitación del juicio de amparo, puesto que ese ejercicio es una obligación para todas las autoridades del país, en el ámbito de su competencia. Lo anterior, pues si bien es cierto que el recurso de queja no está previsto como una de las formas de control de la Ley Suprema y de los tratados internacionales que prevean derechos humanos, sino que fue concebido como un medio técnico legal para optimizar la función jurisdiccional, también lo es que esa circunstancia no debe entenderse en el sentido de que las disposiciones que rigen el procedimiento del amparo queden fuera del control constitucional y convencional, pues aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la Novena Época, aceptó dos maneras de impugnación de los artículos de la Ley de Amparo, esto es, mediante la acción de inconstitucionalidad y a través del control “difuso”, debe entenderse que la naturaleza heteroaplicativa de las normas procesales aplicadas en el amparo imposibilita que el gobernado reclame su constitucionalidad o convencionalidad en un juicio constitucional, al no haberle sido aplicadas previamente, lo que justifica el indicado examen en el recurso de queja.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. Tesis aislada. Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2237. No. de registro 2005746.

Las violaciones de derechos humanos cometidas por los tribunales de amparo

Otra forma en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha restado eficacia al juicio de amparo ha sido a través de la creación de una excluyente de responsabilidad a favor de los tribunales de amparo que vulnera la supremacía constitucional, pues torna inimpugnables a las violaciones de derechos humanos cometidas por esos tribunales.

Aquí la jurisprudencia en comento:

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.

Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Jurisprudencia. Contradicción de tesis 14/94. Entre las sustentadas por los Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, entre otros. 14 de noviembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. V, Enero de 1997, página 5. No. de registro 199492.

En el mismo sentido:

INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. EN UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO SON AGRAVIOS INOPERANTES AQUELLOS QUE PRETENDAN INTRODUCIR UN PLANTEAMIENTO DE ESA NATURALEZA RESPECTO DE UNA NORMA QUE INVOCÓ EL JUEZ DE DISTRITO.

El recurso de revisión en amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83 y 91 de la Ley de Amparo, se limita a asegurar el óptimo ejercicio de la función jurisdiccional del Juez de Distrito, como órgano de control de la constitucionalidad, lo cual impide analizar en dicho medio de defensa el planteamiento de inconstitucionalidad de la norma del orden común u ordinaria que rige el acto reclamado, y cuya inobservancia por parte de la autoridad responsable haya sido el argumento en que tiene sustento la concesión del amparo; además, el citado recurso no es un control de constitucionalidad sobre decisiones de otro órgano que realiza una función de tal naturaleza, aunado a que la actividad del Juez de Distrito no es la materia de impugnación constitucional sino los actos de la autoridad señalada como responsable. Así la invocación de leyes ordinarias (federales o locales) en el fallo de amparo no genera un acto de aplicación de éstas en la esfera de los particulares que son parte en el juicio de amparo, ya que atendiendo a la premisa de que el órgano de control constitucional no es una extensión del poder ordinario, cuya actuación es precisamente la que da origen al juicio de amparo, la referencia de normas del orden común en el fallo constitucional solamente se traduce en el argumento que puede dar soporte a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de autoridad reclamado por cuestiones de legalidad, esto es, por no haber ajustado el ejercicio del poder público a los cánones normativos que le dan sustancia y legitimidad, en cumplimiento a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, lo que no implica la sustitución del órgano de control constitucional a la actividad propia de las autoridades responsables para incidir en la esfera de los particulares, con la aplicación de las disposiciones que rigen el ejercicio de su poder público.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Jurisprudencia por contradicción de tesis. Contradicción de tesis 17/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Sexto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 27 de octubre de 2008. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Julio de 2009, página 38. No. de registro 166943.

¿Cuáles son las críticas que se le pueden formular a la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

Primero, es falso que el juicio de amparo sea el único medio para impugnar la anticonstitucionalidad o inconvencionalidad de actos y normas. En términos del artículo 133 de la Constitución, los jueces locales pueden ejercer control de constitucionalidad y desaplicar normas que resulten contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Adicionalmente, cuando se establecen las obligaciones generales en materia de derechos humanos en el artículo 1º constitucional, también se autoriza a los órganos jurisdiccionales a realizar cualquier acto que sirva para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de tal suerte que pueden conocer de la constitucionalidad de actos y normas dentro de los recursos ordinarios objeto de su competencia.

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Por otro lado, el control de convencionalidad también autoriza a los órganos jurisdiccionales para que controlen la regularidad de actos y normas, de manera que el juicio de amparo es solamente uno de los medios de defensa con los cuales cuentan los particulares para protegerse de las violaciones a los derechos humanos.

Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, 2009):

339. En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.

Como segunda crítica se apunta que es falso que en el recurso de revisión no pueda analizarse la violación de derechos humanos.

Ya se ha visto que la finalidad de los recursos es permitir a las partes combatir todas aquellas resoluciones contrarias a derecho, es decir, contrarias a la ley, a los tratados internacionales y a la Constitución, entre otras. De allí que en el recurso de revisión sí se pueda analizar la violación de derechos humanos.

Al respecto, es importante señalar que, al resolver el recurso de reclamación 130/2011,  la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció expresamente que los recursos previstos en la Ley de Amparo son idóneos para controlar la regularidad de las determinaciones tomadas dentro del juicio:

En efecto, en coherencia con la jurisprudencia P./J. 48/2009, a través de los recursos instituidos en la Ley de Amparo las partes están legalmente legitimadas para plantear la inconstitucionalidad de las disposiciones de este ordenamiento que regulan la actuación de los órganos jurisdicciones que conocen del juicio de amparo, ya que las decisiones que en su momento se podrían emitir al analizar dicha ley no tendrían como propósito examinar el sustento legal del acto o actos reclamados de las autoridades responsables, sino que solamente perseguirían la finalidad de juzgar, a través del recurso que proceda, la regularidad constitucional de las disposiciones que norman el trámite y resolución del juicio de amparo, y en su caso, para que se dejen de aplicar en un asunto en concreto, sin que por ello se prejuzgue sobre la constitucionalidad de los actos reclamados.

