II. Ámbitos de validez de la norma constitucional

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II. Ámbitos de validez de la norma constitucional 2017-06-04T14:24:12+00:00

Capítulo II. Ámbitos de validez de la norma constitucional.

Los ámbitos de validez de una norma hacen referencia a las dimensiones en que una norma resulta obligatoria. En otras palabras, los ámbitos de validez representan los alcances de la obligatoriedad de un enunciado normativo.

La doctrina reconoce cuatro ámbitos de validez, a saber, el material, el personal, el temporal y el espacial.

Ámbito material de validez de la constitución.

Al hablar del ámbito material de una norma, se designa a la realidad social objeto de regulación.

En ese sentido la constitución, al ser creación de un poder soberano, puede regular cualquier materia, sea ésta civil, penal, laboral, administrativa, política, electoral, mercantil, ambiental, económica, política exterior, fiscal, etc., incluyendo en cualquier caso tanto el aspecto sustantivo como el adjetivo. A continuación se citan algunos ejemplos:

Artículo 4…

Toda  persona  tiene  derecho  a  un  medio  ambiente  sano  para  su  desarrollo  y  bienestar.  El  Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

Artículo 26.

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez,  dinamismo,  permanencia  y  equidad  al  crecimiento  de  la  economía  para  la  independencia  y  la democratización política, social y cultural de la Nación.

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I…

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Artículo  40.  Es  voluntad  del  pueblo  mexicano  constituirse  en  una  República  representativa, democrática,  federal,  compuesta  de  Estados  libres  y  soberanos  en  todo  lo  concerniente  a  su  régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I.   Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal;

X.           Para  legislar  en  toda  la  República  sobre  hidrocarburos,  minería,  sustancias  químicas, explosivos,  pirotecnia,  industria  cinematográfica,  comercio,  juegos  con  apuestas  y  sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;

XVII.      Para  dictar  leyes  sobre  vías  generales  de  comunicación,  y  sobre  postas  y  correos,  para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.

XVIII.     Para  establecer  casas  de  moneda,  fijar  las  condiciones  que  ésta  deba  tener,  dictar  reglas para  determinar  el  valor  relativo  de  la  moneda  extranjera  y  adoptar  un  sistema  general  de pesas y medidas;

XIX.       Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el precio de estos.

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I…

X.      Dirigir  la  política  exterior  y  celebrar  tratados  internacionales,  así  como  terminar,  denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación  internacional  para  el  desarrollo;  el  respeto,  la  protección  y  promoción  de  los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán:

I. De los procedimientos relacionados con delitos del orden federal;

II.  De  todas  las  controversias  del  orden  civil  o  mercantil  que  se  susciten  sobre  el  cumplimiento  y aplicación  de  leyes  federales  o  de  los  tratados  internacionales  celebrados  por  el  Estado  Mexicano.  A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común.

Las  sentencias  de  primera  instancia  podrán  ser  apelables  ante  el  superior  inmediato  del  juez  que conozca del asunto en primer grado;

III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e) del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales  conocerán  los  Tribunales  Colegiados  de  Circuito,  se  sujetarán  a  los  trámites  que  la  ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en  contra  de  las  resoluciones  que  en  ellas  dicten  los  Tribunales  Colegiados  de  Circuito  no  procederá juicio o recurso alguno;

IV. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo;

V. De aquellas en que la Federación fuese parte;

VI.  De  las  controversias  y  de  las  acciones  a  que  se  refiere  el  artículo  105,  mismas  que  serán  del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

VII. De las que surjan entre un Estado y uno o más vecinos de otro, y

VIII. De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y Consular.

De los preceptos citados, se aprecia que la CPEUM abarca  todas las materias de regulación jurídica e incluso establece mecanismos para obtener una solución jurídica para aquellas circunstancias que no fueron previstas por el constituyente. Un ejemplo de lo anterior es derecho de acceso a la justicia del artículo 17, mismo que interpretado de manera conjunta con el artículo 14 constitucional que establece como fuente de derecho a los principios generales del derecho, permiten que todas las pretensiones que sean planteadas a los órganos jurisdiccionales tengan una regulación jurídica.

