VIII. Garantías de supremacía constitucional

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VIII. Garantías de supremacía constitucional 2017-06-04T14:31:55+00:00

Capítulo VIII. Garantías de supremacía constitucional

En el capítulo inicial de este libro se identificó a la supremacía como el elemento esencial de toda constitución. Asimismo se definió a la supremacía como el atributo que le confiere a la constitución la capacidad de prevalecer frente al resto de las normas que integran un sistema jurídico estatal.

Ahora corresponde identificar los distintos medios (garantías de supremacía) con los que el Poder Constituyente asegura la supremacía de la constitución y la permanencia de las decisiones fundamentales realizadas al momento de expedirse una constitución.

Para efectos de este trabajo, se entiende por garantías todas aquellas instituciones jurídicas que  previenen y sancionan las transgresiones a la constitución.

Se inicia este capítulo contestando la siguiente pregunta: ¿qué disposiciones se protegen mediante las garantías de supremacía constitucional?

La respuesta para el caso de la CPEUM se encuentra en aquellas disposiciones jurídicas que el Poder Constituyente estableció como referentes de validez tanto en su aspecto formal como en su aspecto material.

En relación al aspecto material conviene señalar que la CPEUM incorpora como referentes de validez material normas que no fueron expedidas por el Poder Constituyente, por ejemplo los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

A efecto de tener una clara idea conviene proponer un concepto de bloque de constitucionalidad que se adapte a las características del ordenamiento jurídico mexicano. La utilidad de tal concepto radicará en señalar aquellas disposiciones jurídicas objeto de las garantías de supremacía.

El bloque de constitucionalidad

Dadas las características particulares del sistema jurídico mexicano se puede decir que el bloque de constitucionalidad es el conjunto de cuerpos normativos designados por una constitución como referentes materiales de validez, es decir, son todas aquellas normas jurídicas cuyos contenidos deben ser respetados por los Poderes Constituidos (en contraposición al Poder Constituyente).

Si se analiza la función que cumple el bloque de constitucionalidad uno puede percatarse de la gran similitud que existe con concepto de “Constitución en sentido amplio” de Hans Kelsen (La Garantía de Jurisdiccionalidad de la Constitución, 1974).

es la norma que regula la elaboración de las leyes, de las normas generales en ejecución de las cuales se ejerce la actividad de los órganos estatales, tribunales y autoridades administrativas. Esta regla de creación de las normas jurídicas esenciales del Estado, de determinación de los órganos y del procedimiento de la legislación, forma la Constitución en sentido propio, originario y estricto del término.

Si el derecho positivo conoce una forma constitucional especial, distinta a la forma legal, nada se opone a que esa forma sea empleada también para ciertas normas que no entran en la Constitución en sentido estricto, principalmente para las normas que no regulan la creación sino el contenido de las leyes. De ahí resulta la noción de Constitución en sentido amplio. Es este sentido amplio el que está en juego cuando las Constituciones modernas contienen, no solamente normas sobre los órganos y el procedimiento de legislación, sino, además, un catálogo de derechos fundamentales de los individuos o libertades individuales. Es por ello – es el sentido primordial, si no exclusivo de esta práctica-, que la Constitución señala principios, direcciones y límites, para el contenido de las leyes futuras.

Como se puede observar, una Constitución está formada por las normas que regulan la conducta de los órganos constituidos y el contenido del resto de las disposiciones normativas de un sistema jurídico particular.

De lo anterior se puede concluir que una norma será constitucional cuando 1) regule la conducta de los órganos constituidos o  2) determine el contenido del resto de las normas creadas en un sistema jurídico.

Tal vez la característica que permita distinguir dichos conceptos es que en el caso de un bloque de constitucionalidad hay una diversidad de cuerpos normativos (por ejemplo: constitución + tratados internacionales), pero en ambos casos se alude a las normas jurídicas que deben ser observadas por los órganos constituidos.

Si se analiza la CPEUM resulta que las normas en materia de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales regulan la conducta de todas las autoridades mexicanas, pues en términos de los párrafos primero y tercero del artículo 1° están obligadas a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales.

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos  de  conformidad  con  los  principios  de  universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Lo anterior demuestra que la Reforma Constitucional publicada el pasado 10 de junio de 2011 modificó el bloque de constitucionalidad.

Prueba de ello es que las normas contenidas en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano que contienen derechos humanos cuentan con el atributo propio de toda norma constitucional, a saber, la supremacía normativa en su aspecto material, misma que se traduce en ser las normas que sirven para determinar la regularidad material del resto del ordenamiento jurídico.

Cabe señalar que no se puede hablar de una supremacía en el aspecto formal debido a que fue la propia CPEUM la que incorporó a los tratados internacionales al derecho interno, lo cual implica una relación subordinación de los tratados internacionales respecto de la Constitución y no una relación de igualdad jerárquica.

Los artículos constitucionales en donde se puede apreciar la supremacía material de los tratados que contengan derechos humanos son el artículo 1° y 103.

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite

I.  Por  normas  generales,  actos  u  omisiones  de  la  autoridad  que  violen  los  derechos  humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

Tal como se desprende del artículo 103 del texto Constitucional, los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano que contienen derechos humanos y garantías, pueden invalidar normas generales, actos u omisiones de la autoridad, y ello demuestra que dichas normas son supremas.

En el mismo sentido se tiene al artículo 1° Constitucional:

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Es importante mencionar que el concepto de bloque de constitucionalidad puede válidamente aplicarse al caso mexicano aún antes de la reforma de derechos humanos de junio de 2011, ya que el Poder Constituyente de 1917 en forma expresa señala que la constitución expedida reforma la de 1857, de tal suerte que la constitución de 1857 cumple una función de ordenamiento supletorio.

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, con esta fecha se ha servido dirigirme el siguiente decreto:

VENUSTIANO  CARRANZA,  Primer  Jefe  del  Ejército  Constitucionalista,  Encargado  del  Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, hago saber:

Que  el  Congreso  Constituyente  reunido  en  esta  ciudad  el  1o.  de  diciembre  de  1916,  en  virtud  del decreto  de  convocatoria  de  19  de  septiembre  del  mismo  año,  expedido  por  la  Primera  Jefatura,  de conformidad con lo prevenido en el artículo 4o. de las modificaciones que el 14 del citado mes se hicieron al decreto de 12 de diciembre de 1914, dado en la H. Veracruz, adicionando el Plan de Guadalupe, de 26 de marzo de 1913, ha tenido a bien expedir la siguiente:

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE REFORMA LA DE 5 DE FEBRERO DE 1857.

Otro ejemplo en el cual el Poder Constituyente establece como referente material de validez a otra fuente derecho que no sea el texto expedido por el propio Constituyente se encuentra en el artículo 42 fracción V el cual a su letra indica: “Artículo 42. El territorio nacional comprende: I… V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional y las marítimas interiores;”.

El efecto normativo del artículo 42 fracción V de la Constitución radica en que el derecho internacional será el que regule de manera suprema lo relativo a la extensión y demás características de las aguas de los mares territoriales, de tal manera que si el Congreso de la Unión emitiera una ley al respecto que contradijera lo establecido por el derecho internacional, la ley podría declararse como anticonstitucional.
Con base en todo lo expuesto es necesario concluir:

1) El concepto doctrinal de “El bloque de constitucionalidad” es útil para describir el caso mexicano en el que existen diversos cuerpos normativos que materialmente son supremos.

2) Los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano que contienen derechos humanos forman parte de aquello que Hans Kelsen denominaba “Constitución en sentido amplio” por ser referentes materiales de regularidad.

 

El principio pro persona

Por ultimo, es importante señalar que en materia de derechos humanos la jerarquía normativa pierde relevancia toda vez que el artículo 1° de la CPEUM establece el principio pro persona y dicho principio tiene por efecto dar preferencia a aquella disposición que brinda una mayor protección a los particulares sin importar el rango jerárquico.