Por otra parte, debe considerarse que la única forma en que los órganos jurisdiccionales puedan cumplir con la obligación de ejercer el control de convencionalidad, contenida en la sentencia dictada en contra del Estado Mexicano en el Caso Radilla Pacheco (párrafo 339), es precisamente atendiendo los planteamientos de las partes que implican violaciones de derechos humanos.

En tercer lugar, el óptimo ejercicio de la función jurisdiccional implica eliminar las irregularidades, es decir, los actos y las normas anticonstitucionales.

Debe recordarse que la finalidad de los recursos es corregir las determinaciones que resultan contrarias a derecho y, por esa misma razón, el recurso debe analizar los agravios que consisten en violaciones de derechos humanos cometidas por el Tribunal de Amparo (Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, 2004):

161. De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho.

Como cuarta crítica, cabe señalar que es incorrecto decir que el análisis de los agravios consistentes en que el juez de amparo cometió violaciones de derechos humanos implique tratarlo como autoridad responsable.

En virtud de lo anterior, debe señalarse que todo recurso judicial tiene como finalidad controlar la juridicidad de los actos y resoluciones del A Quo, y no la conducta de las partes.

Por ejemplo, el recurso de apelación sirve para combatir las sentencias dictadas por el juez de primera instancia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 688 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal:

Artículo 688.- El recurso de apelación tiene por objeto que, el Tribunal confirme, revoque o modifique la resolución del Juez.

Incluso los recursos remedio tienen como objetivo combatir las resoluciones dictadas por el órgano jurisdiccional, a partir de lo que se desprende del artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal:

Artículo 684.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, sea por la interposición del recurso de revocación o por la regularización del procedimiento que se decrete de oficio o a petición de parte, previa vista a la contraria por tres días, para subsanar toda omisión que exista en el procedimiento o para el solo efecto de apegarse al procedimiento.

Como se puede observar, los recursos judiciales (verticales y remedio) controlan la regularidad de las determinaciones judiciales y nadie alega que implique tratar al juez como parte demandada. De hecho, la forma natural de los recursos es precisamente impugnar los actos del juez de primera instancia, para así asegurar que el procedimiento y las resoluciones se ajusten a derecho.

Sin embargo, lo que la Suprema Corte de Justicia olvida es que los recursos necesariamente tienen que analizar la regularidad de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales de primera instancia, pues esa es la única forma de cumplir con el principio de doble conformidad que aporta racionalidad a las decisiones judiciales.

De ser correcta la afirmación de la Suprema Corte de Justicia, se tendrían que eliminar todos los recursos, pues ellos implican pretensiones entabladas en contra de los jueces y no de las partes, lo cual es absurdo.

Una crítica más es que resulta incorrecto afirmar que el análisis de los agravios consistentes en que el juez de amparo violó derechos humanos implica ejercer un control de constitucionalidad sobre otro control de constitucionalidad.

Primero debe precisarse que los objetos controlados son distintos: ¿Qué controla el juicio de amparo? La constitucionalidad del acto reclamado emitido por la autoridad responsable. Ahora bien, ¿qué controla el recurso de revisión? La regularidad de las sentencias dictadas por los tribunales de amparo.

Como se puede observar, los controles se ejercen respecto de objetos distintos y respecto de autoridades diferentes, así que las funciones no se duplican. Por otro lado, debe recordarse que el amparo es un proceso jurisdiccional y, como tal, cuenta con recursos que sirven para garantizar la regularidad del proceso y las resoluciones, de manera que el análisis de agravios que plantea irregularidades cometidas por el juez de amparo es la forma normal de operar los recursos y nada tiene de extraño.

Además, como un sexto comentario, se alude a que la naturaleza del juicio de amparo y la función de control constitucional que desempeña el juez de amparo no le autorizan que viole derechos humanos.

La pregunta es, ¿de dónde saca la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los jueces de amparo pueden violar derechos humanos impunemente mientras conocen de los juicios de amparo? ¿En qué parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece el carácter inimpugnable de las violaciones de derechos humanos cometidas por los jueces de amparo?

Aquí es pertinente recordar que, al ver el tema de la legitimación pasiva del juicio de amparo, se mencionó que la Constitución no establece inmunidades de jurisdicción y, por eso, resulta arbitraria la determinación que ahora se critica.

La afirmación de la Suprema Corte es claramente contraria a derecho, en especial a los principios de supremacía constitucionalidad, de efectividad de los recursos judiciales, así como a las obligaciones generales en materia de derechos humanos, pues incluso propicia la impunidad.

Por último, debe considerarse que la afirmación de la Suprema Corte implica establecer excluyentes de responsabilidad a favor de los tribunales de amparo, mismas que están prohibidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Barrios Altos vs Perú, 2001):

41. Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

42. La Corte, conforme a lo alegado por la Comisión y no controvertido por el Estado, considera que las leyes de amnistía adoptadas por el Perú impidieron que los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes en el presente caso fueran oídas por un juez, conforme a lo señalado en el artículo 8.1 de la Convención; violaron el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención; impidieron la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos, incumpliendo el artículo 1.1 de la Convención, y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso. Finalmente, la adopción de las leyes de autoamnistía incompatibles con la Convención incumplió la obligación de adecuar el derecho interno consagrada en el artículo 2 de la misma.

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