VII. La modificación de la constitución

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VII. La modificación de la constitución 2017-06-04T14:30:30+00:00

Capítulo VII. La modificación de la constitución

La posibilidad de modificar una constitución está determinada por el Poder Constituyente. En ocasiones dicho Poder permite que los órganos constituidos puedan realizar cambios al texto constitucional aunque también pueden darse casos en los que ciertas decisiones políticas son de tal relevancia para el Poder Constituyente que no son susceptibles de ser modificadas.

Por ello habrá que estudiar cada caso particular para identificar si existe la posibilidad de reformar o no una constitución.

A continuación se analizan las características de la CPEUM en lo relativo a las reformas.

El procedimiento previsto en el artículo 135 de la CPEUM.

El primer aspecto que es importante subrayar es que el Congreso Constituyente de 1917 al expedir el artículo 135, no creó un “Poder Revisor” ni un “Constituyente Permanente”, sino que solamente impuso un procedimiento extraordinario (en comparación al proceso legislativo regulado en los artículos 71 y 72 de la CPEUM) en el cual participan varios órganos constituidos que nunca serán soberanos, ya que los mismos actúan con limitaciones jurídicas. Tal como se vio en el capítulo primero de este libro, la característica esencial de un poder soberano radica precisamente en carecer de limitación alguna en el derecho interno y  por lo que hace a las autoridades que intervienen en un proceso de reforma, las mismas tienen restricciones jurídicas, por lo tanto no pueden ser llamadas soberanas.

Artículo 135.  La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras  partes  de  los  individuos  presentes,  acuerden  las  reformas  o  adiciones,  y  que  éstas  sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

La consecuencia práctica de lo anterior es que una reforma constitucional puede ser impugnada y anulada cuando no fueron observados los lineamientos establecidos por el Poder Constituyente.

Tradicionalmente se ha planteado que una reforma constitucional puede ser impugnada por vicios formales; es decir, por no cumplir con las reglas de competencia y procedimentales establecidas por la CPEUM, postura que es correcta pero que hoy en día resulta incompleta al haber sido modificado el artículo 1° Constitucional.

La actual redacción del artículo 1° párrafo tercero de la CPEUM establece una limitante material a los procedimientos de reformas constitucionales; por lo tanto, a partir de la entrada en vigencia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de junio de 2011, ya no pueden existir reformas constitucionales que tengan por efecto eliminar o reducir los derechos humanos reconocidos en la CPEUM.

Art. 1.  En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución  y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Las obligaciones impuestas por el párrafo tercero del artículo 1° de la CPEUM, en especial la relativa al principio de progresividad (entendida ésta en su dimensión de prohibición de regresividad), son el impedimento jurídico para iniciar un procedimiento de reforma constitucional que tenga por efecto restringir los derechos y libertades de los particulares. Conviene precisar que las únicas reformas constitucionales permitidas en materia de derechos humanos son aquellas que tengan por efecto adicionar o ampliar los derechos de la población.

En caso de que alguna autoridad presentase alguna iniciativa de reforma para reducir los derechos humanos actualmente reconocidos o incluso para eliminar el principio de progresividad, dicho procedimiento de reforma quedaría viciado de inmediato ya que la iniciativa de reforma constitucional es en sí misma violatoria del párrafo tercero del artículo 1° Constitucional trayendo como consecuencia la nulidad de todo el procedimiento de reforma

[i].

En conclusión la CPEUM establece la posibilidad de que las autoridades constituidas reformen la constitución siempre y cuando las autoridades competentes, Congreso de la Unión, Legislaturas de los Estados y, en su caso, la Comisión Permanente, observen el procedimiento establecido por el artículo 135 Constitucional y respeten los derechos humanos en términos del artículo 1° Constitucional.

 

La interpretación como mecanismo de actualización de la constitución.

Mientras que constituciones como la de los Estados Unidos de América han sido modificadas en pocas ocasiones, la CPEUM expedida en el año de 1917 ha sufrido más de 200 reformas.

Sin duda las diferencias entre las naciones referidas son muchas, y no puede haber soluciones simplistas pero bien vale señalar que una labor interpretativa garantista, es decir que promueva y expanda los derechos humanos puede ser una de las causas por las cuales en otros Estados las constituciones no requieren ser reformadas.

En el caso mexicano, el Poder Judicial y en especial la SCJN no han podido afrontar el reto de manera satisfactoria; muestra de ello es la ambivalencia en los criterios emitidos, unas veces ampliando derechos humanos, otras restringiéndolos injustificadamente; unos días México cuenta con un control difuso de constitucionalidad, al día siguiente no lo tiene, y todo ello producto de la labor de los órganos de justicia.

La interpretación jurídica no es un proceso en el cual solamente se tenga que aplicar el derecho sin contar con discrecionalidad alguna, pues el intérprete debe tomar decisiones para poder obtener el sentido de una disposición.

