Recurso del art. 8 inciso h) del Pacto de San José

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Recurso del art. 8 inciso h) del Pacto de San José 2017-06-01T02:36:39+00:00

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Recurso del artículo 8 inciso h) del Pacto de San José

En términos del inciso h del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a recurrir el fallo.

Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

[…]

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

Conviene recordar que el precepto citado no solamente es aplicable a la materia penal,  sino que rige todo procedimiento jurisdiccional, conforme a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la jurisprudencia que al efecto ha emitido.

Opinión Consultiva OC-11/90:

28. En materias que conciernen con la determinación de [los] derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter el artículo 8 no especifica garantías mínimas, como lo hace en el numeral 2 al referirse a materias penales. Sin embargo, el concepto de debidas garantías se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene derecho también al debido proceso que se aplica en materia penal. Cabe señalar aquí que las circunstancias de un procedimiento particular, su significación, su carácter y su contexto  en  un  sistema  legal  particular,  son  factores  que  fundamentan  la determinación de si la representación legal es o no necesaria para el debido proceso.

Opinión Consultiva OC-18/03

7. Que el derecho al debido proceso legal debe ser reconocido en el marco de las garantías mínimas que se deben brindar a todo migrante, independientemente de su estatus migratorio. El amplio alcance de la intangibilidad del debido proceso comprende todas las materias y todas las personas, sin discriminación alguna.

De lo anterior resulta que el derecho a recurrir el fallo se actualiza en todo procedimiento jurisdiccional incluido el amparo que participa de dicha naturaleza.

Lo dicho se confirma con el siguiente pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que expresamente señala que al medio de defensa de derechos humanos (juicio de amparo) le resultan aplicables las reglas del debido proceso:

Opinión Consultiva OC-9/87

24. El artículo 25.1 incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos. Como ya la Corte ha señalado, según la Convención

los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos ( art. 25 ), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal ( art. 8.1 ), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (Casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencias del 26 de junio de 1987, párrs. 90, 90 y 92, respectivamente).

Una vez que se ha dejado en claro que al juicio de amparo le resulta aplicable todo el contenido normativo del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se verá cuáles son los alcances del recurso previsto en el inciso h) para luego contrastarlos con los recursos previstos en la Constitución y la Ley de Amparo y determinar si se cumplen las exigencias de este estándar internacional.

A continuación se cita la jurisprudencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido en relación al derecho humano previsto en el inciso h), párrafo 2 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

Caso Mohamed vs Argentina. Sentencia de 23 de noviembre de 2012. Serie C., No. 255:

99. La Corte ha sostenido que el artículo 8.2.h de la Convención se refiere a un recurso ordinario accesible y eficaz. Ello supone que debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada. La eficacia del recurso implica que debe procurar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido. Asimismo, el recurso debe ser accesible, esto es, que no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. En ese sentido, la Corte estima que las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.

100. Debe entenderse que, independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados Partes y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia condenatoria, para que éste sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea. Ello requiere que pueda analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria.

Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C., No. 107:

158. La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona.

161. De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la Corte ha establecido que “no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces”, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos.

164. La posibilidad de “recurrir del fallo” debe ser accesible, sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho.

165. Independientemente de la denominación que se le de al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice una examen integral de la decisión recurrida.

 A manera de resumen se puede señalar que el derecho humano previsto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos exige que el recurso cumpla con los siguientes requisitos:

  • Ser un recurso ordinario, es decir, que puede interponerse antes de que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada.
  • Ser accesible, es decir, con requisitos mínimos de procedencia.
  • Ser eficaz, es decir, que permita combatir efectivamente la resolución contraria a derecho.
  • Ser integral, es decir, que permita realizar un examen integral de la decisión recurrida.

Se hace especial énfasis en el hecho de que el recurso no está limitado a cuestiones de legalidad sino que el recurso tiene por finalidad permitirle al recurrente combatir toda decisión contraria a derecho y el derecho no se agota en la ley sino que abarca a la Constitución, a los tratados internacionales, a la ley, etc.

