IV. Temas selectos de jurisprudencia

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IV. Temas selectos de jurisprudencia 2017-06-04T14:44:01+00:00

Capítulo IV. Temas selectos de jurisprudencia

En este capítulo se abordaran diversos temas relacionados con la jurisprudencia, principalmente cuestiones de irregularidad material.

 

4.1 Las violaciones de derechos humanos cometidas por los tribunales de amparo.

El objetivo de este apartado es analizar la constitucionalidad de un criterio de jurisprudencia emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la novena época que afirma que los órganos jurisdiccionales que conocen de los juicios de amparo no violan derechos humanos. La jurisprudencia aquí mencionada es la siguiente:

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.

Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Jurisprudencia. Contradicción de tesis 14/94. Entre las sustentadas por los Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, entre otros. 14 de noviembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. V, Enero de 1997, página 5. No. de registro 199492.

En primer lugar, habría que decir que este criterio de jurisprudencia no se ajusta a la nueva redacción del texto constitucional a partir de la reforma en materia de derechos humanos del pasado mes de junio de dos mil once, toda vez que el artículo 1° constitucional claramente establece la obligación de toda autoridad de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. “Artículo 1°… Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos  de  conformidad  con  los  principios  de  universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”

Las implicaciones del tercer párrafo del artículo 1° constitucional son relevantes, ya que el tribunal que conozca del recurso de revisión está obligado a tutelar los derechos humanos con independencia de qué autoridad cometió la violación.

En segundo lugar, la jurisprudencia incurre en una incongruencia interna, ya que por una parte refiere que el objetivo del recurso de revisión es “asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial” y por otra parte niega la posibilidad de analizar las violaciones de derechos humanos cometidas por el juez de amparo, siendo que resulta imposible pensar en un “óptimo ejercicio de la función judicial” cuando existen violaciones de derechos humanos.

Para apreciar mejor lo anterior, considérese el siguiente ejemplo de la vida real: una persona promueve una demanda de amparo indirecto y antes de que se dicte el auto admisorio de la demanda de amparo el Juzgado de Distrito, con la intención de que la demanda sea desechada, altera la firma del quejoso y lo previene para que ratifique su firma dentro de un plazo de tres días bajo el apercibimiento de que la omisión tendrá como consecuencia que el amparo se tenga por no interpuesto. ¿Puede acaso considerarse como un “óptimo ejercicio de la función judicial” la conducta desplegada por ese Juzgado de Distrito? ¿Puede el tribunal que conozca de la revisión pasar por alto la irregularidad cometida sin incumplir las obligaciones que le impone el artículo 1° constitucional?

En tercer lugar, la jurisprudencia indebidamente establece lo que prácticamente constituye una excluyente de responsabilidad en favor de los Jueces de Distrito, quienes impunemente pueden, desde un punto de vista fáctico, violar la Constitución sin mayor consecuencia.

Al respecto conviene citar lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso de la Masacre de las Dos Erres, criterio que por cierto, resulta obligatorio para el Estado Mexicano en términos de los artículos 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y 133 de la Constitución:

129.    Ante  esta  situación,  la  Corte  reitera  su  jurisprudencia  constante  sobre  la incompatibilidad de figuras como la prescripción y la amnistía en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, que de manera clara ha establecido que:

El  Estado  debe  garantizar  que  los  procesos  internos  tendientes  a  investigar  y

[eventualmente]  sancionar  a  los  responsables  de  los  hechos  de  este  caso  surtan  sus debidos efectos y, en particular, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad. En ese sentido, el Tribunal  ya  ha  señalado  que  […]son  inadmisibles  las  disposiciones  de  amnistía,  las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan  impedir  la  investigación  y  sanción  de  los  responsables  de  las  violaciones graves  de  los  derechos  humanos  tales  como  la  tortura,  las  ejecuciones  sumarias, extralegales  o  arbitrarias  y  las  desapariciones  forzadas,  todas  ellas  prohibidas  por contravenir  derechos  inderogables  reconocidos  por  el  Derecho  Internacional  de  los Derechos Humanos .