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla  en  los  plazos  y  términos  que  fijen  las  leyes,  emitiendo  sus  resoluciones  de  manera  pronta, completa  e  imparcial.  Su  servicio  será  gratuito,  quedando,  en  consecuencia,  prohibidas  las  costas judiciales.
Artículo 14…

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

Asimismo la CPEUM establece una distribución de competencias que abarca cualquier materia, según se aprecia del artículo 124 de la CPEUM:

Artículo  124. Las  facultades  que  no  están  expresamente  concedidas  por  esta  Constitución  a  los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.

En conclusión, la constitución carece de restricciones en cuanto al ámbito material de validez y en consecuencia puede regular cualquier aspecto de la realidad social de la comunidad política en la que surge.

 

Ámbito personal de validez de la constitución

El ámbito personal de validez está constituido por los sujetos a los que una determinada norma les resulta aplicable y por ende obligatoria.

A efecto de determinar el ámbito personal de validez de la CPEUM se citan los siguientes preceptos:

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos  de  conformidad  con  los  principios  de  universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

 

Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

La Ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.

Nadie  podrá  ser  obligado  a  prestar  trabajos  personales  sin  la  justa  retribución  y  sin  su  pleno consentimiento,  salvo  el  trabajo  impuesto  como  pena  por  la  autoridad  judicial,  el  cual  se  ajustará  a  lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito,  pero  serán  retribuidas  aquéllas  que  se  realicen  profesionalmente  en  los  términos  de  esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa.

Tampoco  puede  admitirse  convenio  en  que  la  persona  pacte  su proscripción  o  destierro,  o  en  que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.

El  contrato  de  trabajo  sólo  obligará a prestar el  servicio  convenido  por  el  tiempo  que  fije la  ley,  sin poder  exceder  de  un  año  en  perjuicio  del  trabajador,  y  no  podrá  extenderse,  en  ningún  caso,  a  la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles.

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona.

 

Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

 

Artículo  136.  Esta  Constitución  no  perderá  su  fuerza  y  vigor,  aun  cuando  por  alguna  rebelión  se interrumpa su  observancia.  En caso de que por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta.

De los preceptos resulta que la CPEUM es obligatoria tanto para los particulares como para las autoridades, de donde se sigue que él único excluido es el poder constituyente, es decir el poder soberano que creó la CPEUM, pues el resto de los sujetos que conforman la comunidad mexicana se encuentran obligados por el texto constitucional.

Una vez dicho lo anterior, resulta claro que todas las autoridades pueden de hecho,  transgredir la CPEUM cuando su conducta no observe lo dispuesto por los preceptos de la Carta Magna, es por esa razón que los criterios de “jurisprudencia” (por llamarlos de alguna forma, ya que ni siquiera cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 107 constitucional para ser considerados jurisprudencia, ello en virtud de que la jurisprudencia es una fuente formal de derecho subordinada a la norma que interpreta y en el presente caso no existe precepto constitucional alguno que permita interpretar que los jueces de distrito no pueden violar los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y por el contrario existe el artículo 1° constitucional que los obliga a respetar los derechos fundamentales) que a continuación se citan son anticonstitucionales:

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.

Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Jurisprudencia. Contradicción de tesis 14/94. Entre las sustentadas por los Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, entre otros. 14 de noviembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. V, Enero de 1997, página 5. No. de registro 199492.

 

JUECES DE DISTRITO. NO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, LOS ACUERDOS, RESOLUCIONES Y SENTENCIAS DE LOS.

Si el recurrente manifiesta en su escrito de expresión de agravios que el Juez de Distrito violó sus garantías constitucionales, tales agravios son infundados, ya que los Jueces de Distrito al ser los encargados del control constitucional, en sus acuerdos o resoluciones no pueden cometer violaciones a los derechos subjetivos públicos de los gobernados, sino, en todo caso, infracción por inobservancia a la Ley de Amparo.

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. Jurisprudencia por reiteración de criterios. Amparo en revisión 321/95. Francisco Javier Fuentes Segura. 25 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, Abril de 1996, página 250. No. de Registro 202834.

