VI. La interpretación de la constitución

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VI. La interpretación de la constitución 2017-06-04T14:26:56+00:00

Capítulo VI. La interpretación de la constitución.

El objetivo de este capítulo es abordar el tema de la interpretación estrictamente constitucional, excluyendo todos aquellos aspectos que bien pueden encuadrarse en una teoría general de la interpretación. Para una descripción de las diversas teorías formuladas acerca de la interpretación jurídica se recomienda otro de nuestros libros, a saber: “La jurisprudencia prevista en la nueva Ley de Amparo” en el que se destina el apartado 1.4 del Capítulo I para tratar lo referente a ese tema.

Una vez dicho lo anterior, se procede a enunciar algunos principios que rigen la labor interpretativa de los textos constitucionales:

1. La constitución está conformada por diversos tipos de enunciados normativos.

Estudios como el realizado en la obra “Las piezas del Derecho” (Atienza & Ruiz, 2005) dejan en claro que el Derecho es un objeto completo conformado por diversos tipos de expresiones del deber ser.

En ese context, el intérprete de la constitución debe en primer lugar, identificar los distintos tipos de enunciados normativos contenidos en el texto supremo (directrices, principios en sentido estricto, reglas de acción, reglas de fin, reglas que confieren poderes, reglas puramente constitutivas, actos normativos, definiciones).

En segundo lugar se debe comprender las implicaciones de cada uno de los diferentes enunciados normativos en el discurso jurídico.

En tercer lugar, se debe considerar e identificar las distintas formas en que los enunciados normativos interactúan entre sí, pues no es lo mismo un conflicto normativo entre reglas que entre principios, por mencionar un ejemplo.

2. Toda la constitución es obligatoria y exigible.

La constitución es un documento normativo de carácter jurídico por lo tanto todos y cada uno de los enunciados contenidos en ella son expresiones del deber ser que resultan obligatorios tanto para las autoridades como para la población en general. En otras palabras, no existen preceptos que estén puestos de forma gratuita en consecuencia, todo precepto tiene consecuencias jurídicas.

En el caso del Estado Mexicano, los artículos que denotan la absoluta pretensión normativa de la CPEUM son:

Artículo 133.  Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados  que  estén  de  acuerdo  con  la  misma,  celebrados  y  que  se  celebren  por  el  Presidente  de  la República,  con  aprobación  del  Senado,  serán  la  Ley  Suprema  de  toda  la  Unión.  Los  jueces  de  cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Artículo  136.  Esta  Constitución  no  perderá  su  fuerza  y  vigor,  aun  cuando  por  alguna  rebelión  se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan  luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren  cooperado a ésta.

Artículos Transitorios

Artículo  Primero.  Esta  Constitución  se  publicará  desde  luego  y  con  la  mayor  solemnidad  se protestará  guardarla  y  hacerla  guardar  en  toda  la  República;  pero  con  excepción  de  las  disposiciones relativas a las elecciones de los Supremos Poderes Federales y de los Estados, que desde luego entran en vigor, no comenzará a regir sino desde el día 1o. de Mayo de 1917, en cuya fecha deberá instalarse solemnemente el Congreso Constitucional y prestar la protesta de ley el ciudadano que resultare electo en las próximas elecciones para ejercer el cargo de Presidente de la República.

Como se puede observar los principios de supremacía e inviolabilidad de la Constitución son el fundamento para afirmar que todos los preceptos constitucionales son obligatorios y exigibles.

Es importante mencionar que en algunas ocasiones se considera que al no existir una sanción expresa en la constitución respecto de un precepto específico, en automático el precepto pierde obligatoriedad o exigibilidad, situación que es errónea ya que el efecto del principio de supremacía es contrarrestar todo acto o norma jurídica que contravenga a la constitución, por lo tanto existe una nulidad implícita en el principio de supremacía que sirve para eliminar o privar de consecuencias a los actos y normas irregulares.

Por otra parte, existe un sector de la doctrina que desconoce la juridicidad de algunos derechos simplemente porque implican conductas positivas por parte de la autoridad estatal, reconociendo solamente a los derechos de primera generación (civiles y políticos) como los únicos verdaderamente obligatorios.

La crítica que se puede realizar a dicha postura doctrinal es que la juridicidad de un derecho no se determina según el objeto (conducta positiva o negativa) de la prerrogativa otorgada sino por su previsión en un precepto de Derecho.

Otra forma de demostrar lo incorrecto de esta posición que afirma que solamente las prestaciones de no hacer son jurídicas, es trasladarla a las relaciones civiles, por ejemplo los contratos de compraventa, de prestación de servicios, etc., en los que existen obligaciones de dar y de hacer que inmediatamente perderían el carácter jurídico, lo cual no sucede.

