I. Las causas de la constitución

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I. Las causas de la constitución 2017-06-04T14:21:51+00:00

Capítulo I. Las causas de la constitución.

Para lograr una mejor comprensión del objeto de estudio del presente libro, en el este apartado se aborda el tema de las causas (material, formal, eficiente y final) de la constitución. Al respecto, se aclara que la perspectiva desde la cual se estudia a la constitución es la perspectiva jurídica, es decir, aquella que considera a la constitución en cuanto a expresión del deber ser que forma parte de los que se denomina Derecho, reconociendo que esta perspectiva es tan solo una de las posibles para estudiar el fenómeno constitucional.

 

Causa material de la constitución.

Cuando se pretende averiguar la causa material de un objeto, básicamente se busca dar respuesta a la pregunta qué es una determinada cosa, de qué está hecho. Tratándose de la constitución, la causa material está conformada por un conjunto de enunciados normativos. Se emplea el término enunciados normativos por ser más amplio que el concepto tradicional de norma jurídica, que no abarca todos los elementos que se pueden encontrar una constitución.

Para efectos de este trabajo, “Los enunciados jurídicos constituyen, nos parece, las unidades más elementales del Derecho,” (Atienza & Ruiz, 2005, pág. 19).

Al decir que la constitución es un conjunto de enunciados normativos se quiere hacer énfasis en que la constitución está conformada por diversos tipos de expresiones del deber ser jurídico, por ejemplo: principios en sentido amplio, principios en sentido estricto, directrices, reglas de acción, reglas de fin, reglas que confieren poderes (competencias y capacidades), reglas constitutivas, definiciones, normas primarias, secundarias y la regla de reconocimiento

[i]. La constitución, al igual que los ordenamientos jurídicos, está conformada por múltiples elementos, algunos encuadran dentro del concepto de norma, otros no, por esa razón es que se emplea el concepto de enunciados normativos. Si posteriormente al hacer referencia a la constitución se utiliza el concepto de norma, únicamente será para efectos prácticos y ello sin pasar por alto que el Derecho está conformado por elementos que no pueden ser definidos como normas.

Por otra parte, el hecho de reconocer que la constitución está conformada por distintas clases de enunciados normativos, permite alcanzar una mayor comprensión de las relaciones de irregularidad que pueden darse entre la constitución y los enunciados normativos que poseen una menor jerarquía dentro de un sistema jurídico; situación por la que vale conceptuar a la constitución como un conjunto de enunciados normativos y no simplemente como un conjunto de normas.

A continuación se procede a dar algunos ejemplos de los distintos enunciados normativos que se pueden encontrar en la CPEUM de 1917, empleando los conceptos aportados en “Las piezas del Derecho” (Atienza & Ruiz, 2005):

Tipo de enunciado normativo 1: Directriz

Descripción: Enunciado normativo cuyas condiciones de aplicación no se encuentran siquiera genéricamente determinadas y cuyo cumplimiento es susceptible de graduación tomando en cuenta su concurrencia con otros fines y los medios disponibles. Representan mandatos que exigen la obtención de cierto estado de cosas.

Ejemplo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

 

Tipo de enunciado normativo 2: Principio en sentido estricto

Descripción: Enunciado normativo cuyas condiciones de aplicación no se encuentran siquiera genéricamente determinadas y cuyo cumplimiento no es susceptible de graduación (situación que no impide que existan colisiones entre principios en sentido estricto y que por ello sean susceptibles de ponderación). Constituyen razones categóricas frente a cualesquiera intereses.

Ejemplo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917:

Artículo 1…

Queda  prohibida  toda  discriminación  motivada  por  origen  étnico  o  nacional,  el  género,  la  edad,  las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

 

Tipo de enunciado normativo 3: Regla de Acción

Descripción: Enunciado normativo cuyas condiciones de aplicación se encuentran determinadas y cuyo cumplimiento no es susceptible de graduación. Representan mandatos que exigen una conducta determinada.