Artículo 1.  En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución  y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Una vez definidas cuáles son las normas que la CPEUM considera como referentes de validez, se describirán algunas de las garantías de supremacía contempladas en el sistema jurídico mexicano.

Las garantías de supremacía pueden ser clasificadas a grandes rasgos en garantías preventivas (tendientes a evitar la violación del bloque de constitucionalidad) y las garantías reactivas (tendientes a sancionar y reestablecer la eficacia del bloque de constitucionalidad).

 

Garantías preventivas

Algunos de los mecanismos establecidos por el Poder Constituyente para asegurar la observancia y permanencia de la Constitución son:

Las protestas previstas en los artículos 87, 97 y 128 de la CPEUM:

Artículo 87. El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: “Protesto guardar y hacer guardar  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  las  leyes  que  de  ella  emanen,  y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando  en  todo  por  el  bien  y  prosperidad  de  la  Unión;  y  si  así  no  lo  hiciere  que  la  Nación  me  lo demande.”

Si por cualquier circunstancia el Presidente no pudiere rendir la protesta en los términos del párrafo anterior, lo hará de inmediato ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión.

En  caso  de  que  el  Presidente  no  pudiere  rendir  la  protesta  ante  el  Congreso  de  la  Unión,  ante  la Comisión Permanente o ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión lo hará de inmediato ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 97…

Cada  Ministro  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia,  al  entrar  a  ejercer  su  encargo,  protestará  ante  el Senado, en la siguiente forma:

Presidente:  “¿Protestáis  desempeñar  leal  y  patrióticamente  el  cargo  de  Ministro  de  la  Suprema Corte  de  Justicia  de  la  Nación  que  se  os  ha  conferido  y  guardar  y  hacer  guardar  la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”

Ministro: “Sí protesto”

Presidente: “Si no lo hiciereis así, la Nación os lo demande”.

Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito protestarán ante la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal.

Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Según lo dicho en el capítulo relativo a la interpretación constitucional, todo precepto contenido en la constitución es vinculante y tiene efectos jurídicos. En consecuencia, las protestas constituyen el fundamento para que toda autoridad realice conductas positivas y negativas tendientes a la plena efectividad de la constitución.

Procedimientos extraordinarios de reforma

Según se vio al abordar el tema de las causas y ámbitos de validez de la constitución, el Poder Constituyente expide una constitución con la intención de que dicho texto normativo tenga una vigencia permanente y obligue a las autoridades constituidas. Dichas finalidades se verían frustradas si las autoridades constituidas pudieran modificar la constitución con demasiada facilidad, lo cual redunda para efectos prácticos en la ausencia de limitación jurídica de la autoridad constituida.

En ese contexto y con el objetivo otorgar una protección a la población frente a los abusos de poder y a su vez permitir la actualización del texto constitucional a las nuevas realidades de una nación, el Congreso Constituyente de 1917 estableció un procedimiento dificultado en el cual además tienen que intervenir distintos órganos para poder modificar la Constitución.

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras  partes  de  los  individuos  presentes,  acuerden  las  reformas  o  adiciones,  y  que  éstas  sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Los procedimientos dificultados de reforma a la constitución son un medio para garantizar la permanencia de las decisiones políticas realizadas por el Poder Constituyente.

La división de poderes

Una de las razones por las cuales una autoridad cumple con la constitución es debido a que dicha autoridad carece del poder suficiente para imponer su voluntad a toda una comunidad política. Al respecto puede afirmarse que a mayor concentración de poder, las probabilidades de someterse a la voluntad ajena (en este caso la voluntad del Poder Constituyente) disminuyen. Por lo tanto, resulta conveniente que ninguna autoridad tenga el poder suficiente como para hacer lo que le plazca, siendo esa la razón de ser del principio de división de poderes.

En ese contexto, no solo es prudente que el poder esté dividido y asignado en varias personas o entidades sino que además es necesario que ninguno de los poderes creados tenga la capacidad de someter a los otros. Bajo esa óptica es posible entender los fueros, la irresponsabilidad de los legisladores por la expresión de sus ideas, etc. Enseguida se citan algunos ejemplos de lo anterior previstos en la CPEUM:

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Artículo  61.  Los  diputados  y  senadores  son  inviolables  por  las  opiniones  que  manifiesten  en  el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

El  Presidente  de  cada  Cámara  velará  por  el  respeto  al  fuero  constitucional  de  los  miembros  de  la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

Artículo 108…

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los  ministros  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  los  magistrados  de  la  Sala  Superior  del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la  Asamblea  del  Distrito  Federal,  el  Jefe  de  Gobierno  del  Distrito  Federal,  el  Procurador  General  de  la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros  electorales  del  Consejo  General  del  Instituto  Federal  Electoral,  por  la  comisión  de  delitos durante  el  tiempo  de  su  encargo,  la  Cámara  de  Diputados  declarará  por  mayoría  absoluta  de  sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

 

Organismos Constitucionalmente Autónomos

Aquellas funciones públicas que son extremadamente trascendentes para el adecuado funcionamiento del gobierno y la observancia del orden impuesto por la constitución ameritan la creación de organismos con una competencia especializada. Dicha especialización resulta conveniente para lograr una eficiencia operativa, misma que justifica que dichos organismos cuenten con autonomía y no estén subordinados a los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial.

Algunos ejemplos de los organismos constitucionalmente autónomos previstos en la CPEUM son:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos

Artículo 102…

B.  El  Congreso  de  la  Unión  y  las  legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa  provenientes  de  cualquier  autoridad  o  servidor  público,  con  excepción  de  los  del  Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

Los  organismos  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  formularán  recomendaciones  públicas,  no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder  las  recomendaciones  que  les  presenten  estos  organismos.  Cuando  las  recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar  y  hacer  pública  su  negativa;  además,  la  Cámara  de  Senadores  o  en  sus  recesos  la  Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales.

El  organismo  que  establezca  el  Congreso  de  la  Unión  se  denominará  Comisión  Nacional  de  los Derechos  Humanos;  contará  con  autonomía  de  gestión  y  presupuestaria,  personalidad  jurídica  y patrimonio propios.

 

El Banco de México

Artículo 28…

El  Estado  tendrá  un  banco  central  que  será  autónomo  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  y  en  su administración.  Su  objetivo  prioritario  será  procurar  la  estabilidad  del  poder  adquisitivo  de  la  moneda nacional,  fortaleciendo  con  ello  la  rectoría  del  desarrollo  nacional  que  corresponde  al  Estado.  Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento.

 

El Instituto Federal Electoral

Artículo 41…

Apartado  A.  El  Instituto  Federal  Electoral  será  autoridad  única  para  la  administración  del tiempo  que  corresponda  al  Estado  en  radio  y  televisión  destinado  a  sus  propios fines  y  al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Artículo 26…

B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística  y Geográfica cuyos datos serán  considerados  oficiales.  Para  la  Federación,  estados,  Distrito  Federal  y  municipios,  los  datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.

La  responsabilidad  de  normar  y  coordinar  dicho  Sistema  estará  a  cargo  de  un  organismo  con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere  y proveer a su observancia.

El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Como se puede observar las materias asignadas competencialmente a los organismos constitucionalmente autónomos son trascendentes para la vida política de una comunidad estatal ya que evitan abusos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y ello justifica que estén previstos en una constitución, pues constituyen un medio para perpetuar el orden establecido por el Poder Constituyente.

 

El amparo vs actos inminentes

En términos de la Ley de Amparo, para que sea procedente el juicio de amparo es necesaria una afectación actual (artículo 5), situación que no tiene fundamento constitucional y que viola la obligación de prevenir las violaciones a los derechos humanos, además de otras disposiciones en materia de derechos humanos. Una vez combatido el precepto de la Ley de amparo que establece dicho requisito, existe la posibilidad de promover amparos en contra de actos inminentes y con ello prevenir una violación a los derechos humanos y a la CPEUM. En caso de que lector esté interesado en un amparo de tal naturaleza se sugiere consulte el siguiente artículo: http://constitucionalistasmexicanos.blogspot.mx/2013/04/la-obligacion-de-prevenir-violaciones.html?m=0

Medidas necesarias para garantizar la efectividad y pleno ejercicio de los derechos humanos

En términos del artículo 1° de la CPEUM los habitantes del territorio mexicano cuentan con las garantías de derechos humanos establecidas en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.

