III. La constitución como regla de reconocimiento

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III. La constitución como regla de reconocimiento 2017-06-04T14:25:14+00:00

Capítulo III. La constitución como regla de reconocimiento

El concepto de regla de reconocimiento

En el libro “El concepto de Derecho” (Hart, 1961) el término regla de reconocimiento es empleado para designar el criterio que sirve para identificar aquellas normas que son consideradas derecho por una determinada comunidad política.

Es importante señalar que la regla de reconocimiento, es un concepto que no se identifica con el concepto de constitución, ello en virtud de que la constitución surge en el contexto de las comunidades políticas estatales, mientras que la regla de reconocimiento es un término más amplio que puede ser empleado incluso en comunidades anteriores a los Estados Nacionales.

Al hablar de la constitución como regla de reconocimiento se hace referencia a la función del texto constitucional como criterio para identificar las fuentes de Derecho que son reconocidas por un sistema jurídico estatal.

En otras palabras, la constitución, al identificar qué tipo de normas son reconocidas como derecho en un determinado Estado, desempeña una función propia de una regla de reconocimiento.

A continuación se describirán algunos aspectos generales relativos a la forma en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula el sistema de fuentes de Derecho, cumpliendo así con una de las funciones de la regla de reconocimiento.

 

El sistema de fuentes reconocido por la Constitución Mexicana

En este apartado se hará una descripción general de las fuentes de Derecho reconocidas por la CPEUM.

Dentro de las principales normas reconocidas por el Constituyente de 1917 se encuentra la Constitución de 1857 según se desprende del propio título de la Constitución: “CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE REFORMA LA DE 5 DE FEBRERO DE 1857”.

Lo anterior es de trascendencia en virtud de que el anterior texto constitucional, es decir la Constitución de 1857, servirá por decisión del Poder Constituyente de 1917 como texto supletorio a la actual CPEUM.

De manera ejemplificativa se enlistan algunas de las fuentes de derecho reconocidas por la Constitución de 1917: tratados internacionales, leyes y decretos de naturaleza federal y local, el derecho de las comunidades indígenas (artículo 2), normas individualizadas como lo son resoluciones judiciales, los contratos celebrados por los particulares (véase artículo 5), reglamentos sanitarios de policía y buen gobierno, planes y programas escolares (artículo 3), las constituciones locales, el presupuesto de egresos, los principios generales del derecho (artículo 14), las resoluciones dictadas en acciones colectivas, convenios entre distintos niveles de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo Federal, las disposiciones legislativas emitidas por el Consejo de Salubridad General, acuerdos generales del Consejo de la Judicatura Federal, la jurisprudencia, planes regionales de desarrollo, acuerdos intermunicipales e interestatales (entre Entidades Federativas), etc.

Cabe mencionar que poco se ha tratado en la doctrina respecto de normas generales como el Plan Nacional de Desarrollo previsto en el artículo 26 de la CPEUM. En relación a esa norma conviene resaltar que la misma puede servir para impugnar los actos de la Administración Pública Federal con fundamento en el propio artículo 26: “Artículo 26… Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.”

Por lo que hace a las facultades legislativas federales, la CPEUM distingue entre facultades ordinarias y facultades extraordinarias, siendo ordinarias aquellas atribuidas al Congreso de la Unión (artículos 71, 72 y 73) y al Consejo de Salubridad General (73 fracción XVI bases 1ª y 4ª) y extraordinarias aquellas que requieren un acto de delegación por parte del Congreso de la Unión, es decir los casos previstos en el segundo párrafo del artículo 131 y el otorgamiento de facultades legislativas al Ejecutivo Federal en términos del Artículo 29 CPEUM.

Artículo 73…

XVI.  Para  dictar  leyes  sobre  nacionalidad,  condición  jurídica  de  los  extranjeros,  ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.

1a.  El  Consejo  de  Salubridad  General  dependerá  directamente  del  Presidente  de  la República,  sin  intervención  de  ninguna  Secretaría  de  Estado,  y  sus  disposiciones generales serán obligatorias en el país.

2a.  En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en  el  país,  la  Secretaría  de  Salud  tendrá  obligación  de  dictar  inmediatamente  las medidas  preventivas  indispensables,  a  reserva  de  ser  después  sancionadas  por  el Presidente de la República.

3a.  La  autoridad  sanitaria  será  ejecutiva  y  sus  disposiciones  serán  obedecidas  por  las autoridades administrativas del País.

4a.  Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así  como  las  adoptadas  para  prevenir  y  combatir  la  contaminación  ambiental,  serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan.

