IV. El principio de división de poderes

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IV. El principio de división de poderes 2017-06-04T14:28:55+00:00

Capítulo IV. El principio de división de poderes

Los actos estatales presentan características distintas y si se realiza una clasificación de los mismos se obtienen tres categorías: actos legislativos, actos administrativos y actos jurisdiccionales.

Al hablar de funciones estatales se hace referencia a cada una de las distintas categorías de actos estatales.

Originalmente el llamado principio de división de poderes

[i] atribuía una sola función a cada uno de los órganos estatales y esta atribución se hacía en forma exclusiva. De esta forma el resultado era que los actos legislativos solamente podía realizarlos la asamblea o congreso, los actos administrativos el poder ejecutivo y los jurisdiccionales eran exclusivos de los tribunales.

En realidad, el Derecho positivo reconoce el principio de división de poderes en forma parcial, pues resulta sumamente difícil la observancia de tal principio en forma absoluta. En palabras de Elisur Arteaga (2004, pág. 33) la atribución de funciones realizada bajo el principio de división de poderes es sólo preferente.

Una función estatal, al poder ser realizada por distintos órganos, hace necesario distinguir el aspecto formal del material. El aspecto formal hace referencia al órgano creador del acto, es decir la causa eficiente del mismo. Por su parte el aspecto material se refiere al acto mismo, a su sustancia o esencia, sin tener en cuenta quién realiza el acto.

A continuación se describirán cada una de las funciones estatales considerando principalmente el aspecto material.

Actos legislativos

El acto legislativo es el acto normativo que tiene como resultado una norma jurídica de carácter general.

El que una norma sea general implica que los destinatarios de la misma son indeterminados. Es por ello que las normas generales designan a los sujetos obligados por ellas, empleando categorías o términos genéricos y nunca nombrando individuos.  Al respecto Gabino Fraga (2005) opina que “La generalidad de la ley debe estimarse como la esencia de la función legislativa.” (pág. 42).

Otra característica que usualmente se observa en las normas generales es la abstracción. Si bien, la generalidad está relacionada con el ámbito personal de validez, la abstracción sugiere una característica del ámbito temporal de validez.

El que una norma sea abstracta significa que la vigencia de la misma no está condicionada a un número determinado de actualizaciones del supuesto normativo. En otras palabras, la obligatoriedad de la norma no está limitada a una cantidad específica de casos concretos sino que resulta vigente para una infinidad de casos.

Miguel Carbonell (2005), al estudiar la abstracción de la norma, dice lo siguiente “la abstracción se referiría no a los sujetos, sino a las acciones, de forma que sería abstracta una ley que no predeterminara los casos a los que se va a aplicar” (2005, pág. 242).

Como consecuencia de la abstracción, la norma jurídica comúnmente es permanente o al menos existe una pretensión de permanencia en el acto legislativo.

Según el artículo 50 de la CPEUM la función jurisdiccional está atribuida en forma preponderante al Congreso de la Unión: “El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados u otra de senadores.”

Si bien la regla general es que el Congreso ejerza la función legislativa, también hay excepciones según se describirá más adelante.¡

Actos administrativos

El acto administrativo es el acto estatal realizado con fundamento normativo y que tiene efectos materiales o efectos jurídicos particulares.

Entre las características que la doctrina encuentra en el acto administrativo están: ser un acto jurídico, estar regido por el Derecho público, y ser realizado por un órgano estatal por mencionar algunas.

Una de las posibles clasificaciones de los actos administrativos es la siguiente: 1) Actos Administrativos Jurídicos, 2) Actos Administrativos Materiales, 3) Actos Administrativos Políticos, y 4) Actos Administrativos de Gobierno (Castellanos, 1983).

A manera de ejemplo se transcribe la definición de acto administrativo que se contempla en la Fracción I del artículo 2° de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal:

Acto Administrativo: Declaración unilateral de voluntad, externa, concreta y ejecutiva, emanada de la Administración Pública del Distrito Federal, en el ejercicio de las facultades que le son conferidas por los ordenamientos jurídicos, que tiene por objeto crear, transmitir, modificar, reconocer o extinguir una situación jurídica concreta, cuya finalidad es la satisfacción del interés general.