[…] ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la  obligación  de  investigar  y  sancionar  a  los  responsables  de  violaciones  de  derechos humanos[…] 134 . En particular, al tratarse de graves violaciones de derechos humanos el Estado   no   podrá   argumentar   prescripción   o   cualquier   excluyente   similar   de responsabilidad, para excusarse de su deber.

Si bien es cierto que el criterio jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos refiere a violaciones graves de derechos humanos, el criterio también resulta aplicable en términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el principio de universalidad del artículo 1° Constitucional: “Artículo 14. Todas  las  personas  son  iguales  ante  los  tribunales  y  cortes  de  justicia.”

En cuarto lugar, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos expresamente señala que toda persona tiene derecho a un recurso eficaz que lo ampare en contra de las violaciones a los derechos humanos, aún las cometidas por los funcionarios públicos (léase Jueces de Amparo) en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, es claro que el principio de eficacia justifica que en el recurso de revisión analice las violaciones de derechos humanos cometidas por los tribunales de amparo, pues de lo contrario todo el juicio de amparo resulta ineficaz para proteger al quejoso.

Artículo 25. Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Por último, es falso que el análisis de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los Jueces de Distrito desnaturalice el juicio de amparo, ya que el juicio de amparo fue creado para proteger a los particulares de las violaciones a los derechos humanos y el hecho de analizar los agravios que plantean las transgresiones cometidas por el Juez de Distrito es acorde a dicha finalidad.

En conclusión, la jurisprudencia es contraria a la actual redacción de la Constitución, en especial respecto de las disposiciones objeto de la reforma publicada el diez de junio de dos mil once y por lo tanto se encuentra derogada en términos del artículo 9° transitorio de la reforma mencionada: “TRANSITORIOS. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de  la Federación… Noveno. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto.”

 

4.2 El control de convencionalidad de la jurisprudencia que viola derechos humanos.

Mucha de la jurisprudencia actualmente vigente en el sistema jurídico mexicano fue originada a partir de conflictos de legalidad y los tribunales, al momento de crearla, no se cuestionaron la constitucionalidad de los criterios establecidos.

Para ejemplificar lo anterior, se procede a analizar la siguiente tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.

De lo dispuesto en los artículos 6o., 187, 188, 192, 193, 198, 199 bis, 199 bis 5, 217 a 219, 221, 221 bis, 227 a 229 de la Ley de la Propiedad Industrial se advierte que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entre otras facultades, tiene la de sustanciar los procedimientos de declaración de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa respecto de los derechos de propiedad industrial, así como la de formular resoluciones y pronunciar las declaraciones correspondientes; desprendiéndose también de la misma ley que cuando las partes interesadas no designen como árbitro al citado instituto para la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial, tal como lo permite la fracción IX del artículo 6o. de la ley de la materia, el diverso numeral 221 faculta al afectado para demandar ese pago en los términos de la legislación común, que no es otra sino la legislación civil. Ahora bien, en virtud de que el aludido instituto es la autoridad administrativa especializada que conoce de esa materia y por disposición de aquella ley especial es la competente para realizar el pronunciamiento correspondiente en el procedimiento de declaración respectivo, resulta inconcuso que para la procedencia de esta acción de indemnización es necesaria, por parte del propio instituto, una previa declaración de la existencia de infracciones, lo que implica un acto materialmente jurisdiccional eficaz para acreditarlas; por ello, el Juez que conozca de la reclamación de daños y perjuicios derivados de la violación a derechos de propiedad industrial deberá ponderar si aquéllos fueron producto directo de la infracción administrativa declarada por el mencionado instituto, pero no podrá cuestionar si los particulares cometieron la citada infracción, pues ello ya habrá sido declarado en resolución firme por la autoridad administrativa; de ahí que al estar ligada estrechamente con la citada transgresión, la acción civil de daños y perjuicios no puede desvincularse de la declaración emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primera Sala. Contradicción de tesis 31/2003-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado, el Décimo Primer Tribunal Colegiado y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 17 de marzo de 2004. Mayoría de tres votos. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIX, Mayo de 2004, página 365. No. de registro 181491.

