III. Atributos de la jurisprudencia

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III. Atributos de la jurisprudencia 2017-06-04T14:40:58+00:00

Capítulo III Atributos de la jurisprudencia

Una vez estudiada la configuración de la jurisprudencia que se encuentra regulada en la Ley de Amparo y en la Ley de Acciones y Controversias, se analizarán algunos aspectos de esta norma jurídica, tales como su constitucionalidad, autonomía, jerarquía, obligatoriedad, etcétera.

 

3.1 La jurisprudencia en el sistema de fuentes

El primer aspecto a tratar, es averiguar si la jurisprudencia está reconocida por la CPEUM, como una norma que forma parte del ordenamiento jurídico mexicano.

Una de las características de las normas constitucionales es que regulan los procesos de creación de las demás normas jurídicas que formarán parte del sistema. Es por esta razón que se debe buscar en la CPEUM el reconocimiento de la jurisprudencia, como una fuente de Derecho reconocida por el ordenamiento positivo mexicano.

A nivel federal, el sistema de fuentes se define por las características que la CPEUM establezca al efecto. Tratándose de los ordenamientos jurídicos locales, el artículo 116 de la CPEUM prohíbe que los tribunales locales creen jurisprudencia ya que ello implicaría una violación al principio de división de poderes.

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial,  y  no  podrán  reunirse  dos  o  más  de  estos  poderes  en  una  sola  persona  o  corporación,  ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Actualmente en el nivel federal, la CPEUM prevee el tema de la jurisprudencia en los artículos: 94 por lo que hace a la jurisprudencia establecida por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, 107 al establecer a la contradicción de tesis como una forma de crear jurisprudencia,  y 99 al establecer que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrá crear jurisprudencia en los términos en que la misma constitución y las leyes establezcan.

El texto original de la CPEUM no reconocía a la jurisprudencia como una norma del ordenamiento jurídico. Fue hasta el año de 1951 en que por primera vez la constitución incluyó, en la fracción XIII del artículo 107, a la jurisprudencia dentro del sistema. A continuación se transcribe el contenido de la reforma de 1951:

Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:

I. . .

XIII.- La ley determinará los términos y casos en que sea obligatoria la jurisprudencia de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, así como los requisitos para su modificación.

Si los Tribunales Colegiados de Circuito sustentan tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República o aquellos Tribunales, podrán denunciar la contradicción ante la Sala que corresponda, a fin de que decida cuál es la tesis que debe prevalecer.

Cuando las Salas de La Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas o el Procurador General de La República, podrán denunciar la contradicción ante la misma Suprema Corte de Justicia, quien decidirá funcionando en Pleno, qué tesis debe, observarse. Tanto en este caso como en el previsto en el párrafo anterior, la resolución que se dicte será sólo pare el efecto de la fijación de la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias contradictorias en el juicio en que fueron pronunciadas;

Con base en lo anterior, se puede decir que toda la jurisprudencia que era anterior a la reforma de 1951 resultaba inconstitucional por violar el principio de división de poderes. Ya se ha visto que la jurisprudencia es una norma general y abstracta, y en consecuencia constituye, un acto materialmente legislativo expedido por los tribunales del Poder Judicial que debe tener mención expresa en el texto constitucional por ser una excepción al principio antes mencionado.

Ahora bien, como tal mención no existía, la jurisprudencia estaba invadiendo las facultades del Congreso ya que los tribunales estaban creando una norma general. Al respecto se podría argumentar que la jurisprudencia estaba siendo creada en base a la Ley de Amparo vigente pero el problema de la inconstitucionalidad no queda resuelto con esto, toda vez que el Congreso de la Unión no tiene la facultad de delegar la función legislativa más que en aquellos casos expresamente señalados por la CPEUM, tal y como lo señala el artículo 49.

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Posteriormente, con las reformas de 1967, los artículos 94 y 107 pasaron a ser el fundamento constitucional de la jurisprudencia y con ello se confirmaba la decisión ya tomada en 1951 de incluir a esta norma dentro del ordenamiento jurídico federal.

Años más tarde, en 1996, la CPEUM faculta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para crear jurisprudencia en los términos que señala el artículo 99.

Artículo 99. . .

La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que determinen esta Constitución y las leyes.

Por último, en el año 2011, la CPEUM fue reformada y por lo que toca a la jurisprudencia, la principal modificación consistió en agregar los Plenos de Circuito.

En resumen, a nivel federal los artículos 94, 99 y 107 incorporan a la jurisprudencia como una norma que forma parte de este ordenamiento jurídico. Y los sujetos facultados para crearla son todos ellos parte del Poder Judicial Federal.

Algo que vale la pena señalar es que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de acuerdo con el Título V de la LFPCA tiene la facultad de crear jurisprudencia; el problema es que dicha jurisprudencia no está reconocida expresamente por la CPEUM. Lo anterior tiene como consecuencia que toda la jurisprudencia de este Tribunal es inconstitucional por violar el principio de división de poderes o al menos su constitucionalidad es dudosa. Cómo se vio en su momento, las excepciones al principio de división de poderes deben estar señaladas en forma expresa en el texto constitucional, situación que no se da en relación a la jurisprudencia creada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

 

3.2 Autonomía

El siguiente aspecto de la jurisprudencia a analizar es su autonomía.

Por autonomía se entiende aquí, la cualidad que permite determinar el contenido de una norma sin sujetarse a lo dispuesto por otra norma. La autonomía así entendida, implica un ámbito de discrecionalidad que permite al sujeto productor de la norma determinar cuál es el sentido de la regulación que está creando.

Tanto en el Derecho público como en el privado es posible hablar de autonomía. En el Derecho público las entidades federativas gozan de autonomía cuando pueden libremente decidir cuál es el contenido y el sentido de las normas que crean. En el derecho privado también existe esta facultad de decidir cuál es el sentido de las normas jurídicas, ejemplo de ello es la autonomía de la voluntad en el ámbito contractual.

Por otra parte, la autonomía puede referirse no a la facultad de un sujeto, sino al atributo de una norma. En este segundo sentido, la autonomía hace referencia a aquella situación en la que el contenido de una norma no está predeterminado por otras normas jurídicas. La autonomía, en ese orden de ideas, es la independencia material de una norma jurídica en relación a las normas que le son superiores.

Al hablar de la autonomía de la jurisprudencia, la cuestión a la que se hace referencia es la de averiguar en qué medida el contenido de la jurisprudencia está predeterminado por otras normas.

Como se vio en su momento, la jurisprudencia surge a partir de situaciones de interpretación, tal y como lo establece el artículo 94 de la CPEUM; por lo tanto, el contenido de la jurisprudencia está predeterminado por la norma que interpreta y en ese sentido se puede decir que la jurisprudencia está subordinada a esa norma.

A pesar de la subordinación de la jurisprudencia con relación a la norma que interpreta, existen algunas prácticas que otorgan cierta independencia a la jurisprudencia.

