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T1C2 Capacidad y Personería 2017-05-28T07:24:37+00:00

Ley de Amparo vigente (última reforma: 17 de junio de 2016)

Título I Reglas Generales

CAPÍTULO II Capacidad y Personería

Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo:

I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Fundamento constitucional:

La fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es fundamento de este precepto legal:

“Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto  reclamado  viola  los  derechos  reconocidos  por  esta  Constitución  y  con  ello  se  afecte  su  esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.”

Es importante mencionar que la Ley de Amparo agrega, sin fundamento alguno, que la violación debe ser actual siendo que el texto constitucional no establece dicho requisito. Esto es de trascendencia ya que con la restricción legal los actos inminentes no son susceptibles de ser impugnados por medio del amparo mientras que si atendemos directamente a lo dispuesto por la Constitución sí es posible combatir dichos actos.

Comentario:

En relación con el tema de la legitimación activa del juicio de amparo se recomienda consultar el Capítulo 3 de nuestro Tratado de Amparo para que el lector pueda apreciar cómo el concepto de derecho humano trasciende a la legitimación del juicio de amparo. Asimismo se sugiere consultar la Sección titulada La legitimación activa en el juicio de amparo para identificar los principales errores que tanto la doctrina como el Poder Judicial han cometido al momento de abordar el tema del interés jurídico, interés legítimo e interés colectivo.

El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.

El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.

Fundamento constitucional:

La fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es fundamento de esta disposición legal:

“Artículo 107.Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto  reclamado  viola  los  derechos  reconocidos  por  esta  Constitución  y  con  ello  se  afecte  su  esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.”

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

Fundamento constitucional:

La fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es fundamento de esta disposición legal:

“Artículo 107.Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

I[….]

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;”

Comentario:

Es importante mencionar que los derechos humanos son verdaderos derechos subjetivos ya que están constituidos por facultades particulares dotadas de la facultad de exigencia contenida en el artículo 103 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos como el 25 de la Convención

La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.

Comentario general de la fracción I:

Los dos principales problemas de todas las teorías que se han formulado respecto de la legitimación activa del juicio de amparo consisten en: 1) ignorar la metodología propia de derecho, es decir, no observar el método jurídico y 2) no contemplar que la legitimación se acredita de forma distinta dependiendo del tipo de objeto de protección (derecho humano, garantía o competencia). Al respecto se recomienda al lector la Sección “Legitimación activa en el juicio de amparo” de nuestro Tratado.

Jurisprudencia:

En las jurisprudencias relacionadas con esta fracción el lector podrá darse cuenta de que muchos de los criterios no observan el método jurídico ya que no parten de la norma jurídica relevante, en este caso la fracción I de la Constitución, y además vulneran el principio de supremacía constitucional al sustentarse incluso en doctrina extranjera o en normas jurídicas inferiores. Al respecto conviene mencionar que algunos criterios jurisprudenciales llegan al absurdo de versar sobre el “interés difuso” siendo que la Constitución no contempla tal. Para conocer los criterios relacionados haz clic AQUÍ.

Artículos relacionados:

Artículo 61 fracción XII (causal de improcedencia)

II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

Comentario:

En primer lugar, debe mencionarse que esta fracción contempla los requisitos de unilateralidad y obligatoriedad del acto reclamado como una reminiscencia doctrinal que considera a los derechos humanos única y exclusivamente como una restricción al poder estatal. Debe recordarse que tradicionalmente la doctrina clasificaba las posibles relaciones entre la autoridad y los particulares en: relaciones de coordinación, supraordinación y supra a subordinación siendo la unilateralidad, obligatoriedad y coercitividad las notas distintivas de éstas últimas.

El problema con estos requisitos del acto reclamado es que los derechos humanos no son meras restricciones al poder estatal (un tipo garantías en sentido técnico) sino que la noción de derechos humanos también incluye prerrogativas o derechos con objetos de dar o de hacer como lo son los derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, resulta incorrecto exigir que el acto reclamado necesariamente deba contar con los requisitos de unilateralidad y obligatoriedad ya que los derechos humanos son verdaderos derechos subjetivos que trascienden a las relaciones de supra a subordinación e incluso tiene oponibilidad frente a particulares en su calidad de tales.

En segundo lugar, debe señalarse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no acota la protección del juicio de amparo a las relaciones de supra a subordinación, sino que incluye todo el actuar estatal tal y como se desprende de los artículos 1º y 103:

“Artículo 1[…]

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”

Como se puede observar, las obligaciones generales en materia de derechos humanos abarcan todo el ámbito competencial de las autoridades y no solamente las relaciones de supra a subordinación como indebidamente lo pretende la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo.

“Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite

I.     Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;”

Es importante señalar que el vocablo “autoridad” empleado por el artículo 103 es un sustantivo y no un adjetivo. Por lo tanto, toda violación cometida por las autoridades es justiciable mediante el juicio de amparo en términos del artículo 103 ya que dicho precepto constitucional no se limita a los contextos de supra a subordinación.

En relación a este tema se sugiere al lector la Sección “El concepto de derecho humano y sus consecuencias en el juicio de amparo” de nuestro Tratado.

Por último conviene citar que la Ley de Amparo anterior contemplaba una legitimación pasiva más amplia y acorde a la Constitución ya que al referirse a la autoridad responsable se limitaba a indicar que es aquella que emite y/o ejecuta el acto reclamado:

“Artículo 11.- Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.”

En conclusión, el concepto de autoridad empleado por la actual Ley de Amparo es inconstitucional y es producto de un modelo teórico reduccionista de los derechos humanos.

Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.

Comentario:

En términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Judicial de la Federación únicamente tiene competencia para conocer de las violaciones de derechos humanos y garantías cometidas por las autoridades, es decir, no tiene competencia para conocer de las violaciones cometidas por particulares.

“Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite

I.     Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;”

En consecuencia, la equiparación que realiza la Ley de Amparo de los particulares a una autoridad, además de ser una ficción, es inconstitucional ya que en términos del artículo 124 Constitucional esa competencia está reservada a los Estados de la República:

“Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”

Al respecto se recomienda ver la Sección “El concepto de derecho humano y sus consecuencias en el juicio de amparo” de nuestro Tratado.

III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter:

a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista;

b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso;

c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad;

d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público;

e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable.

IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia.

Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia.

Jurisprudencia:

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Articulo relacionado de la Ley de Amparo abrogada 5, 10  11

 

Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.

Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.

Jurisprudencia:

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Articulo relacionado de la Ley de Amparo abrogada 4

Artículo 7. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares.

Fundamento constitucional:

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

[…]

V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:

[…]

c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.

En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y

Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes.

Jurisprudencia:

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Articulo relacionado de la Ley de Amparo abrogada 9

Artículo 8. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa.

Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la designación de representante en el escrito de demanda.

Jurisprudencia:

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Articulo relacionado de la Ley de Amparo abrogada 6

Artículo 9. Las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En todo caso podrán por medio de oficio acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos.

El Presidente de la República será representado en los términos que se señalen en el acuerdo general que expida y se publique en el Diario Oficial de la Federación. Dicha representación podrá recaer en el propio Consejero Jurídico, en el Procurador General de la República o en los secretarios de estado a quienes en cada caso corresponda el asunto, en términos de las leyes orgánicas y reglamentos aplicables. Los reglamentos interiores correspondientes señalarán las unidades administrativas en las que recaerá la citada representación. En el citado acuerdo general se señalará el mecanismo necesario para determinar la representación en los casos no previstos por los mismos.

Los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, así como los gobernadores y jefe de gobierno de éstos, procuradores General de la República y de las entidades federativas, titulares de las dependencias de la administración pública federal, estatales o municipales, podrán ser sustituidos por los servidores públicos a quienes las leyes y los reglamentos que las rigen otorguen esa atribución, o bien por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos.

Cuando el responsable sea una o varias personas particulares, en los términos establecidos en la presente Ley, podrán comparecer por sí mismos, por conducto de un representante legal o por conducto de un apoderado.

Artículo relacionado art. 25

Jurisprudencia:

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Articulo relacionado de la Ley de Amparo abrogada 9 ,12

Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley.

En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior.

Articulo relacionado de la Ley de Amparo abrogada 13

Jurisprudencia:

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Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido.

En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada.

La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta.

Artículos relacionados:

Artículo 10,  240 (multa por no tener representación)

Jurisprudencia:

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Articulo relacionado de la Ley de Amparo abrogada 13 16

Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero.

 

En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior.

Comentario:

El Poder Judicial de la Federación ha interpretado que las facultades que otorga la autorización descrita en este precepto legal no incluye la de ampliar la demanda de amparo.

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24  25

Jurisprudencia:

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Articulo relacionado de la Ley de Amparo abrogada 27

 

Artículo 13. Cuando la demanda se promueva por dos o más quejosos con un interés común, deberán designar entre ellos un representante, en su defecto, lo hará el órgano jurisdiccional en su primer auto sin perjuicio de que la parte respectiva lo substituya por otro. Los terceros interesados podrán también nombrar representante común.

Cuando dos o más quejosos reclamen y aduzcan sobre un mismo acto u omisión ser titulares de un interés legítimo, o bien en ese mismo carácter reclamen actos u omisiones distintos pero con perjuicios análogos, provenientes de la misma autoridad, y se tramiten en órganos jurisdiccionales distintos, cualquiera de las partes podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que determine la concentración de todos los procedimientos ante un mismo órgano del Poder Judicial de la Federación, según corresponda. Recibida la solicitud, el Consejo de la Judicatura Federal, en atención al interés social y al orden público, resolverá lo conducente y dictará las providencias que resulten necesarias.

Jurisprudencia:

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Articulo relacionado de la Ley de Amparo abrogada 20

Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual (sic) que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente.

Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días.

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Artículo 11  241 (multa)

Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión.

Articulo relacionado de la Ley de Amparo abrogada 16

Jurisprudencia:

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Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución olítica de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.

En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado.

Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas.

Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos.

Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda.

Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona.

Artículos relacionados:

Artículos 17 fracción IV (eliminación del plazo para demandar) 20 (habilitación de cualquier día y hora), 48 (prórroga de competencia para efectos de la suspensión), 61 fracción XVIII (excepción al principio de definitividad), 109 (simplificación de los requisitos de la demanda), 122,  124 (alegatos verbales), 126 (suspensión de oficio), 143,  159 (prórroga de competencia para efectos de la suspensión), 202 (eliminación del plazo para interponer el recurso de inconformidad), 239 y 248 (eliminación de multas), 265 y 266 (sanciones a jueces negligentes)

Jurisprudencia:

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Articulo relacionado de la Ley de Amparo abrogada 17, 18, 123,

Artículo 16. En caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, el representante legal del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión.

Si el fallecido no tiene representación legal en el juicio, éste se suspenderá inmediatamente que se tenga conocimiento de la defunción. Si la sucesión no interviene dentro del plazo de sesenta días siguientes al en que se decrete la suspensión, el juez ordenará lo conducente según el caso de que se trate.

Cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado deberá hacerlo del conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo, acreditando tal circunstancia, o proporcionando los datos necesarios para ese efecto.

Artículos relacionados:

Artículo 242 (multa por no informar)

Articulo relacionado de la Ley de Amparo abrogada 15

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