 

SENTENCIAS DE LOS JUECES DE DISTRITO. NO SON CONCULCATORIAS DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES.

Las sentencias de los jueces de Distrito, atento a la naturaleza sobre la que versa y la técnica del juicio de amparo, que es el examen de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de autoridad, jamás pueden ser estimadas conculcatorias de las garantías que consagra en favor de todo individuo la parte dogmática de la Constitución General de la República, sino sólo en lo que atañe a la indebida aplicación de los artículos de la Ley de Amparo, así como de las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando se invocan existiendo disposición expresa en la ley de la materia o se contraríe la debida interpretación jurídica de sus normas.

Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. Jurisprudencia por reiteración de criterios. Amparo en revisión 89/95. Augusto Jacinto Hernández. 11 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Novena Época. II, Agosto de 1995, página 396. No. de registro 204732.

Las anteriores “tesis” argumentan falazmente que los jueces de distrito no pueden violar la CPEUM, pero dicha afirmación es absurda pues presupone que no existen jueces de distrito corruptos y deshonestos y que las autoridades que ejercen algún tipo de control constitucional siempre actuarán conforme la CPEUM, circunstancias ellas que incluso están en contra de los presupuestos del constitucionalismo que ve a las autoridades como personas susceptibles de violar normas jurídicas y que incluso tienden a abusar del poder.

Adicionalmente, el hecho de que los jueces de distrito tengan asignadas algunas funciones de control constitucional no implica que ejerzan dichas funciones de la forma correcta y sin excesos.

Por otra parte, las tesis incurren en contradicción al señalar que los jueces de distrito no pueden violar la constitución pero si la Ley de Amparo, pues existen conductas que transgreden de forma directa tanto la Ley de Amparo como la CPEUM simultáneamente. Enseguida se citan algunos ejemplos:

Ley de Amparo

Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de  distrito,  así  como  las  autoridades  que  conozcan  de  los  juicios  de  amparo,  deberán  excusarse  cuando  ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento:

I.  Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo;

II.  Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior;

III.  Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo;

IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra  instancia  o  jurisdicción  el  acto  reclamado  o  la  resolución  impugnada,  excepto  cuando  se  trate  del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación;

V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada;

VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento;

VII.  Si  tuvieren  amistad  estrecha  o  enemistad  manifiesta  con  alguna  de  las  partes,  sus  abogados  o representantes; y

VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad.

 

Artículo 74. La sentencia debe contener:

I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;

II. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los agravios;

III. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio;

IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer;

V.  Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución; y

VI.  Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, niegue o sobresea  el  amparo  y,  cuando  sea  el  caso,  los  efectos  de  la  concesión  en  congruencia  con  la  parte considerativa.

El órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma.

Los preceptos transcritos de la Ley de Amparo establecen claramente que los jueces de amparo deben ser ajenos a los intereses planteados en los juicios de amparo que resuelvan y también establecen que las sentencias que dicten deben ser exhaustivas y tener fundamento legal para ser válidas.

Si se observan los derechos fundamentales reconocidos por la CPEUM, también se pueden encontrar los artículos 14, 16 y 17 que regulan los aspectos relativos a la imparcialidad, exhaustividad y principio de legalidad:

Constitución

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla  en  los  plazos  y  términos  que  fijen  las  leyes,  emitiendo  sus  resoluciones  de  manera  pronta, completa  e  imparcial.  Su  servicio  será  gratuito,  quedando,  en  consecuencia,  prohibidas  las  costas judiciales.

 

Artículo 14…

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio  seguido  ante  los  tribunales  previamente  establecidos,  en  el  que  se  cumplan  las  formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en  virtud  de  mandamiento  escrito  de  la  autoridad  competente,  que  funde  y  motive  la  causa  legal  del procedimiento.

Si tanto la Ley de Amparo, como la CPEUM establecen que los jueces de distrito y toda autoridad jurisdiccional deben ser imparciales, exhaustivos y fundar sus determinaciones en precepto legal alguno, resulta que las violaciones a los artículos 51 y 74 de la Ley de Amparo también implican violaciones directas a la Constitución. En consecuencia las tesis de “jurisprudencia” citadas, al reconocer que los jueces de distrito al momento de resolver los juicios de amparo pueden, de hecho, violar la Ley de Amparo, también están reconociendo que pueden violar la CPEUM

[i].