La primera de esas prácticas que alejan a la jurisprudencia de las normas que debería determinar su contenido, está representado por la interpretación creativa efectuada por el órgano creador de jurisprudencia. Al tratar el tema de la interpretación, se mencionó que en ocasiones el intérprete atribuye un significado que no es derivable de la disposición cuyo significado se quiere averiguar; en estos casos se está en presencia de una interpretación creativa. Por ejemplo:

La disposición 1 puede ser entendida (tomando en cuenta todos los posibles significados que pueden inferirse de esa disposición) en el significado A, significado B y significado C. Pero el intérprete decide que el significado de la disposición 1 es X. En este caso, el significado X es totalmente ajeno a la disposición que se quiere interpretar.

A continuación se presenta un caso que muestra cómo una interpretación puede alejarse de la disposición cuyo significado se quiere conocer.

El artículo 133 de la CPEUM señala lo siguiente:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados  que  estén  de  acuerdo  con  la  misma,  celebrados  y  que  se  celebren  por  el  Presidente  de  la República,  con  aprobación  del  Senado,  serán  la  Ley  Suprema  de  toda  la  Unión.  Los  jueces  de  cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

La última parte de este artículo establece el control difuso de la constitucionalidad, al facultar a los jueces locales a preferir las normas federales cuando las normas locales estén en contra de la Constitución Federal, las leyes federales o los tratados internacionales.

Al respecto la Suprema Corte interpretó lo siguiente:

CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.

El texto expreso del artículo 133 de la Constitución Federal previene que “Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”. En dicho sentido literal llegó a pronunciarse la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, la postura sustentada con posterioridad por este Alto Tribunal, de manera predominante, ha sido en otro sentido, tomando en cuenta una interpretación sistemática del precepto y los principios que conforman nuestra Constitución. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 133 constitucional, no es fuente de facultades de control constitucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos ajenos, como son las leyes emanadas del propio Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer unos y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.

[i]

Otra forma de independizar a la jurisprudencia de la norma a la cual interpreta, es mediante la aplicación extraterritorial de una jurisprudencia. El supuesto es el siguiente: la jurisprudencia fue creada a partir de una ley local, por ejemplo el Código Civil de Veracruz, pero la jurisprudencia es aplicada en el Estado de Yucatán. En este caso, la jurisprudencia rompe esa relación de subordinación e invade la autonomía del Estado de Yucatán:

DIVORCIO, CAUSAL DE, FUNDADA EN LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 141 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE VERACRUZ O EN LAS DISPOSICIONES RELATIVAS DE LOS CODIGOS CIVILES QUE CONTIENEN IGUAL PREVENCION.

Para que proceda el divorcio fundado en la causal prevista en la fracción VIII del artículo 141 del Código Civil del Estado de Veracruz o en las disposiciones relativas de los códigos de otras entidades que contienen la misma causal, es necesario que concurran los elementos siguientes: a) La existencia de una causa bastante para pedir el divorcio, o sea, alguna de las comprendidas en las otras fracciones de los artículos relativos; b) Que precisamente esa causa, sea la que origine la separación del hogar conyugal, y c), que tal separación se prolongue por más de un año, sin que el cónyuge que se separó entable su demanda contra el otro, por la causa que le dió [sic].[ii]

Las “jurisprudencias temáticas” representan otra forma en que la jurisprudencia adquiere generalidad y obligatoriedad por sí misma. Este tipo de jurisprudencia puede resultar deseable cuando se protegen los derechos humanos[iii], pero cuando la jurisprudencia temática regula las relaciones civiles el efecto pudiera no ser el mismo. Además, se debe recordar que el número casos a los cuales se les puede aplicar este tipo de jurisprudencias es indefinido, y como lo señala Zaldívar (2004, pág. 150), esto sólo agrega incertidumbre jurídica a las relaciones sociales.

Los siguientes criterios son un ejemplo de las “jurisprudencias temáticas”:

MULTA FIJA. EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE LA ESTABLECE, RESULTA INCONSTITUCIONAL, DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA.

Esta Suprema Corte de Justicia ha establecido, en la jurisprudencia plenaria 10/95, que las leyes que prevén multas fijas resultan inconstitucionales por cuanto al aplicarse a todos por igual de manera invariable e inflexible, propician excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares. Así, el precepto citado, vigente en mil novecientos noventa y dos, al no implantar las bases para que la autoridad administrativa pueda individualizar la sanción tomando en cuenta las circunstancias especiales del infractor y de la infracción, de forma que pueda cumplirse con los requisitos que se establecen en los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Carta Magna, es inconstitucional.[iv]

 

MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES.

Esta Suprema Corte ha establecido que las leyes, al establecer multas, deben contener las reglas adecuadas para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva y, en fin, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción, obligación del legislador que deriva de la concordancia de los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, el primero de los cuales prohíbe las multas excesivas, mientras el segundo aporta el concepto de proporcionalidad. El establecimiento de multas fijas es contrario a estas disposiciones constitucionales, por cuanto al aplicarse a todos por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares.[v]

Por último, otra manera en que la jurisprudencia adquiere autonomía es la ultractividad. La ultractividad de la jurisprudencia se presenta cuando los órganos jurisdiccionales continúan aplicando la jurisprudencia a pesar de la extinción de la vigencia de la norma interpretada.

En el siguiente apartado se estudiará cuál es la jerarquía de la jurisprudencia.

 

 

3.3 Jerarquía

En palabras de Kelsen (2005, pág. 232) el ordenamiento jurídico puede ser visto como una construcción escalonada de normas, en la que existen ciertas normas que regulan el proceso de creación de otras normas y que por esa misma razón son superiores en relación a las normas producidas. Visto desde esta perspectiva, el ordenamiento jurídico es una sucesión de normas, en la que las normas superiores se encuentran en lo más alto de la estructura y sirven para determinar el contenido y el proceso de creación de las normas inferiores.

Básicamente son dos los aspectos que una norma superior puede regular con relación a las normas inferiores. Por una parte, la norma superior puede regular cuestiones formales, es decir el proceso de creación, constituido por la serie de actos y la asignación de competencias necesarias para producir la norma inferior. Por otra parte, la norma superior también puede regular aspectos materiales al predeterminar el contenido de la norma inferior.

Al hablar de la jerarquía de una norma jurídica, se hace referencia a la ubicación de esa norma dentro de la estructura de un sistema jurídico. Lo anterior es relevante para poder determinar la regularidad de las normas jurídicas y con ello depurar el ordenamiento jurídico, conservando sólo las normas jurídicas que son material y formalmente regulares, a través de mecanismos como la nulidad y la anulabilidad.

Para determinar la jerarquía de la jurisprudencia se pueden emplear dos criterios distintos. El primero de ellos, aquí se denominará extrínseco, sirve para determinar cuál es la posición de la jurisprudencia en relación con otras normas que forman parte de un ordenamiento jurídico. El segundo criterio, el intrínseco, tiene como propósito identificar qué  jurisprudencia debe prevalecer cuando existen dos o más tesis vigentes que resuelven la misma situación de interpretación en sentidos distintos; es decir, se busca determinar qué jurisprudencia es superior considerando solamente tesis jurisprudenciales (excluyendo a las demás fuentes de Derecho).

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta el criterio extrínseco en su aspecto formal, resulta que la jurisprudencia está subordinada a la CPEUM, la Ley de Amparo y la Ley de Acciones y Controversias.