En cuanto a la atribución de la función administrativa, la misma se encuentra asignada principalmente al Poder Ejecutivo, tal y como se desprende del artículo 80 de la CPEUM: “Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará ‘Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.’”

Actos jurisdiccionales

En relación al acto jurisdiccional, se expone el concepto planteado por Oscar Morineau (2005) y Villalón (1950).

Estos autores consideran que el elemento esencial de la jurisdicción radica en la existencia de dos relaciones jurídicas distintas.  En la primera de ellas los sujetos vinculados son: el actor y el órgano jurisdiccional. Mientras que en la otra relación jurídica el órgano jurisdiccional nunca aparece vinculado. Al respecto Morineau (2005) dice

en la jurisdicción encontramos invariablemente dos relaciones distintas. Ahora bien, el juez jamás es sujeto de la segunda relación descrita; pero tiene el deber de constatar su existencia o inexistencia en el caso concreto y de hacer que se cumpla, por fuerza, si fuere necesario, el deber constatado. (pág. 410).

En general el concepto anterior es correcto, lo único que requiere es cierta precisión, es la labor del juez respecto de la segunda relación jurídica. Tanto Morineau (2005), como Villalón (1950), consideran que la tarea del juez solamente es constatar la existencia o inexistencia de tal relación jurídica. Si se observan las resoluciones de los jueces con seguridad se encontrarán casos que van más allá de la simple tarea de constatar la existencia o inexistencia de una relación jurídica. Muestra de lo anterior pueden ser los casos en que el juez le autoriza a una persona que ejerce la patria potestad la enajenación de ciertos bienes propiedad de sus hijos,[ii] las sentencias con efectos constitutivos, los casos de integración del Derecho, etcétera.

Por lo anterior, sería mejor considerar que la labor del juzgador en el acto jurisdiccional implica, no sólo la constatación de la existencia de otra relación jurídica, sino también la determinación de las características de esa relación jurídica.

El conjunto de actos que son realizados al llevar a cabo la función jurisdiccional es complejo ya que el juez no solamente aplica el Derecho, también lo interpreta, lo integra, etcétera. Es por ello que se sugiere al lector consulte el apartado correspondiente del capítulo I de nuestro libro “La jurisprudencia prevista en la nueva Ley de Amparo”, ello para conocer las distintas teorías acerca de la jurisdicción y para vislumbrar a detalle y con ejemplos en qué consiste esta función estatal.

Por otra parte y de acuerdo con el artículo 94 de la CPEUM la función jurisdiccional se ejerce preferentemente por el Poder Judicial: “Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.”

 

Excepciones al principio de división de poderes

Al ser el principio uno de los pilares del constitucionalismo, sus excepciones deben estar previstas en forma expresa por la CPEUM, ya que de lo contrario los órganos constituidos pueden concentrar demasiado poder y hacer mal uso del mismo.

Enseguida se mostrarán algunas excepciones al principio de división de poderes autorizadas por la CPEUM y también se darán algunos ejemplo de excepciones no contempladas y por ende anticonstitucionales.

Actos legislativos expedidos por autoridades distintas del Poder Legislativo

El Poder Ejecutivo realiza actos materialmente legislativos cuando ejerce la facultad reglamentaria concedida por la Fracción I del artículo 89 de la CPEUM, misma que establece: “Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.”

Lo interesante de las normas jurídicas generales producto de la facultad reglamentaria del Ejecutivo es que tienen características propias que las distinguen de las leyes del Congreso.

En primer lugar, los reglamentos del Ejecutivo están subordinados a las leyes del Congreso, es decir no pueden establecer contenidos incompatibles con la ley que están desarrollando y tampoco pueden agregar elementos novedosos en relación a lo previsto por el legislador.

En segundo lugar, el ámbito personal de validez no es el mismo. Mientras una ley del Congreso puede regular la conducta de autoridades y particulares, el reglamento sólo puede regular la conducta de las personas que forman parte de la esfera administrativa.

Para determinar los alcances de la expresión “esfera administrativa” empleada por la Constitución resulta conveniente observar lo dispuesto por el artículo 90 de la CPEUM.

