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T4C1 Disposiciones Generales 2017-05-31T20:44:07+00:00

Ley de Amparo vigente (última reforma: 17 de junio de 2016)

Título Cuarto Jurisprudencia y Declaratoria General de Inconstitucionalidad

CAPÍTULO I Disposiciones Generales

Artículo 215. La jurisprudencia se establece por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución.

Fundamento constitucional:

Artículo 94

[…]

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.

Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

[…]

II.- Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente.

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora.

[…]

XIII.- Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

Cuando los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el Fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción;

Comentario:

Es importante señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos únicamente autoriza a crear jurisprudencia ante situaciones de interpretación, es decir, en aquellos casos en que existe duda respecto del sentido de una disposición.

Lo anterior implica que el resto de los problemas jurídicos (relevancia, prueba, calificación) no pueden servir para crear jurisprudencia pues ello sería inconstitucional. En relación a los distintos tipos de problemas jurídicos se hace referencia a las palabras de Neil Mac-Cormick, citado por Manuel Atienza:

“En general, cabría decir que existen cuatro tipos de problemas jurídicos (Mac-Cormick, 1978, cap.IV):

1. Problemas de relevancia, cuando existen dudas sobre cuál sea la norma aplicable al caso; por ejemplo: ¿son aplicables, en relación con el recurso de amparo que resuelve el Tribunal Constitucional, diversas normas internacionales que supuestamente habría vulnerado el auto recurrido? [incluidas en el fundamento jurídico 3].

2. Problemas de interpretación, cuando existen dudas sobre cómo ha de entenderse la norma o normas aplicables al caso; por ejemplo: ¿cómo debe interpretarse el artículo 15 de la Constitución y, en particular, qué significa ahí «derecho a la vida»?

3. Problemas de prueba, cuando existen dudas sobre si un determinado hecho ha tenido lugar; por ejemplo: ¿fue realimente voluntaria la decisión de los presos del GRAPO al declararse en huelga de hambre?

4. Problemas de calificación, cuando existen dudas sobre si un determinado hecho que no se discute cae o no bajo el campo de aplicación de un determinado concepto contenido en el supuesto de hecho de la norma; por ejemplo: ¿puede calificarse la alimentación forzada de los presos GRAPO como un caso de «tortura»o «trato inhumano o degradante», según el sentido que tienen estos términos en el artículo 15 de la Constitución? (Atienza, 2003, p. 129)”

 

Artículo 216. La jurisprudencia por reiteración se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o por los tribunales colegiados de circuito.

La jurisprudencia por contradicción se establece por el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los Plenos de Circuito.

Jurisprudencia:

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Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente.

La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito.

Comentario:

En términos de 217 la jurisprudencia es jerárquicamente obligatoria sin importar la materia, es decir, la jurisprudencia relativa a derechos humanos y el resto de las materias reciben igual tratado por parte del legislador.

En ese contexto es evidente que el esquema jerárquico de la jurisprudencia resulta inconstitucional tratándose de los derechos humanos y sus garantías pues por disposición expresa de la Constitución en materia de derechos humanos opera el principio pro personae que es incompatible con las estructuras normativas jerárquicas como las impuestas por los preceptos señalados como actos reclamados.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 1[…]

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”

Es importante mencionar que el Congreso de la Unión al ejercer la facultad que le confiere el artículo 94 Constitucional para regular la jurisprudencia está obligado a respetar el principio pro personae en materia de derechos humanos.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.”

De lo anterior se sigue que si bien es cierto la Constitución le confiere facultad al Congreso de la Unión para regular la jurisprudencia también es cierto que dicha regulación debe respetar los principios constitucionales, entre ellos el principio pro personae que rige en materia de derechos humanos.

Así las cosas, resulta que el Congreso de la Unión tiene la discrecionalidad necesaria para establecer los términos en que será obligatoria la jurisprudencia en materias distintas a la de derechos humanos, pero tratándose de esta última debe respetar y garantizar el principio pro personae establecido por el segundo párrafo del artículo 1° Constitucional.

La inconstitucionalidad de los actos reclamados se aprecia más fácilmente si se toma en consideración que existe a grandes rasgos dos tipos de jurisprudencia:

·         Jurisprudencia sobre la materia de derechos humanos (regido por el principio pro personae)

·         Jurisprudencia sobre materias distintas a los derechos humanos.

En ese orden de ideas, es evidente el Congreso de la Unión al regular la obligatoriedad de la jurisprudencia debió distinguir las materias referidas y posteriormente señalar que en materia de derechos humanos rige el principio por personae como lo establece la Constitución.

La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

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Artículo 218. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito o los tribunales colegiados de circuito establezcan un criterio relevante, se elaborará la tesis respectiva, la cual deberá contener:

I. El título que identifique el tema que se trata;

II. El subtítulo que señale sintéticamente el criterio que se sustenta;

III. Las consideraciones interpretativas mediante las cuales el órgano jurisdiccional haya establecido el criterio;

IV. Cuando el criterio se refiera a la interpretación de una norma, la identificación de ésta; y

V. Los datos de identificación del asunto, el número de tesis, el órgano jurisdiccional que la dictó y las votaciones emitidas al aprobar el asunto y, en su caso, en relación con el criterio sustentado en la tesis.

Además de los elementos señalados en las fracciones I, II, III y IV de este artículo, la jurisprudencia emitida por contradicción o sustitución deberá contener, según sea el caso, los datos de identificación de las tesis que contiendan en la contradicción o de la tesis que resulte sustituida, el órgano que las emitió, así como la votación emitida durante las sesiones en que tales contradicciones o sustituciones se resuelvan.

Comentario:

El legislador olvidó el elemento más importante que sirve para evitar que el Poder Judicial legisle descaradamente, a saber, el precepto objeto de la interpretación. Debe recordarse que en términos del artículo 94 constitucional la jurisprudencia solamente puede crearse a partir de situaciones o problemas de interpretación. Por lo tanto, no puede válidamente existir jurisprudencia en casos de lagunas normativas o en problemas de relevancia, prueba o calificación como desafortunadamente sucede.

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Artículo 219. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito o los tribunales colegiados de circuito deberán remitir las tesis en el plazo de quince días a la dependencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encargada del Semanario Judicial de la Federación, para su publicación.

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Artículo 220. En el Semanario Judicial de la Federación se publicarán las tesis que se reciban y se distribuirá en forma eficiente para facilitar su conocimiento.

Igualmente se publicarán las resoluciones necesarias para constituir, interrumpir o sustituir la jurisprudencia y los votos particulares. También se publicarán las resoluciones que los órganos jurisdiccionales competentes estimen pertinentes.

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Artículo 221. Cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de identificación y publicación. De no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes.

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