La jurisprudencia está subordinada a la CPEUM por varias razones, entre ellas: a) por incluirla en el sistema de fuentes, b) por establecer que la jurisprudencia será creada a partir de la interpretación de las normas señaladas por la misma constitución, y c) por facultar al Congreso de la Unión para fijar los términos en que sea obligatoria.

Con relación a la Ley de Amparo y la Ley de Acciones y Controversias, la jurisprudencia es una norma inferior debido a que esas leyes establecen con mayor detalle cuales son los ámbitos de validez, los procedimientos de creación, modificación, interrupción y aplicación de la jurisprudencia. Es por ello que la jurisprudencia está subordinada a estas leyes en un aspecto formal.

Desde un punto de vista extrínseco material, la jurisprudencia tiene distintas jerarquías dependiendo de la norma jurídica que interpreta. Las normas que son interpretadas por la jurisprudencia son:

1)      La CPEUM.

2)      Leyes Federales.

3)      Leyes Locales.

4)      Tratados Internacionales.

5)      Reglamentos Federales.

6)      Reglamentos Locales.

Cuando la jurisprudencia interpreta la CPEUM, la jurisprudencia se encuentra en la posición inmediata inferior, es decir directamente por debajo de la CPEUM. Cuando interpreta una ley federal, la jurisprudencia está inmediatamente por debajo de esa ley y lo mismo sucede con cada una de las normas que sirven para crear jurisprudencia. Por lo tanto, la jurisprudencia tendrá seis posiciones distintas dentro del ordenamiento jurídico dependiendo de la norma que interpreta.

Se dice que la jurisprudencia está inmediatamente por debajo de la norma que interpreta porque la disposición ofrece una gama de posibles significados dentro de los cuales el órgano creador de la jurisprudencia tiene que elegir. Por ello la jurisprudencia está subordinada materialmente a la disposición que se interpreta, ya que los significados dentro de los cuales se elige están determinados por la disposición a interpretar.

Si la disposición no regulara el proceso interpretativo del juzgador, sería imposible identificar los casos de interpretación creativa en los cuales se crea un significado totalmente ajeno a la disposición interpretada.

Por lo que hace a la perspectiva intrínseca de la jerarquía, ni la Ley de Amparo, ni la Ley de Acciones y Controversias establecen qué jurisprudencia debe prevalecer cuando existan distintas jurisprudencias que resuelven la misma situación de interpretación en sentidos incompatibles.

En teoría, el procedimiento de contradicción de tesis debería evitar este problema, pero nada impide que los sujetos legitimados no denuncien la contradicción de las tesis aisladas y que distintos tribunales produzcan tesis de jurisprudencia que resulten incompatibles entre sí.

La solución a las contradicciones entre tesis de jurisprudencia podría estar implícita en la configuración de la jurisprudencia.

Al hablar de los distintos tipos de precedentes, se dijo que una de las razones de ser del precedente vertical era someter a los juzgadores inferiores a adoptar el criterio del tribunal superior para así aportar certeza y uniformidad al sistema. Por lo tanto, una posible solución a una antinomia entre jurisprudencias sería recurrir a la jerarquía del órgano que creó la jurisprudencia para determinar qué jurisprudencia es la que debe prevalecer (se aclara que esta solución no fue prevista en la Ley de Amparo, pero hubiese sido conveniente una mención expresa al respecto). Así, la jurisprudencia de un Tribunal Colegiado de Circuito que contradiga la jurisprudencia creada por una de las Salas de la Suprema Corte, debe ceder ante esta última.

Finalmente, debe precisarse que el principio pro persona del artículo 1°constitucional, en algunos supuestos, hace un tanto ociosa la discusión relativa a la jerarquía de la jurisprudencia en virtud de que el criterio interpretativo que resulte más benéfico para el particular es el que debe aplicarse con independencia del órgano jurisdiccional que creó la jurisprudencia.

No obstante lo anterior, hay algunos casos en que el criterio pro persona es insuficiente para determinar qué jurisprudencia debe aplicarse, tal como sucede en las controversias jurisdiccionales en las que las partes materiales son particulares, ya que en esos casos la jurisprudencia más favorable para una de las partes puede ser a su vez la más gravosa para la parte contraria; por lo tanto, el problema relativo a la aplicabilidad queda sin solución a nivel abstracto.

 

3.4 Regularidad

El siguiente atributo de la jurisprudencia que se estudiará, es el de la regularidad.

Dentro del concepto de regularidad normativa quedan comprendidas las cuestiones de constitucionalidad y de legalidad, ya que la regularidad se refiere a la observancia de las norma superiores que establecen los requisitos de producción de las normas jurídicas, independientemente de que la norma superior sea un precepto constitucional o legal.

El carácter  irregular de una norma jurídica puede deberse a cuestiones formales o a cuestiones materiales. Una norma es materialmente irregular cuando su contenido es contrario o incompatible con el contenido de la norma jurídica superior; y es formalmente irregular cuando una norma jurídica es creada sin seguir el procedimiento establecido por la norma superior.

Un ejemplo de jurisprudencia materialmente irregular se presenta en aquellos casos de interpretación creativa, tal y como sucede con la siguiente tesis de jurisprudencia:

INSTITUCIONES DE CREDITO. SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A OTORGAR GARANTIA O CONTRAGARANTIA EN MATERIA DE SUSPENSION, TRATANDOSE DE AMPARO DIRECTO.

El artículo 173 de la Ley de Amparo, establece que debe otorgarse fianza para que surta efectos la suspensión concedida o, en su caso, contrafianza para nulificar la medida cautelar y esta exigencia emana de la aplicación de un precepto constitucional como lo es el artículo 107, fracción X, de la Carta Magna; por tanto, es evidente que no obstante que el artículo 6o. de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito exime a las instituciones de crédito de constituir depósito o fianza legales, tales instituciones se encuentran obligadas a otorgar fianza para obtener la suspensión de sentencias definitivas que se reclamen en amparo directo y, en su caso, contragarantía para dejar sin efecto la medida suspensiva, porque partiendo de un principio de hermenéutica jurídica, no puede aceptarse que los preceptos relativos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, queden subordinados a una disposición también contenida en otra ley reglamentaria que se encuentra en contradicción con la Ley de Amparo, pues los mandatos de ésta, en relación con los preceptos constitucionales, son los que deben regir la interpretación y aplicación de cualquier otra ley en cuanto al juicio constitucional, para no hacer nugatorias las disposiciones del citado juicio de garantías.[vi]

En el momento en que fue creada esta jurisprudencia, la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito establecía que las instituciones de crédito no debían otorgar garantía alguna para que fuera procedente la suspensión; a pesar de ello, el Pleno de la Suprema Corte decidió hacer caso omiso de la ley y adoptar la postura contraria. Como se puede observar, la interpretación que realizó el Pleno atribuyó un significado que era exactamente el opuesto y que por lo tanto era un significado no derivable de la disposición interpretada.