Artículo  90.  La  Administración  Pública  Federal  será  centralizada  y  paraestatal  conforme  a  la  Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que  estarán  a  cargo  de  las  Secretarías  de  Estado  y  definirá  las  bases  generales  de  creación  de  las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

Como se puede observar, en el artículo 90 de la CPEUM establece elementos normativos que permiten delimitar el concepto de “esfera administrativa”, señalando que la  Administración  Pública  Federal  será  centralizada  y  paraestatal.

En ese orden de ideas es válido afirmar que el Constituyente consideró que la expresión “esfera administrativa” refiere únicamente a la Administración Pública y no así a los particulares, lo cual tiene absoluto sentido, pues las funciones encomendadas al Ejecutivo justifican que el titular de dicho Poder pueda emitir disposiciones generales destinadas a los entes públicos sometidos  a su dirección, mientras que el afectar directamente a los particulares no se encuentra justificado pues dicha labor está reservada al Poder Legislativo.

Conviene mencionar que la propia CPEUM cuando refiere las afectaciones a los particulares emplea una terminología distinta, a saber, la “esfera jurídica” del artículo 107 fracción I de la CPEUM.

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto  reclamado  viola  los  derechos  reconocidos  por  esta  Constitución  y  con  ello  se  afecte  su  esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

De lo dicho hasta este punto resulta que la CPEUM, al hablar de la afectación a los particulares, emplea la expresión “esfera jurídica”, mientras que la expresión “esfera administrativa” se encuentra reservada a Administración Publica (centralizada y paraestatal) en la que precisamente se lleva a cabo la función materialmente administrativa. Por lo tanto, es claro que la facultad reglamentaria, constitucionalmente no tiene los alcances necesarios para afectar a los particulares, más aun cuando los actos privativos y de molestia tienen que estar  fundados en una ley y no en un reglamento según lo establecen los artículos 14 y 16 de  la CPEUM.

Artículo 14…

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio  seguido  ante  los  tribunales  previamente  establecidos,  en  el  que  se  cumplan  las  formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en  virtud  de  mandamiento  escrito  de  la  autoridad  competente,  que  funde  y  motive  la  causa  legal  del procedimiento.

Otro ejemplo de acto materialmente legislativo realizado por un órgano distinto al Congreso de la Unión se encuentra en el párrafo 7 del artículo 94 de la CPEUM:

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados.

Como se puede apreciar, las normas generales creadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia también son distintas de las leyes del Congreso.

Entre las diferencias que se pueden mencionar están: 1) el ámbito material está acotado, los acuerdos generales sólo pueden versar sobre distribución de asuntos entre las Salas y la forma en que se remitirán ciertos asuntos a los Tribunales Colegiados de Circuito; y 2) consecuencia de lo anterior, el ámbito personal de validez tiene como destinatarios solamente a los órganos del inciso anterior.

Excepciones no autorizadas por la Constitución

Un ejemplo de un acto materialmente legislativo que es emitido en contravención del principio de división de poderes sin contar con autorización expresa de la CPEUM lo constituyen todos los reglamentos expedidos por los gobernadores de los Estados de la República, ello en virtud de que el artículo 116 de la CPEUM establece el principio de división de poderes sin hacer una excepción al respecto.

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial,  y  no  podrán  reunirse  dos  o  más  de  estos  poderes  en  una  sola  persona  o  corporación,  ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Al respecto podría alegarse que el artículo 21 de la CPEUM contempla los reglamentos de policía y buen gobierno y que por lo tanto dicho artículo constituye el fundamento expreso para que los gobernadores sean competentes para emitir reglamentos, pero dicho argumento es incorrecto ya que en términos del artículo 115 constitucional son los ayuntamientos, y no el gobernador, quienes pueden emitir actos materialmente legislativos:

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar,  de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares  y  disposiciones  administrativas  de  observancia  general  dentro  de  sus  respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

Un ejemplo más de una violación al principio de división de poderes lo constituye la autorización de facultades extraordinarias prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México:

Artículo 61.-   Son facultades y obligaciones de la Legislatura:

I…

XI. Autorizar facultades extraordinarias en favor del Ejecutivo, en casos excepcionales, y cuando así lo estime conveniente por las circunstancias especiales en que se encuentre el Estado, por tiempo limitado y previa aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros. En tales casos, se expresarán con toda precisión y claridad las facultades que se otorgan, mismas que no podrán ser las funciones electorales;

Conviene recordar que en términos del artículo 41 de la CPEUM las constituciones locales deben ser acordes a la Constitución Federal y como ya se vio el artículo 116 establece al principio de división de poderes como obligatorio para los gobiernos locales.