La jurisprudencia citada es anticonstitucional, entre otras cosas, porque contraviene el sistema de distribución de competencias que rigen en el Estado Mexicano en términos de la Constitución.

En primer lugar, hay que tener presente la regla general establecida por el artículo 124 de la Constitución que claramente señala que la Federación únicamente tendrá las facultades que expresamente le hayan sido concedidas y el resto de las facultades se encuentran reservadas a las Entidades Locales: “Artículo  124.  Las  facultades  que  no  están  expresamente  concedidas  por  esta  Constitución  a  los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”

Ahora bien, por lo que hace al Distrito Federal rige la regla inversa que se encuentra plasmada en el artículo 122, A, numeral I: “Artículo 122… La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones:  A. Corresponde al Congreso de la Unión:  I. Legislar  en  lo  relativo  al  Distrito  Federal,  con  excepción  de  las  materias  expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa;”

Teniendo en cuenta estas dos reglas generales, se procederá a determinar qué nivel de gobierno tiene la competencia para conocer, regular y sancionar las materias involucradas, a saber, la materia de propiedad industrial y la materia civil.

Por lo que hace a la materia de propiedad industrial, el artículo 73 fracción XXV de la Constitución expresamente otorga a la Federación dicha materia:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I…

XXV. Para  establecer,  organizar  y  sostener  en  toda  la  República  escuelas  rurales…  Los Títulos que  se  expidan  por  los  establecimientos  de  que  se  trata  surtirán  sus  efectos  en  toda  la República.  Para  legislar  en  materia  de  derechos  de  autor  y  otras  figuras  de  la  propiedad intelectual relacionadas con la misma.

En relación a la materia civil, ésta se puede dividir en materia civil federal y local, comprendiendo la primera, relaciones jurídicas en las que está involucrada la federación, por mencionar un ejemplo, y la segunda las relaciones jurídicas de particulares en los que no existen puntos de contacto con la federación.

Así las cosas, la Federación no puede restringir, limitar o condicionar a ninguna autoridad local en el ejercicio de las atribuciones que la Constitución Federal les otorga en materia civil, pues ello implicaría una transgresión a la regla del artículo 124, una restricción a la soberanía estatal contraria a los artículos 40[i] y 41[ii], una invasión de esferas prohibida en términos del artículo 103 fracción II[iii] y una violación al derecho humano del artículo 16 Constitucional que obliga a toda autoridad a actuar única y exclusivamente dentro de su esfera competencial.

Ahora bien, por lo que hace al Distrito Federal el artículo 122 C. Base Primera fracción V, inciso h) expresamente establece que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es la autoridad Competente para regular la materia civil.

V.    La  Asamblea  Legislativa,  en  los  términos  del  Estatuto  de  Gobierno,  tendrá  las siguientes facultades:

a)…

h)    Legislar  en  las  materias  civil  y  penal;  normar  el  organismo  protector  de  los derechos  humanos,  participación  ciudadana,  defensoría  de  oficio,  notariado  y registro público de la propiedad y de comercio;

De lo expuesto hasta este punto, es válido concluir lo siguiente:

1. La materia de propiedad industrial es de competencia exclusiva de la  Federación y, en consecuencia, las Entidades Locales no pueden regularla.

2. La materia civil se divide en federal y local, según existan o no puntos de contacto o elementos federales en las relaciones jurídicas a regular.

3. La materia civil sin elementos federales es de competencia local y en el caso del Distrito Federal incluso por disposición expresa.

En ese orden de ideas, es claro que la jurisprudencia analizada es anticonstitucional, ya que subordina la acción civil (no federal) de daños y perjuicios, de competencia exclusivamente local, a la declaración de infracción emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y ello implica una invasión a la autonomía estatal o soberanía, ya que impide que las legislaturas locales regulen en plenitud el tema de la responsabilidad civil.