El siguiente criterio jurisprudencial también es un ejemplo de irregularidad material:

ACCIÓN HIPOTECARIA. DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA ESPECIAL ANTE UN JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

De los artículos 12, 462 y 468 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se advierte que tratándose de créditos garantizados con hipoteca, los acreedores tienen la opción de elegir entre la vías ordinaria, ejecutiva o hipotecaria para intentar su cobro, y que cuando el juicio tenga por objeto, entre otros, el pago o prelación del crédito que garantice la hipoteca, aquél se tramitará en la vía especial hipotecaria; de manera que constituye un juicio especial al encontrarse regulado por sus propias normas procedimentales previstas en los artículos 468 a 488, contenidos en el Capítulo III del Título Séptimo del citado Código. En ese sentido y atento al principio de especialidad, se concluye que cuando se intenta la acción hipotecaria para obtener el pago del crédito respectivo, el juicio debe tramitarse en la vía especial ante un Juez de primera instancia en materia civil, conforme a las reglas del mencionado Capítulo. Sin que sea óbice a lo anterior la circunstancia de que el artículo 2o. del Título Especial, relativo a la Justicia de Paz, de dicho Código adjetivo, disponga que los juzgadores de paz en materia civil conocerán de los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o demás derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados dentro de su jurisdicción, ya que se trata de una regla de competencia por razón de la cuantía, además de que sostener la procedencia de la acción hipotecaria en la vía oral ante el Juez de Paz conllevaría la disminución de las oportunidades de defensa de las partes en tanto que, por un lado, los términos para contestar la demanda, ofrecer y desahogar pruebas son menores que los establecidos en el Capítulo relativo a la tramitación y sustanciación del juicio especial hipotecario y, por otro, mientras en esta última vía se admite el recurso de apelación, conforme al artículo 487, en relación con los diversos 688, 689 y 714 del mencionado Código, el artículo 23 del aludido Título Especial establece la irrecurribilidad de las determinaciones de los juzgadores de paz.[vii]

Como se puede observar, esta jurisprudencia excluye a los juzgadores de paz del conocimiento de los juicios hipotecarios, siendo que el artículo segundo del Título Especial del  Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal vigente en ese momento establecía lo siguiente:

TITULO ESPECIAL

De la Justicia de Paz

(REFORMADO, D.O.F. 24 DE MAYO DE 1996)

Artículo 2o.- Conocerán los jueces de paz en materia civil de los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o demás derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados dentro de su jurisdicción y que tengan un valor de hasta tres mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en los demás negocios de jurisdicción contenciosa común o concurrente cuyo monto no exceda de mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cantidades las anteriores que se actualizarán anualmente como lo dispone el artículo 71 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Quedan exceptuados (sic) de la anterior disposición todas las controversias relativas a las materias familiar y de arrendamiento inmobiliario, cuya competencia queda asignada a los jueces de primera instancia de la materia.

El artículo transcrito faculta a los juzgadores de paz a conocer de los juicios hipotecarios, toda vez que éstos son una especie comprendida dentro del género “juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o demás derechos reales sobre inmuebles”. El único límite a la jurisdicción de los jueces de paz es que el juicio hipotecario no rebase la cuantía a la cual están circunscritos.

Con base en lo anterior, se puede decir que esta jurisprudencia contraría las disposiciones que regulan la competencia de los juzgadores de paz, ya que la jurisprudencia en cuestión reduce la competencia de los mismos.

Otro aspecto que vale la pena mencionar es que esta tesis jurisprudencial establece un criterio de atribución de competencias que no está reconocido por nuestro sistema, a saber: la competencia por vía. Se debe recordar que los criterios que sirven para atribuir competencias en el derecho mexicano son: materia, grado, territorio y cuantía.

En cuanto a la irregularidad formal de la jurisprudencia, son varios los aspectos a considerar, por ejemplo: verificar que la votación es la requerida; que las normas interpretadas sean idóneas para crear jurisprudencia; que la jurisprudencia surja a partir de un proceso de interpretación y no de un proceso de integración; que las cinco sentencias requeridas en el proceso de creación por reiteración versen sobre la misma situación de interpretación y que se haya resuelto en el mismo sentido; etcétera.

A continuación se plantearan algunos casos de jurisprudencias que son irregulares desde un punto de vista formal.

Ejemplo 1: Irregularidad formal por no cumplir con la votación requerida por el artículo 192 de la anterior Ley de Amparo, que en este caso es de cuatro votos por tratarse una jurisprudencia de la Segunda Sala creada por el proceso de reiteración de tesis:[viii]

ACTIVO. EL DECRETO DEL EJECUTIVO FEDERAL POR EL QUE EXIME DEL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO Y OTORGA DIVERSAS FACILIDADES A LOS CONTRIBUYENTES QUE INDICA, CON BASE EN EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO SIN NECESIDAD DE RECLAMAR LA LEY QUE RIGE AL TRIBUTO.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 90/2007, de rubro: “ACTIVO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA, PROMOVIDO CONTRA EL DECRETO POR EL QUE SE EXIME DEL PAGO DE AQUEL IMPUESTO A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 11 DE OCTUBRE DE 2005).”, sostuvo que es necesario reclamar la Ley del Impuesto al Activo para impugnar el decreto por el que se exime de su pago, porque la obligación tributaria de pago deriva de la ley, que al no ser combatida seguirá surtiendo efectos en la esfera jurídica del contribuyente, por lo que dicha ley y el decreto constituyen un sistema normativo, dada la íntima relación que guardan entre sí, que justifica su impugnación conjunta en el juicio de amparo. Sin embargo, esta Sala interrumpe dicho criterio, después de ponderar que la norma eximente prevista en el decreto del Ejecutivo Federal no se incorpora formalmente a la ley que rige el tributo y ni siquiera se relaciona con sus elementos constitutivos, pues aquélla regula aspectos recaudatorios, no de carácter impositivo, de ahí que no puedan constituir un sistema fiscal y, por ende, no es indispensable impugnarlos en forma conjunta para combatir en el juicio de amparo la norma eximente, dado que no guardan una estrecha relación entre sí, en tanto que sólo existe una mera referencia al impuesto al activo, ya que tanto el beneficiario de dicha eximente como el que no goza de ella siguen tributando en ese impuesto, aunque el primero por un efecto recaudatorio negativo deja de cubrir tal contribución; además una posible concesión del amparo abarca al decreto únicamente, sin afectar la ley que prevé el tributo, lo que no impide controvertir en una sola demanda de garantías tanto el decreto como la ley, pero el examen correspondiente sobre su existencia, su improcedencia o el fondo del asunto se hará separadamente, sin considerarlos un sistema normativo.

Amparo en revisión 1834/2004. El Florido California, S.A. de C.V. 7 de mayo de 2008. Mayoría de tres votos en cuanto al sentido de la ejecutoria. Mayoría de cuatro votos respecto de este criterio. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer, Fabiana Estrada Tena e Israel Flores Rodríguez.

Amparo en revisión 1207/2006. Inmuebles Gómez, S.A. de C.V. 7 de mayo de 2008. Mayoría de tres votos en cuanto al sentido de la ejecutoria. Mayoría de cuatro votos respecto de este criterio. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer, Fabiana Estrada Tena e Israel Flores Rodríguez.

Amparo en revisión 1260/2006. Eduser Inmobiliaria, S.A. de C.V. 7 de mayo de 2008. Mayoría de tres votos en cuanto al sentido de la ejecutoria. Mayoría de cuatro votos respecto de este criterio. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer, Fabiana Estrada Tena e Israel Flores Rodríguez.