Artículo 1.  En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución  y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Por su parte, el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos a cargo de los Estados parte.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1.  Los  Estados  Partes  en  esta  Convención  se  comprometen  a  respetar  los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda  persona  que  esté  sujeta  a  su  jurisdicción,  sin  discriminación  alguna  por motivos  de  raza,  color,  sexo,  idioma,  religión,  opiniones  políticas  o  de  cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Toda vez que la obligación referida consiste precisamente en garantizar el pleno ejercicio, ello implica que deben tomarse medidas que incluso prevengan violaciones a derechos humanos, pues una vez acontecida la violación el ejercicio del derecho resulta imposible.

En cuanto a la naturaleza de las medidas que se pueden tomar para cumplir con esta obligación debe estarse a lo dispuesto por el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

Si  el  ejercicio  de  los  derechos  y  libertades  mencionados  en  el  Artículo  1  no estuviere  ya  garantizado  por  disposiciones  legislativas  o  de  otro  carácter,  los Estados  Partes  se  comprometen  a  adoptar,  con  arreglo  a  sus  procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o  de  otro  carácter  que  fueren  necesarias  para  hacer  efectivos  tales  derechos  y libertades.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 2.

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para  hacer  efectivos  los  derechos  reconocidos  en  el  presente  Pacto  y  que  no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

Los artículos citados al hacer alusión a las medidas de cualquier carácter necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales facultan ampliamente a las autoridades y dentro de los ejemplos que se pueden citar se encuentra: medidas precautorias innominadas, desaplicación de normas, ordenar estados de suspensión, la aplicación directa de tratados internacionales sin necesidad de desarrollo legal, etc.

En relación a la aplicación directa de tratados internacionales en materia de derechos humanos conviene citar lo establecido por el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la Observación General número 31.

14.  La obligación consignada en el párrafo 2 del artículo 2 de que se adopten medidas para  hacer  efectivos  los  derechos  reconocidos  en  el  Pacto  no  admite  reservas  y  es inmediata.  No  se  puede  justificar  el  incumplimiento  de  esta  obligación  haciendo referencia  a  consideraciones  de  carácter  político,  social,  cultural  o  económico  dentro  del Estado.

15.  En el párrafo 3 del artículo 2 se dispone que, además de proteger eficazmente los derechos  reconocidos  en  el  Pacto,  los  Estados  Parte  habrán  de  garantizar  que  todas  las personas  dispongan  de  recursos  accesibles  y  efectivos  para  reivindicar  esos  derechos. Esos recursos  se  deben  adaptar  adecuadamente  para  tener  en  cuenta  la  vulnerabilidad especial  de  ciertas  clases  de  personas,  en  particular  los  niños.  El Comité  atribuye importancia  a  que  los  Estados  Parte  establezcan  en  el  derecho  interno  mecanismos judiciales y administrativos adecuados para conocer de las quejas sobre violaciones de los derechos. El Comité toma nota de que el poder judicial puede garantizar el disfrute de los derechos reconocidos en el Pacto de distintas maneras, en especial mediante la aplicación directa  del  Pacto,  la  aplicación  de  disposiciones  constitucionales  u  otras  disposiciones legislativas  similares  o  el  efecto  de  la  interpretación  del  Pacto  en  la  aplicación  de  la legislación  nacional.

De lo expuesto resulta que el Estado Mexicano debe tomar acciones preventivas a efecto de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y para tal efecto puede tomar medias de cualquier naturaleza (actos legislativos, jurisdiccionales o administrativos).

 

Garantías reactivas

Las garantías reactivas, a diferencia de las preventivas, surgen una vez cometida la transgresión a la constitución y tienen por objetivo reestablecer el orden constitucional.

La nulidad

La principal sanción aplicable a un acto contrario a la constitución es la nulidad, ello en virtud de que la constitución es el referente de validez formal y material de todo el ordenamiento jurídico según se vio al tratar el tema de la regla de reconocimiento.

Lo anterior es lógico ya que tolerar en el sistema jurídico a una norma o acto contrario al texto constitucional afecta directamente la supremacía y la inviolabilidad del texto expedido por el Poder Constituyente.

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados  que  estén  de  acuerdo  con  la  misma,  celebrados  y  que  se  celebren  por  el  Presidente  de  la República,  con  aprobación  del  Senado,  serán  la  Ley  Suprema  de  toda  la  Unión.

Artículo  136.  Esta  Constitución  no  perderá  su  fuerza  y  vigor,  aun  cuando  por  alguna  rebelión  se interrumpa  su  observancia.

Regímenes de responsabilidad

A los funcionarios públicos les resultan aplicables, en términos generales y con las propias salvedades por la CPEUM, cuatro regímenes de responsabilidades (civil, penal, administrativa y política) cuando su conducta resulta antijurídica.

Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas  competencias,  expedirán  las  leyes  de  responsabilidades  de  los  servidores  públicos  y  las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en  el  mismo precepto, cuando  en el  ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal; y

III.  Se  aplicarán  sanciones  administrativas  a  los  servidores  públicos  por  los  actos  u  omisiones  que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Los   procedimientos   para   la   aplicación   de   las   sanciones   mencionadas   se   desarrollarán autónomamente.  No  podrán  imponerse  dos  veces  por  una  sola  conducta  sanciones  de  la  misma naturaleza.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa  de  enriquecimiento  ilícito  a  los  servidores  públicos  que  durante  el  tiempo  de  su  encargo,  o  por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.

 

Juicio Político

En relación a la responsabilidad política debe estarse a lo dispuesto  por el artículo 110 de la CPEUM que señala qué funcionarios públicos pueden ser sujetos de juicio político e inclusive sancionados con la destitución o inhabilitación para desempeñar cargos públicos.

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios  de  Despacho,  los  diputados  a  la  Asamblea  del  Distrito  Federal,  el  Jefe  de  Gobierno  del Distrito  Federal,  el  Procurador  General  de  la  República,  el  Procurador  General  de  Justicia  del  Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito  Federal,  los  Consejeros  de  la  Judicatura  del  Distrito  Federal,  el  consejero  Presidente,  los consejeros  electorales,  y  el  secretario  ejecutivo  del  Instituto  Federal  Electoral,  los  magistrados  del Tribunal  Electoral,  los  directores  generales  y  sus  equivalentes  de  los  organismos  descentralizados, empresas  de  participación  estatal  mayoritaria,  sociedades   y  asociaciones  asimiladas  a  éstas  y fideicomisos públicos.

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes  federales  que  de  ella  emanen,  así  como  por  el  manejo  indebido  de  fondos  y  recursos  federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número  de  los  miembros  presentes  en  sesión  de  aquella  Cámara,  después  de  haber  sustanciado  el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo  de  la  acusación  la  Cámara  de  Senadores,  erigida  en  Jurado  de  sentencia,  aplicará  la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.

 

Responsabilidad Penal

Por lo que hace la responsabilidad penal debe observarse lo dispuesto por el artículo 111 de la CPEUM.

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los  ministros  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  los  magistrados  de  la  Sala  Superior  del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la  Asamblea  del  Distrito  Federal,  el  Jefe  de  Gobierno  del  Distrito  Federal,  el  Procurador  General  de  la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros  electorales  del  Consejo  General  del  Instituto  Federal  Electoral,  por  la  comisión  de  delitos durante  el  tiempo  de  su  encargo,  la  Cámara  de  Diputados  declarará  por  mayoría  absoluta  de  sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.

Si  la  Cámara  declara  que  ha  lugar  a  proceder,  el  sujeto  quedará  a  disposición  de  las  autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.