Otro aspecto que vale la pena resaltar, es el hecho de que la jurisprudencia y la Ley de Propiedad Industrial reconocen facultades jurisdiccionales al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial en clara contravención al principio de división de poderes establecido por los artículos 49, 94 y 116 de la Constitución.

En resumen, la tesis de jurisprudencia tiene varios vicios de anticonstitucionalidad y a pesar de ello la Primara Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la estableció como criterio obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales señalados en la Ley de Amparo.

¿Qué pueden hacer los particulares ante una jurisprudencia contraria a la Constitución?

En primer lugar, puede solicitarse su desaplicación en ejercicio de las facultades de control de convencionalidad derivadas de las siguientes disposiciones:

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

Si  el  ejercicio  de  los  derechos  y  libertades  mencionados  en  el  Artículo  1  no estuviere  ya  garantizado  por  disposiciones  legislativas  o  de  otro  carácter,  los Estados  Partes  se  comprometen  a  adoptar,  con  arreglo  a  sus  procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o  de  otro  carácter  que  fueren  necesarias  para  hacer  efectivos  tales  derechos  y libertades.

Artículo 25. Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Sentencia dictada en el Caso Radilla Pacheco vs Los Estados Unidos Mexicanos:

339… En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 2.

1.  Cada  uno  de  los  Estados  Partes  en  el  presente  Pacto  se  compromete  a respetar y a  garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole  origen  nacional  o  social,  posición  económica,  nacimiento o  cualquier  otra condición social.

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para  hacer  efectivos  los  derechos  reconocidos  en  el  presente  Pacto  y  que  no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

3.  Cada  uno  de  los  Estados  Partes  en  el  presente  Pacto  se  comprometen  a garantizar que:

a)  Toda  persona  cuyos  derechos  o  libertades  reconocidos  en  el  presente  Pacto hayan  sido  violados  podrán  interponer  un  recurso  efectivo,  aun  cuando  tal violación  hubiera  sido  cometida  por  personas  que  actuaban  en  ejercicio  de  sus funciones oficiales;

 

Observación General 31 emitida por el Comité de Derechos Humanos obligatoria para el Estado Mexicano en términos del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y el artículo 133 de la Constitución.

5.         La obligación estipulada en el párrafo 1 del artículo 2 de que se respeten y hagan efectivos  los  derechos  reconocidos  en  el  Pacto  es  de  efecto  inmediato  para  todos  los Estados Parte. El párrafo 2 del artículo 2 proporciona el marco general dentro del cual se han  de  promover  y  proteger  los  derechos  especificados  en  el  Pacto.  En  consecuencia,  el Comité  ha  indicado,  en  su  Observación  general  No.  24,  que  será  incompatible  con  el Pacto toda reserva al artículo 2 habida cuenta de sus objetos y fines.

15.        En el párrafo 3 del artículo 2 se dispone que, además de proteger eficazmente los derechos  reconocidos  en  el  Pacto,  los  Estados  Parte  habrán  de  garantizar  que  todas  las personas  dispongan  de  recursos  accesibles  y  efectivos  para  reivindicar  esos  derechos.

Esos recursos  se  deben  adaptar  adecuadamente  para  tener  en  cuenta  la  vulnerabilidad especial  de  ciertas  clases  de  personas,  en  particular  los  niños.  El Comité  atribuye importancia  a  que  los  Estados  Parte  establezcan  en  el  derecho  interno  mecanismos judiciales y administrativos adecuados para conocer de las quejas sobre violaciones de los derechos. El Comité toma nota de que el poder judicial puede garantizar el disfrute de los derechos reconocidos en el Pacto de distintas maneras, en especial mediante la aplicación directa  del  Pacto,  la  aplicación  de  disposiciones  constitucionales  u  otras  disposiciones legislativas  similares  o  el  efecto  de  la  interpretación  del  Pacto  en  la  aplicación  de  la legislación   nacional.