Amparo en revisión 1351/2006. Metalmec, S.A. de C.V. y otras. 7 de mayo de 2008. Mayoría de tres votos en cuanto al sentido de la ejecutoria. Mayoría de cuatro votos respecto de este criterio. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer, Fabiana Estrada Tena e Israel Flores Rodríguez.

Amparo en revisión 1700/2006. Integración de Servicios en Salud, S.A. de C.V. 7 de mayo de 2008. Mayoría de tres votos en cuanto al sentido de la ejecutoria. Mayoría de cuatro votos respecto de este criterio. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer, Fabiana Estrada Tena e Israel Flores Rodríguez.

Tesis de jurisprudencia 101/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del cuatro de junio de dos mil ocho.

Nota: La tesis 2a./J. 90/2007, interrumpida por este criterio aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 807.[ix]

Como se puede observar, las sentencias o ejecutorias no fueron aprobadas por cuatro votos, como exigía el artículo 192 de la anterior Ley de Amparo.  Lo que fue resuelto por cuatro votos fue otra votación que se realizó para efectos de aprobar el criterio de jurisprudencia, con relación a esta votación, se ignora cuál es su fundamento legal.

Al respecto podría pensarse que la segunda votación es la requerida por el entonces vigente artículo 195 de la anterior Ley de Amparo.[x] Si ese fuera el caso, hay que recordar el objetivo de la votación establecida por el artículo 195 es aprobar la redacción de la tesis, y no la producción de jurisprudencia.

 

Ejemplo 2: Irregularidad formal por falta de idoneidad de la norma interpretada para crear jurisprudencia:

DIVORCIO, CAUSAL DE, FUNDADA EN LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 141 DEL CODIGO

CIVIL DEL ESTADO DE VERACRUZ O EN LAS DISPOSICIONES RELATIVAS DE LOS CODIGOS CIVILES QUE CONTIENEN IGUAL PREVENCION.

Para que proceda el divorcio fundado en la causal prevista en la fracción VIII del artículo 141 del Código Civil del Estado de Veracruz o en las disposiciones relativas de los códigos de otras entidades que contienen la misma causal, es necesario que concurran los elementos siguientes: a) La existencia de una causa bastante para pedir el divorcio, o sea, alguna de las comprendidas en las otras fracciones de los artículos relativos; b) Que precisamente esa causa, sea la que origine la separación del hogar conyugal, y c), que tal separación se prolongue por más de un año, sin que el cónyuge que se separó entable su demanda contra el otro, por la causa que le dió [sic].

Volumen LXXX, página 49. Amparo directo 5580/62. Adolfo Sobrino Sánchez. 17 de febrero de 1964. Cinco votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.

Volumen CII, página 35. Amparo directo 333/64. Felipe E. Bartolo Alfonso. 8 de diciembre de 1965. Cinco votos. Ponente: Enrique Martínez Ulloa.

Volumen CIV, página 45. Amparo directo 5179/64. Héctor Pape Robert. 9 de febrero de 1966. Cinco votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.

Volumen CIV, página 58. Amparo directo 6425/64. Haydee Toledo de Rodas. 9 de febrero de 1966. Cinco votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.

Volumen CXII, página 70. Amparo directo 8052/65. Emilia Salazar Lazo. 27 de octubre de 1966. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela.[xi]

Según el texto original de la Ley de Amparo, la jurisprudencia sólo podía crearse a partir de la interpretación de la Constitución y de las leyes federales: “ARTICULO 192.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia en sus ejecutorias de amparo, sólo podrá referirse a la Constitución y demás leyes federales.”

Posteriormente, en el año de 1951 se amplía el número de normas a partir de las cuales es posible crear jurisprudencia:

ARTICULO 193.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno sobre interpretación de la Constitución y leyes federales o tratados celebrados con las potencias extranjeras, es obligatoria tanto para ella como para las Salas que la componen, los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios de Circuito, jueces de Distrito, Tribunales de los Estados, Distrito y Territorios Federales y Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Pero no es sino hasta el año de 1968, en que es posible crear jurisprudencia al interpretar leyes locales:

ARTICULO 192.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en pleno sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, es obligatoria tanto para ella como para las salas que la componen, los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, Tribunales Militares y Judiciales del orden común de los Estados, Distrito y Territorios Federales y Tribunales Administrativos y del Trabajo, locales o federales.

Como se puede observar, la Ley de Amparo vigente al momento en que se creó esta jurisprudencia no permitía la creación de jurisprudencia a partir de leyes locales; por lo tanto esta jurisprudencia es irregular por interpretar el Código Civil de Veracruz.

En otros capítulos se explicó que interpretar e integrar el Derecho son dos procesos distintos y que la jurisprudencia solamente puede crearse interpretando. En esa ocasión, también se mencionó que esto no impide que el juzgador resuelva el caso concreto al crear una norma que subsane la laguna normativa; ya que una cosa es integrar el Derecho para un caso concreto y otra muy distinta es crear jurisprudencia a partir de procesos de integración.

Ejemplo 3: Jurisprudencia irregular por surgir de un proceso de integración y no de uno de interpretación:

APELACIÓN. PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL NEGOCIO EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO, DEBE CONSIDERARSE EL SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Conforme a lo preceptuado por el artículo 434 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, el recurso de apelación sólo será admisible cuando el valor del negocio exceda el importe de setecientos veinte días de salario mínimo. Sin embargo, dicho precepto es omiso en indicar con exactitud si el salario mínimo que debe tomarse en consideración para efectos de determinar la cuantía del negocio, es el vigente en la fecha de la interposición de la demanda, o bien, del recurso. Por ende, ante tal laguna y en atención a que la cuantía, en términos generales, se encuentra determinada desde la presentación de la demanda -tal como lo dispone el artículo 162 del cuerpo de leyes en consulta-, se colige que el salario mínimo general que debe servir de base para efectos del cálculo relativo y para que tal medio de impugnación sea procedente, es el que se encontraba vigente en la fecha de la presentación de la demanda, pues tal conclusión representa mayor seguridad jurídica y certeza para las partes en el procedimiento, al no estar supeditadas a los incrementos de los salarios mínimos.[xii]

La consecuencia de crear jurisprudencia a partir de casos de integración es que la discrecionalidad de los órganos inferiores se ve disminuida considerablemente. En ocasiones, esto puede ser algo positivo al haber más certeza jurídica; pero por otro lado, esto también puede imponer soluciones injustas a situaciones complejas que no fueron previstas y que requieren de un mayor análisis para poder determinar cuál es la mejor regulación.

Ejemplo 4: Irregularidad formal por falta de un criterio jurídico común en las cinco sentencias. Es conveniente citar a José Carlos Guerra Aguilera (2005), quien brinda varios ejemplos de este tipo de irregularidad en su escrito: Del concepto de autoridades. Las vicisitudes de una conocida jurisprudencia inexistente y ahora interrumpida.

Dentro de los ejemplos citados por Guerra se encuentra el caso de una jurisprudencia que fue creada de forma irregular en la quinta época, cuyo contenido era el siguiente:

AUTORIDADES. QUIENES LO SON.