Por  lo  que  toca  al  Presidente  de  la  República,  sólo  habrá  lugar  a  acusarlo  ante  la  Cámara  de Senadores  en los términos del  artículo 110.  En este  supuesto,  la  Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Para  poder  proceder  penalmente  por  delitos  federales  contra  los  Gobernadores  de  los  Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en  este  artículo,  pero  en  este  supuesto,  la  declaración  de  procedencia  será  para  el  efecto  de  que  se comunique  a  las  Legislaturas  Locales,  para  que  en  ejercicio  de  sus  atribuciones  procedan  como corresponda.

Las declaraciones y resoluciones de la (las, sic DOF 28-12-1982) Cámaras de Diputados (y, sic DOF 28-12-1982) Senadores son inatacables.

El  efecto  de  la  declaración  de  que  ha  lugar  a  proceder  contra  el  inculpado  será  separarlo  de  su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir  su  función.  Si  la  sentencia  fuese  condenatoria  y  se  trata  de  un  delito  cometido  durante  el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.

En  demandas  del  orden  civil  que  se  entablen  contra  cualquier  servidor  público  no  se  requerirá declaración de procedencia.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de  delitos  por  cuya  comisión  el  autor  obtenga  un  beneficio  económico  o  cause  daños  o  perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las  sanciones  económicas  no  podrán  exceder  de  tres  tantos  de  los  beneficios  obtenidos  o  de  los daños o perjuicios causados.

Es importante señalar que el artículo 111 de la CPEUM no establece una irresponsabilidad penal de los funcionarios señalados en el primer párrafo, sino únicamente un presupuesto de procedibilidad que no los excluye del respeto a las leyes penales sustantivas.

 

Responsabilidad Civil

Según lo dispuesto por el artículo 109 de la CPEUM, para demandar civilmente a un funcionario no se requiere de declaración de procedencia; por lo tanto, en esos supuestos la autoridad enjuiciada debe ser tratada con igualdad respecto del particular.

Artículo 109…

En  demandas  del  orden  civil  que  se  entablen  contra  cualquier  servidor  público  no  se  requerirá declaración de procedencia.

 

Régimen Administrativo

La CPEUM pone especial énfasis en la forma en que deben desempeñarse las funciones públicas. Lo anterior se ve reflejado en artículos como el 134 y 109 fracción III.

Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas  competencias,  expedirán  las  leyes  de  responsabilidades  de  los  servidores  públicos  y  las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

III.  Se  aplicarán  sanciones  administrativas  a  los  servidores  públicos  por  los  actos  u  omisiones  que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el   Distrito   Federal   y   los   órganos   político-administrativos   de   sus   demarcaciones   territoriales,   se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los  resultados  del  ejercicio  de  dichos  recursos  serán  evaluados  por  las  instancias  técnicas  que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que  los  recursos  económicos  se  asignen  en  los  respectivos  presupuestos  en  los  términos  del  párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones  públicas  mediante  convocatoria  pública  para  que  libremente  se  presenten  proposiciones solventes  en  sobre  cerrado,  que  será  abierto  públicamente,  a  fin  de  asegurar  al  Estado  las  mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando  las  licitaciones  a  que  hace  referencia  el  párrafo  anterior  no  sean  idóneas  para  asegurar dichas  condiciones,  las  leyes  establecerán  las  bases,  procedimientos,  reglas,  requisitos  y  demás elementos  para  acreditar  la  economía,  eficacia,  eficiencia,  imparcialidad  y  honradez  que  aseguren  las mejores condiciones para el Estado.

El  manejo  de  recursos  económicos  federales  por  parte  de  los  estados,  los  municipios,  el  Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de  este  artículo  y  a  las  leyes  reglamentarias.  La  evaluación  sobre  el  ejercicio  de  dichos  recursos  se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

Los  servidores  públicos  serán  responsables  del  cumplimiento  de  estas  bases  en  los  términos  del Título Cuarto de esta Constitución.

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La  propaganda,  bajo  cualquier  modalidad  de  comunicación  social,  que  difundan  como  tales,  los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier  otro  ente  de  los  tres  órdenes  de  gobierno,  deberá  tener  carácter  institucional  y  fines informativos,  educativos  o  de  orientación  social.  En  ningún  caso  esta  propaganda  incluirá  nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las  leyes,  en  sus  respectivos  ámbitos  de  aplicación,  garantizarán  el  estricto  cumplimiento  de  lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

 

Garantías Jurisdiccionales

A continuación se mencionan los procedimientos jurisdiccionales comprendidos dentro de las garantías reactivas.

El juicio de amparo

Los artículos 103 y 107 de la CPEUM contemplan el juicio de amparo como un procedimiento que tiene por objeto impugnar actos de autoridad que violan derechos humanos:

Artículo 107.  Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

En otro de nuestros libros abundaremos sobre las características de este procedimiento; por ahora basta identificarlo como uno de los distintos medios empleados por el Poder Constituyente para garantizar la supremacía constitucional.

 

Garantías internacionales previstas en el artículo 103 de la CPEUM.

El artículo 103 de la CPEUM establece dos garantías jurisdiccionales; una de ellas es el juicio de amparo, cuyo desarrollo se regula por los artículos 1° y 107 de la CPEUM y la otra de ellas son las garantías internacionales en materia de derechos humanos previstas en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

I.  Por  normas  generales,  actos  u  omisiones  de  la  autoridad  que  violen  los  derechos  humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

A manera de ejemplo de las garantías internacionales referidas por el artículo 103 de la CPEUM se cita el recurso innominado del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Artículo 2…

3.  Cada  uno  de  los  Estados  Partes  en  el  presente  Pacto  se  comprometen  a garantizar que:

a)  Toda  persona  cuyos  derechos  o  libertades  reconocidos  en  el  presente  Pacto hayan  sido  violados  podrán  interponer  un  recurso  efectivo,  aun  cuando  tal violación  hubiera  sido  cometida  por  personas  que  actuaban  en  ejercicio  de  sus funciones oficiales;

El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece el derecho de toda persona a contar con un recurso efectivo en contra de violaciones de derechos humanos, recurso que es susceptible de aplicación directa, es decir, no requiere de desarrollo legal, en términos de las obligaciones a cargo del Estado Mexicano de garantizar tanto el pleno ejercicio de los derechos humanos como el acceso al recurso efectivo para su protección, que derivan del propio artículo 2; y de la Observación General 31 emitida por el Comité de Derechos Humanos.

5.         La obligación estipulada en el párrafo 1 del artículo 2 de que se respeten y hagan efectivos  los  derechos  reconocidos  en  el  Pacto  es  de  efecto  inmediato  para  todos  los Estados Parte. El párrafo 2 del artículo 2 proporciona el marco general dentro del cual se han  de  promover  y  proteger  los  derechos  especificados  en  el  Pacto.  En  consecuencia,  el Comité  ha  indicado,  en  su  Observación  general  No.  24,  que  será  incompatible  con  el Pacto toda reserva al artículo 2 habida cuenta de sus objetos y fines.

15. En el párrafo 3 del artículo 2 se dispone que, además de proteger eficazmente los derechos  reconocidos  en  el  Pacto,  los  Estados  Parte  habrán  de  garantizar  que  todas  las personas  dispongan  de  recursos  accesibles  y  efectivos  para  reivindicar  esos  derechos.

Esos recursos  se  deben  adaptar  adecuadamente  para  tener  en  cuenta  la  vulnerabilidad especial  de  ciertas  clases  de  personas,  en  particular  los  niños.  El Comité  atribuye importancia  a  que  los  Estados  Parte  establezcan  en  el  derecho  interno  mecanismos judiciales y administrativos adecuados para conocer de las quejas sobre violaciones de los derechos. El Comité toma nota de que el poder judicial puede garantizar el disfrute de los derechos reconocidos en el Pacto de distintas maneras, en especial mediante la aplicación directa  del  Pacto,  la  aplicación  de  disposiciones  constitucionales  u  otras  disposiciones legislativas  similares  o  el  efecto  de  la  interpretación  del  Pacto  en  la  aplicación  de  la legislación   nacional.