En segundo lugar y suponiendo que la jurisprudencia a combatir sea aplicada por primera ocasión dentro de un juicio de amparo directo, existe la posibilidad de plantear la anticonstitucionalidad en el recurso de revisión de la fracción IX del artículo 107 de la Constitución, toda vez que se trata de resolver sobre la constitucionalidad de una norma general.

Artículo 107…

IX.  En  materia  de  amparo  directo  procede  el  recurso  de  revisión  en  contra  de  las  sentencias  que resuelvan  sobre  la  constitucionalidad  de  normas  generales,  establezcan  la  interpretación  directa  de  un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre  que  fijen  un  criterio  de  importancia  y  trascendencia,  según  lo  disponga  la  Suprema  Corte  de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras;

Es importante señalar que las jurisprudencias con defectos de anticonstitucionalidad ocasionan violaciones sistemáticas de derechos humanos, ya que todos los órganos jurisdiccionales señalados en la Ley de Amparo están obligados a aplicar los criterios de jurisprudencia. Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está obligada en términos de los artículos 1 Constitucional, 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 2 párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a admitir a trámite el recurso de revisión y no puede alegar que el análisis es intrascendente o de poca importancia pues se reitera, una jurisprudencia de esa naturaleza ocasiona múltiples transgresiones a los derechos humanos.

 

4.3 La responsabilidad de los tribunales que crean jurisprudencia contraria a derechos humanos.

¿Qué sanciones pueden fincarse a los creadores de una jurisprudencia contraria a la Constitución?

Existe una infinidad de criterios de jurisprudencia que violan derechos humanos. Lo ideal sería que los jueces fueran quienes defendieran a los particulares de los abusos de poder, pero eso está lejos de ser una realidad.

Para analizar este problema se empleará un criterio de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia.

En términos del artículo 133 de la Constitución, los órganos jurisdiccionales locales tienen facultades de control de constitucionalidad.

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados  que  estén  de  acuerdo  con  la  misma,  celebrados  y  que  se  celebren  por  el  Presidente  de  la República,  con  aprobación  del  Senado,  serán  la  Ley  Suprema  de  toda  la  Unión. Los  jueces  de  cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Del artículo citado se desprende claramente que los jueces locales pueden desaplicar las normas que resulten contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo lo contrario tal y como se aprecia en el siguiente criterio de jurisprudencia:

CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.

El texto expreso del artículo 133 de la Constitución Federal previene que “Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”. En dicho sentido literal llegó a pronunciarse la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, la postura sustentada con posterioridad por este Alto Tribunal, de manera predominante, ha sido en otro sentido, tomando en cuenta una interpretación sistemática del precepto y los principios que conforman nuestra Constitución. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 133 constitucional, no es fuente de facultades de control constitucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos ajenos, como son las leyes emanadas del propio Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer unos y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Jurisprudencia por reiteración de criterios. 14 julio de 1999. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. X, Agosto de 1999, página 5. No. de registro 193435.

La gravedad de este criterio de jurisprudencia radica en que obliga a los jueces locales a acatar las leyes a pesar de que sean anticonstitucionales, lo cual en muchas ocasiones implica que los actos de autoridad queden consumados de manera irreparable o que el ejercicio pleno de los derechos humanos no esté debidamente garantizado como lo ordena el artículo 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado internacional celebrado por México.

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1.  Los  Estados  Partes  en  esta  Convención  se  comprometen  a  respetar  los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda  persona  que  esté  sujeta  a  su  jurisdicción,  sin  discriminación  alguna  por motivos  de  raza,  color,  sexo,  idioma,  religión,  opiniones  políticas  o  de  cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Afortunadamente, el artículo 110 de la Constitución establece la posibilidad de iniciar un juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los magistrados de circuito.

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios  de  Despacho,  los  diputados  a  la  Asamblea  del  Distrito  Federal,  el  Jefe  de  Gobierno  del Distrito  Federal,  el  Procurador  General  de  la  República,  el  Procurador  General  de  Justicia  del  Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito  Federal,  los  Consejeros  de  la  Judicatura  del  Distrito  Federal,  el  consejero  Presidente,  los consejeros  electorales,  y  el  secretario  ejecutivo  del  Instituto  Federal  Electoral,  los  magistrados  del Tribunal  Electoral,  los  directores  generales  y  sus  equivalentes  de  los  organismos  descentralizados, empresas  de  participación  estatal  mayoritaria,  sociedades  y  asociaciones  asimiladas  a  éstas  y fideicomisos públicos.