Ahora veamos cuales son las características del Recurso de Revisión que sirve para impugnar las sentencias de primera instancia dictadas en el juicio de amparo:

Revisión en Amparo Indirecto Revisión Amparo Directo
Amplitud de los agravios – constitucionalidad

– Convencionalidad

– Legalidad

 

En términos constitucionales:

– La materia del recurso es de constitucionalidad

 

En términos legales:

constitucionalidad y

Convencionalidad (art. 81 fracción II)

 

 

Requisito de admisibilidad – En ciertos casos que se exhiban copias para el expediente y para las partes.

 

 

 

– En ciertos casos que se exhiban copias para el expediente y para las partes.

 

 

– Que el asunto fije un criterio de importancia y trascendencia.

 

– En ciertos casos es necesario transcribir la parte que contiene el tema de constitucionalidad

 

A partir de lo que se aprecia en la tabla, en materia de amparo indirecto el recurso de revisión sí cumple con los requisitos del artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues permite un examen integral del fallo recurrido, toda vez que, en dicho recurso, se pueden plantear agravios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. Sin embargo, resulta distinto con respecto al recurso de revisión del amparo directo que, como se revisará a continuación, es más restringido.

La primera restricción consiste en que no pueden plantearse vicios de legalidad. En otras palabras, el recurso de revisión del amparo directo es de constitucionalidad y convencionalidad, pero aun en estos temas existe un requisito adicional consistente en que el tema del recurso debe ser de importancia y de trascendencia.

De esto se sigue que no todo problema de constitucionalidad o convencionalidad puede ventilarse en el recurso de revisión del amparo directo, sino únicamente aquellos casos que fijen un criterio importante y trascendente.

Así las cosas, resulta que en el amparo directo no se cumple la exigencias del artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que el recurso de revisión no es integral pues no permite un examen completo de la resolución impugnada; tampoco  es accesible, en virtud de que se exige que la materia del recurso fije un criterio de importancia y trascendencia.

Básicamente, el problema consiste en que las partes del juicio de amparo no tienen previsto en la ley un recurso que les permita combatir los vicios de legalidad, de constitucionalidad y convencionalidad (no importantes y no trascendentes) cometidos por los tribunales colegiados de circuito cuando resuelven  los juicios de amparo directo.

Ante esta situación es posible recurrir la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito mediante la aplicación directa del artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Obstáculos legales

El primer obstáculo que encontrará quien recurra la sentencia de un Tribunal Colegiado de Circuito será el artículo 80 de la Ley de Amparo, en el cual se establece lo siguiente:

Artículo 80. En el juicio de amparo sólo se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación; y tratándose del cumplimiento de sentencia, el de inconformidad.

Este precepto es fácil de impugnar mediante el control de convencionalidad, más aún cuando la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado expresamente que los Estados Parte no puede establecer restricciones que hagan nugatorio el derecho a recurrir los fallos, previsto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C., No. 107:

161. De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo.

Obstáculos constitucionales

Antes de la reforma constitucional de 2011 en materia de amparo, las sentencias dictadas por los tribunales colegiados, en el contexto del juicio de amparo, estaban calificadas constitucionalmente como irrecurribles en términos de la fracción IX del artículo 107 que, al efecto, establecía:

Art. 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

[…]

IX.- Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales.

Esta redacción fue la que originó que la totalidad de la doctrina concibiera al amparo directo como un procedimiento que, por regla general, era uniinstancial y solo excepcionalmente, biinstancial.

Aquí las palabras de Burgoa (1971):

El juicio de amparo directo es aquel que se instaura ante la Suprema Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en única instancia; es aquel respecto del cual dichos órganos judiciales federales conocen en jurisdicción originaria, esto es, sin que antes de su ingerencia [sic] haya habido ninguna otra instancia, a diferencia de lo que sucede tratándose de amparo indirecto, del que conoce en segunda instancia o en jurisdicción apelada o derivada, mediante la interposición del recurso de revisión contra las sentencias constitucionales pronunciadas por los Jueces de Distrito.