Ejemplo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917:

Artículo 8…

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

 

Tipo de enunciado normativo 4: Regla de fin

Descripción: Enunciado normativo cuyas condiciones de aplicación se encuentran siquiera genéricamente determinadas y cuyo cumplimiento es susceptible de graduación. Representan mandatos que exigen la obtención de un determinado estado de cosas.

Ejemplo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917:

Artículo 1°…

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

 

Tipo de enunciado normativo 5: Regla que confiere poderes

Descripción: Enunciado normativo cuyo antecedente está formado por dos elementos: un estado de cosas en el que aparecen hechos bien sean naturales o institucionales y una acción que puede ser también natural o institucional; mientras que su consecuente está formado por un resultado institucional o normativo.

Ejemplo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917:

Artículo 84. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, ocurrida en los dos primeros años  del  período  respectivo,  si  el  Congreso  estuviere  en  sesiones,  se  constituirá  inmediatamente  en Colegio  Electoral,  y  concurriendo  cuando  menos  las  dos  terceras  partes  del  número  total  de  sus miembros,  nombrará  en  escrutinio  secreto  y  por  mayoría  absoluta  de  votos,  un  presidente  interino;  el mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes al de la designación de presidente interino, la convocatoria para la elección del presidente que deba concluir el período respectivo; debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la verificación de las elecciones, un plazo no menor de catorce meses, ni mayor de dieciocho.

 

Tipo de enunciado normativo 6: Reglas puramente constitutivas

Descripción: Enunciado normativo cuyo antecedente está formado por un estado de cosas en el que aparecen hechos bien sean naturales o institucionales mientras que su consecuente está formado por un resultado institucional o normativo. El cambio normativo se produce sin que tenga que realizarse ninguna acción.

Ejemplo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917:

Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Tipo de enunciado normativo 7: Actos normativos

Descripción: Enunciados normativos que hacen referencia a un evento normativo.

Ejemplo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917:

Artículos Transitorios

Artículo  Primero.  Esta  Constitución  se  publicará  desde  luego  y  con  la  mayor  solemnidad  se protestará  guardarla  y  hacerla  guardar  en  toda  la  República;  pero  con  excepción  de  las  disposiciones relativas a las elecciones de los Supremos Poderes Federales y de los Estados, que desde luego entran en vigor, no comenzará a regir sino desde el día 1o. de Mayo de 1917, en cuya fecha deberá instalarse solemnemente el Congreso Constitucional y prestar la protesta de ley el ciudadano que resultare electo en las próximas elecciones para ejercer el cargo de Presidente de la República.

 

Tipo de enunciado normativo 8: Definiciones

Descripción: Enunciados normativos que determinan el contenido de un concepto jurídico.

Ejemplo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917:

Artículo 3…

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

 

Éstos son algunos de los tipos de enunciados normativos que se pueden encontrar en la CPEUM. Como se puede observar, el concepto de norma resulta insuficiente para designar a los diversos elementos que conforman una constitución, es por ello que el término enunciado normativo es más adecuado.

En conclusión, la pregunta qué es la constitución, se responde desde la perspectiva jurídica, afirmando que la constitución  es un conjunto de enunciados normativos.

Enseguida se procede a tratar el tema relativo a la causa formal de la constitución.

 

Causa formal de la constitución

En el apartado anterior se concluyó que la constitución es un conjunto de enunciados normativos, ahora se averiguará cómo son esos enunciados normativos para así conocer la causa formal de la constitución. En otras palabras, conocer la causa formal implica identificar la diferencia específica del objeto de estudio.

El atributo que permite distinguir a la constitución del resto de las normas (se emplea el término norma para efectos prácticos) que conforman un sistema jurídico, es el de la supremacía.

El que una norma jurídica sea suprema implica que dicha norma es el referente normativo que sirve para determinar la regularidad del resto de las normas jurídicas que conforman un sistema jurídico. Por lo tanto, una norma que es suprema tiene la capacidad de anular el resto de las normas jurídicas.