Algo que es importante mencionar, es el hecho de que este recurso innominado tendría incluso una procedencia más amplia que el juicio de amparo ya que no le resultarían aplicables las 23 causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo; lo anterior con fundamento en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos y el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 29. Normas de Interpretación

Ninguna  disposición  de  la  presente  Convención  puede  ser  interpretada  en  el sentido de:

a) permitir  a alguno de  los  Estados  Partes,  grupo  o  persona,  suprimir  el  goce  y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;

b)  limitar  el  goce  y  ejercicio  de  cualquier  derecho  o  libertad  que  pueda  estar reconocido  de  acuerdo  con  las  leyes  de  cualquiera  de  los  Estados  Partes  o  de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;

c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o  que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y

d)  excluir  o  limitar  el  efecto  que  puedan  producir  la  Declaración  Americana  de Derechos  y  Deberes  del  Hombre  y  otros  actos  internacionales  de  la  misma naturaleza.

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados

Artículo 27

El derecho interno de los Estados, las reglas de las organizaciones internacionales y la observancia de los tratados

1. Un Estado parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado.

 

Controversias constitucionales

La fracción I del artículo 105 de la CPEUM establece un procedimiento jurisdiccional ventilado ante la SCJN en el que las partes legitimadas pueden impugnar actos que resulten anticonstitucionales.

Artículo 105.  La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I.   De  las  controversias  constitucionales  que,  con  excepción  de  las  que  se  refieran  a  la  materia electoral, se susciten entre:

a)   La Federación y un Estado o el Distrito Federal;

b)   La Federación y un municipio;

c)   El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal;

d)   Un Estado y otro;

e)   Un Estado y el Distrito Federal;

f)   El Distrito Federal y un municipio;

g)   Dos municipios de diversos Estados;

h)   Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

i)   Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

j)   Un  Estado  y  un  Municipio  de  otro  Estado,  sobre  la  constitucionalidad  de  sus  actos  o disposiciones generales;

k)   Dos  órganos  de  gobierno  del  Distrito  Federal,  sobre  la  constitucionalidad  de  sus  actos  o disposiciones generales, y

l)   Dos órganos constitucionales autónomos,  y entre  uno de éstos  y el  Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre  la constitucionalidad de sus actos o  disposiciones generales.

Siempre  que  las  controversias  versen  sobre  disposiciones  generales  de  los  Estados  o  de  los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

En  los  demás  casos,  las  resoluciones  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  tendrán  efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.

II…

La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no  tendrá  efectos  retroactivos,  salvo  en  materia  penal,  en  la  que  regirán  los  principios  generales  y disposiciones legales aplicables de esta materia.

En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros párrafos de la fracción XVI del artículo 107 de esta Constitución.

 

Acciones de inconstitucionalidad

Por otra parte la fracción II del artículo 105 de la CPEUM establece la acción de inconstitucionalidad que tiene un objeto específico de impugnación, a saber, normas generales anticonstitucionales.

Artículo 105.  La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I…

II.   De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las  acciones  de  inconstitucionalidad  podrán  ejercitarse,  dentro  de  los  treinta  días  naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

a)   El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o  del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión;

b)   El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales  o  del  Distrito  Federal  expedidas  por  el  Congreso  de  la  Unión  o  de  tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

c)   El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

d)   El  equivalente  al  treinta  y  tres  por  ciento  de  los  integrantes  de  alguno  de  los  órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y

e)   El  equivalente  al  treinta  y  tres  por  ciento  de  los  integrantes  de  la  Asamblea  de

Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea.

f)   Los  partidos  políticos  con  registro  ante  el  Instituto  Federal  Electoral,  por  conducto  de  sus dirigencias  nacionales,  en  contra  de  leyes  electorales  federales  o  locales;  y  los  partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro.

g)   La  Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos,  en  contra  de  leyes  de  carácter  federal, estatal  y  del  Distrito  Federal,  así  como  de  tratados  internacionales  celebrados  por  el Ejecutivo  Federal  y  aprobados  por  el  Senado  de  la  República,  que  vulneren  los  derechos humanos  consagrados  en  esta  Constitución  y  en  los  tratados  internacionales  de  los  que México  sea  parte.  Asimismo,  los  organismos  de  protección  de  los  derechos  humanos equivalentes  en  los  estados  de  la  República,  en  contra  de  leyes  expedidas  por  las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,  en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

La  única  vía  para  plantear  la  no  conformidad  de  las  leyes  electorales  a  la  Constitución  es  la prevista en este artículo.

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie  el proceso electoral en que  vayan  a aplicarse,  y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos.

La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no  tendrá  efectos  retroactivos,  salvo  en  materia  penal,  en  la  que  regirán  los  principios  generales  y disposiciones legales aplicables de esta materia.

En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros párrafos de la fracción XVI del artículo 107 de esta Constitución.

 

Juicio electoral promovido ante el TRIFE

El artículo 99 de la CPEUM establece un procedimiento jurisdiccional en el cual se ventilan las controversias electorales federales.

Artículo 99.  El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Para  el  ejercicio  de  sus  atribuciones,  el  Tribunal  funcionará  en  forma  permanente  con  una  Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.

La  Sala  Superior  se  integrará  por  siete  Magistrados  Electorales.  El  Presidente  del  Tribunal  será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

I.   Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;

II.   Las  impugnaciones  que  se  presenten  sobre  la  elección  de  Presidente  de  los  Estados  Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.

Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,  una  vez  resueltas  las  impugnaciones  que  se  hubieren  interpuesto  sobre  la  misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.

III.   Las  impugnaciones  de  actos  y  resoluciones  de  la  autoridad  electoral  federal,  distintas  a  las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales;

IV.   Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar  y calificar los comicios o resolver  las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo  o  el  resultado  final  de  las  elecciones.  Esta  vía  procederá  solamente  cuando  la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la  instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;

V.   Las  impugnaciones  de  actos  y  resoluciones  que  violen  los  derechos  político  electorales  de  los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos  del  país,  en  los  términos  que  señalen  esta  Constitución  y  las  leyes.  Para  que  un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político  al  que  se  encuentre  afiliado,  deberá  haber  agotado  previamente  las  instancias  de solución  de  conflictos  previstas  en  sus  normas  internas,  la  ley  establecerá  las  reglas  y  plazos aplicables;

VI.   Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;

VII.   Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores;

VIII.   La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Federal Electoral a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes, y

IX.   Las demás que señale la ley.

Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución.

Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

Juicio político

El artículo 110 de la CPEUM establece qué funcionarios públicos pueden ser enjuiciados a efecto de determinar su responsabilidad política. Si bien este procedimiento no se ventila ante el Poder Judicial, su naturaleza es jurisdiccional.

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios  de  Despacho,  los  diputados  a  la  Asamblea  del  Distrito  Federal,  el  Jefe  de  Gobierno  del Distrito  Federal,  el  Procurador  General  de  la  República,  el  Procurador  General  de  Justicia  del  Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces  del Fuero Común del Distrito  Federal,  los  Consejeros  de  la  Judicatura  del  Distrito  Federal,  el  consejero  Presidente,  los consejeros  electorales,  y  el  secretario  ejecutivo  del  Instituto  Federal  Electoral,  los  magistrados  del Tribunal  Electoral,  los  directores  generales  y  sus  equivalentes  de  los  organismos  descentralizados, empresas  de  participación  estatal  mayoritaria,  sociedades  y  asociaciones  asimiladas  a  éstas  y fideicomisos públicos.

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales  que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos  y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número  de  los  miembros  presentes  en  sesión  de  aquella  Cámara,  después  de  haber  sustanciado  el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo  de  la  acusación  la  Cámara  de  Senadores,  erigida  en  Jurado  de  sentencia,  aplicará  la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.