 

Artículo  131…

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso dela Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; así como para restringir  y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del  país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país. El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida.

 

Artículo 29.En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga  a  la  sociedad  en  grave  peligro  o  conflicto,  solamente  el  Presidente  de  los  Estados  Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de  las  Secretarías  de  Estado  y  la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en  todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para  hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.

Otro tipo de normas que conviene señalar, son los contratos celebrados entre los particulares, según se desprende del artículo 5 constitucional.

Artículo 5…

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa.

Tampoco  puede  admitirse  convenio  en  que  la  persona  pacte  su  proscripción  o  destierro,  o  en  que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.

El artículo citado es un ejemplo de que la CPEUM reconoce a la autonomía de la voluntad como fuente de normas jurídicas individualizadas, como lo son los contratos.

Una forma en que la CPEUM controla qué fuentes estarán incorporadas al sistema jurídico mexicano es mediante el principio de división de poderes, ya que dicho principio establece que las normas jurídicas generales serán expedidas por el Poder Legislativo (salvo los casos expresamente señalados por la propia CPEUM) sin que dicho poder tenga autorizado delegar sus facultades a casos distintos de los previstos en  los artículos 29 y 131.

A manera de ejemplo se cita el artículo 6 de la Ley de Instituciones de Crédito que sin fundamento constitucional alguno delega la facultad legislativa para incorporar a los usos y prácticas bancarias como fuentes de derecho.

Artículo 6o.- En lo no previsto por la presente Ley y por la Ley Orgánica del Banco de México, a las instituciones de banca múltiple se les aplicarán en el orden siguiente:

I.  La legislación mercantil;

II.  Los usos y prácticas bancarios y mercantiles, y

La incorporación que hace el artículo 6 de la Ley de Instituciones de Crédito de los usos y prácticas bancarios y mercantiles, no está prevista en la CPEUM por lo tanto dichas fuentes pueden ser impugnadas alegando una violación al artículo 49 constitucional.

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Por otra parte, es importante mencionar que la CPEUM no solamente regula aspectos formales del proceso legislativo federal, sino que incluso regula ciertos aspectos del proceso legislativo local, tal es el caso de artículo 115 fracción IV antepenúltimo párrafo:

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo  y  construcciones  que  sirvan  de  base  para  el  cobro  de  las  contribuciones  sobre  la  propiedad inmobiliaria.

En ese orden de ideas, toda contribución local que haya sido establecida sin observar lo dispuesto por el artículo transcrito resulta anticonstitucional y en consecuencia impugnable vía amparo.

En el próximo capítulo se ampliarán los ejemplos de fuentes no autorizadas por la CPEUM toda vez que violan el principio de división de poderes.

Finalmente es importante mencionar que la CPEUM no solamente establece qué fuentes de derecho pertenecen al sistema jurídico mexicano, sino que en algunos casos incluso establece disposiciones que sirven como ordenadores normativos, entendiendo por ordenador normativo aquel enunciado normativo que sistematiza, estructura, o da coherencia al ordenamiento jurídico.

Como ejemplo de ordenadores normativos se pueden citar las disposiciones contenidas en el artículo 121 constitucional.

Artículo  121. En  cada  Estado  de  la  Federación  se  dará  entera  fe  y  crédito  de  los  actos  públicos, registros  y  procedimientos  judiciales  de  todos  los  otros.  El  Congreso  de  la  Unión,  por  medio  de  leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes:

I. Las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio, y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él.

II. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación.

III.  Las  sentencias  pronunciadas  por  los  tribunales  de  un  Estado  sobre  derechos  reales  o  bienes inmuebles ubicados en otro Estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria en éste, cuando así lo dispongan sus propias leyes.

Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otro Estado, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio, a la justicia que las pronunció, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio.

IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros.

V.  Los  títulos  profesionales  expedidos  por  las  autoridades  de  un  Estado,  con  sujeción  a  sus  leyes, serán respetados en los otros.

En conclusión, la Carta Magna establece cuáles son las normas que conforman el sistema jurídico mexicano. Por lo tanto, para averiguar si un determinado tipo de norma jurídica pertenece al ordenamiento mexicano habrá que buscar su incorporación en el texto constitucional.

 

La constitución como criterio de regularidad formal y material

La otra función de la regla de reconocimiento es la relativa a fijar el referente de regularidad formal y material de todo el sistema jurídico particular de que se trate, entendiendo por regularidad “la relación de correspondencia entre un grado inferior y un grado superior del orden jurídico.” (Kelsen, 1974, págs. 473,474).