Con la finalidad de evitar confusiones y dado que los términos que se emplearán en este libro tienen diversos significados según la doctrina que se consulte, a continuación se definen los siguientes conceptos:

Regularidad: por regularidad se entiende “la relación de correspondencia entre un grado inferior y un grado superior del orden jurídico.” (Kelsen, 1974, págs. 473, 474). La regularidad puede versar sobre los contenidos de las normas y en dicho caso se hablará de regularidad material, pero también puede referir a los sujetos competentes y a los procedimientos que tienen por efecto crear y modificar normas jurídicas, en cuyo caso se hablará de regularidad formal.

Vigencia: por vigencia se entenderá el atributo que tiene por efecto mostrar al enunciado normativo como expresión del deber ser. Para efecto de este libro, la vigencia está íntimamente relacionada con el ámbito temporal de validez y refiere a la obligatoriedad de un enunciado normativo sin importar la regularidad del mismo.

Eficacia: la eficacia se refiere a la observancia y aplicación del enunciado normativo en un momento histórico determinado.

Respecto del término validez, cabe señalar que el mismo es usado con múltiples significados y en diversos contextos, situación que dificulta la comunicación, es por ello que dicho término será usado en la menor medida de lo posible y en su lugar se emplearán los conceptos de regularidad, vigencia y eficacia por considerar que son más precisos y no producen las confusiones propias del vocablo validez.

Es importante mencionar que la vigencia de una norma, no implica su regularidad y viceversa, pues bien pueden existir normas irregulares que son vigentes hasta en tanto no sean eliminadas del sistema jurídico, por ejemplo las leyes anticonstitucionales respecto de las cuales aún no existe una declaración por parte del órgano de control constitucional que las califique como contrarias a la constitución.

Usualmente la irregularidad de la norma condiciona su obligatoriedad, pues la norma irregular es vinculante hasta el momento en que una autoridad  competente declara  su  irregularidad.

En ese orden de ideas, una norma jurídica es suprema cuando tiene la capacidad de contrarrestar los efectos normativos de las normas que la contradicen, sea por la vía de la nulidad, la anulabilidad, la preferencia en la aplicación o cualquier otro mecanismo.

Por lo que respecta a la Constitución Mexicana de 1917 existen varios preceptos que refieren a la supremacía constitucional:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados  que  estén  de  acuerdo  con  la  misma,  celebrados  y  que  se  celebren  por  el  Presidente  de  la República,  con  aprobación  del  Senado,  serán  la  Ley  Suprema  de  toda  la  Unión.  Los  jueces  de  cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia  de  éstos,  y  por  los  de  los  Estados,  en  lo  que  toca  a  sus  regímenes  interiores,  en  los términos  respectivamente  establecidos  por  la  presente  Constitución  Federal  y  las  particulares  de  los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

Los artículos 41 y 133 de la  Constitución Federal, establecen que la Constitución Federal tiene preferencia respecto de las disposiciones contenidas en las constituciones y leyes locales, así mismo el artículo 133 establece que los tratados internacionales y las leyes federales deben estar de acuerdo con la Constitución Federal para poder ser aplicados en todo el territorio nacional.

Por su parte, los artículos 103, 105 y 107 establecen mecanismos para garantizar la supremacía y la eficacia de la Constitución:

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

I.  Por  normas  generales,  actos  u  omisiones  de  la  autoridad  que  violen  los  derechos  humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y

III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.

 

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I.     De  las  controversias  constitucionales  que,  con  excepción  de  las  que  se  refieran  a  la  materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre:

a)    La Federación y un Estado o el Distrito Federal;

b)    La Federación y un municipio;

c)    El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal;

d)    Un Estado y otro;

e)    Un Estado y el Distrito Federal;

f)     El Distrito Federal y un municipio;

g)    Dos municipios de diversos Estados;

h)    Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

i)     Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

j)     Un  Estado  y  un  municipio  de  otro  Estado,  sobre  la  constitucionalidad  de  sus  actos  o disposiciones generales; y

k)    Dos  órganos  de  gobierno  del  Distrito  Federal,  sobre  la  constitucionalidad  de  sus  actos  o disposiciones generales.