Ya es hora de ir responsabilizando al Poder Judicial de las decisiones interpretativas que toma al resolver los conflictos sometidos a su jurisdicción. Ya es tiempo de identificar las tendencias de cada uno de los ministros de la SCJN y exigirles una explicación cuando repentinamente cambien de criterio.

Muchas de las reformas constitucionales resultarían innecesarias si el Poder Judicial realmente decidiera proteger los derechos humanos. A continuación se mencionan algunos ejemplos:

Antes de la reforma constitucional de 10 de junio de 201, el Estado Mexicano ya estaba obligado a garantizar los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los cuales era parte (ello derivado de la obligatoriedad misma de todo instrumento internacional, véase artículos 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y 133 de la CPEUM); no obstante ello, existía una gran renuencia por cumplir con dichas obligaciones y hubo que realizar todo un proceso de reforma constitucional para eliminar toda duda al respecto.

Un ejemplo más se encuentra en materia de amparo.  El anterior artículo 107 Constitucional no exigía que el agravio del quejoso fuera directo, tampoco la anterior Ley de Amparo lo exigía pues se limitaba a legitimar a todo aquel a quien perjudique el acto de autoridad (artículo 4), dicha circunstancia permitía que los quejosos impugnasen afectaciones indirectas a sus derechos subjetivos, haciéndose innecesaria la figura del interés legítimo; a pesar de ello, el Poder Judicial exigió que la afectación fuese directa o inmediata dejando en estado de indefensión a todas aquellas personas que de forma indirecta resentían el acto reclamado.

Art. 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

(REFORMADA, D.O.F. 19 DE FEBRERO DE 1951)

I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada.

(REFORMADA, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 1986)

II.- La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

Artículo 4o.- El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor.

Como se puede observar, el Poder Judicial tuvo la oportunidad de brindar protección a todos los quejosos que de forma indirecta resentían los actos reclamados, pero hizo lo contrario.

Otro caso que es importante mencionar es el relativo al amparo contra omisiones de la autoridad.

Antes de la reforma constitucional de 6 de junio de 2011 el Poder Judicial era ambivalente respecto de los amparos promovidos contra omisiones, unas veces decía que el juicio de amparo era improcedente y otras incluso otorgaba el amparo;  tales eran los casos de los amparos promovidos ante las violaciones del derecho de petición que implicaban una omisión por parte de la autoridad.

En las ocasiones en que se negaba el amparo se alegaba que el entonces artículo 103 de la CPEUM solamente preveía los actos de autoridad y no así las omisiones “Art. 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I.- Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales.”

Por otra parte cuando se alegaban violaciones tales como la omisión de dar contestación por escrito a una petición de los particulares, la justificación radicaba en que el artículo 103 de la CPEUM comprendía en la palabra “actos”, tanto actos positivos como negativos.

La única diferencia entre los dos casos mencionados radica en cómo se interpreta y ello demuestra que el Poder Judicial no siempre decide respetar y garantizar los derechos humanos y la Constitución.

Fue necesaria una reforma constitucional para eliminar toda duda respecto de la exigibilidad de conductas omisivas a cargo de la autoridad para que fuera superada dicha cuestión. Desafortunadamente la Segunda Sala de la SCJN ahora restringe nuevamente los alcances del juicio de amparo y señala que el amparo contra omisiones no comprende a las omisiones legislativas. Se invita al lector a leer el siguiente artículo en el que se elabora una crítica al respecto: http://constitucionalistasmexicanos.blogspot.mx/2013/06/el-amparo-contra-omisiones-legislativas.html?m=0

Con base en todo lo expuesto se puede afirmar que el ámbito discrecional con el que cuenta el Poder Judicial, aunque sea reducido, es suficiente para ampliar y actualizar las garantías y derechos en materia de derechos humanos y así evitar constantes reformas constitucionales. En esta labor interpretativa los principios pro persona y de progresividad del artículo 1° de la CPEUM desempeñan un rol muy importante ya que constituyen el fundamento jurídico para exigir que la interpretación judicial sea cada vez más benéfica para la población.

 Art. 1…

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Lo que se requiere para lograr un avance al respecto es que el Poder Judicial realmente quiera defender los derechos humanos  y la población se informe, vigile y exija la correcta realización de la función jurisdiccional a los tribunales. No hay que perder de vista que de poco sirve contar con la mejor constitución del mundo si el Poder Judicial sigue resolviendo como hasta ahora lo ha hecho.

[i] El siguiente criterio judicial refleja las consecuencias derivadas de un acto jurídico nulo que inicia un procedimiento:

ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Jurisprudencia por reiteración de criterios. Amparo directo 301/78. Refaccionaria Maya, S.A. 18 de enero de 1979. Unanimidad de votos. Séptima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 121-126, Sexta Parte, página 280. No. de registro. 252103.

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