A su vez, los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señalan en qué casos procede un juicio político.

ARTÍCULO 6o.- Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

ARTÍCULO 7o.- Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:

III.- Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;

V.- La usurpación de atribuciones

En relación a la jurisprudencia analizada, es decir la jurisprudencia identificada con el rubro: “CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.”, el juicio político es procedente en términos de las fracciones III y V del artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, toda vez que dicha jurisprudencia tiene por efecto concentrar indebidamente las facultades de control constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo nugatoria la facultad de los tribunales locales de desaplicar disposiciones anticonstitucionales. Por otra parte priva a los particulares de una garantía en materia de derechos humanos, a saber, el control difuso de la constitucionalidad.

Es importante señalar que cualquier ciudadano puede realizar la denuncia en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los magistrados de circuito, según sea el caso.

ARTÍCULO 9o.-Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad podrá formular por escrito, denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las conductas a las que se refiere el artículo 7 de esta propia Ley y por las conductas que determina el párrafo segundo del artículo 5 de esta misma Ley, por lo que toca a los Gobernadores de los Estados, Diputados a las Legislaturas Locales y Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales…

Las denuncias anónimas no producirán ningún efecto.

El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.

Las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento.

En caso de que la denuncia resulte fundada, los ministros y magistrados que votaron a favor de la jurisprudencia que viola derechos humanos serán destituidos de sus cargos e incluso pueden ser inhabilitados según el artículo 8 del mismo ordenamiento legal:

ARTÍCULO 8o.- Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta veinte años.

Sería deseable que tanto los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los magistrados de circuito evitaran crear jurisprudencia contraria los derechos humanos y así cumplir con las obligaciones del artículo 1° Constitucional, pero sería aún más deseable que los ciudadanos mexicanos desenpeñaramos un rol más activo y promoviéramos quejas, juicios de responsabilidad, juicios políticos, denuncias penales, etc., en contra de los jueces que no hacen bien su trabajo.

 

4.4 La obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Estado Mexicano.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, distingue entre aquella originada en los casos en que el Estado Mexicano ha sido parte en el proceso jurisdiccional y aquella en la que no tiene dicha calidad, declarando que solamente la primera es obligatoria, por tratarse precisamente de una determinación con valor de cosa juzgada, mientras que los criterios interpretativos originados en los casos en que México no es parte, solamente son “orientadores”.

CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO NO FUE PARTE. SON ORIENTADORES PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEAN MÁS FAVORABLES A LA PERSONA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que derivan de sentencias en donde el Estado Mexicano no intervino como parte en el litigio son orientadores para todas las decisiones de los jueces mexicanos, siempre que sean más favorables a la persona, de conformidad con el artículo 1o. constitucional. De este modo, los jueces nacionales deben observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorable y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Esto no prejuzga la posibilidad de que sean los criterios internos los que se cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo 1o., lo cual tendrá que valorarse caso por caso a fin de garantizar siempre la mayor protección de los derechos humanos.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Varios 912/2013. 14 de julio de 2011. Mayoría de seis votos; votaron en contra: José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. Décima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, Diciembre de 2011, Tomo 1, página 550. No de registro. 160584.

En relación al criterio antes citado, conviene precisar que ni siquiera reúne los requisitos para constituir una tesis aislada en términos de lo dispuesto por la Ley de Amparo, pues el criterio no fue producto de juicio de amparo alguno.

Por otra parte, la lectura de la “tesis” (por llamarla de alguna forma) demuestra que en opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los criterios interpretativos de Corte Interamericana de Derechos Humanos son meras invitaciones y no criterios obligatorios.