Siempre  que  las  controversias  versen  sobre  disposiciones  generales  de  los  Estados  o  de  los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

En  los  demás  casos,  las  resoluciones  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  tendrán  efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.

II.    De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

La  única  vía  para  plantear  la  no  conformidad  de  las  leyes  electorales  a  la  Constitución  es  la prevista en este artículo.

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes  de  que  inicie el  proceso  electoral  en  que  vayan  a  aplicarse,  y durante  el  mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos.

III.   De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del Procurador General de la República, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no  tendrá  efectos  retroactivos,  salvo  en  materia  penal,  en  la  que  regirán  los  principios  generales  y disposiciones legales aplicables de esta materia.

En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros párrafos de la fracción XVI del artículo 107 de esta Constitución.

 

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto  reclamado  viola  los  derechos  reconocidos  por  esta  Constitución  y  con  ello  se  afecte  su  esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

Cuando  en  los  juicios  de  amparo  indirecto  en  revisión  se  resuelva  la  inconstitucionalidad  de  una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente.

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la  cual se  determine  la  inconstitucionalidad  de  una  norma  general,  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria.

IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable  mediante  algún  medio  de  defensa  legal.  Será  necesario  agotar  estos  medios  de  defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances  que  los  que  prevé  la  ley  reglamentaria  y  sin  exigir  mayores  requisitos  que  los  que  la  misma consigna  para  conceder  la  suspensión  definitiva,  ni  plazo  mayor  que  el  que  establece  para  el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.

No  existe  obligación  de  agotar  tales  recursos  o  medios  de  defensa  si  el  acto  reclamado  carece  de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:

a)  Cuando  habiéndose  impugnado  en  la  demanda  de  amparo  normas  generales  por  estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

b)  Cuando  se  trate  de  los  casos  comprendidos  en  las  fracciones  II  y  III  del  artículo  103  de  esta Constitución.

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los tribunales colegiados de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno;

IX. En  materia  de  amparo  directo  procede  el  recurso  de  revisión  en  contra  de  las  sentencias  que resuelvan  sobre  la  constitucionalidad  de  normas  generales,  establezcan  la  interpretación  directa  de  un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre  que  fijen  un  criterio  de  importancia  y  trascendencia,  según  lo  disponga  la  Suprema  Corte  de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras;

 

Los artículos 103, 105 y 107 de la CPEUM contemplan garantías jurisdiccionales que tienen por finalidad salvaguardar tanto la supremacía de la CPEUM en su calidad de norma jurídica, como la eficacia, es decir su plena observancia.

Es importante mencionar que los preceptos citados incluso establecen nulidades como mecanismos para garantizar la supremacía de la constitución.

Ahora bien, una norma jurídica es superior en relación a otra cuando la primera regula la manera en que la segunda norma debe ser creada, controlando aspectos de competencia, procedimientos de creación y contenidos.

Por lo que hace a los aspectos formales, la norma superior establece en primer lugar quienes son los sujetos facultados para realizar tal acto   jurídico asignando competencias o capacidades; en segundo lugar, la norma superior establece los procedimientos a seguir para la creación de las normas jurídicas inferiores. A continuación se citan algunos casos que ejemplifican cómo la CPEUM regula los aspectos formales de las normas inferiores.

Artículo  50.  El  poder  legislativo  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  se  deposita  en  un  Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores.

 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I.  Al Presidente de la República;

II.  A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;

III.  A las Legislaturas de los Estados; y

IV.  A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas.

El  día  de  la  apertura  de  cada  periodo  ordinario  de  sesiones  el  Presidente  de  la  República  podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado  en  periodos  anteriores,  cuando  estén  pendientes  de  dictamen.  Cada  iniciativa  deberá  ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales.

Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá  ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución.

 

Artículo  72.  Todo  proyecto  de  ley  o  decreto,  cuya  resolución  no  sea  exclusiva  de  alguna  de  las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones:

 

Artículo 120. Los Gobernadores de los Estados están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales.