El término “autoridades” para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.[xiii]

En el escrito de Guerra, se señalan los comentarios que Genaro Góngora Pimentel, Valdemar Martínez García y José de Jesús Gudiño Pelayo realizan respecto de esta jurisprudencia,[xiv] y se llega a la conclusión de que en este caso, no se cumplió el requisito de las cinco ejecutorias en el mismo sentido que establece la Ley de Amparo para la creación de la jurisprudencia.

La irregularidad de una norma jurídica no implica que la norma deje de ser vigente, ya que regularidad y vigencia son atributos distintos e independientes. La vigencia se refiere a la obligatoriedad, a ese atributo que le permite a la norma señalar cuál es la conducta debida. Mientras que la regularidad se refiere a la relación que existe entre una norma superior y una inferior. En ese sentido, una norma es regular cuando la creación de la norma inferior fue realizada de acuerdo con lo establecido por la norma superior y es irregular en el caso contrario.

La prueba de que la vigencia de una norma no implica su regularidad son las leyes que a pesar de ser inconstitucionales siguen siendo obligatorias o las sentencias contra lege que tienen valor de cosa juzgada y que por lo tanto son obligatorias. En consecuencia, puede haber jurisprudencia que sea irregular, ya sea por cuestiones materiales o formales, y que a pesar de ello siga siendo obligatoria.

La irregularidad normativa es un problema que todo sistema jurídico pretende eliminar. Es por eso que ante leyes inconstitucionales o sentencias contra lege existen ciertos mecanismos que permiten excluir a esas normas del sistema. Algunas veces se emplean recursos procesales para ello; en otras ocasiones hay procedimientos como las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales, pero el verdadero problema surge cuando las resoluciones de los organismos que están a cargo del control de la constitucionalidad son irregulares, ya que en estos casos las garantías del propio sistema han fallado y el órgano constituido se convierte en soberano, como el poder constituyente.

Ante una situación como la anterior, si bien es cierto que la irregularidad de la resolución de un tribunal de última instancia es inatacable desde el punto de vista del Derecho positivo, por haberse alcanzado el valor de cosa juzgado, la opinión pública juega un papel de suma importancia en contra de la arbitrariedad.

Un caso que merece un estudio especial es el relativo a las opiniones emitidas por la Suprema Corte en los expedientes “varios” por ejemplo:

CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO NO FUE PARTE. SON ORIENTADORES PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEAN MÁS FAVORABLES A LA PERSONA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que derivan de sentencias en donde el Estado Mexicano no intervino como parte en el litigio son orientadores para todas las decisiones de los jueces mexicanos, siempre que sean más favorables a la persona, de conformidad con el artículo 1o. constitucional. De este modo, los jueces nacionales deben observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorable y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Esto no prejuzga la posibilidad de que sean los criterios internos los que se cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo 1o., lo cual tendrá que valorarse caso por caso a fin de garantizar siempre la mayor protección de los derechos humanos.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Varios 912/2013. 14 de julio de 2011. Mayoría de seis votos; votaron en contra: José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. Décima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, Diciembre de 2011, Tomo 1, página 550. No de registro. 160584.

La Ley de Amparo claramente establece que las resoluciones aptas para crear jurisprudencia son las sentencias y por sentencia se entiende aquella determinación judicial que resuelve el fondo del asunto planteado por las partes[xv].

En relación a la opinión transcrita, la misma no deviene de una controversia jurisdiccional planteada a la Suprema Corte, y tampoco resuelve el fondo de un procedimiento jurisdiccional; en consecuencia, no es una sentencia. No obstante lo anterior el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta la publican como “Tesis Aislada (Constitucional)”.

Conviene recordar que las tesis aisladas y las jurisprudencias mencionan en los datos de identificación la información relativa a los procesos jurisdiccionales que les dieron origen, por ejemplo: “Amparo en revisión 526/2011. Juan Valencia Fernández. 4 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Décima Época.”, correspondiente a la tesis aislada cuyo rubro es: “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA, DEBEN EFECTUARLO RESPECTO DE LOS PRECEPTOS DE LA LEY DE AMPARO.”

Al observar la opinión en estudio, la Suprema Corte no emitió una tesis aislada, sino solamente expresó su punto de vista en relación a un asunto. Desafortunadamente, muchos integrantes del poder judicial aplican dogmáticamente todo aquello que la Suprema Corte expide, convirtiendo a ese tipo de opiniones en jurisprudencias de hecho.

A continuación, se analizará si la jurisprudencia puede o no ser retroactiva.

 

3.5 Retroactividad

El problema de los efectos retroactivos de las normas jurídicas es bastante complejo y bien podría ser tema de toda una investigación. La forma en que dicho tema será abordado será sumamente sencilla debido a las limitaciones propias de este trabajo.

Básicamente, el problema de la retroactividad consiste en aplicar una norma jurídica a situaciones acontecidas con anterioridad al inicio de vigencia, lo cual tiene por efecto la transgresión  de derechos adquiridos.

Para demostrar en qué sentido la jurisprudencia puede tener efectos retroactivos, se empleará el ejemplo citado por Genaro Góngora Pimentel, en su libro Introducción al estudio del juicio de amparo (2004, págs. 632-636).

El ejemplo trata de la expedición de cheque sin fondos. En un inicio, la Primera Sala de la Suprema Corte consideró que había ciertas circunstancias en las cuales la expedición de un cheque sin fondos no constituía un delito.[xvi]

CHEQUES SIN FONDOS-[TESIS HISTÓRICA].-

Debe absolverse cuando llega a demostrarse que no hay engaño ni, en consecuencia, delito, al entregar un cheque, no por vía de pago (que es la función normal y ordinaria de esta clase de títulos de crédito), sino como una mera garantía, por convenirlo así el librador y la parte beneficiaria del documento, estando advertida esta última de la inexistencia de fondos para que el librado cubra el documento.[xvii]

Posteriormente, esa Sala decidió cambiar la tesis de jurisprudencia justo en el sentido contrario:

CHEQUES SIN FONDOS, EL DELITO SE COMETE AUN CUANDO EL DOCUMENTO HAYA SIDO POSTFECHADO O DADO EN GARANTIA.

La expedición de un cheque presentado oportunamente para su pago y no cubierto por causa imputable al librador, configura el delito previsto por el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sin consideración a que el documento se haya expedido postfechado, o en garantía de un adeudo; pues el cheque como instrumento destinado a desempeñar una función económica social, tutelada por el Estado, representa para el beneficiario la suma de dinero que motivó la expedición, sin más requisito que la presentación ante el banco librado para su pago inmediato. De ahí que cuando el cheque se expide sin fondos, nazcan contra el girador acciones distintas de las que origina cualquier otro documento de crédito insatisfecho con las consecuencias de carácter penal que precisa la ley. Y cuando el beneficiario del cheque es quien induce al librador a que lo expida, sabedor de que carece de fondos, así como cuando lo admite a sabiendas de esta última circunstancia, incurre en responsabilidad criminal como coautor del delito previsto por el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.[xviii]

El cambio del contenido de la tesis puede observarse desde las dos perspectivas que se mencionaron al hablar del tema de la interpretación jurídica.