Es de extrañarse que la sea la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación quién en otra “tesis” reconoció la obligatoriedad de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano sin percatarse de las consecuencias relativas al tema de la jurisprudencia internacional en materia de Derechos Humanos.

SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO.

El Estado Mexicano ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ello, cuando ha sido parte en una controversia o litigio ante esa jurisdicción, la sentencia que se dicta en esa sede, junto con todas sus consideraciones, constituye cosa juzgada, correspondiéndole exclusivamente a ese órgano internacional evaluar todas y cada una de las excepciones formuladas por el Estado Mexicano, tanto si están relacionadas con la extensión de la competencia de la misma Corte o con las reservas y salvedades formuladas por aquél. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun como tribunal constitucional, no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es correcta o incorrecta, o si excede en relación con las normas que rigen su materia y proceso. Por tanto, la Suprema Corte no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que para el Estado Mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada. Lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos. Así, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional son obligatorias para todos los órganos del Estado Mexicano, al haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial no sólo los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en ella.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Unanimidad de once votos en relación con la obligatoriedad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Décima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. III, Diciembre de 2011, I, página 556. No. de Registro. 160482.

En la “tesis” transcrita se observa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las sentencias, en su totalidad, (y no solamente los resolutivos) dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para el Estado Mexicano y es el caso que en la Sentencia del Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos en el párrafo 339 se estableció la obligatoriedad de toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

339… En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana

Es importante mencionar que en la transcripción realizada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no realizó distinción alguna respecto de la jurisprudencia originada en los casos en que México es parte y aquellos en los que no tiene dicha calidad. Por lo tanto, es necesario concluir que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para el Estado Mexicano y no le es válido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacer distinción alguna al respecto.

Por último y con independencia de lo dicho en la Sentencia de Caso Radilla Pacheco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasa por alto que el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados también constituye el fundamento de la obligatoriedad de la jurisprudencia creada por los organismos internacionales.

Artículo 31

Regla general de interpretación

1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.

2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:

a)  todo acuerdo que se refiere al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado;

b)  todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado.

3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:

a)  todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones;

b)  toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado;

c)  toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.

4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes.

Con base en lo expuesto, se concluye que toda la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que interpreta la Convención Americana sobre Derechos Humanos es obligatoria para los jueces mexicanos con independencia de que el Estado Mexicano haya tenido o no la calidad de parte en el procedimiento jurisdiccional que dio origen a la jurisprudencia de que se trate.

 

4.5 La jurisprudencia mexicana: el colapso de la división de poderes.

Si se analiza la trayectoria de una norma jurídica, es decir el proceso que inicia con su creación y termina con su aplicación definitiva e irrecurrible, es el poder judicial el poder más cercano a la unión entre el deber ser y la realidad social, pues sus determinaciones constituyen la última palabra en una controversia.

En ese sentido y en términos generales, la creación de normas inicia con el poder legislativo; el poder ejecutivo y la administración pública realizan algunos actos concretos de aplicación que después podrán ser revisados; y por último el poder judicial fija en forma definitiva el derecho aplicable a las relaciones jurídicas sometidas a su jurisdicción.

En teoría, las facultades del poder judicial se encuentran acotadas por las leyes que son emitidas por un poder distinto del poder legislativo elegido democráticamente, ello con la finalidad de evitar abusos de poder. El hecho de que los alcances de las facultades del poder judicial se encuentren acotadas por normas generales expedidas por el poder legislativo tiene sus justificaciones, entre ellas, aportar certeza jurídica a los particulares, quienes al observar las leyes pueden distinguir lo lícito de lo ilícito y con ello ajustar su conducta.

¿Qué pasa cuando al poder judicial se le otorga la facultad de crear normas generales que afectan a los particulares? Basta con observar las prácticas judiciales actuales para darse una idea de las consecuencias.

En primer lugar, la certeza jurídica se vuelve algo inalcanzable. Si hoy en día ya existe una gran cantidad de leyes, tratados internacionales, derecho indígena, etc., a todo eso hay que agregarle la infinidad de jurisprudencias, tesis aisladas, opiniones de la Suprema Corte (sin sustento constitucional como lo son los criterios de los expedientes varios), etc.