 

Como se puede observar el artículo 50 constitucional establece la competencia del Congreso de la Unión para expedir normas generales, a su vez el artículo 71 establece qué sujetos tiene la facultad de presentar iniciativas de ley o decretos ante el Congreso de la Unión y los artículos 72 y 120 establecen respectivamente los procesos de discusión y publicación de las leyes federales.

Enseguida se analiza otro ejemplo relativo a cómo la CPEUM regula los procesos de creación de las normas inferiores.

Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.”

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I.        Promulgar  y  ejecutar  las  leyes  que  expida  el  Congreso  de  la  Unión,  proveyendo  en  la  esfera administrativa a su exacta observancia.

Artículo  90.  La  Administración  Pública  Federal  será  centralizada  y  paraestatal  conforme  a  la  Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que  estarán  a  cargo  de  las  Secretarías  de  Estado  y  definirá  las  bases  generales  de  creación  de  las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

Los artículos transcritos constituyen los fundamentos constitucionales de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal. En ese sentido el artículo 80 establece la competencia, pues señala que el Poder Ejecutivo Federal recae en un solo individuo denominado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que el artículo 89 fracción I establece los alcances de la facultad reglamentaria, a saber, su subordinación a la ley y un ámbito personal de validez particular, que en este caso es la Administración Pública Federal prevista en el artículo 90 Constitucional.

Ahora se analiza un caso de normas individualizadas creadas por el Poder Judicial.

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia,  en  un  Tribunal  Electoral,  en  Tribunales  Colegiados  y  Unitarios  de  Circuito  y  en  Juzgados  de Distrito.

 

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

I.  Por  normas  generales,  actos  u  omisiones  de  la  autoridad  que  violen  los  derechos  humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y

III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.

 

Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán:

I. De los procedimientos relacionados con delitos del orden federal;

II.  De  todas  las  controversias  del  orden  civil  o  mercantil  que  se  susciten  sobre  el  cumplimiento  y aplicación  de  leyes  federales  o  de  los  tratados  internacionales  celebrados  por  el  Estado  Mexicano.  A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común.

Las  sentencias  de  primera  instancia  podrán  ser  apelables  ante  el  superior  inmediato  del  juez  que conozca del asunto en primer grado;

III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e) del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales  conocerán  los  Tribunales  Colegiados  de  Circuito,  se  sujetarán  a  los  trámites  que  la  ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en  contra  de  las  resoluciones  que  en  ellas  dicten  los  Tribunales  Colegiados  de  Circuito  no  procederá juicio o recurso alguno;

IV. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo;

V. De aquellas en que la Federación fuese parte;

VI.  De  las  controversias  y  de  las  acciones  a  que  se  refiere  el  artículo  105,  mismas  que  serán  del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

VII. De las que surjan entre un Estado y uno o más vecinos de otro, y

VIII. De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y Consular.

 

Los anteriores preceptos establecen algunas de las competencias del Poder Judicial.

 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio  seguido  ante  los  tribunales  previamente  establecidos,  en  el  que  se  cumplan  las  formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en  virtud  de  mandamiento  escrito  de  la  autoridad  competente,  que  funde  y  motive  la  causa  legal  del procedimiento.

 

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla  en  los  plazos  y  términos  que  fijen  las  leyes,  emitiendo  sus  resoluciones  de  manera  pronta, completa  e  imparcial.  Su  servicio  será  gratuito,  quedando,  en  consecuencia,  prohibidas  las  costas judiciales.

El  Congreso  de  la  Unión  expedirá  las  leyes  que  regulen  las  acciones  colectivas.  Tales  leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

Las  leyes  preverán  mecanismos  alternativos  de  solución  de  controversias.  En  la  materia  penal regularán  su  aplicación,  asegurarán  la  reparación  del  daño  y  establecerán  los  casos  en  los  que  se requerirá supervisión judicial.

Las  sentencias  que  pongan  fin  a  los  procedimientos  orales  deberán  ser  explicadas  en  audiencia pública previa citación de las partes.

Las  leyes  federales  y  locales  establecerán  los  medios  necesarios  para  que  se  garantice  la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.

