T1C7 Improcedencia

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T1C7 Improcedencia 2017-05-29T16:50:22+00:00

Ley de Amparo vigente (última reforma: 17 de junio de 2016)

Título I Reglas Generales

Capítulo VII Improcedencia

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Comentario:

Fracción carente de fundamento constitucional. Al respecto debe mencionarse que esta fracción constituye una regresividad normativa ya que antes de la publicación de la actual Ley de Amparo ya había antecedentes en el sentido contrario. Se recomienda al lector ver la sección correspondiente a dicha causal en nuestro Tratado de Amparo para apreciar todas las irregularidades de esta improcedencia e incluso analizar el caso de la omisión de reforma constitucional a la luz de esta causal de improcedencia.

II. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

Comentario:

Fracción carente de fundamento constitucional. Se recomienda al lector ver la sección correspondiente a dicha causal en nuestro Tratado de Amparo para analizar las irregularidades de esta improcedencia e incluso analizar la posibilidad de impugnar la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

III. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal;

Comentario:

Se recomienda al lector ver la sección correspondiente a dicha causal en nuestro Tratado de Amparo para identificar los alcances que constitucionalmente le corresponden a dicha improcedencia ya que pueden existir casos en que se abuse de esta causal.

IV. Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

Comentario:

No toda resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es irrecurrible. Al respecto es preciso determinar los alcances que constitucionalmente le corresponden a esta causal de improcedencia. Se recomienda consultar la sección correspondiente de nuestro Tratado de Amparo.

V. Contra actos del Congreso de la Unión, su Comisión Permanente o cualquiera de sus cámaras en procedimiento de colaboración con los otros poderes que objeten o no ratifiquen nombramientos o designaciones para ocupar cargos, empleos o comisiones en entidades o dependencias de la Administración Pública Federal, centralizada o descentralizada, órganos dotados de autonomía constitucional u órganos jurisdiccionales de cualquier naturaleza;

Comentario:

Para identificar los alcances que constitucionalmente le corresponden a esta causal de improcedencia se sugiere consultar la sección correspondiente de nuestro Tratado de Amparo.

VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito;

Comentario:

Esta causal de improcedencia es parcialmente inconstitucional, al respecto se recomienda la lectura de la sección correspondiente de nuestro Tratado de Amparo.

VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente;

Comentario:

Esta causal de improcedencia tiene problemas de constitucionalidad por lo que se sugiere consultar la sección correspondiente de nuestro Tratado de Amparo.

VIII. Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto de esta Ley, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Artículos relacionados:

Capítulo VI del Título Tercero (Denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad)

IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;

Comentario:

La amplitud con la que está redactada está causal de improcedencia ocasiona problemas de constitucionalidad. Véase la sección correspondiente a dicha causal en nuestro Tratado de Amparo.

X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;

Comentario:

En general, esta causal es razonable, pero existe al menos un caso en el que la causal de improcedencia puede violar el derecho de acceso a la justicia (derecho a ser oído para la determinación de los derechos), véase la sección correspondiente de nuestro Tratado de Amparo.

XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;

Comentario:

Véase la sección correspondiente de nuestro Tratado de Amparo.

XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;

Comentario:

Esta causal de improcedencia está relacionada con el tema de la legitimación activa del juicio de amparo. Desafortunadamente tanto la doctrina como los tribunales han cometido muchos errores metodológicos al tratar de explicar los distintos tipos de interés previstos en el artículo 107 constitucional. Al respecto es importante tener presente que no es lo mismo acreditar la legitimación respecto de un derecho que respecto de una garantía y aun tratándose de derechos existen diferencias dependiendo del tipo de derecho humano de que se trate. Se sugiere al lector consulte la sección de legitimación activa de nuestro Tratado de Amparo para profundizar más en este tema.

Artículos relacionados:

Artículo 5 fracción I (legitimación)

XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;

Comentario:

Esta causal de improcedencia además de inconstitucional es incompatible con las características de los derechos humanos y la naturaleza publicística del juicio de amparo. Esta improcedencia fue introducida a nuestro sistema jurídico por Ignacio Vallarta quien fuese ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para conocer a profundidad todas irregularidades de esta causal se recomienda leer la sección correspondiente de nuestro Tratado de Amparo.

Artículos relacionados:

Artículo 61 fracción XIV (consentimiento tácito del acto reclamado)

XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.

No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.

Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.

Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;

Comentario:

Esta causal de improcedencia además de inconstitucional es incompatible con las características de los derechos humanos y la naturaleza publicística del juicio de amparo. Esta improcedencia fue introducida a nuestro sistema jurídico por Ignacio Vallarta quien fuese ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para conocer a profundidad todas irregularidades de esta causal se recomienda leer la sección correspondiente de nuestro Tratado de Amparo.

Artículos relacionados:

Artículo 61 fracción XIII (consentimiento expreso del acto reclamado)

XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral;

Comentario:

Si bien es cierto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere carácter irrecurrible a las resoluciones en materia electoral ello no implica una autorización para que las autoridades jurisdiccionales en materia electoral violen derechos humanos (no electorales). Al respecto se recomienda consultar la sección correspondiente de nuestro Tratado de Amparo para definir los alcances que constitucionalmente le corresponden a esta improcedencia y analizar la posibilidad de promover el juicio de amparo para defender derechos humanos de naturaleza no electoral.

XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;

Comentario:

En primer lugar, esta causal de improcedencia presupone que la acción de amparo tiene como única finalidad la restitución del derecho humano, lo cual es incorrecta ya que existen disposiciones constitucionales y convencionales que dan otros efectos a la acción de amparo tales como la prevención de violaciones a derechos humanos, la obligación de sancionar a los responsables de violar derechos humanos y el otorgamiento de garantías de no repetición por mencionar algunos. En ese contexto, la consumación del acto reclamado no es suficiente para desechar o dar por terminado el juicio de amparo pues el resto de las finalidades todavía pueden ser realizadas.

En segundo lugar, es importante señalar que la doctrina y la jurisprudencia han creado una teoría muy limitada, es decir, incompleta del acto consumado de modo irreparable entre otras cosas debido a que no se ha distinguido entre los distintos tipos de actos reclamados (actos materiales, actos jurídicos, etc.)

En relación con esta causal de improcedencia se recomienda consultar la sección correspondiente de nuestro Tratado de Amparo para abordar los anteriores temas con más profundidad.

Artículos relacionados:

Artículo 77, 78 (efectos de la sentencia de amparo)

XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.

Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;

Comentario:

Para la actualización de esta causal de improcedencia es necesario que el acto sobrevenido sea autónomo al respecto se recomienda consultar la sección correspondiente de nuestro Tratado de Amparo.

XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.

Se exceptúa de lo anterior:

a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;

Artículos relacionados con violaciones al art. 22 constitucional y otros:

Artículo 15 (representación legal),  17 fracción VI (eliminación del plazo para demandar), 20 (habilitación de cualquier día y hora), 48 (prórroga de competencia para efectos de la suspensión), 109 (simplificación de los requisitos de la demanda), 124 (alegatos verbales), 126 (suspensión de oficio), 159 (prórroga de competencia para efectos de la suspensión), 202 (eliminación del plazo para interponer el recurso de inconformidad), 239 y 248 (eliminación de multas), 265 y 266 (sanciones a jueces negligentes)

b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad,
resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier
otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;

c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.

d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.

Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;

Comentario:

En relación con esta causal se recomienda consultar la sección relativa al principio de definitividad y la sección correspondiente a dicha improcedencia de nuestro Tratado de Amparo.

Artículos relacionados:

Artículo 61 fracción XX (excepciones al principio de definitividad)

XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;

Comentario:

Esta improcedencia está relacionada con el principio de definitividad del artículo 107 constitucional. Al respecto se recomienda consultar la sección relativa a dicho principio y la sección correspondiente a esta causal para identificar los requisitos que deben cumplir los recursos ordinarios.

XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.

Comentario:

Esta improcedencia está relacionada con el principio de definitividad del artículo 107 constitucional. Se sugiere consultar la sección correspondiente a dicho principio de nuestro Tratado de Amparo.

Artículos relacionados:

Artículo 61 fracción XVIII (excepciones al principio de definitividad), Artículo 107 fracción I (excepción al principio de definitividad amparo vs normas generales)

Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;

Comentario:

En términos del artículo 16 constitucional la fundamentación y motivación debe ser previa al acto de molestia por lo tanto, este precepto de la ley de amparo resulta inconstitucional por modificar dicha circunstancia y permitir que las autoridades responsables funden y motiven con posterioridad sus actos.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”

Artículos relacionados:

Artículo 117 (fundamentación y motivación en el informe justificado), 124 (análisis de constitucionalidad)

XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;

Comentario:

El hecho de que el acto reclamado haya cesado de surtir efectos no es razón suficiente para volver improcedente el juicio de amparo en virtud de que la restitución del derecho humano transgredido no es la única finalidad que persigue la acción de amparo. Al respecto se sugiere consultar la sección correspondiente de nuestro Tratado de Amparo para profundizar en este tema.

Artículos relacionados:

Artículo 77, 78 (efectos de la sentencia de amparo), 262 fracción II (delito por dejar sin efecto el acto reclamado con el propósito de sobreseer el amparo y luego insistir en la emisión del mismo acto reclamado)

XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y

Comentario:

El hecho de que el acto reclamado haya cesado de surtir efectos no es razón suficiente para volver improcedente el juicio de amparo en virtud de que la restitución del derecho humano transgredido no es la única finalidad que persigue la acción de amparo. Al respecto se sugiere consultar la sección correspondiente de nuestro Tratado de Amparo para profundizar en este tema.

Artículos relacionados:

Artículo 77, 78 (efectos de la sentencia de amparo)

XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.

Comentario:

Se recomienda leer la sección correspondiente a esta improcedencia en nuestro Tratado de Amparo para analizar la inconstitucionalidad de esta fracción.

Artículos relacionados:

Artículo 63 (sobreseimiento)

Jurisprudencia:

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Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.

Comentario:

Se sugiere consultar las secciones “Característica común de los objetos de protección” y “La presunción de constitucionalidad” para abordar el tema de la obligación del órgano jurisdiccional de estudiar oficiosamente la constitucionalidad y convencionalidad del acto reclamado.

Artículos relacionados:

Artículo 63 (sobreseimiento), 64 (vista con la improcedencia detectada), 75 (obligación del órgano jurisdiccional de recabar oficiosamente pruebas y actuaciones), 113 (desechar solo si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia).

Jurisprudencia:

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