Y aun hablando de criterios judiciales (jurisprudencia y tesis aisladas), en el sistema jurídico mexicano existen una infinidad de criterios que no tienen sustento legal o constitucional por ser producto de interpretaciones creativas, es decir por ser invenciones del poder judicial.

Por si fuera poco, la práctica judicial actual (hablando en términos generales) demuestra una excesiva extrapolación de los criterios judiciales, ampliando los alcances de la jurisprudencia a supuestos totalmente ajenos a los casos concretos, mediante aplicaciones supuestamente analógicas.

El resultado final: los particulares no tienen ni idea de cuál es el derecho aplicable a sus relaciones jurídicas. Es imposible que ellos puedan vislumbrar cual será la jurisprudencia o tesis aislada de “moda” al momento en que sometan sus conflictos a la competencia jurisdiccional de los tribunales.

La realidad es que los tribunales ya no fundan sus sentencias en la ley. Hoy en día fundan sus determinaciones en tesis aisladas, en opiniones de la Suprema Corte, en jurisprudencias y lo peor del asunto es que muchas veces esos criterios judiciales dicen interpretar la ley pero en realidad usan la ley o la constitución como un pretexto para darle una apariencia jurídica a sus decisiones normativas.

Por lo que hace a la razonabilidad de las decisiones judiciales, los jueces hoy en día ya no argumentan (se reitera que existen excepciones, pero son eso, excepciones), solo citan jurisprudencia y tesis aisladas. Poco importa que las tesis resulten aplicables al caso concreto, pues existe una “jurisprudencia” que autoriza la aplicación analógica de los criterios judiciales.

En ese contexto, basta que una tesis diga algo parecido a lo que el juez quiere resolver para que de inmediato esa tesis sea la aplicable al caso concreto, no es relevante que sea jurisprudencia o tesis aislada, el resultado es el mismo: los tribunales han encontrado un escudo que los exime de responsabilidad frente a las partes. Quien resolvió el caso concreto no fue el juez de conocimiento, sino aquel tribunal alejado de las partes, que algún día en el pasado tuvo a bien establecer ese criterio judicial.

La realidad es que cualquiera que sea el sentido de la sentencia, el juez está seguro de que siempre encontrará una jurisprudencia o una tesis aislada que “justifique” su decisión. La jurisprudencia se ha convertido en el sombrero del mago para los jueces; pero lamentablemente, para las partes se ha convertido en la caja de Pandora.

Otro de los valores que en teoría busca realizar la jurisprudencia es la igualdad, pero con la cantidad infinita de criterios judiciales que existen, la igualdad ante los tribunales es un espejismo.

A estas alturas conviene recordar que las transgresiones a la constitución realizadas por el poder ejecutivo y la administración pública bien pueden ser prevenidas por el poder legislativo y corregidas por el poder judicial; así como las transgresiones del poder legislativo pueden ser contrarrestadas por los particulares al acudir al poder judicial. Pero, ¿hay forma de contrarrestar las transgresiones del poder judicial? ¿Hay forma de defender a los particulares de los abusos en el uso de la jurisprudencia?

Tal parece que la respuesta es negativa, ello en virtud de que es precisamente el poder judicial el más cercano a la aplicación definitiva e inatacable del derecho.

Sean todos bienvenidos a la tiranía de los jueces.

 

[i] Artículo  40. Es  voluntad  del  pueblo  mexicano  constituirse  en  una  República  representativa, democrática,  laica,  federal,  compuesta  de  Estados  libres  y  soberanos  en  todo  lo  concerniente  a  su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.[ii] Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia  de  éstos,  y  por  los  de  los  Estados,  en  lo  que  toca  a  sus  regímenes  interiores,  en  los  términos  respectivamente  establecidos  por  la  presente  Constitución  Federal  y  las  particulares  de  los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.[iii] Artículo 103.Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: … II.  Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y

 

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