De lo antedicho resulta que la CPEUM es la norma superior de todo el ordenamiento jurídico mexicano en virtud de que en el conjunto de enunciados normativos denominado CPEUM se contienen las disposiciones que rigen los procesos de creación del resto de las normas en sus aspectos competenciales, procedimentales y materiales.

En otras palabras, la CPEUM establece qué autoridades o sujetos son los facultados para realizar un determinado acto normativo, la secuencia de actos que deben seguir y el sentido o contenido de las normas a crear.

Enseguida se cita un caso para ejemplificar lo anterior:

Según el artículo 50 el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Unión: “Artículo  50.  El  poder  legislativo  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  se  deposita  en  un  Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores.”

El artículo citado establece al Congreso de la Unión como la autoridad competente para emitir normas jurídicas generales.

Por otra parte los artículos 71 y 72 de la CPEUM establecen la secuencia de actos que deben las autoridades competentes para producir una ley o un decreto.

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I.  Al Presidente de la República;

II.  A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;

III.  A las Legislaturas de los Estados; y

IV.  A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas.

El  día  de  la  apertura  de  cada  periodo  ordinario  de  sesiones  el  Presidente  de  la  República  podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado  en  periodos  anteriores,  cuando  estén  pendientes  de  dictamen.  Cada  iniciativa  deberá  ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales.

Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá  ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución.

 

Artículo  72. Todo  proyecto  de  ley  o  decreto,  cuya  resolución  no sea  exclusiva  de  alguna  de  las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones:

A.  Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare,  se  remitirá  al  Ejecutivo,  quien,  si  no  tuviere  observaciones  que  hacer,  lo  publicará inmediatamente.

B. Se  reputará  aprobado  por  el  Poder  Ejecutivo  todo  proyecto  no  devuelto  con  observaciones  a  la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o  decreto será considerado promulgado  y  el  Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente.

C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta,, (, sic DOF 05-02-1917)y si fuese confirmado por las dos terceras partes  del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.

Las votaciones de ley o decreto, serán nominales.

D.  Si algún proyecto  de  ley  o  decreto, fuese  desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo período de sesiones.

E.  Si  un  proyecto  de  ley  o  decreto  fuese  desechado  en  parte,  o  modificado,  o  adicionado  por  la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora  fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por  la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de ésta,  y  si  por  mayoría  absoluta  de  votos  presentes  se  desecharen  en  esta  segunda  revisión  dichas adiciones  o  reformas,  el  proyecto,  en  lo  que  haya  sido  aprobado  por  ambas  Cámaras,  se  pasará  al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la  Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.

F.  En  la  interpretación,  reforma  o  derogación  de  las  leyes  o  decretos,  se  observarán  los  mismos trámites establecidos para su formación.

G. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año.

H.  La  formación  de  las  leyes  o  decretos  puede  comenzar indistintamente  en  cualquiera  de  las  dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.

I. Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presenten, a  menos  que  transcurra  un  mes  desde  que  se  pasen  a  la  Comisión  dictaminadora  sin  que  ésta  rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara.

I  (J, sic DOF 24-11-1923).  El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales.

Tampoco  podrá  hacerlas  al  Decreto  de  convocatoria  a sesiones  extraordinarias  que  expida  la Comisión Permanente.

Finalmente los artículos 1°, y 73 de la CEPUM regulan los contenidos de las leyes o decretos emitidas por el Congreso de la Unión.

Artículo 1.En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución  y en los tratados  internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos  de  conformidad  con  los  principios  de  universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

 

Artículo 73.El Congreso tiene facultad:

X.  Para  legislar  en  toda  la  República  sobre  hidrocarburos,  minería,  sustancias  químicas, explosivos,  pirotecnia,  industria  cinematográfica,  comercio,  juegos  con  apuestas  y  sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;

Es importante mencionar que toda norma inferior a la CPEUM, sea general o individual, puede por una situación de hecho resultar anticonstitucional, ello en virtud de que la norma inferior haya sido expedida por una autoridad incompetente, emitida en violación a las normas que regulan el proceso normativo o porque su contenido sea contrario a la CEPUM.

Por lo tanto, aquellos criterios judiciales que afirman que las sentencias de amparo no pueden violar derechos humanos carecen de todo fundamento.

JUECES DE DISTRITO. NO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, LOS ACUERDOS, RESOLUCIONES Y SENTENCIAS DE LOS.

Si el recurrente manifiesta en su escrito de expresión de agravios que el Juez de Distrito violó sus garantías constitucionales, tales agravios son infundados, ya que los Jueces de Distrito al ser los encargados del control constitucional, en sus acuerdos o resoluciones no pueden cometer violaciones a los derechos subjetivos públicos de los gobernados, sino, en todo caso, infracción por inobservancia a la Ley de Amparo.