 

Control difuso de constitucionalidad

El artículo 133 de la CPEUM faculta a los órganos jurisdiccionales locales para desaplicar las disposiciones que resulten contrarias a la Constitución Federal.

Artículo 133.  Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados  que  estén  de  acuerdo  con  la  misma,  celebrados  y  que  se  celebren  por  el  Presidente  de  la República,  con  aprobación  del  Senado,  serán  la  Ley  Suprema  de  toda  la  Unión.  Los  jueces  de  cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

 

Control de convencionalidad realizado por órganos jurisdiccionales nacionales

El control de convencionalidad es una garantía de eficacia de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano que tiene fundamento tanto a nivel  constitucional como en tratados internacionales y que sirve para que el contenido normativo previsto en un tratado internacional prevalezca y sea observado.

Es importante mencionar que el ejercicio del control de convencionalidad no siempre es una garantía de supremacía constitucional ya que existe la posibilidad de que un tratado internacional sea contrario a la CPEUM; piénsese por ejemplo en un tratado internacional que restringe los derechos humanos.

Asimismo conviene señalar que tratándose de derechos humanos la CPEUM expresamente señala que la disposición más benéfica para los particulares es la que debe prevalecer sin importar si la misma está contenida en un tratado internacional o en la propia CPEUM, circunstancia que incluso es acorde con el principal objetivo de toda constitución, proteger la población.

Artículo 1…

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Los artículos de la CPEUM que fundamentan el control de convencionalidad son:

Artículo 1.  En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución  y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán:

I…

II.  De  todas  las  controversias  del  orden  civil  o  mercantil  que  se  susciten  sobre  el  cumplimiento  y aplicación  de  leyes  federales  o  de  los  tratados  internacionales  celebrados  por  el  Estado  Mexicano.  A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común.

Artículo 133.  Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados  que  estén  de  acuerdo  con  la  misma,  celebrados  y  que  se  celebren  por  el  Presidente  de  la República,  con  aprobación  del  Senado,  serán  la  Ley  Suprema  de  toda  la  Unión.  Los  jueces  de  cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Algunos de los artículos previstos en tratados internacionales que sirven de fundamento al control de convencionalidad son:

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1.  Los  Estados  Partes  en  esta  Convención  se  comprometen  a  respetar  los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda  persona  que  esté  sujeta  a  su  jurisdicción,  sin  discriminación  alguna  por motivos  de  raza,  color,  sexo,  idioma,  religión,  opiniones  políticas  o  de  cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

Si  el  ejercicio  de  los  derechos  y  libertades  mencionados  en  el  Artículo  1  no estuviere  ya  garantizado  por  disposiciones  legislativas  o  de  otro  carácter,  los Estados  Partes  se  comprometen  a  adoptar,  con  arreglo  a  sus  procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o  de  otro  carácter  que  fueren  necesarias  para  hacer  efectivos  tales  derechos  y libertades.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 2

1.  Cada  uno  de  los  Estados  Partes  en  el  presente  Pacto  se  compromete  a respetar y a  garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole  origen  nacional  o  social,  posición  económica,  nacimiento o  cualquier  otra condición social.

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para  hacer  efectivos  los  derechos  reconocidos  en  el  presente  Pacto  y  que  no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados

Observancia de los tratados.

26. “Pacta sunt servanda”. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.

 

Sentencia del Caso Cabrera Montiel vs Los Estados Unidos Mexicanos:

18. Como puede apreciarse, la Corte IDH aclara su doctrina sobre el “control de convencionalidad”, al sustituir las expresiones relativas al “Poder Judicial” que aparecían desde el leading case Almonacid Arellano vs. Chile (2006), para ahora hacer referencia a que “todos sus órganos” de los Estados que han ratificado la Convención Americana, “incluidos sus jueces”, deben velar por el efecto útil del Pacto, y que “los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles” están obligados a ejercer, de oficio, el “control de convencionalidad”.

 

Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Radilla Pacheco vs Los Estados Unidos Mexicanos. Se cita la parte conducente:

339… En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.

En relación a esta última sentencia es importante señalar que al momento de realizarse el control de convencionalidad en materia de derechos humanos debe observarse toda la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana, sin importar si el Estado Mexicano fue parte o no de dicho procedimiento contencioso.

Lo anterior es así ya que la Corte Interamericana no realizó distinción alguna al respecto y la sentencia dictada en el Caso Radilla Pacheco ya tiene el carácter de cosa juzgada.

También es relevante considerar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos según lo resuelto en el Caso Radilla Pacheco vs México tiene una jerarquía superior respecto de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello en virtud de que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló expresamente que ella es la última intérprete de la Convención Americana.

 

Procedimientos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Según se vio líneas arriba, los tratados internacionales en materia de derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad; por lo tanto, los procedimientos jurisdiccionales llevados ante la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos que tienen por objeto resolver los conflictos originados con motivo del cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos constituyen una forma de garantizar la eficacia del bloque constitucional mexicano.

Los artículos 33 y 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen las facultades de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos para conocer de los conflictos suscitados con motivo del cumplimiento de la Convención:

Artículo 33

Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención:

a)…

b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte.

 

Artículo 62

1.  Todo  Estado  Parte  puede,  en  el  momento  del  depósito  de  su instrumento de ratificación  o  adhesión  de  esta  Convención,  o  en  cualquier  momento  posterior, declarar  que  reconoce  como  obligatoria  de  pleno  derecho  y  sin  convención especial,  la  competencia  de  la  Corte  sobre  todos  los  casos  relativos  a  la interpretación o aplicación de esta Convención.

2.  La  declaración  puede  ser  hecha  incondicionalmente,  o  bajo  condición  de reciprocidad,  por  un  plazo  determinado  o  para  casos  específicos.  Deberá  ser presentada al Secretario General de la Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados Miembros de la Organización y al Secretario de la Corte.

3.  La  Corte  tiene  competencia  para  conocer  de  cualquier  caso  relativo  a  la interpretación  y  aplicación  de  las  disposiciones  de  esta  Convención  que  le  sea sometido,  siempre  que  los  Estados  Partes  en  el  caso  hayan  reconocido  o reconozcan dicha competencia,  ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.

 

Otros procedimientos

Procedimiento llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En términos de los artículos 33 y 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión Interamericana tiene facultades relacionadas con la vigilancia de los Estados parte en el cumplimento de dicha convención.

Artículo 33

Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención:

a)  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  llamada  en  adelante  la Comisión,

 

Artículo 41

La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los  derechos  humanos,  y  en  el  ejercicio  de  su  mandato  tiene  las  siguientes funciones y atribuciones:

a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América:

b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los  Estados  Miembros  para  que  adopten  medidas  progresivas  en  favor  de  los derechos  humanos  dentro  del  marco  de  sus  leyes  internas  y  sus  preceptos constitucionales,  al  igual  que  disposiciones  apropiadas  para  fomentar  el  debido respeto a esos derechos;

c)  preparar  los  estudios  o  informes  que  considere  convenientes  para  el desempeño de sus funciones;

d)  solicitar  de  los  gobiernos  de  los  Estados  Miembros  que  le  proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos;

e)  atender  las  consultas  que,  por  medio  de  la  Secretaría  General  de  la Organización  de  los  Estados  Americanos,  le  formulen  los  Estados  Miembros  en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que estos le soliciten;

f)  actuar  respecto  de  las  peticiones  y  otras  comunicaciones  en  ejercicio  de  su autoridad  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  44  al  51  de  esta Convención; y

g)  rendir  un  informe  anual  a  la  Asamblea  General  de  la  Organización  de  los

Estados Americanos.

 

Las Comisiones de Derechos Humanos del art. 102

La CPEUM en su artículo 102 apartado B establece un sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos a través de las Comisiones de Derechos Humanos.