Por otra parte, si fuera cierto que los jueces de distrito, al ejercer funciones de control constitucional, siempre actuaran de la forma correcta y no violaran preceptos constitucionales, sería innecesario que la CPEUM hubiese establecido el recurso de revisión del  artículo 107 constitucional:

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

I…

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:

a)  Cuando  habiéndose  impugnado  en  la  demanda  de amparo  normas  generales  por  estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

b)  Cuando  se  trate  de  los  casos  comprendidos  en  las  fracciones  II  y  III  del  artículo  103  de  esta Constitución.

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los tribunales colegiados de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno;

En conclusión, todas las autoridades y los particulares que habiten en el territorio nacional están sometidos a la CPEUM, sin excepción alguna.

 

Ámbito temporal de validez de la constitución

El ámbito temporal de validez refiere al lapso durante el cual una norma jurídica es obligatoria. Tratándose de la actual CPEUM emitida por el Poder Constituyente de 1917, el texto constitucional inició su vigencia según lo establecido por el artículo primero transitorio:

Artículos Transitorios

Artículo  Primero.  Esta  Constitución  se  publicará  desde  luego  y  con  la  mayor  solemnidad  se protestará  guardarla  y  hacerla  guardar  en  toda  la  República;  pero  con  excepción  de  las  disposiciones relativas a las elecciones de los Supremos Poderes Federales y de los Estados, que desde luego entran en vigor, no comenzará a regir sino desde el día 1o. de Mayo de 1917, en cuya fecha deberá instalarse solemnemente el Congreso Constitucional y prestar la protesta de ley el ciudadano que resultare electo en las próximas elecciones para ejercer el cargo de Presidente de la República.

Como se puede observar, el artículo primero transitorio estableció el inicio de vigencia de la Constitución.

Por otra parte, y en cuanto a la terminación de la vigencia de la CPEUM se debe señalar que la misma estará vigente hasta que exista otro poder constituyente que establezca otra constitución, situación que no puede ser prevista por la propia CPEUM, ante lo cual solamente existe una pretensión de que el texto constitucional tenga una vigencia permanente que se ve reflejada en lo dispuesto por el artículo 136:

Título Noveno

De la Inviolabilidad de la Constitución

Artículo  136.  Esta  Constitución  no  perderá  su  fuerza  y  vigor,  aun  cuando  por  alguna  rebelión  se interrumpa su  observancia.  En caso de que por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta.

En conclusión el ámbito temporal de validez de la constitución es cierto en cuanto a su inicio e indeterminado en cuanto a su fin, no obstante ello, existe una pretensión de permanencia.

 

Ámbito espacial de validez de la constitución.

El ámbito espacial de validez de una norma, lo constituye la dimensión física en la cual es obligatoria, misma que puede clasificarse en: a) superficie terrestre; b) subsuelo; c) plataforma continental y zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; d) mares territoriales; y e) espacio aéreo.

Superficie Terrestre

Para definir la superficie terrestre en la cual es obligatoria la CPEUM se debe estar a lo dispuesto por los siguientes preceptos constitucionales:

Artículo 42. El territorio nacional comprende:

I. El de las partes integrantes de la Federación;

II. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes;

III. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico;

 

Artículo  43.  Las  partes  integrantes  de  la  Federación  son  los  Estados  de  Aguascalientes,  Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato,  Guerrero,  Hidalgo,  Jalisco,  México,  Michoacán,  Morelos,  Nayarit,  Nuevo  León,  Oaxaca, Puebla,  Querétaro,  Quintana  Roo,  San  Luis  Potosí,  Sinaloa,  Sonora,  Tabasco,  Tamaulipas,  Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal.

 

Artículo 44. La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México con los límites y extensión que le asigne el Congreso General.

 

Artículo 45. Los Estados de la Federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos.