Artículo 41.El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia  de  éstos,  y  por  los  de  los  Estados,  en  lo  que  toca  a  sus  regímenes  interiores,  en  los términos  respectivamente  establecidos  por  la  presente  Constitución  Federal  y  las  particulares  de  los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

El artículo 41 de la CPEUM es un reflejo más de la supremacía constitucional ya que dicho artículo establece la subordinación de los gobiernos locales a las disposiciones contenidas en la CPEUM.

Otro caso en que se viola el principio de división de poderes sin contar con autorización expresa de la CPEUM se encuentra en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley de Acciones y Controversias en adelante).

ARTICULO  43. Las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para las Salas, Plenos de Circuito, tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales.

En relación a este caso, conviene precisar que una cosa es la jurisprudencia emitida con fundamento en el artículo 43 de la Ley de Acciones y Controversias y otra distinta es la declaratoria general de inconstitucionalidad que sí tiene fundamento constitucional. Para un estudio más detallado al respecto se recomienda al lector nuestro libro “La jurisprudencia prevista en la nueva Ley de Amparo”.

Por último, la jurisprudencia emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal prevista en los artículos 141 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Distrito Federal también constituye una violación al principio de división de poderes que no cuenta con fundamento constitucional pues la Base Quinta del Artículo 122 se limita a señalar que el Tribunal resolverá las controversias entre los particulares y la Administración Pública del Distrito Federal:

Artículo  122. Definida  por  el  artículo  44  de  este  ordenamiento  la  naturaleza  jurídica  del  Distrito Federal,  su  gobierno  está  a  cargo  de  los  Poderes  Federales  y  de  los  órganos  Ejecutivo,  Legislativo  y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo.

Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia.

BASE  QUINTA.-  Existirá  un  Tribunal  de  lo  Contencioso  Administrativo,  que  tendrá  plena autonomía  para  dirimir  las  controversias  entre  los  particulares  y  las  autoridades  de  la Administración Pública local del Distrito Federal.

Los anteriores ejemplos demuestran que en el sistema jurídico mexicano existen múltiples normas jurídicas que transgreden el principio de división de poderes y como consecuencia de ello pueden ser impugnadas para dejarlas sin efectos.

Actos administrativos expedidos por autoridades distintas al Poder Ejecutivo

Por lo que hace a algunas de las excepciones autorizadas constitucionalmente, tratándose de actos materialmente administrativos se puede mencionar que  en términos de la Fracción II del artículo 76 de la CPEUM tiene la facultad de ratificar ciertos nombramientos de funcionarios públicos:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. . .

II. Ratificar  los  nombramientos  que  el  mismo  funcionario  haga  del  Procurador  General  de  la República, embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación  en materia de telecomunicaciones, energía y  competencia  económica,  coroneles  y  demás  jefes  superiores  del  Ejército,  Armada  y  Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

Un ejemplo de acto administrativo en el Poder Judicial Federal es la facultad concedida por el actual párrafo Tercero del artículo 97 de la CPEUM que establece: “La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario y demás funcionarios y empleados.”

Actos jurisdiccionales expedidos por autoridades distintas al Poder Judicial

En cuanto a las excepciones, es decir a los actos jurisdiccionales realizados por sujetos distintos al poder judicial, se puede mencionar a los actos jurisdiccionales realizados por la Cámara de Senadores con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 111 de la CPEUM, que establece lo siguiente: “Por  lo  que  toca  al  Presidente  de  la  República,  sólo  habrá  lugar  a  acusarlo  ante  la  Cámara  de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.”