 

Las disposiciones constitucionales transcritas regulan el procedimiento necesario para ejercer la función jurisdiccional.

Por otra parte, cuando la norma jurídica superior regula aspectos de contenido, el efecto es que la norma jurídica establece en forma previa el sentido de la norma jurídica inferior, o al menos se establece un contenido que no debe ser contrariado  o restringido  por  la norma jurídica inferior.

A continuación se citan algunos casos que ejemplifican cómo la norma constitucional regula los contenidos de las normas inferiores:

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos  de  conformidad  con  los  principios  de  universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

El artículo primero constitucional, al establecer la obligación de toda autoridad de respetar los derechos humanos contenidos en la CPEUM y los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, regula el ejercicio de las facultades normativas de todas las autoridades del país, ya que las normas inferiores no pueden restringir los derechos reconocidos por la CPEUM y en caso de hacerlo dichas normas pueden ser impugnadas mediante los mecanismos de control constitucional.

Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de  aquellos  delincuentes  del  orden  común  que  hayan  tenido  en  el  país  donde  cometieron  el  delito,  la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Por su parte el artículo 15 constitucional regula algunos aspectos relacionados con los contenidos de los tratados internacionales que el Estado Mexicano celebre.

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados  que  estén  de  acuerdo  con  la  misma,  celebrados  y  que  se  celebren  por  el  Presidente  de  la República,  con  aprobación  del  Senado,  serán  la  Ley  Suprema  de  toda  la  Unión.

El artículo 133 de la CPEUM regula materialmente a los tratados internacionales pues establece que los mismos serán la Ley Suprema de la Unión siempre y cuando estén de acuerdo con la propia CPEUM.

De lo expuesto hasta este punto, se concluye que la constitución es un conjunto de enunciados normativos que tienen por atributo distintivo el ser supremos, es decir tienen la capacidad de contrarrestar los efectos normativos de otros enunciados normativos que los contradigan.

 

Causa eficiente de la constitución.

La causa eficiente de una cosa, refiere la fuente de donde proviene. Respecto de la constitución ya se ha visto que la misma es un conjunto de enunciados normativos supremos, y ahora lo que se busca, es conocer quién crea esos enunciados normativos supremos.

Si se pregunta quién crea la constitución, la respuesta es un sujeto que cuenta con soberanía. En relación al concepto de soberanía existe una gran discusión en el terreno de lo político, misma que no será abordada por constituir dicho enfoque una perspectiva distinta la empleada en este libro, que es la jurídica.

Conviene usar el concepto de Haenel de soberanía, citado en el Libro “El ARTÍCULO 14 Y EL JUICIO CONSTITUCIONAL” (Rabasa, 2000, pág. 78): “la soberanía consiste en ‘la facultad del Estado de determinar por sí mismo su propia competencia’.”

En ese orden de ideas un sujeto es soberano, si en relación a un ordenamiento jurídico particular, no existe norma alguna que regule su conducta. Tradicionalmente a dicho sujeto se le conoce con el nombre de órgano o poder constituyente.

Cabe mencionar que existe una discusión respecto a los límites del poder constituyente, pues existe una postura doctrinal que indica que el poder constituyente se encuentra limitado por el derecho internacional y que por lo tanto es falso afirmar que su conducta no se encuentra limitada por normas jurídicas.

Al respecto es útil precisar que el poder constituyente es soberano desde una perspectiva del derecho interno (por derecho interno se entiende el ordenamiento jurídico propio de un Estado), pues en el ordenamiento jurídico estatal no existe norma jurídica alguna que limite al poder constituyente, ya que es el propio constituyente quién establece las bases del sistema jurídico interno. Es decir, el creador del sistema jurídico (poder constituyente) no se puede ver limitado por su creación (el derecho interno).