 

Artículo 47. El Estado de Nayarit tendrá la extensión territorial y límites que comprende actualmente el Territorio de Tepic.

Subsuelo

El precepto que establece los alcances de la CPEUM respecto del subsuelo es el artículo 27. Para un estudio detallado del contenido de dicho artículo se sugiere como lectura el Libro de Oscar Morineau titulado: “Los derechos reales y el subsuelo en México”.

Artículo 27…

Corresponde  a  la  Nación  el  dominio  directo  de  todos  los  recursos  naturales  de  la  plataforma continental  y  los  zócalos  submarinos  de  las  islas;  de  todos  los  minerales  o  substancias  que  en  vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los  terrenos,  tales  como  los  minerales  de  los  que  se  extraigan  metales  y  metaloides  utilizados  en  la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite  trabajos subterráneos;  los  yacimientos minerales  u orgánicos  de  materias  susceptibles de ser utilizadas  como  fertilizantes;  los  combustibles  minerales  sólidos;  el  petróleo  y  todos  los  carburos  de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos;…

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales… Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional.

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible  y  la  explotación,  el  uso  o  el  aprovechamiento  de  los  recursos  de  que  se  trata,  por  los particulares  o  por  sociedades  constituidas  conforme  a  las  leyes  mexicanas,  no  podrá  realizarse  sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias  a  que  se  refiere  el  párrafo  cuarto,  regularán  la  ejecución  y  comprobación  de  los  que  se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de  esos  productos,  en  los  términos  que  señale  la  Ley  Reglamentaria  respectiva.  Corresponde exclusivamente  a  la  Nación  generar,  conducir,  transformar,  distribuir  y  abastecer  energía  eléctrica  que tenga  por  objeto  la  prestación  de  servicio  público.  En  esta  materia  no  se  otorgarán  concesiones  a  los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.

 

Plataforma continental y zócalo submarinos de las islas, cayos y arrecifes

Por su parte la fracción IV del artículo 42 al describir el territorio nacional establece lo siguiente:

Artículo 42. El territorio nacional comprende:

I…

II…

III…

IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes;

En relación a este punto, la CPEUM únicamente se limita a señalar como parte del territorio nacional a la plataforma continental y los zócalos submarinos sin dar una descripción de lo que se debe entender por dichos conceptos, de lo que se concluye que los mismos representan términos jurídicos indeterminados a la luz del derecho constitucional mexicano.

Es importante aclarar que el derecho internacional puede definir dichos conceptos, pero dichas definiciones no son constitucionales por lo tanto dichos conceptos si bien son jurídicos, no son propios del sistema constitucional mexicano.

 

Mar Territorial

A diferencia de los conceptos de plataforma continental y zócalo submarino la CPEUM, al referirse al mar territorial, sí hace una remisión expresa al derecho internacional.

Artículo 42. El territorio nacional comprende:

I…

II…

III…

IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes;

V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional y las marítimas interiores;

A continuación se citan algunas disposiciones de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para definir los alcances del ámbito espacial de validez de la norma constitucional.

Artículo 2

Régimen jurídico del mar territorial, del espacio aéreo situado sobre el mar territorial y de su lecho y subsuelo

1. La soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de su territorio y de sus aguas interiores y, en el caso del Estado archipelágico, de sus aguas archipelágicas, a la franja de mar adyacente designada con el nombre de mar territorial.

2. Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de ese mar.

3. La soberanía sobre el mar territorial se ejerce con arreglo a esta Convención y otras normas de derecho internacional.

 

Artículo 3

Anchura del mar territorial

Todo  Estado  tiene  derecho  a  establecer  la  anchura  de  su  mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base determinadas de conformidad con esta Convención.

 

Artículo 4

Límite exterior del mar territorial

El límite exterior del mar territorial es la línea cada uno de cuyos puntos está, del punto más próximo de la línea de base, a una distancia igual a la anchura del mar territorial.

 

Artículo 5

Línea de base normal

Salvo disposición en contrario de esta Convención, la línea de base normal para medir la anchura del mar territorial es la línea de bajamar a lo largo de la costa, tal como aparece marcada mediante el signo apropiado en cartas a gran escala reconocidas oficialmente por el Estado ribereño.