Artículo 102…

B.  El  Congreso  de  la  Unión  y  las  legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa  provenientes  de  cualquier  autoridad  o  servidor  público,  con  excepción  de  los  del  Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

Los  organismos  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  formularán  recomendaciones  públicas,  no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder  las  recomendaciones  que  les  presenten  estos  organismos.  Cuando  las  recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar  y  hacer  pública  su  negativa;  además,  la  Cámara  de  Senadores  o  en  sus  recesos  la  Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales.

El  organismo  que  establezca  el  Congreso  de  la  Unión  se  denominará  Comisión  Nacional  de  los Derechos  Humanos;  contará  con  autonomía  de  gestión  y  presupuestaria,  personalidad  jurídica  y patrimonio propios.

Las  Constituciones  de  los  Estados  y  el  Estatuto  de  Gobierno  del  Distrito  Federal  establecerán  y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.

La  Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos  tendrá  un  Consejo  Consultivo  integrado  por  diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma  votación  calificada.  La  ley  determinará  los  procedimientos  a  seguir  para  la  presentación  de  las propuestas  por  la  propia  Cámara.  Anualmente  serán  substituidos  los  dos  consejeros  de  mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo

Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley.

El  Presidente  de  la  Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos  presentará  anualmente  a  los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se presenten en  relación  con  las  recomendaciones,  acuerdos  u  omisiones  de  los  organismos  equivalentes  en  las entidades federativas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

 

Como se puede observar, son varios los mecanismos establecidos en la CPEUM para garantizar la plena eficacia del bloque de constitucionalidad. En relación a este tema se sugiere la lectura del siguiente artículo en el que, tomando un caso de la vida real, se muestran las diferentes alternativas para impugnar un acto anticonstitucional: http://constitucionalistasmexicanos.blogspot.mx/2013/06/estrategia-para-defender-la-libertad-de.html

A continuación se desarrollarán algunos casos que merecen un análisis más detallado.

 

Casos especiales

Los casos que se abordarán en este apartado son: en primer lugar el relativo a los actos de la SCJN, el segundo conformado por las determinaciones emitidas por el Tribunal Federal Electoral y por último las resoluciones dictadas en el contexto del juicio político y la declaración de procedencia.

Tal como se vio a lo largo de este libro, todas las autoridades, sin excepción, están sometidas a la CPEUM, de ahí que sea suprema e inviolable.

Actos anticonstitucionales de la SCJN

Por lo que hace a las resoluciones provenientes de la SCJN, la fracción segunda de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente respecto de los actos de dicho tribunal.

Ley de Amparo

Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:

II- Contra actos de la Suprema Corte de Justicia;

Para empezar, habría que cuestionarse la constitucionalidad de la fracción segunda del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no existe fundamento expreso en la CPEUM que establezca que las resoluciones de la SCJN son irrecurribles y tampoco existe precepto alguno que establezca que la SCJN está eximida de la obligación de respetar a la Constitución y los derechos humanos reconocidos por ella, prevista en los artículos 128, 133 y 1° de la Constitución.

Por otra parte, el hecho de que la Ley de Amparo establezca una causal de improcedencia respecto de los Actos de la SCJN no implica que dicha Autoridad sea incapaz de transgredir la Constitución.

En relación a este tema, no pasa desapercibido que la SCJN es el tribunal con mayor jerarquía dentro del sistema judicial regulado por la CPEUM, y ello hace evidente la inexistencia de un tribunal de alzada dentro del Estado Mexicano que pudiese revisar la regularidad de los actos de la SCJN. Lo anterior no implica que la SCJN sea soberana, pues aún respecto de ella existen mecanismos de control constitucional. A continuación se citan algunos ejemplos:

El primero de ellos consiste en el procedimiento jurisdiccional llevando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquellos casos en que la SCJN viole los derechos humanos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Disposiciones que sirven de fundamento a lo anterior:

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 25. Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Artículo 33

Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención:

a)  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  llamada  en  adelante  la Comisión, y

b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte.

Artículo 44

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado Parte.

Artículo 61

1. Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.

2.  Para  que  la  Corte  pueda  conocer  de  cualquier  caso,  es  necesario  que  sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50.

3.  La  Corte  tiene  competencia  para  conocer  de  cualquier  caso  relativo  a  la interpretación  y  aplicación  de  las  disposiciones  de  esta  Convención  que  le  sea sometido,  siempre  que  los  Estados  Partes  en  el  caso  hayan  reconocido  o reconozcan  dicha  competencia, ora  por  declaración  especial,  como  se  indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.

Artículo 63

1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención,  la  Corte  dispondrá  que  se  garantice  al  lesionado en  el  goce  de  su derecho  o  libertad  conculcados.  Dispondrá,  asimismo,  si  ello  fuera  procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración  de  esos  derechos  y  el  pago  de  una  justa  indemnización  a  la  parte lesionada.

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Artículo 2

1.  Cada  uno  de  los  Estados  Partes  en  el  presente  Pacto  se  compromete  a  respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción  alguna  de  raza,  color,  sexo,  idioma,  religión,  opinión  política  o  de  otra índole  origen  nacional  o  social,  posición  económica,  nacimiento  o  cualquier  otra condición social.

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para  hacer  efectivos  los  derechos  reconocidos  en  el  presente  Pacto  y  que  no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

3.  Cada  uno  de  los  Estados  Partes  en  el  presente  Pacto  se  comprometen  a garantizar que:

a)  Toda  persona  cuyos  derechos  o  libertades  reconocidos  en  el  presente  Pacto hayan  sido  violados  podrán  interponer  un  recurso  efectivo,  aun  cuando  tal violación  hubiera  sido  cometida  por  personas  que  actuaban  en  ejercicio  de  sus funciones oficiales;

Resulta relevante la interpretación que de dichos preceptos realiza el Comité de Derechos Humanos del propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la Observación General número 31, 2004.

4.          Las  obligaciones  que  imponen  el  Pacto  en  general  y  su  artículo  2  en  particular vinculan  a  cada  Estado  Parte  en  su  totalidad.  Todos  los  poderes  públicos  (ejecutivo, legislativo  y  judicial)  y demás  autoridades  públicas  o  gubernamentales,  sea  cual  fuere  su rango   — nacional,   regional   o   local—  están en condiciones de comprometer la responsabilidad  del  Estado  Parte.

Según la Observación General número 31  la obligación de respetar y proteger los derechos humanos está impuesta a todas las autoridades estatales sin importar su jerarquía; por lo tanto, la SCJN también está obligada a observar las obligaciones existentes en esta materia.

El segundo ejemplo se actualiza cuando la SCJN pretenda quitarle a otra autoridad las facultades que expresamente le otorga la CPEUM; tal es el caso del control difuso del artículo 133. En casos como este, es  posible promover el juicio político establecido por el artículo 110 de la CPEUM en contra de los ministros de la SCJN que hayan emitido la resolución correspondiente:

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios  de  Despacho,  los  diputados  a  la  Asamblea  del  Distrito  Federal,  el  Jefe  de  Gobierno  del Distrito  Federal,  el  Procurador  General  de  la  República,  el  Procurador  General  de  Justicia  del  Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito  Federal,  los  Consejeros  de  la  Judicatura  del  Distrito  Federal,  el  consejero  Presidente,  los consejeros  electorales,  y  el  secretario  ejecutivo  del  Instituto  Federal  Electoral,  los  magistrados  del Tribunal  Electoral,  los  directores  generales  y  sus  equivalentes  de  los  organismos  descentralizados, empresas  de  participación  estatal  mayoritaria,  sociedades  y  asociaciones  asimiladas  a  éstas  y fideicomisos públicos.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número  de  los  miembros  presentes  en  sesión  de  aquella  Cámara,  después  de  haber  sustanciado  el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo  de  la  acusación  la  Cámara  de  Senadores,  erigida  en  Jurado  de  sentencia,  aplicará  la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.

A continuación cita la tesis de jurisprudencia que pudo haber originado un juicio político en contra de los ministros que votaron a favor:

CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.