Para mayor conveniencia terminológica evidenciada conforme a las razones que expusimos en el capítulo precedente, debe optarse por denominar al juicio de amparo directo, amparo uni-instancial, en vista de la unidad de instancia que en relación a su conocimiento tiene la Suprema Corte y los Tribunales Colegiados de Circuito (pág. 659).

Si bien es cierto que la denominación de amparo uniinstancial resultaba incorrecta aun antes de la reforma constitucional, porque incluso entonces existía la posibilidad de promover el recurso de revisión (cuando se fijaba un criterio de importancia y trascendencia en materia constitucional), también lo es el hecho de que la Constitución no permitía emplear otro recurso para impugnar las sentencias de amparo directo.

Con la reforma de 2011 en materia de amparo, se eliminó el obstáculo constitucional que impedía la aplicación directa del artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debido a que se suprimió el carácter irrecurrible de las sentencias de amparo dictadas por los tribunales colegiados:

Artículo 107 antes de la reforma constitucional Artículo 107 después de la reforma constitucional
IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales. IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras; […]

Toda vez que con la reforma constitucional de 2011 le quitó el carácter irrecurrible a las sentencias de amparo directo, se eliminó el obstáculo constitucional que existía para aplicar directamente el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por lo tanto, en la actualidad es posible aplicar directamente el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humano y recurrir las sentencias de amparo directo cuando existen vicios de:

  • legalidad
  • constitucionalidad, que no cumplen con los requisitos de importancia y trascendencia.
  • convencionalidad que no cumplen con los requisitos de importancia y trascendencia.

Aquí cabe recordar que las obligaciones generales en materia de derechos humanos autorizan al Poder Judicial para que, ante la omisión del Poder Legislativo de regular un recurso, de acuerdo con el artículo 8.2.h de la Convención, adopte las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos contenidos en los tratados internacionales.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

Obstáculos judiciales

Sin duda, el mayor obstáculo para hacer efectivos los derechos humanos es la mentalidad del Poder Judicial. Aquí un ejemplo: en el expediente varios 503/2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el recurso interpuesto por el quejoso, con el siguiente argumento:

[…]carece de aplicación al caso concreto el artículo 8, inciso h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que a la letra dice: “Artículo 8. Garantías Judiciales. h) derecho de recurrir del [sic] fallo ante juez o tribunal superior…” ya que no es fuente de atribuciones para este Máximo Tribunal Constitucional.

Como se observa, en la mente de la Suprema Corte Justicia de la Nación, los tratados internacionales no surten efecto alguno en su actuar, es decir que los tratados internacionales no le obligan.

En relación con este punto, conviene recordar que el Ejecutivo Federal, al celebrar un tratado internacional, está representando a todo el Estado Mexicano; por lo tanto, todos los órganos estatales de todos los niveles de gobierno están obligados a respetar el compromiso internacional.

De allí que en el artículo 133 de la Constitución se establezca lo siguiente:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.

En relación con esto, en su Observación General número 31 refiriéndose al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos se ha expresado así:

4. Las obligaciones que imponen el Pacto en general y su artículo 2 en particular vinculan a cada Estado Parte en su totalidad. Todos los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) y demás autoridades públicas o gubernamentales, sea cual fuere su rango  —nacional,  regional  o  local — están en condiciones de comprometer la responsabilidad del Estado Parte. El poder ejecutivo que por lo común representa al Estado Parte en el plano internacional, señaladamente ante el Comité, no puede aducir el hecho de que un acto incompatible con una disposición del Pacto ha sido realizado por otro poder público para tratar de liberar al Estado Parte de responsabilidad por el acto y de la consiguiente incompatibilidad. Esta interpretación se desprende directamente del principio enunciado en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en virtud del cual un Estado Parte “no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. Si bien el párrafo 2 del artículo 2 permite que los Estados Parte hagan efectivos los derechos reconocidos en el Pacto con arreglo a los procedimientos constitucionales internos, se desprende del mismo principio que los Estados Parte no pueden invocar las disposiciones de su derecho constitucional ni otros elementos del derecho interno para justificar el incumplimiento o la inaplicación de las obligaciones contraídas en virtud del tratado.

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