 

Artículo 6

Arrecifes

En el caso de islas situadas en atolones o de islas bordeadas por arrecifes, la línea de base para medir la anchura del mar territorial es la línea de bajamar del lado del arrecife que da al mar, tal como aparece marcada mediante el signo apropiado en cartas reconocidas oficialmente por el Estado ribereño.

 

Artículo 7

Líneas de base rectas

1. En los lugares en que la costa tenga profundas aberturas y escotaduras o en los que haya una franja de islas a lo largo de la costa situada en su proximidad inmediata, puede adoptarse, como método para trazar la línea de base desde la que ha de medirse el mar territorial, el de líneas de base rectas que unan los puntos apropiados.

2. En los casos en que, por la existencia de un delta y de otros accidentes naturales, la línea de la costa sea muy inestable, los puntos apropiados pueden elegirse a lo largo de la línea de bajamar más alejada mar afuera y, aunque la línea de bajamar retroceda ulteriormente, las líneas de base rectas seguirán en vigor hasta que las modifique el Estado ribereño de conformidad con esta Convención.

3. El trazado de las líneas de base rectas no debe apartarse de una manera apreciable de la dirección general de la costa, y las zonas de mar situadas del lado de tierra de esas líneas han de estar suficientemente vinculadas al dominio terrestre para estar sometidas al régimen de las aguas interiores.

4. Las líneas de base rectas no se trazarán hacia ni desde elevaciones que emerjan en bajamar, a menos que se hayan construido sobre ellas faros o instalaciones análogas que se encuentren constantemente sobre el nivel del agua, o que el trazado de líneas de base hacia o desde elevaciones que emerjan en bajamar haya sido objeto de un reconocimiento internacional general.

5. Cuando el método de líneas de base rectas sea aplicable según el párrafo 1, al trazar determinadas líneas de base podrán tenerse en cuenta los intereses económicos propios de la región de que se trate cuya realidad e importancia estén claramente demostradas por un uso prolongado.

6. El sistema de líneas de base rectas no puede ser aplicado por un Estado de forma que aísle el mar territorial de otro Estado de la alta mar o de una zona económica exclusiva.

 

Artículo 8

Aguas interiores

1. Salvo lo dispuesto en la Parte IV, las aguas situadas en el interior de la línea de base del mar territorial forman parte de las aguas interiores del Estado.

2. Cuando el trazado de una línea de base recta, de conformidad con el método establecido en el artículo 7, produzca el efecto de encerrar como aguas interiores aguas que anteriormente no se consideraban como tales, existirá en esas aguas un derecho de paso inocente, tal como se establece en esta Convención.

 

Artículo 33

Zona contigua

1. En una zona contigua a su mar territorial, designada con el nombre de zona contigua, el Estado ribereño podrá tomar las medidas de fiscalización necesarias para:

a) Prevenir las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar territorial;

b) Sancionar las infracciones de esas leyes y reglamentos cometidas en su territorio o en su mar territorial.

2. La zona contigua no podrá extenderse más allá de 24 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial.

 

Zona Económica Exclusiva

 

La CPEUM hace mención expresa de este término, en el artículo 27.

Artículo 27…

La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, los  derechos  de  soberanía  y  las  jurisdicciones  que  determinen  las  leyes  del  Congreso.  La  zona económica  exclusiva  se  extenderá  a  doscientas  millas  náuticas,  medidas  a  partir  de  la  línea  de  base desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa extensión produzca superposición con las zonas económicas exclusivas de otros Estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados.

Por su parte la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece lo siguiente:

Artículo 55

Régimen jurídico específico de la zona económica exclusiva

La zona económica exclusiva es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste, sujeta al régimen jurídico específico establecido en esta Parte, de acuerdo con el cual los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y libertades de los demás Estados se rigen por las disposiciones pertinentes de esta Convención.