Todos los preceptos constitucionales son jurídicos con independencia del contenido obligacional que imputan (conductas de hacer, de no hacer, de dar, etc.), ello en virtud de que toda la Constitución es una expresión del deber ser conocido como Derecho.

Teniendo en cuenta lo anterior, es válido afirmar que disposiciones como la contenida en el artículo 128 de la CPEUM, no son fórmulas vacías o expresiones románticas sino que tienen efectos jurídicos para las autoridades como lo pueden ser: la desaplicación de normas anticonstitucionales, la aplicación directa de la constitución, la denuncia de ilícitos, etc.

Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

En claro ejemplo de cómo ciertos artículos son menospreciados sin fundamento alguno se encuentra en la postura doctrinal de Felipe Tena Ramírez (Derecho Constitucional Mexicano, 2004, pág. 175) al estudiar el artículo 120 de la Constitución

[i]: “Por inútil y peligroso, por extraño más que todo al sistema federal, sería de desear que fuera testado de nuestra Constitución el artículo que hemos comentado [refiriéndose al artículo 120].”

Lo antedicho denota que para Tena el artículo 120 carece de efectos jurídicos, de ahí que lo califique de inútil, pero dicha postura no tiene fundamento y puede tener graves consecuencias si se le traslada a otros ámbitos constitucionales. Supóngase el caso de que las autoridades consideraran inútiles todas las disposiciones relativas a los derechos humanos o al principio de división de poderes; el resultado sería la desaparición del Estado constitucional y no habría forma jurídica de impugnar los abusos de poder.

 

3. Solamente la constitución es suprema.

Al momento de realizarse la interpretación de la Carta Magna única y exclusivamente deben considerarse los enunciados normativos de la propia constitución. Esto podría parecer algo obvio al grado incluso de tildarse de irrelevante, pero es sorprendente cómo en la práctica judicial se recurre a elementos ajenos a la constitución para realizar la labor interpretativa constitucional.

Un gran ejemplo de cómo realizar correctamente una interpretación constitucional es el estudio realizado por Oscar Morineau respecto del artículo 27 de la CPEUM (Los derechos reales y el subsuelo en México., 1997)  en el cual se demuestra la función del principio de supremacía constitucional en el proceso de interpretación:

De la lectura cuidadosa del artículo 27 se desprende que dominio, dominio directo y propiedad de la Nación son la misma cosa. Sin embargo, esta interpretación  ha sido rechazada por numerosos y prestigiados juristas.

Es muy importante advertir que todos los juristas que rechazan la interpretación anterior se fundan en argumentos extraños a la Constitución y que ninguno de ellos trata de conciliar los términos de la norma que pretenden interpretar. Esta es el error que cometen los licenciados don Miguel Macedo, don Trinidad García, don Carlos Sánchez Mejorada, don Alberto Vázquez del Mercado, algunos CC. Ministros de la Suprema Corte citados textualmente en el apéndice de este libro y todos los juristas mexicanos y extranjeros que no respetan el principio de supremacía de la Constitución cuando fundan sus tesis en principios extraños y opuestos a la disposición expresa de la mencionada Constitución. Interpretan una norma jurídica sin tomar en cuenta la norma interpretada; de aquí se sigue que sus afirmaciones sean necesariamente antijurídicas e ilógicas. Son antijurídicas por no fundarse en el principio de supremacía, por fundarse en normas inferiores que no pueden derogar el precepto constitucional. Estas normas inferiores en que fundan sus interpretaciones son algunas veces las leyes secundarias, tales como la Ley Minera. Otras veces se fundan en la legislación española o colonial derogada en México o finalmente en opiniones personales. Sus interpretaciones son ilógicas porque la interpretación de una norma necesariamente debe fundarse en la misma norma y no en otra opuesta, porque el descubrimiento de la esencia de un objeto debe encontrarse en dicho objeto y no en otro distinto.

Según lo dicho hasta ahora, la interpretación constitucional será defectuosa siempre que el intérprete recurra a elementos distintos al propio texto constitucional para desentrañar el sentido de un enunciado normativo. Se citan algunos de los errores más comunes:

 

Emplear derecho comparado o doctrina extranjera.

Algunas veces, a pesar de que el objeto de interpretación es la Constitución, las autoridades deciden introducir elementos extraños al sistema jurídico nacional, tales como el derecho extranjero o lo que es peor aún doctrina extranjera.

Lo anterior constituye una clara violación a los principios de supremacía constitucional, inviolabilidad del artículo 136 de la CPEUM y atentan directamente contra de la soberanía nacional a que refieren los artículos 39 y 41 de la CPEUM.