Situación distinta aquella en la que se analiza el actuar del poder constituyente a la luz del derecho internacional, en la que sí puede hablarse de limitantes jurídicas al poder constituyente, tal y como las normas de ius cogens.
En el caso de México, la Constitución de 1917 establece que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo:

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana  del  pueblo  y  se  instituye  para  beneficio  de  éste.  El  pueblo  tiene  en  todo  tiempo  el  inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

El precepto citado, reconoce al pueblo mexicano como soberano. Al respecto cabría preguntar, si el pueblo mexicano es soberano, por qué se encuentra sometido al ordenamiento jurídico que deriva de la Constitución de 1917.

En relación a ello habría que mencionar que la Constitución de 1917 es producto de la voluntad popular, de donde se desprende que la observancia de la CPEUM por parte del pueblo mexicano no implica una imposición ajena a su voluntad, sino que implica dar eficacia a sus propias decisiones políticas.

Por su parte el artículo 41 señala la forma en que el pueblo mexicano ejerce su soberanía:

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia  de  éstos,  y  por  los  de  los  Estados,  en  lo  que  toca  a  sus  regímenes  interiores,  en  los términos  respectivamente  establecidos  por  la  presente  Constitución  Federal  y  las  particulares  de  los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

Si bien el artículo 41 señala que el pueblo “ejerce” su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, ello debe entenderse en el sentido de que las decisiones políticas tomadas por el pueblo mexicano en su calidad de poder constituyente (único soberano), serán respetadas por todas las autoridades creadas en la estructura política instaurada por la CPEUM.

Lo anterior es así, debido a que únicamente el poder constituyente puede actuar sin limitación jurídica alguna, mientras que el resto de los órganos de gobierno deberán observar plenamente el texto constitucional, tal y como lo señalan los artículos:

Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Artículo  136.  Esta  Constitución  no  perderá  su  fuerza  y  vigor,  aun  cuando  por  alguna  rebelión  se interrumpa su  observancia.  En caso de que por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta.

Por otra parte, el artículo 40 constitucional establece que en la forma de gobierno es Representativa y ello sirve para interpretar cuál es el sentido del artículo 41 que señala que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes constituidos. Es decir, el pueblo constituido inicialmente como un poder soberano otorgó la CPEUM y una vez hecho eso encomendó a los poderes constituidos la realización de las decisiones políticas tomadas al crear la CPEUM.

Artículo  40.  Es  voluntad  del  pueblo  mexicano  constituirse  en  una  República  representativa, democrática,  laica,  federal,  compuesta  de  Estados  libres  y  soberanos  en  todo  lo  concerniente  a  su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

En conclusión, una constitución es otorgada por un poder soberano, entendiendo por soberano aquel poder que puede realizar actos normativos (como la creación de normas jurídicas) sin que su actuar esté limitado por disposición alguna de derecho interno, pues precisamente el poder soberano, al expedir la constitución, establece las bases mismas del sistema jurídico de un Estado.

 

Causa final de la constitución.

Conocer la causa final de un objeto implica identificar la finalidad para la cual está hecha una cosa. Si se quiere averiguar la causa final de la constitución debe darse respuesta a la pregunta para qué se crean las constituciones, cuál es la razón de ser de una constitución.

En relación a este tema cabe recordar que el constitucionalismo surge como un movimiento social en contra del abuso del poder, de donde se desprende que una de las finalidades de una constitución es precisamente evitar la arbitrariedad y los excesos en el ejercicio del poder político. En ese contexto, la CPEUM tiene ciertos presupuestos respecto a las autoridades, a continuación se enuncian algunos:

Las autoridades tienden a concentrar el poder.
Las autoridades tienden a abusar de los poderes que les fueron conferidos.
Las autoridades tienden a emplear los recursos públicos de manera deshonesta.
De lo anterior, se concluye que uno de los principales fines que busca realizar una constitución es evitar el abuso del poder.

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial,  y  no  podrán  reunirse  dos  o  más  de  estos  poderes  en  una  sola  persona  o  corporación,  ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los preceptos citados establecen un mecanismo para prevenir la concentración de facultades en un solo sujeto, ya que dicha concentración implicaría un grave riesgo para el pueblo mexicano, único soberano en términos del artículo 39 de la Constitución.