 

Artículo 56

Derechos, jurisdicción y deberes del Estado ribereño en la zona económica exclusiva

1. En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tiene:

a) Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económicas de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos;

b) Jurisdicción, con arreglo a las disposiciones pertinentes de esta Convención, con respecto a:

i) El establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras;

ii) La investigación científica marina;

iii) La protección y preservación del medio marino;

c) Otros derechos y deberes previstos en esta Convención.

2. En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en la zona económica exclusiva en virtud de esta Convención, el Estado ribereño tendrá debidamente en cuenta los derechos y deberes de los demás Estados y actuará de manera compatible con las disposiciones de esta Convención.

3. Los derechos enunciados en este artículo con respecto al lecho del mar y su subsuelo se ejercerán de conformidad con la Parte VI.

Artículo 57

Anchura de la zona económica exclusiva

La zona económica exclusiva no se extenderá más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial.

 

Artículo 58

Derechos y deberes de otros Estados en la zona económica exclusiva

1. En la zona económica exclusiva, todos los Estados, sean ribereños o sin litoral, gozan, con sujeción a las disposiciones pertinentes de esta Convención, de las libertades de navegación y sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías submarinos a que se refiere el artículo 87, y de otros usos del mar internacionalmente legítimos relacionados con dichas libertades, tales como los vinculados a la operación de buques, aeronaves y cables y tuberías submarinos, y que sean compatibles con las demás disposiciones de esta Convención.

2. Los artículos 88 a 115 y otras normas pertinentes de derecho internacional se aplicarán a la zona económica exclusiva en la medida en que no sean incompatibles con esta Parte.

3. En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en la zona económica exclusiva en virtud de esta Convención, los Estados tendrán debidamente en cuenta los derechos y deberes del Estado ribereño y cumplirán las leyes y reglamentos dictados por el Estado ribereño de conformidad con las disposiciones de esta Convención y otras normas de derecho internacional en la medida en que no sean incompatibles con esta Parte.
Para efectos de definir el ámbito espacial de validez de la Constitución es importante señalar que los espacios y/o superficies denominadas “Zona” y “Alta mar” quedan fuera del ámbito especial de validez de la CPEUM con fundamento en las propias disposiciones internacionales a las cuales remite el artículo 42 fracción V de la Carta Magna.

Artículo 86

Aplicación de las disposiciones de esta Parte

Las disposiciones de esta Parte se aplican a todas las partes del mar no incluidas en la zona económica exclusiva, en el mar territorial o en las aguas interiores de un Estado, ni en las aguas archipelágicas de un Estado archipelágico. Este artículo no implica limitación alguna de las libertades de que gozan todos los Estados en la zona económica exclusiva de conformidad con el artículo 58.

 

Artículo 89

Ilegitimidad de las reivindicaciones de soberanía sobre la alta mar

Ningún Estado podrá pretender legítimamente someter cualquier parte de la alta mar a su soberanía.

 

Artículo 1

Términos empleados y alcance

1. Para los efectos de esta Convención:

1) Por “Zona” se entiende los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional;

 

Espacio Aéreo.

Si bien la fracción VI del artículo 42 remite al derecho internacional para definir los alcances del espacio aéreo, la realidad es que la comunidad internacional aún no ha conseguido un acuerdo claro respecto a las dimensiones y características de dicho espacio.

Artículo 42. El territorio nacional comprende:

I…

VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio Derecho Internacional.

Al respecto se puede citar a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que respecto al espacio aéreo establece lo siguiente:

Artículo 2

Régimen jurídico del mar territorial, del espacio aéreo situado sobre el mar territorial y de su lecho y subsuelo

1. La soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de su territorio y de sus aguas interiores y, en el caso del Estado archipelágico, de sus aguas archipelágicas, a la franja de mar adyacente designada con el nombre de mar territorial.

2. Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de ese mar.

Es importante mencionar que una de las principales indeterminaciones del espacio aéreo es la concerniente a su altura, misma que serviría para distinguirla con claridad del espacio ultraterrestre.

[i] En relación a este tema véase los artículos titulados: a) Las violaciones de derechos humanos cometidas por los tribunales de amparo y b) La responsabilidad de los tribunales que crean jurisprudencia contraria a derechos humanos, en http://constitucionalistasmexicanos.blogspot.mx/
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