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. Jurisprudencia por reiteración de criterios. Amparo en revisión 321/95. Francisco Javier Fuentes Segura. 25 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, Abril de 1996, página 250. No. de Registro 202834.

Asimismo conviene señalar que existe una infinidad de jurisprudencia anticonstitucional debido a varias razones, entre ellas:

1) Toda vez que una gran cantidad de la jurisprudencia se origina con motivo de conflictos de legalidad los Tribunales que la crean no cuestionan la constitucionalidad de los criterios por ellos establecidos y como resultado de ello se emite una jurisprudencia anticonstitucional. Al respecto véase “El control de convencionalidad de la jurisprudencia que viola derechos humanos” en: http://constitucionalistasmexicanos.blogspot.mx/

2) Por violar el principio de subordinación del artículo 94 constitucional

[i] debe recordarse que la jurisprudencia es una fuente de derecho que está vinculada a la norma objeto de interpretación, por lo tanto si la jurisprudencia expresa una “interpretación” no derivable del enunciado normativo a interpretar, la jurisprudencia constituye una pretensión legislativa no autorizada por la CPEUM. Las siguientes tesis ejemplifican lo anterior:

CUANTÍA DEL JUICIO. ES INDETERMINADA EN LOS JUICIOS EN DONDE SE EJERCE LA ACCIÓN DECLARATIVA.

La pretensión de declaración llamada también acción declarativa, prevista en el artículo 1o. del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no persigue directamente un fin pecuniario; por ende, la referida controversia debe considerarse de cuantía indeterminada. En efecto, para conocer si un juicio es de cuantía determinada o de cuantía indeterminada ha de atenderse al ámbito objetivo sobre el que versará el proceso en concreto, esto es, considerar tanto el petitum (lo pedido) como el fundamento de esa petición (causa de pedir). La llamada acción declarativa tiene como finalidad dar certeza jurídica a un estado de cosas, a una situación jurídica indefinida o no reconocida y terminar con el estado de incertidumbre jurídica en que se encuentra el demandante; su fin último no consiste en el pago de una cantidad monetaria, sino en dar seguridad jurídica al enjuiciante sobre la existencia, eficacia, interpretación, etcétera, de un derecho o de una relación jurídica. De ahí que no sea válido afirmar que el juicio tenga un valor en dinero, aunque en la demanda se expresen cantidades ciertas y específicas, si lo reclamado no trata sobre el pago de éstas. En consecuencia, la cuantía del asunto debe estimarse indeterminada y sobre tal base fijar, por ejemplo, la competencia de los órganos jurisdiccionales, la procedencia de los recursos y la cuantificación de las costas.

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Tesis aislada. Amparo en revisión 43/2010. Adriana Duarte Yépez. 8 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Novena Época.  Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Septiembre de 2010, página 1231. No. de registro 163837.

En el criterio judicial citado el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dice interpretar el artículo 1° del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y que derivado de dicha interpretación se infiere que las acciones declarativas son de cuantía indeterminada.

Si se observa la redacción artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal uno se puede constatar que no existe elemento alguno que permita llegar a la conclusión contenida en la tesis.

ARTICULO 1

Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena y quien tenga el interés contrario.

Podrán promover los interesados, por sí o por sus representantes o apoderados, el Ministerio Público y aquellos cuya intervención esté autorizada por la Ley en casos especiales.

De la lectura completa del artículo 1° del Código Procesal es imposible inferir que el legislador haya establecido que las acciones declarativas son de cuantía indeterminada como lo afirma el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ello hace evidente que la tesis aislada lejos de constituir un criterio interpretativo es una pretensión legislativa, situación que implica una transgresión al principio de subordinación  de la jurisprudencia del artículo 94 constitucional y una violación al principio de división de poderes.

3) Por violar las normas que regulan su proceso de creación. Por ejemplo, no reunir el número de casos resueltos en el mismo sentido.

4) Por no observar el método de interpretación impuesto por el artículo 72 F de la Constitución, etc.

En resumen, todas las normas que forman parte del sistema jurídico mexicano tienen que ser emitidas según lo dispuesto por la CPEUM ya que de lo contrario dichas normas devienen irregulares y su obligatoriedad puede ser impugnada.

[i] Artículo 94… La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder  Judicial  de  la  Federación  y  los  Plenos  de  Circuito  sobre  la  interpretación  de  la  Constitución  y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.
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