El texto expreso del artículo 133 de la Constitución Federal previene que “Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”. En dicho sentido literal llegó a pronunciarse la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, la postura sustentada con posterioridad por este Alto Tribunal, de manera predominante, ha sido en otro sentido, tomando en cuenta una interpretación sistemática del precepto y los principios que conforman nuestra Constitución. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 133 constitucional, no es fuente de facultades de control constitucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos ajenos, como son las leyes emanadas del propio Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer unos y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pleno. Jurisprudencia por reiteración de criterios. 14 julio de 1999. Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. X, Agosto de 1999, página 5. No. de registro 193435.

La tesis citada, establece que los órganos jurisdiccionales no tienen facultades del control difuso de la constitucionalidad; es decir, en opinión de los ministros, los tribunales locales no pueden desaplicar leyes inconstitucionales a pesar del texto del artículo 133 de la Constitución que expresamente los faculta para ello:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados  que  estén  de  acuerdo  con  la  misma,  celebrados  y  que  se  celebren  por  el  Presidente  de  la República,  con  aprobación  del  Senado,  serán  la  Ley  Suprema  de  toda  la  Unión.  Los  jueces  de  cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Como se puede apreciar, la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la SCJN es contraria al texto mismo de la CPEUM, y dicha circunstancia implicó una usurpación de las facultades constitucionalmente otorgadas a los tribunales locales; lo cual, en términos del artículo  7 fracción V de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, constituye un acto que redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho y por lo tanto susceptible de ser materia de un juicio político.

ARTÍCULO  7o.-  Redundan  en  perjuicio  de  los  intereses  públicos  fundamentales  y  de  su  buen despacho:

I.- El ataque a las instituciones democráticas;

II.- El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal;

III.- Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;

IV.- El ataque a la libertad de sufragio;

V.- La usurpación de atribuciones;

Actos anticonstitucionales del TRIFE

Otro caso respecto del cual conviene realizar ciertas precisiones es el relativo al Tribunal Federal Electoral, ya que en términos de lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución, las resoluciones emitidas por el Tribunal Federal Electoral son definitivas e inatacables:

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

En ese contexto, es necesario delimitar los alcances de la expresión “resolver en forma definitiva e inatacable” a efecto de determinar si los actos del Tribunal Federal Electoral se encuentran regidos por la Constitución y si los mismos son susceptibles de control constitucional.

Para empezar, habría que señalar que el carácter definitivo e inatacable de las resoluciones del Tribunal Federal Electoral se encuentra circunscrito a la competencia que constitucionalmente le fue asignada a dicho Tribunal. Es decir, solamente las resoluciones que estén comprendidas dentro de la materia que debe resolver en términos de la CPEUM, serán definitivas e inatacables.

Al respecto el propio artículo 99 de la Constitución señala expresamente cuáles serán las controversias que el Tribunal Federal Electoral deberá resolver:

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

I.     Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;

II.    Las  impugnaciones  que  se  presenten  sobre  la  elección  de  Presidente  de  los  Estados  Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.

Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,  una  vez  resueltas  las  impugnaciones  que  se  hubieren  interpuesto  sobre  la  misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.

III.   Las  impugnaciones  de  actos  y  resoluciones  de  la  autoridad  electoral  federal,  distintas  a  las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales;

IV.   Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo  o  el  resultado  final  de  las  elecciones.  Esta  vía  procederá  solamente  cuando  la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;

V.    Las  impugnaciones  de  actos  y  resoluciones  que  violen  los  derechos  político  electorales  de  los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos  del  país,  en  los  términos  que  señalen  esta  Constitución  y  las  leyes.  Para  que  un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político  al  que  se  encuentre  afiliado,  deberá  haber  agotado  previamente  las  instancias  de solución  de  conflictos  previstas  en  sus  normas  internas,  la  ley  establecerá  las  reglas  y  plazos aplicables;

VI.   Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;

VII.  Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores;

VIII.  La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Federal Electoral a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes, y

IX.   Las demás que señale la ley.

Del precepto citado se desprende que el Tribunal Federal Electoral tiene una competencia restringida a los siguientes casos:

  • Conflictos originados en los procesos electorales
  • Impugnaciones en contra de las Autoridades Electorales
  • Violaciones al derecho de votar y ser votado
  • Violaciones al derecho de afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país
  • Conflictos laborales del propio Tribunal
  • Conflictos laborales del Instituto Federal Electoral
  • Temas relativos a las sanciones impuestas por el Instituto Federal Electoral

En relación a estos casos, el Tribunal Federal Electoral debe emitir resoluciones, pero siempre observando lo dispuesto por la CPEUM pues el propio artículo así lo señala al establecer que el tribunal resolverá “en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución”, situación que implica que debe respetar las garantías del debido proceso de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución y por lo que hace a los conflictos laborales debe respetar el contenido del artículo 123 Constitucional.

Por lo tanto, si el Tribunal Federal Electoral al resolver algunos de los conflictos descritos en el artículo 99 de la CPEUM viola las garantías del debido proceso, dichas violaciones claramente están fuera de su competencia y en consecuencia se aplican las reglas generales de los artículos 1°, 103 y 107 de la Constitución que establecen la procedencia del juicio de amparo.

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos  de  conformidad  con  los  principios  de  universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

 

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

I.  Por  normas  generales,  actos  u  omisiones  de  la  autoridad  que  violen  los  derechos  humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

 

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

La excepción señalada por el artículo 107 Constitucional, no se actualizaría en los casos en estudio, ello debido a que en los juicios de amparo correspondientes, los conceptos de violación no se fundarían en los derechos electorales, sino en los derechos del debido proceso y, en su caso, en los derechos derivados del artículo 123 de la Constitución.

La anterior interpretación se ve reforzada por el principio pro persona del artículo 1° de la Constitución y por el propio artículo 17 Constitucional que establece el derecho de acceso a la justicia.

Anticonstitucionalidad en el contexto del juicio político

En términos del artículo 110 de la CPEUM las resoluciones dictadas en el juicio político son definitivas e inatacables.

 Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios  de  Despacho,  los  diputados  a  la  Asamblea  del  Distrito  Federal,  el  Jefe  de  Gobierno  del Distrito  Federal,  el  Procurador  General  de  la  República,  el  Procurador  General  de  Justicia  del  Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces  del Fuero Común del Distrito  Federal,  los  Consejeros  de  la  Judicatura  del  Distrito  Federal,  el  consejero  Presidente,  los consejeros  electorales,  y  el  secretario  ejecutivo  del  Instituto  Federal  Electoral,  los  magistrados  del Tribunal  Electoral,  los  directores  generales  y  sus  equivalentes  de  los  organismos  descentralizados, empresas  de  participación  estatal  mayoritaria,  sociedades  y  asociaciones  asimiladas  a  éstas  y fideicomisos públicos.

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales  que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos  y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número  de  los  miembros  presentes  en  sesión  de  aquella  Cámara,  después  de  haber  sustanciado  el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo  de  la  acusación  la  Cámara  de  Senadores,  erigida  en  Jurado  de  sentencia,  aplicará  la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.

Al igual que las determinaciones dictadas por el Tribunal Federal Electoral, las resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores solamente serán inatacables cuando se haya respetado el debido proceso y no se exceda la competencia otorgada por la CPEUM.

Para comprender de mejor manera lo anterior, supóngase el caso de que la resolución final del juicio político determina destituir y desterrar al funcionario público procesado.

En ese supuesto, el funcionario público podría impugnar incluso vía juicio de amparo la resolución, toda vez que el destierro es una sanción prohibida por la CPEUM, según el artículo 5: “Tampoco  puede  admitirse  convenio  en  que  la  persona  pacte  su  proscripción  o  destierro,  o  en  que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.”

Cosa distinta sucede en lo concerniente a la sanción de destitución que sí está autorizada por la CPEUM.

Como se puede observer, el carácter irrecurrible de los actos de autoridad tiene alcances muy precisos y siempre presupone que otros derechos no fueron transgredidos.

 

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