Desde la perspectiva de la Primera Sala, la retroactividad de la jurisprudencia es algo imposible debido a que la jurisprudencia solamente es la interpretación de la ley. La jurisprudencia no agrega nada, ya que su única función es hacer más claro cuál es el sentido de la ley.  Para la Sala, la primera interpretación pudo estar equivocada y por eso es que la corrigió, pero ese cambio en la jurisprudencia no implica retroactividad, porque el verdadero sentido de la ley siempre estuvo ahí, sólo que en un inicio la Sala no pudo hacerlo explícito para los demás.

Si en lugar de usar la perspectiva del juzgador, se emplea la perspectiva del destinatario de la norma, las cosas son muy distintas.

En primer lugar, cuando el particular interpreta una norma, él obtiene una idea acerca de cuál es el significado de esa norma pero también sabe que la interpretación del juzgador puede ser distinta a la suya, razón por la cual reconoce que existe cierta incertidumbre en cuanto al significado del texto normativo. Como el particular no tiene una certeza de cuál es el sentido de la norma, no puede orientar de forma adecuada su conducta, porque desconoce si tiene o no un derecho; o lo que es peor aún, desconoce si una determinada conducta es lícita o ilícita.

Posteriormente, el particular se entera que ha sido creada una jurisprudencia que dice que la expedición de cheques en garantía no constituye un delito, con lo cual ya se siente más seguro porque ahora ya conoce cuál es el significado y el verdadero alcance del artículo 193 de la LGTOC. Con la información que ha recibido, el particular sabe que puede expedir cheques como una garantía y que esa conducta no será interpretada por los jueces como un delito, pues ya existe una jurisprudencia que establece que tal conducta está permitida, y por lo tanto decide expedir un cheque en garantía.

Pasa algún tiempo y la Primera Sala decide cambiar el sentido de la jurisprudencia. Días después, el particular se encuentra envuelto en un proceso penal por haber expedido un cheque sin fondos y es condenado por haber cometido el delito del artículo 193 de la LGTOC.

A estas alturas, al particular no le importa si la jurisprudencia es solamente la interpretación de la ley o si es una norma distinta, o si la primera jurisprudencia fue producto de un error, ya que desde su perspectiva, el expedir un cheque como garantía estaba permitido el día en que él lo hizo y ahora eso es un delito.

Desde la perspectiva del particular, hubo un cambio normativo, hubo un cambio en las conductas que son lícitas y las que no lo son, y la prueba de ello es que expedir un cheque como garantía estaba permitido pero hoy esa es la razón por la que él está en la cárcel.

Con base en lo anterior se puede decir que hay casos en los que la jurisprudencia tiene efectos retroactivos si se tiene en cuenta la perspectiva del destinatario de la norma.

Además de estos casos, existen otras situaciones en las que es más claro que la jurisprudencia puede tener efectos retroactivos. A continuación se mencionan cuáles son esas situaciones.

La postura tradicional sostiene que la jurisprudencia no puede ser retroactiva debido a que la jurisprudencia es la interpretación de otra norma por ejemplo, una ley. En ese orden de ideas, jurisprudencia y ley son una misma cosa y ésta es la razón por la que la jurisprudencia no tiene efectos retroactivos, y en todo caso, la ley es la que podría resultar retroactiva pero nunca la jurisprudencia.

El problema de esta posición doctrinal, es que no tiene en cuenta que el sistema jurídico permite la existencia de jurisprudencia que no solamente sea la interpretación de una norma, ya que existe jurisprudencia que implica la incorporación de una nueva norma jurídica al sistema, como el caso de la jurisprudencia surgida de interpretaciones creativas y de procesos de integración del Derecho.

En conclusión, la jurisprudencia claramente puede ser retroactiva en los casos de jurisprudencia que integra el Derecho y de jurisprudencia producto de interpretaciones creativas. Por lo que hace a la jurisprudencia que surge de procesos de interpretación jurídica, es probable que la jurisprudencia sea retroactiva si se tiene en cuenta la perspectiva del particular o del destinatario de la norma interpretada, como en el ejemplo del cheque sin fondos.

Afortunadamente, el artículo 217 de la Ley de Amparo expresamente prohíbe la aplicación retroactiva de la jurisprudencia, dejando sin efecto todas aquellas tesis que injustificadamente negaban la posibilidad de que la jurisprudencia tuviese efectos retroactivos. “Artículo 217… La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.”

El hecho de que el legislador haya prohibido la aplicación retroactiva de la jurisprudencia confirma que la jurisprudencia, tal y como está prevista en el sistema jurídico mexicano, es una norma general, pues la retroactividad solo se predica de normas generales.

 

3.6 Obligatoriedad y garantías

Que la jurisprudencia sea o no una fuente de Derecho depende de cada sistema jurídico. En el caso de México, la jurisprudencia es obligatoria según el artículo 94 de la CPEUM.

El que una norma sea obligatoria significa que la norma tiene la capacidad de señalar ciertas conductas como debidas. Por lo que hace a la jurisprudencia, esta norma obliga directamente a los órganos jurisdiccionales y obliga indirectamente a las personas que están sometidas a la competencia de esos órganos.

Es común que las autoridades administrativas no cumplan con lo señalado por la jurisprudencia, alegando que la ésta no les resulta obligatoria. Al respecto hay que mencionar que la jurisprudencia no obliga directamente a estas autoridades, pero a través de un proceso jurisdiccional, la jurisprudencia sí obliga a la Administración Pública.

Algo que es importante mencionar es el efecto que tiene la jurisprudencia en relación al órgano que la establece. Como se vio en su momento, la jurisprudencia obliga a los tribunales inferiores en el sentido de exigirles que incluyan el contenido de la jurisprudencia en sus resoluciones. Pero el tribunal que crea una jurisprudencia está en libertad de cambiar de criterio y con ello interrumpir la jurisprudencia. El único requisito que se le exige para ello es argumentar porqué decidió cambiar el sentido de su criterio, tal y como lo establece el segundo párrafo del artículo 228 de la Ley de Amparo: “Artículo 228. . . En estos casos, en la ejecutoria respectiva deberán expresarse las razones en que se apoye la interrupción, las que se referirán a las consideraciones que se tuvieron para establecer la jurisprudencia relativa.”

Por lo tanto, la jurisprudencia obliga a los tribunales inferiores a resolver según la jurisprudencia, mientras que con relación al órgano que la crea, tiene el efecto de imponerle una carga argumentativa cuando decide cambiar de criterio.

Es importante no confundir la obligatoriedad de una norma jurídica con las garantías de la misma. La obligatoriedad se refiere a la vigencia de la norma, mientras que las garantías son todos aquellos mecanismos que tienen como finalidad hacer efectivo el Derecho. Dentro de las garantías que se encuentran en el Derecho se encuentran: las sanciones, los medios de impugnación, los actos coactivos, etcétera.

Algunos de los mecanismos que garantizan la obligatoriedad de la jurisprudencia son: los recursos ordinarios (revocación, apelación etc.) el amparo directo y el “recurso de responsabilidad” previsto en el artículo 728 del CPCDF.[xix] De las garantías mencionadas conviene precisar que el llamado recurso de responsabilidad solamente tiene por finalidad exigir la responsabilidad civil del juzgador por haber infringido la ley, en este caso la Ley de Amparo que establece la obligatoriedad directa de la jurisprudencia.