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana  del  pueblo  y  se  instituye  para  beneficio  de  éste.  El  pueblo  tiene  en  todo  tiempo  el  inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Artículo 41.  El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia  de  éstos,  y  por  los  de  los  Estados,  en  lo  que  toca  a  sus  regímenes  interiores,  en  los términos  respectivamente  establecidos  por  la  presente  Constitución  Federal  y  las  particulares  de  los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

Como ejemplo de este tipo de error interpretativo se puede citar las causales de improcedencia relativas al consentimiento de los actos reclamados en materia de amparo, que fueron introducidas al Derecho mexicano por Ignacio Luis Vallarta quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguiendo a la “doctrina americana”. Para conocer más acerca de estas causales de improcedencia y la forma de impugnarlas se recomienda nuestra obra titulada “La anticonstitucionalidad de los actos consentidos en materia de amparo”.

 

Usar normas inferiores a la Constitución para realizar la labor interpretativa.

Existen muchos criterios judiciales en los que se emplean criterios legales (o relativos a cualquier otra norma inferior) para desentrañar los alcances constitucionales de ciertos derechos o instituciones jurídicas, tal es el caso del recurso de apelación previsto en el artículo 104 de la CPEUM.

APELACION GARANTIZADA POR EL ARTICULO 104 CONSTITUCIONAL.

La disposición del artículo 104 constitucional, en el que se establece que son apelables las sentencias para ante el superior inmediato, debe entenderse en el sentido de que la apelación se sustanciará de acuerdo con las leyes reglamentarias respectivas, y tratándose de asuntos de cuantía menor de un mil pesos, la ley no concede el recurso de apelación.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tercera Sala. Tesis Aislada. Amparo civil en revisión 1678/33. Estrada Rosa. 21 de octubre de 1933. Unanimidad de cuatro votos. Quinta Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XXXIX, página 1412. No. de registro 361703.

En la tesis aislada transcrita la Tercera Sala de la SCJN, comete el error de interpretar el artículo 104 Constitucional[ii] a la luz de las leyes, lo cual tiene como consecuencia restar eficacia al texto expedido por el Poder Constituyente y subordinarlo a la voluntad de las autoridades constituidas, es decir convierte injustificadamente al Congreso de la Unión en soberano.

Adicionalmente, es de mencionarse que el criterio citado se continúa aplicando y se niega el derecho a los particulares a apelar las sentencias definitivas (por ejemplo en los casos previstos en el artículo 1339 del Código de Comercio) siendo que hoy en día incluso existe un tratado internacional en materia de derechos humanos que también sirve de fundamento para recurrir las resoluciones de primera instancia.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 8. Garantías Judiciales

Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo  razonable,  por  un  juez  o  tribunal  competente  independiente  e  imparcial establecido

con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal  formulada   contra   ella,   o   para   la  determinación  de   sus   derechos   y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras  no  se  establezca  legalmente  su  culpabilidad.  Durante  el  proceso,  toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

En relación a la aplicabilidad del inciso h) del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conviene citar lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las opiniones consultivas OC11/90 y OC 18/03.

La realidad es que en el Poder Judicial aun no opera con un paradigma de constitucionalidad pues se siguen empleando normas inferiores para resolver problemas de constitucionalidad.[iii]

Por último y en relación a este punto, conviene precisar que aun las tesis de jurisprudencia y tesis aisladas quedan excluidas del material normativo a emplear al momento de interpretar la constitución, ello en virtud de que las jurisprudencias son normas inferiores a la constitución y muchas veces la jurisprudencia es anticonstitucional. En relación a este tema se recomienda nuestro libro “La jurisprudencia prevista en la nueva Ley de Amparo”.

 

4. La constitución está redactada a favor de los particulares.

Al hablar de las causas de una constitución se señaló que uno de los principales fines que busca realizar una constitución es evitar el abuso del poder, es decir proteger a la población de la arbitrariedad. Esta finalidad afecta el proceso interpretativo al menos en los siguientes aspectos:

El primero de ellos consiste en elegir, de entre todos los significados derivables de una determinada disposición, el sentido más benéfico para los particulares.

Afortunadamente en el caso de la CPEUM el artículo 1° párrafo segundo establece en forma expresa esta regla interpretativa: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.” Cabe señalar que aun en el supuesto de que no existiese una disposición como la transcrita, se podría arribar al mismo resultado interpretativo acudiendo a la causa final de la constitución.

Es de suma importancia mencionar que la constitución fue creada para beneficiar personas y no instituciones procesales. En ocasiones el Poder Judicial olvida que el derecho procesal no es un fin en si mismo sino que es un medio subordinado a los derechos y libertades.