Excepciones no autorizadas por la constitución

En términos del artículo 178 bis fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuenta con la facultad para declarar cuándo un particular transgrede el aviso comercial, marca, etc., de otro particular, es decir el Instituto se pronuncia de forma vinculante respecto de una relación entre particulares y ello constituye un acto jurisdiccional, ya que el Instituto no es parte material en la relación jurídica respecto de la que se pronuncia.

Artículo 178 bis.- Los esquemas de trazado de circuitos integrados serán registrados y estarán protegidos en términos del presente Título. Al efecto, el Instituto tendrá las facultades siguientes:

I…

II.- Sustanciar los procedimientos de declaración administrativa de infracción, nulidad o caducidad, relacionados con el registro de los esquemas de trazado de circuitos integrados, emitir las resoluciones que correspondan a dichos procedimientos e imponer las sanciones que procedan, y

Resulta irrelevante que el legislador haya calificado a dicha declaración como “administrativa”, pues su naturaleza jurídica no corresponde a un acto materialmente administrativo.

Otro ejemplo de una excepción al principio de división de poderes que resulta anticonstitucional es la contenida en las fracciones II y III del artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en la que se observa que el legislador indebidamente facultó al perito valuador referido en esas fracciones para determinar el precio del bien inmueble de forma vinculante para las partes materiales del procedimiento sin tener la calidad de juez, eliminando de manera absoluta las facultades de valoración de la prueba que le corresponden a todo órgano jurisdiccional.

ARTICULO 486. Para el remate, se procederá de la siguiente forma:

II.- En el caso de que alguna de las partes deje de exhibir el avalúo referido en la fracción anterior, se entenderá su conformidad con el avalúo que haya exhibido su contraria;

III.-  En  el  supuesto  de  que  ninguna  de  las  partes  exhiba  el  avalúo  dentro  del  plazo señalado  en  la  fracción  I  de  este  artículo,  cualquiera  de  ellas  lo  podrá  presentar posteriormente, considerándose como base para el remate el primero en tiempo;

Como se desprende de las fracciones citadas las partes deben someterse a la voluntad del perito valuador, lo cual hace notoria la violación al principio de división de poderes y a los artículos 17 Constitucional, 8 del Pacto de San José y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establecen que la justicia será impartida por los Jueces y Tribunales y no por los peritos valuadores.

Finalmente se menciona el caso relativo a los artículos 75 y 92 de la Ley de Concursos Mercantiles que otorgan facultades jurisdiccionales al conciliador sin contar con autorización expresa de la CPEUM.

Artículo 75…

El  conciliador  decidirá  sobre  la  resolución de contratos pendientes y aprobará, previa opinión de los interventores, en caso de que existan, la contratación de nuevos créditos, la constitución o sustitución de garantías  y  la  enajenación  de  activos  cuando  no  estén  vinculadas  con  la  operación  ordinaria  de  la empresa  del  Comerciante.  El  conciliador  deberá  dar  cuenta  de  ello  al  juez.  Cualquier  objeción  se substanciará incidentalmente.

Artículo 92.-Los contratos, preparatorios o definitivos, pendientes de ejecución deberán ser cumplidos por el Comerciante, salvo que el conciliador se oponga por así convenir a los intereses de la Masa.

El que hubiere contratado con el Comerciante, tendrá derecho a que el conciliador declare si se opondrá al cumplimiento del contrato. Si el conciliador manifiesta que no se opondrá, el Comerciante deberá cumplir o garantizar su cumplimiento. Si el conciliador hace saber que se opondrá, o no da respuesta dentro del término de veinte días, el que hubiere contratado con el Comerciante podrá en cualquier momento dar por resuelto el contrato notificando de ello al conciliador.

Cuando el conciliador esté a cargo de la administración o autorice al Comerciante la ejecución de los contratos pendientes, podrá evitar la separación de los bienes, o en su caso exigir su entrega, pagando su precio.

En el siguiente capítulo se abordará el tema relativo a la distribución de competencias realizada por la CPEUM.[i] Si bien la denominación de este principio ha sido criticada, su uso es bastante generalizado. No se abundará en esas críticas debido a que es un tema por demás conocido y las dificultades que presenta son principalmente de carácter semántico.[ii] Art. 436 CCDF.

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