Actualmente la Ley de Amparo no contempla una sanción específica para los órganos jurisdiccionales que no apliquen la jurisprudencia, pero en las leyes que antecedieron a la Ley de Amparo hoy vigente, si es posible encontrar alguna de ellas. Por ejemplo la Ley Orgánica de los Artículos 101 y 102 de la Constitución Federal del 14 de diciembre de 1882 establecía lo siguiente:

Art. 70. La concesion [sic] ó denegación del amparo contra texto expreso de la Constitucion [sic] ó contra su interpretación [sic], fijada por la Suprema Corte, por lo menos en cinco ejecutorias uniformes, se castigará con la pérdida de empleo, y con prision [sic] de seis meses a tres años, si el juez ha obrado dolosamente; y si solo ha procedido por falta de instruccion [sic] ó descuido, quedará suspenso de sus funciones por un año.

Por último, se abordará el tema de la justificación de la jurisprudencia.

 

3.7 Justificación de la jurisprudencia

El objetivo de esta sección es encontrar cuáles son los valores que pretende realizar la jurisprudencia como una norma que tiene una especial configuración dentro del ordenamiento jurídico mexicano.

Gascón (1993, pág. 35) opina que todos los modelos de precedente están influenciados en alguna medida por la universalidad, criterio de racionalidad del discurso jurídico y moral. Con base en lo anterior se puede concluir que uno de los valores que pretende realizar la jurisprudencia es controlar la racionalidad de las decisiones judiciales. Lo anterior se aprecia con mayor claridad en el momento en que un órgano creador de jurisprudencia decide cambiar de criterio y para ello, el ordenamiento le exige razones que justifiquen esta decisión.

Tal vez el principal valor que fundamenta a la jurisprudencia sea la certeza jurídica, toda vez que se unifican los criterios interpretativos de una norma, con lo cual el destinatario de la norma sabe con seguridad en qué sentido orientar su conducta.

Hoy en día, la certeza es un objetivo difícil de alcanzar debido a la gran dispersión normativa y la pérdida de generalidad que presentan las leyes. Por ello, es importante buscar un sistema adecuado de unificación de criterios judiciales que, mediante una redacción clara y detallada de las condiciones de aplicación de la jurisprudencia, devuelva la predictibilidad de las consecuencias jurídicas a las relaciones sociales.

Un valor que podría entrar en conflicto con la certeza jurídica, es la justicia, pues la justicia requiere de flexibilidad para operar. Por ello la certeza que aporta la jurisprudencia no es perpetua, y prueba de lo anterior es que los contenidos de la jurisprudencia no tienen la permanencia que tiene una ley, y esto es valioso debido a que la realidad social es cambiante y demanda cosas distintas a lo largo del tiempo. La forma en que la jurisprudencia agrega dinamismo a su configuración es a través de la vigencia condicionada de esta norma, es decir, a través del mecanismo de la interrupción. De esta forma la jurisprudencia tiene la capacidad de irse adaptando a las nuevas exigencias de la sociedad y así realizar otros valores como la justicia.

Finalmente, otro de las razones que justifican la existencia de la jurisprudencia es la igualdad. Hay que recordar que la jurisprudencia tiene el efecto de obligar a los órganos jurisdiccionales a resolver una misma situación interpretativa en el mismo sentido y con ello se logra que las personas que están involucradas en circunstancias idénticas reciban igual tratamiento.

 

[i] Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Jurisprudencia 74/1999. 14 de julio de 1999. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. X, página 5. No. De registro 193,435. Materia Constitucional.[ii] Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tercera Sala. Jurisprudencia. Sexta Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. CXX, Cuarta Parte, página 52. No. De registro 269,621. Materia Civil.[iii] Se reconoce que algunos de los derechos humanos pueden ser violados por particulares, pero aquí se hace referencia a la protección de estos derechos, cuando el agresor es una autoridad.[iv] Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segunda Sala. Amparo directo en revisión 2303/97. Proyectos, Edificaciones y Construcciones Oaxaqueñas, S.A. de C.V. 19 de noviembre de 1997. 5 votos. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. VII, página 416. No. De registro 196,715. Materia Administrativa, Constitucional.[v] Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Jurisprudencia 10/1995 (9ª). 20 de junio de 1995. 10 votos. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. II, página 19. No. De registro 200,349. Materia Constitucional, Administrativa.[vi] Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Contradicción de tesis 46/90. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 22 de octubre de 1991. 15 votos. Octava Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. IX, página 60. No. De registro 205,731. Materia Administrativa.[vii] Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primera Sala. Contradicción de Tesis 42/2006 PS. Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de mayo de 2007. 4 votos. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XXVI, página 5. No. De registro 172,113. Materia Civil.[viii] Artículo 192….

Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho  ministros si se tratara de jurisprudencia del pleno, o por cuatro ministros, en los casos de jurisprudencia de las salas.[ix] Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segunda Sala. Jurisprudencia 101/2008. 14 de junio de 2008. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XXVII, página 397. No. De registro 169,568. Materia Administrativa.[x] Artículo 195.- En los casos previstos por los artículos 192 y 193, el Pleno, la Sala o el TribunalColegiado respectivo deberán: I. Aprobar el texto y rubro de la tesis jurisprudencial y numerarla de manera progresiva, por cada uno de los citados órganos jurisdiccionales;[xi] Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tercera Sala. Jurisprudencia. Sexta Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. CXX, Cuarta Parte, página 52. No. De registro 269,621. Materia Civil.[xii] Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Jurisprudencia. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XXIII, página 1627. No de registro 176,031. Materia Civil.[xiii] Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuarta Sala. Quinta Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Parte HO, página 763. No. De registro 395,059. Materia Común[xiv] Todos ellos en el mismo sentido.[xv] Véase artículo 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles: ARTICULO 220.- Las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias; decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos cuando decidan cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, cuando decidan el fondo del negocio.[xvi] El delito estaba previsto en el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operación de Crédito:

ARTICULO 193.- El librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado, por causa imputable al propio librador, resarcirá al tenedor los daños y perjuicios que con ello le ocasione. En ningún caso, la indemnización será menor del veinte por ciento del valor del cheque.

El librador sufrirá además la pena de fraude, si el cheque no es pagado por no tener el librador fondos disponibles al expedirlo, por haber dispuesto de los fondos que tuviere antes de que transcurra el plazo de presentación o por no tener autorización para expedir cheques a cargo del librado.[xvii] Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primera Sala. Jurisprudencia Histórica. Quinta Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo II, Penal, Jurisprudencia Histórica, página 661. No. De registro 904,767. Materia Penal.[xviii] Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primera Sala. Jurisprudencia. Sexta Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. LIV, Segunda Parte, página 21. No. De registro 260,579. Materia Penal.[xix] Artículo 728.- La responsabilidad civil en que puedan incurrir jueces y magistrados, cuando en el desempeño de sus funciones infrinjan las leyes por negligencia o ignorancia inexcusables, solamente podrá exigirse a instancia de la parte perjudica[da] o de sus causahabientes, en el juicio ordinario, y ante el inmediato superior del que hubiere incurrido en ella.

 

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