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite

I.  Por  normas  generales,  actos  u  omisiones  de  la  autoridad  que  violen  los  derechos  humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y

III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.

 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio  seguido  ante  los  tribunales  previamente  establecidos,  en  el  que  se  cumplan  las  formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

Los artículos transcritos claramente muestran los posibles abusos que pueden cometer las autoridades, es por ello que en la CPEUM se prevén normas que implican límites a las facultades conferidas así como mecanismos que garantice el orden social instaurado por la propia CPEUM.

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito   Federal   y   los   órganos   político-administrativos   de   sus   demarcaciones   territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones  públicas  mediante  convocatoria  pública  para  que  libremente  se  presenten  proposiciones solventes  en  sobre  cerrado,  que  será  abierto  públicamente,  a  fin  de  asegurar  al  Estado  las  mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Si la CPEUM considerara que las autoridades son personas honestas, honradas que además cuentan con un gran sentido de autocontrol, sería ocioso el establecer normas como las que se acaban de citar. En consecuencia, es válido afirmar que la CPEUM presupone la desconfianza hacia las autoridades y ello justifica la existencia de derechos y garantías frente al poder.

Al respecto se podría preguntar, cuáles son los tipos de poderes que la CPEUM busca frenar o controlar, a lo que habría que contestar: la fuerza pública, el poder político y el poder económico, por mencionar algunos. Se citan algunos preceptos constitucionales que ejemplifican lo anterior:

 Artículo 16…

….

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.

Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan  exacta  conexión  con  la  disciplina  militar.  Solamente  habrá  Comandancias  Militares  fijas  y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.

 

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios  de  Despacho,  los  diputados  a  la  Asamblea  del  Distrito  Federal,  el  Jefe  de  Gobierno  del Distrito  Federal,  el  Procurador  General  de  la  República,  el  Procurador  General  de  Justicia  del  Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito  Federal,  los  Consejeros  de  la  Judicatura  del  Distrito  Federal,  el  consejero  Presidente,  los consejeros  electorales,  y  el  secretario  ejecutivo  del  Instituto  Federal  Electoral,  los  magistrados  del Tribunal  Electoral,  los  directores  generales  y  sus  equivalentes  de  los  organismos  descentralizados, empresas  de  participación  estatal  mayoritaria,  sociedades  y  asociaciones  asimiladas  a  éstas  y fideicomisos públicos.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

 

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas  monopólicas,  los  estancos  y  las  exenciones  de  impuestos  en  los  términos  y condiciones  que  fijan  las  leyes.  El  mismo  tratamiento  se  dará  a  las prohibiciones a título de protección a la industria.

En  consecuencia,  la  ley  castigará  severamente,  y  las  autoridades  perseguirán  con  eficacia,  toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general,  todo  lo  que  constituya  una  ventaja  exclusiva  indebida  a  favor  de  una  o  varias  personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

Cabe aclarar que la CPEUM persigue varios fines y no uno solo. Al respecto basta con observar el contenido de los diversos textos constitucionales que muestran una infinidad de valores (derechos, libertades, formas de gobierno, criterios de política pública, etc.) que, por considerarse fundamentales para una comunidad política son plasmados en la norma suprema.

En ese orden de ideas, las constituciones resultan ser cuerpos normativos expedidos a favor de los particulares, en los que se puede encontrar un catálogo de derechos y libertades oponibles a las autoridades constituidas.

Por otra parte, en las constituciones también se establecen estados de cosas deseables por medio de reglas de fin o directrices que obligan a las autoridades a buscar su realización, como en el artículo 25 constitucional:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral  y  sustentable,  que  fortalezca  la  Soberanía  de  la  Nación  y  su  régimen  democrático  y  que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

En conclusión, la finalidad de una constitución es en primer lugar evitar el abuso del poder, así como establecer los valores fundamentales que regirán a una determinada comunidad política, sean éstos derechos para los particulares o directrices que trasciendan a la política pública de un Estado.

[i] En relación a los conceptos de normas primarias, secundarias y regla de reconocimiento, véase “El concepto del Derecho” de H.L.A. Hart.
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