A continuación se cita un criterio judicial que constituye una violación al principio pro persona por favorecer una institución jurídica procesal menoscabando los derechos humanos[iv]:

OMISIÓN LEGISLATIVA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El precepto constitucional citado, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, dispone que las sentencias pronunciadas en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, de donde deriva que respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, dado que no pueden tener efectos generales. En congruencia con lo anterior, en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, es improcedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa, pues de concederse la protección constitucional al quejoso, el efecto sería obligar a la autoridad legislativa a reparar la omisión, dando efectos generales a la ejecutoria, lo cual implicaría la creación de una ley, que constituye una prescripción general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al promovente del amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada. No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el artículo 107, fracción II, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales, toda vez que esa declaración debe emitirse en un procedimiento específico por parte de este Alto Tribunal, sin que sea posible adoptar una decisión de tal naturaleza en un caso concreto; máxime que el procedimiento para la declaratoria general de una norma se refiere a normas existentes y no a omisiones legislativas. Por otra parte, tampoco es obstáculo que el artículo 103, fracción I, constitucional, establezca que los Tribunales de la Federación conocerán de toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, ya que dicho precepto no contempla la posibilidad de que puedan reclamarse omisiones legislativas, dado que opera la limitante prevista en el referido artículo 107, fracción II, párrafo primero, en el sentido de que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segunda Sala. Tesis Aislada. Amparo en revisión 588/2012. Dinorah Trinidad Guadalupe Cantú Pedraza. 28 de noviembre de 2012. Cinco votos. Décima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, página 1164. No. de registro 2002843.

La segunda consecuencia que se puede derivar de la causa final de la constitución es que los derechos y libertades establecidos en la constitución son los mínimos, en consecuencia pueden ser ampliados por el resto de las normas jurídicas que conforman el sistema jurídico.

La tercera consecuencia interpretativa de la causa final de una constitución se puede enunciar de la siguiente forma: las normas secundarias no pueden ampliar la competencia asignada por la constitución, pues ello implicaría restringir derechos y libertades o crear concentración de poder no autorizada por el Constituyente.

La cuarta consecuencia interpretativa de la causa final de la constitución se aprecia al momento de definir los alcances competenciales de dos autoridades, poderes o niveles de gobierno. Como se mencionó en el capítulo correspondiente, una constitución pretende evitar las concentraciones de poder para así evitar abusos; en consecuencia, las normas que constituyen una excepción a las reglas generales de distribución de competencias son de interpretación estricta.

Una tesis que ejemplifica claramente cómo el Poder Judicial transgredió este principio es el siguiente:

CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.

El texto expreso del artículo 133 de la Constitución Federal previene que “Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”. En dicho sentido literal llegó a pronunciarse la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, la postura sustentada con posterioridad por este Alto Tribunal, de manera predominante, ha sido en otro sentido, tomando en cuenta una interpretación sistemática del precepto y los principios que conforman nuestra Constitución. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 133 constitucional, no es fuente de facultades de control constitucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos ajenos, como son las leyes emanadas del propio Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer unos y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Jurisprudencia 74/1999. 14 de julio de 1999. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. X, página 5. Registro 193,435. Materia Constitucional.

El criterio citado refleja que la SCJN pretendía concentrar todo el control de constitucionalidad, lo que constituye una concentración no autorizada por la CPEUM. Afortunadamente con motivo de la Sentencia del Caso Radilla Pacheco dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se modificó dicho criterio.

Estos son algunos de los principios que deben observarse al realizar una interpretación jurídica constitucional. En el siguiente enlace se muestra un ejemplo de cómo se deben crear los conceptos constitucionales: http://constitucionalistasmexicanos.blogspot.mx/2013/05/un-concepto-constitucional-de.html.

Por último conviene señalar que la interpretación jurídica siempre requiere de decisiones, por lo tanto es necesario responsabilizar al Poder Judicial y en especial a la SCJN de dichas decisiones, que muchas veces repercuten en los alcances de los derechos y libertades de la población y en la exigibilidad de los mismos.[i] “Artículo 120.  Los Gobernadores de los Estados están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales.”[ii] En ese entonces las redacción del artículo 104 fracción I de la CPEUM era la siguiente: “Art. 104.- Corresponde a los tribunales de la Federación conocer: I… Las sentencias de primera instancia serán apelables para ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado.[iii] En relación a la deficiente interpretación constitucional realizada por el sistema judicial mexicano se recomienda la lectura del siguiente artículo:  http://constitucionalistasmexicanos.blogspot.mx/2013/05/la-primera-sala-de-la-scjn-y-la.html[iv] Para una crítica más amplia al respecto se recomienda visitar: http://constitucionalistasmexicanos.blogspot.mx/2013/06/el-amparo-contra-omisiones-legislativas.html?m=0

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